Aunque los candidatos presidenciales Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) aseguran representar propuestas políticas distintas, ambos coinciden en la forma en que sus agrupaciones han administrado el financiamiento público directo durante los últimos siete años. 

Una investigación de OjoPúblico detectó que estas dos organizaciones políticas utilizaron S/1,2 millones para pagar sueldos, beneficios sociales y movilidades de seis personas involucradas en las investigaciones penales que afrontan Fujimori Higuchi, por presunta organización criminal y lavado de activos; y Sánchez Palomino, por el presunto delito de falsa declaración administrativa. 

Utilizaron S/1,2 millones para pagar sueldos de personas involucradas en las investigaciones contra Fujimori y Sánchez".

El análisis –basado en los reportes registrados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la verificación con diferentes fuentes entrevistadas– determinó que los pagos se hicieron después de que el Ministerio Público abriera una investigación y realizara diligencias sobre sus ingresos de campaña electoral. 

Más de S/1,1 millones fue desembolsado por Fuerza Popular para cuatro de sus militantes investigados; mientras que Juntos por el Perú pagó más de S/77.000 a dos miembros de este partido.

Este medio también identificó que Fuerza Popular gastó más de S/624.000, provenientes de estos fondos públicos, para pagar las remuneraciones y servicios de siete de sus militantes y su exadministradora que actualmente trabajan –algunos incluso de forma simultánea– en oficinas y despachos del Congreso vinculados a esta organización política. 

Con recursos públicos, el partido de Fujimori Higuchi también contrató por casi S/3,8 millones a las empresas Tres Puntas Producciones, FRC Consultores y Centro de Innovación de Políticas Públicas, vinculadas a personas cercanas a la agrupación política. Miguel Torres Morales, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, fue director académico de la primera; mientras que Fernando Rospigliosi Capurro, titular del Congreso, fue representante de la segunda. La tercera empresa está presidida por el empresario Jorge Nakamura Flores, exintegrante del equipo técnico de Fujimori Higuchi.

Desde hace siete años, los partidos políticos con representación en el Congreso reciben financiamiento público directo a través de la ONPE. El monto destinado a cada agrupación varía de acuerdo al número de congresistas elegidos. 

La mitad de estos recursos se destina a gastos ordinarios, como el pago de alquileres de locales, mantenimiento, planilla, honorarios, entre otros; mientras que la otra parte se asigna a actividades de formación, capacitación e investigación. OjoPúblico identificó que Fuerza Popular recibió más de S/17 millones desde 2019 y Juntos por el Perú más de S/3 millones entre 2022 y 2024, periodo en el que comenzó a recibir estos recursos. 

Militantes de Fuerza Popular investigados

De los cuatro militantes de Fuerza Popular que recibieron S/1,1 millón en total, la mejor pagada es la contadora Lindman Miranda Zamalloa: entre abril de 2019 y diciembre de 2024 recibió S/551.000 por sus servicios. 

Un reportaje de OjoPúblico, del 19 de abril de este año, reveló que la fiscal de lavado de activos Manuela Villar Ramírez la incluyó en la resolución que formaliza la investigación preparatoria contra la candidata presidencial Fujimori Higuchi y sus postulantes a la vicepresidencia Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales por integrar una presunta organización criminal que cometió lavado de activos durante la campaña electoral de 2021. 

Durante el proceso electoral de ese año, Miranda Zamalloa permitió el ingreso de S/1,2 millones no bancarizados al partido, a través de aportes en efectivo y en especies, según la fiscal de lavado de activos Manuela Villar Ramírez.

INVESTIGACIÓN. La excontadora de Fuerza Popular, Lindman Miranda Zamalloa, omitió registrar operaciones, según la Fiscalía.

Captura de documento

Los otros tres que también fueron remunerados con el financiamiento público directo entre 2019 y 2024 y que son investigados por presunto lavado de activos son Carmela Paucará Paxi (S/262.000), excoordinadora de actividades; Pier Figari Mendoza (S/105.595), exasesor de capacitaciones e investigaciones; y Adriana Tarazona Martínez (S/210.719), exjefa de recursos humanos. 

