Luego de un proceso electoral con serios retrasos, que extendieron la votación un día más en 13 locales de Lima Metropolitana, la primera vuelta de las elecciones generales del Perú terminó, una vez más, con porcentajes ajustados. La elevada fragmentación del voto —provocada por la proliferación de agrupaciones políticas inscritas—, derivó en que Keiko Fujimori Higuchi, del partido de derecha Fuerza Popular, quedara primera con apenas el 17% de los votos válidos a nivel nacional. 

Sin embargo, todavía no está definido quién será el otro postulante que competirá con ella por la Presidencia, el 7 de junio: Roberto Sánchez Palomino, de la organización de izquierda Juntos por el Perú, con el 12,003% de votos válidos, y Rafael López Aliaga Cazorla, del partido de derecha Renovación Popular, con 11,922% de votos hasta el viernes 17 de abril. Al cierre de este reportaje, la diferencia entre ambos era 12.757 votos, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 93,367% de actas procesadas, con votos pendientes de contar de mesas del extranjero, del Perú y de más de 4.200 actas observadas.

Lo único certero es que, en la segunda vuelta, los peruanos elegirán entre candidatos con investigaciones vigentes".

Con estos tres postulantes a la Presidencia, lo único certero es que, en la segunda vuelta, los peruanos elegirán a su nuevo jefe de Estado entre candidatos con investigaciones vigentes en el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible, según documentos fiscales analizados por OjoPúblico.

Fujimori Higuchi afronta una indagación preparatoria por presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2021; Sánchez Palomino es sindicado de haberse aprovechado del cargo cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo para contratar un asesor; y a López Aliaga Cazorla le abrieron diligencias preliminares en marzo de este año por supuesta colusión en el endeudamiento de S/4.000 millones de la Municipalidad de Lima cuando fue alcalde metropolitano.

IMPLICADOS. Keiko Fujimori y sus candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta y Miguel Torres son investigados por presunto lavado de activos.

Foto: Facebook de Keiko Fujimori

Quien gane las elecciones tendrá la ventaja de que la investigación en su contra no prosperará mientras ejerza el cargo. Beatriz Ramírez Huaroto y Pedro Grandez Castro, abogados constitucionalistas, explicaron a este medio que esto se debe a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) —publicada el 19 de agosto de 2025— que impide acusar a un jefe de Estado en funciones y limita las diligencias del Ministerio Público.

“La interpretación que ha dado el TC podría usarse para ampliar [la protección] incluso en cosas que hiciste antes del ejercicio de sus funciones”, dijo Ramírez Huaroto.“Si en estas investigaciones hay algunas actuaciones como intervenciones o levantamiento del secreto de las comunicaciones, el presidente está protegido”, agregó Grandez Castro. 

La investigación por lavado contra Keiko

La fiscal Manuela Villar Ramírez, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, formalizó el 30 de setiembre de 2025 una investigación preparatoria de 36 meses contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, su círculo de confianza y el partido político Fuerza Popular, como integrantes de una presunta organización criminal que cometió lavado de activos con los aportes de campaña en las elecciones generales de 2021. 

La indagación involucra a Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales, candidatos a la vicepresidencia con la fórmula de Fujimori Higuchi; a las excongresistas Karina Beteta Rubín y Milagros Takayama Jiménez, y a Lindman Miranda Zamalloa, exrepresentante legal de Fuerza Popular.

La disposición de la fiscal Villar Ramírez, a la que tuvo acceso OjoPúblico, atribuye a los investigados haber participado en un esquema de captación de fondos de origen presuntamente ilícito, que habrían sido canalizados —a través de mecanismos opacos como aportes anónimos y falsos aportantes— para financiar masivamente recursos impugnatorios ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE). 

PROCESO. Keiko Fujimori y su círculo de confianza son sindicados como presuntos integrantes de una organización criminal.

Captura de documento

En 2021, cuando Fujimori Higuchi perdió contra Pedro Castillo Terrores, entonces candidato de Perú Libre, Fuerza Popular interpuso solicitudes de impugnación de votos para intentar revertir los resultados. La fiscal sostiene que los fondos presuntamente ilícitos, declarados como aportes en especie, fueron usados para adquirir las tasas judiciales correspondientes.

“El dinero recibido —cuya suma asciende a aproximadamente S/1.309.770.00— habría sido colocado en el sistema mediante la compra de tasas administrativas para la interposición de 1.384 expedientes electorales, incluyendo nulidades de mesa”, detalló la resolución. 

