Desde niño, Walter Agustín Vásquez descubrió su interés por actividades artísticas que, dentro de su comunidad, no eran consideradas propias del rol masculino. Disfrutaba crear decoraciones, diseños indígenas y participar en coreografías. Sin embargo, expresar sus gustos e identidad lo expuso a discriminación y violencia.

“A los seis años me gustaba mucho bailar, pero por miedo no se lo mostraba a mis padres. Crecí tratando de encajar en la imagen del 'machito' o del 'varoncito' que se esperaba de mí. Sufrí maltratos por parte de mis compañeros: recibí bullying e incluso fui golpeado en el colegio. Eran años en los que la discriminación estaba muy presente”, cuenta Walter a OjoPúblico.

Walter Vásquez, conocida artísticamente como Triana, es una mujer trans de la comunidad indígena de San Francisco, una de las más representativas del pueblo shipibo-konibo, ubicada en el distrito de Yarinacocha, en la región Ucayali. Triana reconoce que fue difícil lograr la aceptación de su familia debido a las tradiciones y roles asignados en su comunidad.

CANTANTE. Triana Vásquez, artista trans, es una de las vocalistas principales del grupo Las sexys charapitas de la selva en la ciudad de Pucallpa.

Foto: OjoPúblico / David Díaz

TRABAJO. Con el apoyo de su hermana, Triana ha logrado desarrollarse como cantante. Se presenta en locales de Pucallpa y en eventos en otras ciudades del país.

Foto: OjoPúblico / David Díaz

“Dentro de la comunidad shipibo-konibo todavía existe discriminación hacia las personas LGTBI y no siempre somos aceptadas. Antes, la discriminación por nuestra orientación sexual era mucho más fuerte. En mi caso, hoy tengo una buena relación con mi familia y siento que hay una mayor aceptación y tolerancia. Mi hermana, que es bailarina y una de mis mayores inspiraciones, siempre me ha apoyado”, dice Triana.

Actualmente, Triana Vásquez trabaja como una de las vocalistas principales del grupo transgénero Las sexys charapitas de la selva y también se dedica a la decoración y confección de polos con diseños alusivos a la cultura shipibo-konibo. Para ella, este trabajo significa revalorar a su comunidad y preservar la identidad y herencia cultural de sus ancestros.

Jonathan Ramírez, cuyo nombre artístico es Tayra, también pertenece a la comunidad shipibo-konibo del distrito de Yarinacocha. Al principio enfrentó dificultades para expresar su identidad debido a las normas y tradiciones de su entorno, aunque con el tiempo fue aceptado. Decidió abrir un salón de belleza donde, además de realizar cortes de cabello, diseña y confecciona trajes típicos de la Amazonía y de su cultura.

“Al inicio fue complicado. Tenemos que adaptarnos a las decisiones de la familia porque en la cultura shipibo-konibo no es aceptable este tipo de orientaciones. La población LGTBI en Ucayali no es aceptada al 100%. Desde el Estado peruano, las normas tampoco amparan a las diversidades”, señala Tayra.

EMPLEO. En su salón de belleza, Tayra se dedica al corte de cabello. Antes trabajó en un municipalidad, pero tuvo que renunciar frente al acoso.

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CONFECCIÓN. Tayra vuelca su creatividad y admiración por el arte del pueblo shipibo-konibo diseñando trajes como el que se muestra en el maniquí.

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La discriminación por su orientación sexual se presentó incluso en la administración pública. Entre 2023 y 2024, Tayra trabajó para la Municipalidad distrital de Yarinacocha como coordinadora de eventos. Durante ese periodo, tuvo que soportar comentarios homofóbicos por los pasillos del municipio. Finalmente, renunció para dedicarse a su salón de belleza, participar en eventos y realizar manifestaciones artísticas.

Tayra confiesa que quiere incursionar en la vida política de Ucayali para ayudar a que en su comunidad se implementen servicios básicos en vivienda, educación y salud. Refiere, además, que trabajará por el reconocimiento no solo de su identidad, también de su cultura.

“Las autoridades de nuestra región no incentivan ni trabajan para lograr el reconocimiento de la identidad sexual y la identidad cultural. Por eso, la discriminación persiste”, indica Tayra.

Tayra enfrentó dificultades para expresar su identidad debido a las normas y tradiciones de su entorno, aunque con el tiempo fue aceptado".

Una experiencia similar vivió Roly López Inuma, quien también pertenece a la comunidad shipibo-konibo de San Francisco. Cuando habló con su familia sobre su orientación sexual, no encontró una aceptación inmediata. Aunque para él significó un alivio poder expresar abiertamente quién era, para sus familiares la noticia resultó difícil de asimilar debido a sus creencias y tradiciones.

"Todavía hay familias shipibo-konibo que rechazan a sus hijos por ser gays. En muchos casos, son expulsados de sus hogares y se ven obligados a salir adelante solos. Ellos enfrentan carencias económicas, abandono y discriminación, muchas veces sin haber terminado sus estudios ni contar con un empleo", señala Roly.

Roly estudió contabilidad en la Universidad Nacional de Ucayali. Trabajó como asistente contable por un tiempo y ahora apoya en el negocio de su primo, Dennis Inuma, con la confección de trajes típicos y diseños alusivos a las culturas amazónicas. Gran parte de su trabajo de diseño se basa en el arte kené, trazado geométrico típico de la cultura shipibo-konibo.

Si bien Roly considera que en su caso no enfrentó discriminación constante, advierte que varios de sus amigos sí sufrieron ataques de discriminación y odio. Sostiene que en la comunidad shipibo-konibo todavía existen tabúes, estereotipos y homofobia. “Es un tema que aún no se supera en nuestra cultura”, afirma.