Para estas elecciones, los dos primeros postularon a la Cámara de Diputados. Solo Paucará Paxi fue elegida. 

El exfiscal José Domingo Pérez —ahora integrante del equipo técnico del candidato presidencial Sánchez Palomino— los acusó el año pasado por este delito en el caso Cócteles que también compromete a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 

En la actualidad, el futuro del caso Cócteles está en suspenso: la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial (PJ) dejó al voto una apelación que presentó el fiscal Alex Taboada contra la resolución del Tribunal Constitucional (TC), del 20 de octubre de 2025, que dispone anular la acusación contra Fujimori Higuchi y los demás implicados

ELECTA. Carmela Paucará Paxi (polo celeste) será diputada de Fuerza Popular en el nuevo Congreso bicameral. 

Foto: Facebook de Fuerza Popular

La exgerente de supervisión de fondos partidarios de la ONPE, Margarita Díaz Picasso, explicó a este medio que, aunque resulte cuestionable que los partidos políticos utilicen el financiamiento público directo para pagar sueldos de investigados, la Ley de Organizaciones Políticas lo permite. En el Congreso —agregó— los partidos políticos que reciben estos recursos no han modificado esta parte de la norma.

“En todo caso, si los partidos políticos quieren pagar sueldos de personas investigadas, que lo hagan con fondos privados”, dijo la abogada Díaz Picasso a OjoPúblico.

Investigados de Juntos por el Perú

Aunque la diferencia en el monto frente a Fuerza Popular es considerable, Juntos por el Perú destinó más de S/77.000 al pago de servicios y movilidades de dos personas involucradas en la investigación que afronta el candidato presidencial Sánchez Palomino por la presunta falsedad en la declaración de ingresos, aportes y gastos de su agrupación política entre 2019 y 2020.

Ellos son el excontador de esta agrupación, José Manuel Guardia, y el extesorero Rubén Mario Herrada Tello, según la acusación que presentó el fiscal provincial penal Humberto Valente Ruiz Pienda el 15 de enero de este año. 

Al primero le pagaron S/30.060 entre julio y diciembre de 2022 y, al segundo, S/46.998 entre agosto y diciembre del mismo año, según los reportes que presentó Juntos por el Perú ante la ONPE. Los pagos se hicieron por servicios por honorarios, pero esta agrupación no detalló el trabajo que realizaron.

El 4 de junio, el Poder Judicial revisará una apelación que Roberto Sánchez presentó contra el auto de enjuiciamiento".

Por este caso, el fiscal Ruiz Pinedo pide cinco años de prisión contra el candidato Sánchez Palomino y Guardia Huamaní,y tres contra Herrada Tello por haber presentado información falsa ante la ONPE. 

Guardia Huamaní y Herrada Tello —según la acusación fiscal— declararon ante la ONPE que no hubo aportes ni ingresos a esta agrupación, a pesar de que, en una cuenta bancaria, William Sánchez Palomino —hermano del candidato presidencial de Juntos por el Perú— ingresaron S/204.951 entre abril y noviembre de ese año, y de que Herrada Tello y el extesorero alterno Manuel Torbisco Juárez recibieron S/75.750 en una cuenta mancomunada, entre noviembre de 2019 y enero de 2020. 

El hermano del candidato Sánchez Palomino y el extesorero alterno Torbisco Juárez fueron investigados en este caso, pero la Quinta Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial (PJ) los excluyó. Además, ambos recibieron pagos de Juntos por el Perú con recursos del financiamiento público directo: el primero, S/10.350 por conceptos de movilidad y honorarios, y el segundo,S/48.129 por servicios de contabilidad y finanzas y su movilidad. 

ACUSACIÓN. El fiscal Humberto Ruiz Peralta pide cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato Roberto Sánchez.

