Desde su intalación, en 2021, el actual Congreso creó múltiples comisiones especiales e investigadoras que en la mayoría de los casos no han generado resultados concretos. Una investigación de OjoPúblico identifica que en 32 de esos grupos, el Legislativo contrató a 86 militantes de partidos políticos que tienen representación parlamentaria.

Las agrupaciones a las que pertenecen estos afiliados son, mayoritariamente, Fuerza Popular (23), Perú Libre (23), Acción Popular (13) y Somos Perú (12). Les siguen Alianza Para el Progreso (5), Renovación Popular (4), Avanza País (3), Podemos Perú (1), Juntos por el Perú (1) y Nuevo Perú (1), según el análisis realizado por nuestro equipo, en base a información del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y el Congreso. Estas contrataciones significaron un desembolso superior a los S/4,8 millones. 

Las comisiones especiales e investigadoras son creadas por los congresistas con la aprobación del Pleno y funcionan en paralelo a las ordinarias. En solo cuatro años, el actual Parlamento instaló 39 de estos grupos de trabajo, con decisiones no vinculantes. Para conformarlos, contrató a un total de 451 personas.

Entre los militantes beneficiados hay cinco excongresistas —tres de Fuerza Popular, uno de Somos Perú y uno de Acción Popular, que, ahora, está afiliado a Renovación Popular— y 16 excandidatos, que postularon al Congreso en las elecciones generales de 2021 y como alcaldes y regidores en los comicios regionales y municipales de 2022.

En la mira. La Comisión Especial OCDE, que preside Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), tiene a la exparlamentaria María Melgarejo entre sus trabajadores.

Foto: Congreso 

Los cuatro partidos con la mayor cantidad de afiliados contratados en las comisiones especiales son los que conforman la Mesa Directiva del Congreso elegida para el periodo 2025-2026: Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular y Somos Perú. Tras la vacancia de Dina Boluarte, se presentó una moción de censura contra dicha Mesa Directiva, rechazada por la alianza de estas cuatro fuerzas junto a otras. Así, quedó limpio el camino para la llegada de José Jerí a la presidencia de la República.  

Los excongresistas fujimoristas

En el caso de Fuerza Popular, 23 de sus afiliados fueron contratados en nueve comisiones especiales: la de Seguimiento al Proceso de Adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la de Conmemoración del Bicentenario, y la de Proinversión.

Lo mismo ocurrió con el grupo de trabajo sobre el Fenómeno del Niño, con otro de Prevención del Cáncer, uno más, enfocado en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); otro, en el Proyecto Puyango; el de Reconstrucción del Norte y, por último, en el de Investigación sobre Presuntas Irregularidades en Contrataciones de Essalud durante la pandemia. 

Esto supuso un gasto de S/1,9 millones, según consta en el Portal de Transparencia del Congreso. Entre los beneficiados hay tres excongresistas del partido: María Melgarejo, Marcos Antonio Pichilingue y Martha Chávez.

Desde mayo de 2023, la excongresista Melgarejo trabaja en la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Adhesión del Perú a la OCDE, que preside el congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular. Hasta julio pasado, recibió más de S/270.000 por concepto de remuneraciones, de acuerdo al portal de Transparencia del Legislativo. 

Las comisiones contrataron a 16 excandidatos que postularon en las elecciones generales de 2021 y los comicios regionales y municipales de 2022".

“Soy profesional, soy magister. Al margen de ser militante, tengo el derecho de trabajar y tengo experiencia como exparlamentaria. Se han logrado firmar varios acuerdos desde el Ejecutivo porque esta comisión es como un puente para supervisar”, dijo Melgarejo a OjoPúblico. No obstante, cuando se le preguntó por resultados tangibles del grupo, reconoció que las conclusiones de los informes no son vinculantes. “Tampoco lo son [los informes de los organismos internacionales], pero son pasos que se van dando”, añadió.