Al menos nueve personas que Fuerza Popular declaró como aportantes negaron ante la Fiscalía de Lavado de Activos haber realizado los pagos en especie por un total de S/38.500.00 entre el 9 y 16 de julio de 2021, según la disposición fiscal.

VERSIÓN. El Ministerio Público identificó a nueve personas que negaron haber realizado aportes en especies.

Captura de documento

OjoPúblico intentó entrevistar a Giulliana Loza Avalos, abogada de la candidata presidencial de Fuerza Popular. Hasta el cierre de este informe no respondió. 

No es la primera vez que Fujimori Higuchi es investigada. También fue señalada por el presunto delito de lavado de activos en el caso Lava Jato, cuya indagación estuvo liderada por el exfiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) —elegido por el actual Congreso, con votos de Fuerza Popular—, dispuso el 20 de octubre de 2025 anular el juicio porque consideró que las imputaciones estuvieron mal formuladas.

El historial de Roberto Sánchez

Uno de los posibles rivales de Fuerza Popular en segunda vuelta, Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, es investigado desde hace dos años por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, durante el gobierno de Pedro Castillo. Al candidato se le acusa por irregularidades en la contratación de Daniel Abarca Soto, exasesor I del Gabinete Ministerial de Asesores de esta cartera.

La investigación también involucra al congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú), a quien señalan por presunto tráfico de influencia por haber recomendado a Abarca Soto al Mincetur cuando fue primer ministro del mismo gabinete. 

La exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela presentó la denuncia constitucional —la número 551-2025 en el Congreso— correspondiente contra ambos parlamentarios el 22 de marzo de 2025 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Este es un paso necesario para que el Parlamento les levante la inmunidad de altos funcionarios y el Ministerio Público pueda formalizar la investigación preparatoria. Hasta ahora no ha sido analizada en la subcomisión —controlada por Alianza para el Progreso durante este quinquenio—. Fuentes legislativas informaron a OjoPúblico que este caso será visto en el próximo Parlamento. 

VÍNCULOS. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) lleva en su equipo al líder etnocacerista Antauro Humala. 

Foto: Facebook de Roberto Sánchez

La denuncia constitucional 551, revisada por OjoPúblico, detalla que apenas tres días después de que Castillo Terrones asumió la presidencia de la república—el 31 de julio de 2021—, el congresista Bellido Ugarte le solicitó a su homólogo Sánchez Palomino que contrate a su entonces amigo Daniel Abarca Soto en el Mincetur. 

Dos días después —añadió esta acusación constitucional— Abarca Soto mantuvo reuniones directas con el ahora candidato presidencial y el 4 de agosto finalmente se emitió la resolución que lo designó como Asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. 

La Fiscalía de la Nación incluyó como investigado al candidato presidencial Roberto Sánchez el 12 de diciembre de 2024".

A cambio —sostiene la imputación de Espinoza Valenzuela— Bellido Ugarte recibió la promesa de una serie de favores, como la cesión de un departamento en el distrito de San Miguel, en Lima, y la compra de pasajes aéreos. Uno de estos boletos fue para Arturo Cárdenas, alias “Pinturita”, investigado en el caso Los Dinámicos del Centro. 

Se trata de un caso cuyas diligencias preliminares comenzaron el 28 de agosto de 2024. Entre setiembre y diciembre de ese año, el Ministerio Público recogió las declaraciones de cuatro exfuncionarios del Mincetur, entre ellos Abarca Soto; y del congresista Sánchez Palomino, quien aseguró no haberlo conocido antes de su designación.

INVESTIGACIÓN. El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra los congresistas Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Guido Bellido (Podemos Perú) hace un año.

Captura de documento

La Fiscalía de la Nación incluyó al candidato presidencial de Juntos por el Perú como investigado el 12 de diciembre de 2024. Ese mismo mes Abarca Soto reconoció los supuestos favores a Bellido Ugarte y que una persona llamada “Manuel” lo contactó para gestionar su contratación. La Fiscalía supone que se trata de Manuel Gerardo Gonzáles Oblitas, exdirector de la Oficina de Personal del Mincetur, un funcionario que, según la tesis fiscal, era de confianza de Sánchez Palomino. 

OjoPúblico intentó entrevistar al abogado a cargo de la defensa del candidato presidencial, pero, al cierre de este informe, no hubo respuesta de Juntos por el Perú. 