Captura de documento

El candidato presidencial Sánchez Palomino ha respondido que este proceso fue archivado. “Esta investigación comenzó en 2018 y se me acusaba de haberme apropiado de los fondos del partido. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial después de cinco o seis años? Archivado. O sea, el fraude como delito en mi caso ha sido archivado”, declaró a los medios hace dos semanas.

Sin embargo, el 4 de junio —tres días antes de las elecciones de la segunda vuelta—, el Poder Judicial analizará un pedido de nulidad que él presentó contra el auto de enjuiciamiento (paso previo para el inicio del juicio oral).

OjoPúblico buscó entrevistar a los militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú mencionados en esta investigación, pero ninguno respondió al cierre de este informe. 

Contratados en el Congreso 

Los gastos de funcionamiento ordinario han permitido que siete militantes de Fuerza Popular y una allegada reciban sueldos y pagos de honorarios que suman S/624.000, entre 2019 y 2024. OjoPúblico detectó que actualmente trabajan en oficinas y comisiones del Congreso que dependen de esta organización.

Se trata de Marco Pacheco Quispe, Martha Chávez Cossío, Shirley Montenegro Flores, Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal, Leticia Leiva Baylón, Carmela Paucará Paxi y Gianina Delgado Rospigliosi. Este medio identificó que los cuatro primeros registraron pagos mientras en paralelo trabajaban en el Congreso, entre 2020 y 2024.

Entre los mejores remunerados figuran Leticia Leiva Baylón, exadministradora del local de Fuerza Popular, quien recibió S/128.000 entre febrero de 2019 y diciembre de 2020; y Jorge Llerena Portugal, quien percibió casi S/82.0000 por su labor como auxiliar de logística y otros beneficios sociales entre julio de 2019 y abril de 2024. 

Ambos ingresaron a trabajar al Congreso después de haber laborado para esta organización. En febrero de 2022, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (exintegrante de Fuerza Popular) contrató a Llerena Portugal; mientras que en julio de 2023, el parlamentario Eduardo Castillo Rivas hizo lo mismo con Leiva Baylón. En noviembre del año pasado, Cuarto Poder reveló que ambos fueron detectados coordinando reuniones en el local de Fuerza Popular durante su horario laboral del Congreso.

Otra militante remunerada con el financiamiento público directo fue la excongresista y senadora electa Martha Chávez Cossío, a quien le pagaron S/45.000 del financiamiento público directo por 11 asesorías legales entre octubre de 2022 y setiembre de 2023.

Por esos meses, ella trabajaba en paralelo en la Comisión Especial de Seguimiento de Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que preside el parlamentario Ernesto Bustamante Donayre. El 12 de octubre del año pasado, OjoPúblico alertó que este tipo de comisiones especiales sirven para que las agrupaciones políticas contraten a sus afiliados.

Empresas con vínculos en Fuerza Popular

La mitad del financiamiento público directo que reciben las organizaciones políticas debe ser utilizada para solventar la formación, capacitación e investigación, según la Ley de Organizaciones Políticas. Sin embargo, Fuerza Popular utilizó estos recursos para contratar empresas vinculadas a sus allegados.

De los más de S/17 millones asignados a esta agrupación, casi S/3,8 millones fueron usados para contratar a las empresas Tres Puntas Producciones, Centro de Innovación de Políticas Públicas y FRC Consultores por actividades de formación, capacitación e investigación, entre 2020 y 2024, según los reportes de esta organización política ante la ONPE.

A la empresa Tres Puntas Producciones le pagaron casi S/2,8 millones por implementar la escuela digital de formación política y la escuela naranja. El excongresista Miguel Torres Morales, candidato a la segunda vicepresidencia con Fuerza Popular e investigado por presunto lavado de activos en la campaña electoral de 2021, fue director académico de esta empresa, según la hoja de vida que consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante ese periodo también se desempeñó como asesor de esta agrupación en el Congreso

FÓRMULA. El candidato a la segunda vicepresidencia Miguel Torres es parte del círculo de confianza de Keiko Fujimori.