El excongresista Pichilingue, en tanto, fue contratado en enero de 2023 en la Comisión Especial Proinversión. Hasta julio pasado, ya había cobrado más de S/176.000. En 2022, el año previo a su ingreso a este grupo, postuló sin éxito a la alcaldía provincial del Callao con Fuerza Popular. “Por haber sido congresista [fui contratado]. Cada comisión, tiene personal de confianza, que cada presidente convoca”, dijo Pichilingue a este medio.

La exlegisladora Martha Chávez se sumó, por último, a la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Adhesión del Perú a la OCDE, en octubre de 2021. Permaneció ahí hasta julio de 2022 y recibió más de S/86.000 en sueldos. Luego, fue designada como asesora de la entonces primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, su colega de Fuerza Popular. Chávez es personera del partido que lidera Keiko Fujimori. OjoPúblico buscó entrevistarla a través de la asesora de prensa de la bancada fujimorista, pero no hubo respuesta.

Entre los otros 20 militantes de Fuerza Popular identificados, dos fueron candidatos a alcaldes en las elecciones de 2022. Ninguno resultó elegido. 

Perú Libre y los otros partidos

Perú Libre, junto a Fuerza Popular, lidera la lista de organizaciones políticas con militantes contratados en las comisiones especiales: 23 de ellos consiguieron empleo en lo que va del quinquenio. 

De acuerdo al portal de Transparencia del Congreso, hasta julio de 2025, se desembolsaron S/925.538 en remuneraciones de los afiliados al partido que conduce Vladimir Cerrón desde la clandestinidad. No figuran excongresistas, aunque sí tres excandidatos: uno postuló al Congreso en 2021, y dos participaron en los comicios regionales y municipales de 2022.

Los afiliados de Perú Libre están repartidos en las comisiones especiales del Valle del Río Apurímac y Mantaro (Vraem), sobre la Alianza del Pacífico, de Protección a la Infancia y del Proyecto Chinecas. También en los grupos investigadores sobre el Atentado en Vizcatán en 2021 y de Presuntas Irregularidades en el Cobro del Concepto de Cargo Fijo en los recibos de luz durante el Gobierno de Martín Vizcarra. 

Hasta julio de 2025, el Congreso desembolsó S/925.538 en las remuneraciones de los afiliados al partido Perú Libre".

La tercera organización con más afiliados contratados es Acción Popular: 13 ingresaron a las comisiones especiales Chavimochic, Programa Hambre Cero, sobre el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), sobre el Ordenamiento Legislativo, para el Fortalecimiento de la Ley 3206, para la Reforma del Sistema de Justicia y en la comisión investigadora del Concepto de Cargo Fijo.

El Congreso destinó S/703.357 a los sueldos de estos militantes. En la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que preside María del Carmen Alva, por ejemplo, trabajan dos afiliados a Acción Popular quienes, entre abril y julio de este año, recibieron S/46.000 en total. 

Como informó OjoPúblico en un artículo previo, este grupo de trabajo plantea, entre otras medidas, eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Academia Nacional de la Magistratura para reemplazarlas con una Escuela Nacional de Justicia.

CLAVE. Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, que preside María del Carmen Alva, contrató a dos militantes de Acción Popular.

Foto: Congreso

La cuarta fuerza política con más contratados es Somos Perú, con 12 afiliados, que se distribuyen en las comisiones especiales sobre Seguridad Ciudadana, para el Fortalecimiento de la Ley 3206, de Seguimiento y Monitoreo a la Eficiencia de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y a favor del Vraem. Asimismo, en las comisiones investigadoras sobre las Contrataciones en Essalud y la Ejecución Presupuestal de los Programas Sociales. 

Hasta julio último, el Legislativo gastó S/411.676 en el pago de planilla de estos militantes. Entre ellos figura Luis Reymundo Dioses, excongresista de Somos Perú, que, en enero de 2022, fue contratado por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Trabajo allí durante tres meses, por los cuales cobró más de S/20.000. Antes, fue asesor del actual presidente de la Mesa Directiva, José Jerí, militante del mismo partido.

