Es falso el dato de Boluarte sobre ejecución presupuestal del Midis
La presidenta Dina Boluarte dijo que la ejecución presupuestal del Mdis alcanzó un 99,6%. Pero data del MEF la desmiente.
20 Diciembre, 2022 20 / 12 / 2022Cerca de 98058 resultados
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Hasta la fecha, se registran 28 víctimas fatales en las movilizaciones: 22 a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales y militares, y otros seis por causas indirectas (accidentes y bloqueos de vías vinculados a las protestas). A dos semanas del inicio de las manifestaciones, cuatro de los cinco aeropuertos afectados han reanudado sus actividades. Los bloqueos de vías persisten en algunas regiones.
Esta mañana, se confirmó la muerte de otra persona producto de las confrontaciones que se registraron el pasado jueves 15 de diciembre en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en Ayacucho. La víctima, informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho, fue identificada como Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años.
De acuerdo con información del Ministerio de Salud, el joven ingresó el pasado jueves al Hospital Regional de Ayacucho. Jhonathan Alarcón se encontraba en UCI con diagnóstico de traumatismo de órgano abdominal no especificado debido a un impacto de bala. Con él, suman 10 los fallecidos en esta región.
🚨 #Perú | La Dirección Regional de Salud de #Ayacucho confirmó la muerte de Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años, quien recibió un impacto de bala el jueves 15 y permanecía en UCI. Su pareja tiene 6 meses de embarazo.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 21, 2022
Con él, suman 10 los fallecidos en esta región. 🧵 pic.twitter.com/3PPS4Zilhw
A nivel nacional, se reportan 28 fallecidos: 22 producto de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y otros seis en accidentes y otros hechos vinculados a las protestas.
Los decesos en enfrentamientos corresponden a cinco regiones del país: Ayacucho (10), Apurímac (6), Junín (3), Arequipa (2) y La Libertad (1). En paralelo, las víctimas de episodios vinculados a bloqueos de carreteras corresponden a tres regiones: Cusco (3), La Libertad (2) y Arequipa (1). Del total de fallecidos, cinco eran menores de edad.
En los últimos días, se ha hecho referencia al caso de un menor de edad proveniente de Huancavelica que, presuntamente, falleció en el contexto de las protestas. Inicialmente, Zulema Tomás, jefa del Instituto de Salud del Niño, indicó que “debido al bloqueo de las carreteras demoraron en traerlo y, a la altura de Chincha, falleció”.
Sin embargo, como informó OjoPúblico el pasado viernes 16 de diciembre, el Hospital Departamental de Huancavelica aclaró, a través de un comunicado, que el recién nacido no sufrió ningún impedimento durante su desplazamiento. Por el contrario, él llegó al Hospital de Chincha y, luego de todas las atenciones recibidas, falleció.
El último viernes, el director del hospital —Javier Correa— confirmó a este medio que el deceso del menor no fue producto de los bloqueos registrados en el país y que, como se describió en el comunicado, el recién nacido fue atendido.
Cuatro de los cinco aeropuertos cerrados durante las protestas han reabierto sus instalaciones: se trata de Cusco, Arequipa, Puno y Ayacucho. Aeropuertos Andinos del Perú informó que, desde hoy, el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, de Ayacucho, ha reanudado la atención a los pasajeros.
Asimismo, ayer 20 de diciembre, el aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, en Puno, reabrió sus instalaciones. En tanto, el aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, de Arequipa, reanudó sus vuelos diurnos desde el jueves 19. Mientras que el aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete, de Cusco, lo hizo el pasado viernes 16 de diciembre.
Finalmente, el aeropuerto de Apurímac es el único que tiene pendiente el reinicio de sus actividades. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) comunicó que el aeropuerto de Andahuaylas reanudará sus servicios a partir de la medianoche del 31 de diciembre.
#Seguimosavanzando
— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 21, 2022
✈️ El aeropuerto de Ayacucho reanudó esta mañana sus vuelos. #PerúEnPaz #ElPerúNoPuedeParar pic.twitter.com/T3eKi61lTG
Hasta la 12:00 m. de hoy, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) registraba 15 puntos de bloqueo en vías de comunicación debido a manifestaciones contra el Congreso y el adelanto de elecciones generales.
Los bloqueos por las movilizaciones se reportan en vías de tres regiones del país: Cusco (11), Apurímac (3) y Puno (1). Además, el kilómetro 24 de la carretera Challas-Urpay, en La Libertad, permanece cerrado por la erosión de un puente.
La Sutran también reportó 11 puntos con el tránsito restringido por las manifestaciones. Las mismas se distribuyen en dos regiones: Apurímac (9) y Puno (2). En tanto, el kilómetro 217 de la carretera Urcos-Mazuco-Iñapari, en Cusco, está restringido, debido a un deslizamiento de tierra por intensas lluvias.