El congresista Bellido Ugarte, por su parte, rechazó haber alquilado un departamento a Abarca Soto y lo que haya recomendado en el Mincetur y agregó que en la actualidad no tiene ninguna relación de amistad con él. “Eso es falso. Están inventando. [Es] lo que pasa cuando un hecho se empalma como un tema político, terminan alucinando. Eso fue parte de la persecución política a quienes estuvimos con Pedro Castillo”, respondió a OjoPúblico. 

Lo cierto es que ese no es el único caso del que ha salido airoso el candidato presidencial Sánchez Palomino. Durante el debate del 24 de marzo, en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Sánchez denunció que hay una mayoría parlamentaria que se ha constituido para gobernar desde el Congreso. “Hoy hay un pacto mafioso que aplasta a las minorías”, aseguró. 

INTEGRANTES. Guido Bellido fue primer ministro y Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior en el primer Gabinete Ministerial del Gobierno de Pedro Castillo.

Foto: Congreso Perú

Aunque su agrupación política es una minoría en el actual Parlamento, Sánchez Palomino ha superado tres denuncias constitucionales por decisiones de congresistas que pertenecen a los partidos que ahora señala: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú. 

Además de la denuncia constitucional encarpetada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en otras dos relacionadas por el intento de golpe de Estado de Castillo Terrones del 7 de diciembre de 2022, Sánchez Palomino tampoco fue sancionado. 

Roberto Sánchez no ha tenido reparos en llevar a Antauro Humala en el equipo de temas de seguridad ciudadana".

En la primera, cuando el Pleno debatió suspenderlo mientras el Ministerio Público realiza las diligencias, 39 congresistas se opusieron. El 30% de ellos eran de Fuerza Popular. En la segunda, la parlamentaria Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) elaboró un informe final que lo excluyó de responsabilidad y su propuesta fue aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

Sánchez Palomino no ha tenido reparos en llevar a Antauro Humala Tasso, líder etnocacerista que fue condenado por el asesinato de cuatro policías durante el “Andahuaylazo”, en el equipo de temas de seguridad ciudadana de Juntos por el Perú, como informó este medio. 

La nueva investigación contra López Aliaga

El otro potencial contendor de segunda vuelta, Rafael López Aliaga Cazorla (Renovación Popular), afronta una investigación que la fiscal superior Escarleth Laura Escalante, de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, le abrió el 19 de marzo de este año, por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. 

El caso se debe al endeudamiento de la Municipalidad de Lima por S/4.000 millones a través de la emisión de bonos a largo plazo cuando fue alcalde de esta comuna.

El autor de esta denuncia es el auditor internacional y exgerente de la Contraloría, Julio César Sifuentes Reyes. “Obtuve el contrato que hicieron [en la Municipalidad de Lima] con el Bank of América Securities, que está plagado de un conflicto de interés porque ha sido a dedo: fue el asesor, estructurador y supuestamente el que iba a conseguir clientes para colocar los bonos titulizados de la municipalidad y, sobre todo, porque esta empresa ha puesto la tasa de interés y finalmente compró los bonos”, dijo a OjoPúblico. 

INVESTIGADO. La Fiscalía inició diligencias preliminares contra Rafael López Aliaga por presunta colusión.

Foto: Facebook de Rafael López Aliaga

La fiscal Laura Escalante evaluó tres indicios para iniciar la investigación preliminar: la presunta falta de transparencia en la selección del fiduciario; las condiciones de contratación con entidades financieras internacionales —la elección de BOFA Securities para participar como estructurador y aparente comprador de los bonos—; y la posible concentración de roles en la estructuración y colocación de bonos, según la disposición fiscal.

Hace dos años, OjoPúblico reveló que el plan de emisión de bonos del exalcalde de Lima iba a sobreendeudar a la comuna capitalina, a pesar de las advertencias del Consejo Fiscal y de la Contraloría General de la República.

CASO. La investigación del Ministerio Público contra Rafael López Aliaga es por el endeudamiento de la Municipalidad de Lima. 

Captura de documento

Un informe del Consejo Fiscal advirtió que la deuda asumida por la Municipalidad de Lima tiene altas tasas de interés y que serán pagados en los próximos 20 años, contados a partir de 2027. Es decir, los próximos cuatro burgomaestres de la capital peruana recibirán una comuna endeudada. 

Este medio intentó entrevistarlo a él o a su abogado a cargo de este caso. Se le consultó a su jefe de prensa en esta campaña electoral Cristhian Salazar Mateo, pero no respondió al cierre de este informe.