Reymundo Dioses postuló, en las elecciones de 2021, al Parlamento Andino y, en 2022, intentó convertirse en el gobernador regional de Piura. No tuvo éxito en ninguno de esos procesos. Aunque OjoPúblico intentó comunicarse con él, a través de la asesora de prensa de la bancada de Somos Perú, no hubo respuesta. 

De otro lado, Alianza Para el Progreso (APP) suma cinco militantes contratados en la Comisión Especial de Cambio Climático y en las comisiones investigadoras sobre Niños y Familias Afectadas con Plomo en la Sangre en Pasco y Lima, de Presuntas Irregularidades en las Contrataciones de Essalud durante la pandemia  y sobre el Cargo Fijo en los recibos de luz.

Por estos cinco militantes del partido que tiene como líder al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, el Parlamento desembolsó, S/248.000, hasta julio.

Especialistas advierten que el actual Congreso se convirtió en un Centro de empleo para los militantes de los partidos con representación parlamentaria".

En las comisiones especiales Capital Perú y Revisora del Código de Ejecución Penal, cuatro afiliados de Renovación Popular también consiguieron un puesto de trabajo. El Congreso les ha pagado S/240.323. Uno de ellos es el excongresista Carlos Pérez Ochoa, quien en setiembre de 2023, dejó Acción Popular para sumarse al partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. 

En agosto del año siguiente, llegó a la Comisión Especial Capital Perú, que preside la representante de Avanza País, Rosselli Amuruz, donde fue contratado por más de S/124.000.

El exlegislador explicó a este medio que estuvo en esa comisión especial hasta el 26 de julio pasado. “Lo que pasa es que conozco sobre la elaboración de proyectos de ley y este grupo necesitaba encaminar algunas iniciativas relacionadas con las pequeñas y medianas empresas. Me convocaron. Alguien le debió haber referido [mi perfil a la congresista Amuruz]”, indicó. No supo decir quién lo recomendó para el puesto. Además, no descartó postular en los comicios generales de 2026. 

El Congreso también contrató a afiliados de Avanza País (3), Podemos Perú (1), Juntos por el Perú (1) y Nuevo Perú (1) en las comisiones especiales del Proyecto Puyango, de Capital Perú, del Puerto de Chancay, de Monitoreo y Seguimiento al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y en la comisión investigadora sobre la Ejecución Presupuestal en los Programas Sociales.

Por otro lado, OjoPúblico identificó a 15 personas más —no incluidas en el análisis— que se afiliaron a Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso y Juntos por el Perú mientras trabajaban en las comisiones especiales. Solo ellos suman un gasto en planilla de más de S/1,5 millones.

El problema de normalizar estas contrataciones

Tres excongresistas contratados [María Melgarejo, Marcos Antonio Pichilingue y Carlos Pérez Ochoa] respondieron a OjoPúblico que la militancia en un partido político no les debe quitar el derecho a trabajar.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Diego Pomareda, los criterios para los cargos de confianza en las comisiones del Congreso se han ido flexibilizando. Por esa razón, sostuvo, el trasfondo de la creación de los grupos especiales es que “sirven para tener personal a disposición de los congresistas, que no están sujetos a control y pueden ser utilizados para cualquier otra función”.

Alonso Cárdenas, politólogo y docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), explicó que, en otros países con democracias más consolidadas, el servicio congresal es por concurso público. “Hay un grupo de funcionarios de carrera que trabaja en el Congreso. Eso no quiere decir que el congresista electo no pueda designar a personas de su confianza. El problema es que, en el Perú, esta figura se ha desnaturalizado”, señaló.  

Ambos especialistas coincidieron en que la proliferación de las comisiones especiales y los cargos de confianza con requisitos flexibles de contratación, convirtieron al actual Congreso en un centro de empleo para los militantes de los partidos con representación parlamentaria.