El TC declaró infundado la demanda de inconstitucionalidad contra una ley que recorta las funciones e independencia de la Sunedu. Este fallo forma parte de la estraegia legal del Congreso para frenar la reforma universitaria. En la mañana, el gobierno realizó cinco cambios en el gabinete. Luis Alberto Otárola es el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Pedro Angulo.
La mañana de hoy la presidenta Dina Boluarte nombró como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a Luis Alberto Otárola, que se venía desempeñando como ministro de Defensa. Este fue uno de los cinco cambios que se realizaron en el gabinete.
Otárola, abogado de formación, reemplaza a Pedro Ángulo. Es una de las personas más cercanas a la presidenta. Asumió la defensa legal de Boluarte cuando afrontaba un proceso de denuncia constitucional en el Congreso, que finalmente fue archivado. Como ministro de defensa, firmó la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional.
A la cabeza del Ministerio de Defensa, en reemplazo de Otárola, se ha nombrado a Jorge Chávez Cresta. Él ocupó el mismo cargo durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra entre agosto y noviembre del 2020. En octubre de 2021, fue designado viceministro de Minas por el entonces presidente Pedro Castillo.
También hubo cambios en el sector Interior. El general en retiro Víctor Rojas Herrera reemplaza a César Cervantes Cárdenas.
Leslie Urteaga y Óscar Becerra asumen los ministerios de Cultura y Educación, respectivamente.
El pasado viernes 16 de diciembre, tras los hechos de violencia y enfrentamientos con policías y militares donde varios civiles fallecieron, los entonces ministros de Cultura y Educación, Jair Perez y Patricia Correa, renunciaron al gabinete expresando su disconformidad con la forma en la que el nuevo gobierno reprimió las protestas sociales.
Los cambios realizados en el gabinete se producen en un contexto de crisis y convulsión social que hasta la fecha ha dejado por lo menos 22 personas civiles fallecidas por enfrentamientos con las fuerzas del orden como parte de las movilizaciones que buscan, sobre todo, el adelanto de elecciones.
El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por 33 congresistas en contra de la Ley 31520, que recorta la autonomía e independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El objetivo de los legisladores era que, a través de este fallo, se confirme la constitucionalidad de la ley y con ello ratificarla.
En su momento, el Pleno del Congreso la aprobó por insistencia, a pesar de las observaciones del Ejecutivo.
Para frenar su implementación, la Sunedu interpuso una demanda de amparo contra el Legislativo. Como resultado, el 19 de julio de este año, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ordenó anular todo el procedimiento legislativo que derivó en la aprobación de la iniciativa en el Congreso.
A pesar de ello, el Congreso publicó la ley en El Peruano dos días después. Además, de manera sorpresiva, 33 congresistas presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que ellos mismos promulgaron.
La estrategia de los parlamentarios fue descrita así por el Consejo Directivo de la Sunedu: “[...] Es necesario alertar a la ciudadanía sobre la presentación de esta insólita demanda, que pretende instrumentalizar al TC para ‘sacarle la vuelta’ a una resolución del Poder Judicial y que desnaturaliza el sentido de una demanda de inconstitucionalidad”, expresó la institución en un comunicado.
En medio de una crisis política y social ayer el @TC_Peru declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que congresistas antirreforma presentaron CONTRA LA LEY QUE ELLOS MISMOS APROBARON. ¿Por qué lo hicieron?
— Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) December 21, 2022
⚠️Buscaron perder la demanda para que la Ley contrarreforma ⤵️ pic.twitter.com/3aob1jEDPi
Con la decisión de ayer del Tribunal Constitucional, la estrategia de los congresistas para implementar la Ley 31520 sigue en rumbo. Aunque la norma tendrá que afrontar un nuevo pedido de inconstitucionalidad en su contra, el cual fue realizado la semana pasada por la Defensoría del Pueblo.
Para la entidad, presidida por Eliana Revollar, la Ley 31520 también “vulnera el principio de independencia y autonomía del órgano responsable en supervisar el servicio educativo universitario”.
Como informó OjoPúblico, la Ley 31520 —promulgada por insistencia en el Congreso— reestructura la conformación del Consejo Directivo de Sunedu, cuyo periodo de vigencia ya no será de cinco, sino de tres años.
Además, entre otros puntos, dispone eliminar la elección por concurso público de profesionales para el Consejo Directivo, y establece la posibilidad para incluir en este órgano a representantes de universidades públicas, privadas y colegios profesionales.
A poco más de dos semanas del fallido golpe de Estado, las manifestaciones continúan en algunas regiones del Perú. A las protestas contra el Congreso y el pedido de elecciones para 2023, se ha sumado la demanda de justicia para los fallecidos. Los bloqueos de vías, mientras tanto, se han reducido en comparación a los días previos.