Foto: Facebook de Keiko Fujimori

OjoPúblico intentó entrevistar al representante de Tres Puntas Producciones, Héctor Flores, sobre los servicios que brindó a Fuerza Popular y la relación de esta empresa con el excongresista Torres Morales. El miércoles 27 de mayo, el empresario dijo a este medio que iba a responder por escrito las preguntas que le enviamos a su WhatsApp. Al cierre de este informe, no lo hizo.

La segunda empresa que recibió más dinero por gastos de formación fue el Centro de Innovación de Políticas Públicas, con S/937.120, por capacitaciones sobre formación política, emprendimiento, campañas electorales, liderazgo, entre otros. Su representante legal, Jorge Nakamura Flores, fue jefe del plan de educación de Fuerza Popular durante las elecciones generales de 2021 y candidato a regidor con esta organización política en 2018.

Miguel Torres fue director académico de Tres Puntas Producciones, según la hoja de vida que presentó ante el JNE".

“No hay ningún delito. Se hace un informe al partido y se emite a la ONPE. Se pagan todos los impuestos. Contrato gente para dar charlas, tengo que pagarles. No milito [en esta organización] (...). Con Fuerza Popular tengo cercanía desde 2015”, respondió Nakamura Flores a OjoPublico.

Otra empresa que brindó servicios a esta agrupación y que pertenece a un militante de Fuerza Popular es FRC Consultores. En total, recibió S/180.000 por una investigación sobre la inseguridad ciudadana en Perú. Su representante legal fue el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, hasta el 31 de marzo de 2025, cuando dio de baja de oficio a esta consultora, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

Los contratos con empresas vinculadas a los líderes de las organizaciones políticos en Fuerza Popular no son un caso aislado. El año pasado, OjoPúblico reveló que Somos Perú pagó S/2 millones a Central Mediática S.A.C por actividades de capacitación para sus militantes. Su gerente general, Eduardo Ceferino Cabrejos, es cercano a la presidenta de este partido Patricia Li Sotelo. 

Fondos millonarios y multas

Durante esta contienda electoral, ambas agrupaciones políticas han sido sancionadas por la ONPE por el uso inadecuado del financiamiento público directo, con multas que en conjunto suman casi S/400.000. 

A Fuerza Popular se le impuso una multa de 36 UIT, equivalente a S/198.000, además de la pérdida del 50% de su financiamiento público para este semestre por utilizar S/ 42.999 para financiar un viaje de Fujimori Higuchi a California (Estados Unidos) y otro de Torres Morales a un retiro espiritual en Viena (Austria). Ambos gastos fueron reportados como actividades de capacitación. 

La ONPE concluyó que dichos viajes no constituyen actividades de formación o capacitación. Además, detectó que Fuerza Popular destinó otros S/100.000 al pago de una maestría en gestión pública que culminará en 2027, por lo que consideró que el uso del recurso es extemporáneo. 

INVESTIGADO. El partido político de Roberto Sánchez también fue sancionado por la ONPE. Apeló, pero el JNE ratificó la decisión.

Foto: Facebook de Roberto Sánchez

La candidata presidencial Fujimori Higuchi no ha precisado qué actividades de capacitación realizó durante su viaje ni en qué consistieron las de Torres Morales. Solo anunció que apelará la resolución. 

En el caso de contra Juntos por el Perú la multa asciende a S/175.000. La sanción se originó porque, durante las elecciones generales de 2021, esta agrupación reportó ante la ONPE 17 aportes de fuente prohibida por un total de  S/17.000. 

El organismo electoral identificó que dichos aportes provenían de 10 personas: nueve negaron haber financiado a este partido político y una falleció el 2 de diciembre de 2022.

OjoPúblico intentó entrevistar a todas las personas mencionadas en esta investigación. En el caso de Fuerza Popular también buscó coordinar al secretario nacional de comunicaciones, Marco Pacheco, y la coordinadora de prensa, Lizbeth Maceda. Salvo el empresario Nakamura Flores, los demás no respondieron al cierre de este informe.