Hasta las 8 a.m. de hoy, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) registraba tres puntos del país con tránsito interrumpido por las protestas contra el Congreso y el adelanto de elecciones generales.
Los bloqueos se concentraban en la provincia de El Collao, en Puno: en el kilómetro 1.410 y 1.415 del distrito de Ilave, y en el kilómetro 212 del distrito de Santa Rosa. Además, desde el 4 de diciembre, el kilómetro 24 de la carretera Challas-Urpay, en La Libertad, permanece cerrado por la erosión de un puente.
En paralelo, la Sutran reporta nueve puntos con tránsito restringido debido a las manifestaciones. Estos corresponden a tres provincias de la región de Apurímac: Aymaraes (6), Andahuaylas (2) y Chincheros (1).
A dos semanas del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ciudadanos de Ayacucho y Apurímac continúan con las protestas. Este jueves 22 de diciembre, comerciantes de la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, se movilizaron por las calles pidiendo el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para 2023 y justicia para los fallecidos en los enfrentamientos con efectivos policiales y militares.
El colectivo solicitó, además, una tregua a los demás manifestantes durante las fiestas de Navidad y fin de año, para evitar que sus negocios se vean afectados. Ayer, dirigentes de esa región habían asegurado que continuarían con las movilizaciones.
🔴 #Apurímac | En Andahuaylas, grupos de comerciantes se movilizan por las calles en apoyo a las demandas que piden la salida del Congreso [@congresoperu], justicia para los fallecidos y elecciones para el 2023. 🧵 pic.twitter.com/hxlR9qysGH
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 22, 2022
Protestas similares se reportaron el pasado martes 20 y miércoles 21 de diciembre, en Ayacucho. El medio local La Jornada informó que el día de ayer miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho se movilizaron por la Plaza Mayor de Huamanga.
Los manifestantes marcharon y cargaron cajones sobre los hombros en memoria a los 10 fallecidos de esa región durante los enfrentamientos, registrados el pasado 15 de diciembre, en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. “La sangre derramada, jamás será olvidada”, arengaban.
OjoPúblico también informó sobre la jornada de protestas del pasado martes 20 de diciembre. Los ciudadanos recorrieron las calles de Huamanga mientras exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la salida del Congreso, la derogatoria del estado de emergencia y justicia para los jóvenes que fallecieron en las protestas.
Luego de los recientes enfrentamientos que han ocasionado la muerte directa de 22 personas en las protestas, hoy la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —la organización indígena amazónica más importante del Perú— realizó un severo pronunciamiento.
Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, pidió sanción para los responsables de los decesos y justicia para los deudos. Además, durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, el líder explicó que su organización demanda la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cambio de la mesa directiva del Congreso y la convocatoria a elecciones aún más anticipadas.
El pronunciamiento publicado también solicita el inicio de un proceso amplio para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita la inclusión de los temas de la agenda indígena, como la protección de los defensores, la Educación Intercultural Bilingüe y los Pueblo Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci).
Este comunicado constituye el segundo pronunciamiento público de la organización desde que comenzaron las protestas. En el primero, realizado el pasado 11 de diciembre, Aidesep se había declarado en movilización permanente para exigir el adelanto de las elecciones generales y aclaró que no defiende ni pide la liberación del exmandatario Pedro Castillo.
Hoy, Pérez Rubio y otros dirigentes presentes en la conferencia de prensa respaldaron las movilizaciones de sus bases en Madre de Dios y en la Selva Central, que tiene prevista una marcha hacía Lima.
#Pronunciamiento 📢 | El Consejo de Coordinación Ampliado (CCA) de AIDESEP manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/Ol1fHI0ZdA
— AIDESEP (@aidesep_org) December 22, 2022
Hasta las 6 p.m., la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportaba cinco bloqueos de vías en todo el país por las manifestaciones contra el Congreso y el adelanto de elecciones generales para 2023.
Los puntos con tránsito interrumpido se distribuyen en dos regiones del país: Puno (3) y Cusco (2). Los bloqueos se registran en la provincia de El Collao, en Puno, y en las provincias de Chumbivilcas y La Convención, en Cusco.
La entidad registró, además, que tres puntos presentan tránsito restringido en dos provincias de la región de Puno: El Collao (2) y Puno (1). Por último, la Sutran reportó que se ha restablecido el tránsito en 178 puntos del país.
La reapertura de vías ha permitido que algunas compañías reinicien sus actividades. Ese es el caso, por ejemplo, de la empresa Gloria. La misma, según informó RRP, ha reiniciado el acopio de leche de manera paulatina en la planta de Majes, en Arequipa, luego de la liberación de rutas en cuencas lecheras.
La compañía explicó que no podrá procesar la leche recolectada. Esto debido a los daños ocasionados en la infraestructura durante la toma realizada por un grupo de personas, el pasado 12 de diciembre. No obstante, aclaró que enviarán la leche a otras plantas procesadoras.
En su tercer día de visita al país, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recaba información en Lima y Ayacucho. En los días previos, la misión detalló que “recibió información sobre afectaciones a derechos humanos” producidas durante las movilizaciones sociales.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que se reunirá hoy con autoridades y organizaciones sociales de Lima y Ayacucho para recabar información sobre las protestas producidas tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. En esta última región del sur del país fallecieron 10 personas producto del enfrentamiento, registrado el pasado 15 de diciembre, entre manifestantes y el Ejército.
El grupo de la CIDH arribó al Perú el último 20 de diciembre. Sus primeras conversaciones fueron con la presidenta Dina Boluarte y los funcionarios del Ministerio de Defensa e Interior, las dos principales carteras a cargo del control interno desde que se declaró estado de emergencia en todo el país por 30 días.
La delegación también se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público y del sistema electoral.
Ayer, el grupo de la CIDH se reunió con José Williams, presidente del Congreso, y con Martha Moyano, primera vicepresidenta del Legislativo. También conversaron con Patricia Benavides, fiscal de la nación; Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
#CIDHEnPerú La delegación de #CIDH recibió información sobre afectaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas, por parte de periodistas, de representantes de diversas organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y de activistas, entre otros. pic.twitter.com/q4Gh3TdNdL
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 21, 2022
Estas actividades son parte de la visita técnica que viene realizando el organismo en el país. La delegación —presidida por Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, y María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos— ha estado en las regiones de Lima, Cusco y Ayacucho.
Durante su estancia, la misión de la CIDH también se ha reunido con familiares de las víctimas de las manifestaciones, líderes de pueblos indígenas, autoridades regionales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
“La delegación de CIDH recibió información sobre afectaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas, por parte de periodistas, de representantes de diversas organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y de activistas, entre otros”, informó el organismo a través de Twitter, hace dos días.
Hasta ayer, el número de civiles fallecidos en el marco de las protestas sociales sumaba 28 personas en total: 22 producto del enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden y otras seis víctimas indirectas (accidentes y otros hechos vinculados al bloqueo de vías).
Durante la jornada de hoy, María Claudia Pulido, de la CIDH, se reunió con Carlos Rúa Carbajal, gobernador regional de Ayacucho, y Walter Bedriñana Carrasco, titular de la Dirección Regional de Salud de la misma región.
Ambas instituciones regionales explicaron que la delegación de la CIDH se encontraba “indagando para el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el paro del 15 y 16 de diciembre del presente, que dejó como saldo 10 personas fallecidas y 72 heridos” en esa región.
Además, el grupo de la CIDH se entrevistó con Serapio Edmundo Miranda Gutiérrez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho, y con Karenn Diana Obregón Ubaldo, fiscal provincial de Ayacucho. Allí, los funcionarios informaron sobre las sedes del Ministerio Público que fueron incendiadas durante las protestas.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó hoy, jueves 22 de diciembre, al expresidente Pedro Castillo en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.
El exmandatario se encuentra recluido por 18 meses de manera preventiva en este recinto de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), de la Policía Nacional del Perú, por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, luego de dar un fallido golpe de Estado.
La visita de la CIDH fue dada a conocer por la Defensoría del Pueblo. “Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica, y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal”, indicó la institución a través de su cuenta de Twitter.
Ayer por la noche, el expresidente Pedro Castillo solicitó a la CIDH que se reúna con él "de manera urgente". En el pedido, realizado por redes sociales, Castillo adjuntó la carta que envió a la delegación su nuevo representante legal: Wilfredo Arturo Robles Rivera.
La semana pasada el mismo abogado se presentó como uno de los defensores de Aníbal Torres, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la audiencia de prisión preventiva que pesaba en su contra.
Verificamos que [las] condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal", informó la Defensoría del Pueblo.
Carlos Fernández Millán —jefe interino del Programa de Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana, y la Seguridad y Defensa Nacional— fue el representante de la Defensoría del Pueblo que acompañó al equipo de la CIDH.
En esta ocasión, el expresidente Castillo sí recibió a la Defensoría del Pueblo. Hace una semana, su titular, Eliana Revollar, indicó que el exmandatario se negó a aceptar una reunión con el equipo de la institución, aunque había recibido 139 visitas desde que fue detenido hasta entonces.
"Hemos querido conferenciar con él [Pedro Castillo]. Sin embargo, la congresista Betssy Chávez refirió a los comisionados que no iba a hablar con la Defensoría (...). El expresidente también señaló que no quería conferenciar con nuestra institución”, dijo Revollar en una entrevista con Latina.
A pesar de eso, Revollar informó que, aquella vez, la Defensoría también pudo corroborar que las condiciones de detención de Castillo eran adecuadas.