ARTE. Roly trabaja en la confección de trajes típicos y en la elaboración de disfraces. Gran parte de su trabajo se inspira en el arte kené.

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PERTENENCIA. Roly López se siente orgulloso de pertenecer a la comunidad shipibo-konibo de San Francisco, una identidad que considera parte fundamental de quién es.

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DISEÑO. Obra de arte elaborado por un familiar de Roly que representa un sueño. El diseño y composición es una muestra del arte kené.

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Según los Centros de Emergencia Mujer (CEM), las denuncias de violencia contra la población LGTBI en Perú muestran un incremento sostenido en los últimos años: pasando de 58 casos en 2020 a 248 en 2025.

La violencia sexual registró el mayor incremento, al pasar de ocho casos en 2020 a 78 en 2025. En el mismo período, los casos de violencia física se elevaron de 28 a 87, mientras que los de violencia psicológica crecieron de 22 a 83. Los datos registrados de enero a mayo de 2026 mantienen la misma tendencia, con la violencia psicológica por encima de las demás formas de violencia con 26 casos reportados.

Los casos de violencia contra la población LGTBI se ha incrementado de forma sostenida en el Perú: pasó de 58 casos en 2020 a 248 en 2025".

Bruno Fernández de Córdova, presidente de la organización Más Igualdad Perú, señala que el incremento de denuncias y de casos atendidos podría reflejar una mayor conciencia de las personas sobre las situaciones de violencia que enfrentan, así como un mejor conocimiento de las rutas institucionales para reportarlas y recibir atención. Sin embargo, resalta que estas cifras aún no representan la totalidad de los casos que ocurren a diario.

“Desde hace muchos años hemos sufrido situaciones de violencia psicológica, física o sexual y es importante señalar que los registros oficiales se quedan cortos frente a la realidad. Sin duda existe un subregistro de muchas personas que no saben que enfrentan una situación de violencia o que no conocen una ruta para denunciar o prefieren no hacerlo por diferentes motivos”, advierte Fernández de Córdova.

Una creciente violencia

En 2025, Promsex realizó una encuesta nacional a 680 personas LGTBI de 14 regiones del Perú. Los datos revelaron que el 83,3% experimentaron algún tipo de discriminación y el 61,1% fueron víctimas de violencia directa (psicológica, física, institucional, entre otras) luego de revelar su orientación sexual o identidad de género. 

La forma de violencia más reportada fue la psicológica, con 74,5%. Además, el 62,2 % señaló que incurrió en gastos económicos adicionales, como atención psicológica, mudanzas forzadas o transporte preventivo para evitar agresiones.

Entre junio de 2018 y mayo de 2026, a nivel nacional, se han reportado 650 casos de discriminación basada en la identidad de género u orientación sexual, según el Sistema de denuncias policiales (Sidpol). 

Las denuncias presentadas ante los Centros de Emergencia Mujer y la Policía Nacional son fundamentales para sancionar a los agresores, así como para establecer precedentes que fortalezcan la protección de derechos en la justicia peruana.

El pasado 22 de junio, la docente Milagros del Carmen Sandoval fue condenada a dos años de prisión suspendida por discriminar a una estudiante transgénero en marzo de 2024. Según la investigación a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Lambayeque, la sentenciada humilló públicamente a la víctima al cuestionar su identidad de género frente a sus compañeros, criticar su vestimenta y realizar expresiones denigrantes por su condición de mujer trans.

Otro caso emblemático que sienta un precedente en la lucha contra la violencia hacia las personas LGTBI es el de Las Gardenias. Entre 1989 y 1992, integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asesinaron a miembros de esta comunidad en la región San Martín como parte de una política de “limpieza social”. 

El proceso judicial continúa y, el pasado 17 de junio, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos sustentó el pedido de cadena perpetua para Víctor Polay, excabecilla de la organización, por los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado.

Normas contra las diversidades

Aunque un 80% de los peruanos afirma estar de acuerdo con que las personas LGTBI reciban el mismo trato ante la ley y accedan en igualdad de condiciones a empleo, educación y salud, según una encuesta de octubre de 2025 realizada por Ipsos y Más Igualdad Perú, en los últimos años se han aprobado e implementado medidas que restringen derechos y cuestionan el reconocimiento de esta población.

El 16 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud publicó el Decreto Supremo 009, que clasificó a las diversidades sexuales y de género como trastornos mentales. La medida fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos al considerarla una forma de discriminación institucional contra las personas LGTBIQ+. Dos años después, la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma al concluir que reforzaba estigmas y generaba barreras para el acceso a los servicios de salud.

Al año siguiente, el 12 de mayo de 2025, el Congreso aprobó la Ley 32331, orientada a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a delitos sexuales. No obstante, la norma establece que las personas trans no pueden utilizar servicios higiénicos distintos a los asignados según su sexo biológico. Diversas organizaciones advirtieron que esta norma vulnera el principio de igualdad, fomenta la discriminación y refuerza estereotipos que asocian sin justificación a las personas trans con riesgos para la integridad sexual de los menores, pese a que no existe evidencia que sustente dicha relación.

Otra medida cuestionada es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres que eliminó la Política Nacional de Igualdad de Género, publicada en diciembre de 2025. Además, ordenó que el Ministerio de Educación emitiera nuevos Lineamientos que eliminaron la Educación Sexual Integral (ESI) y lo reemplazó por la “Educación Sexual con base científica, biológica y ética”. Esta normativa invisibiliza a la población LGTBI porque excluye conceptos como derechos sexuales, orientación sexual, identidad de género, violencia de género y bullying homofóbico.

De acuerdo con la abogada María Ysabel Cedano García de la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), la aprobación de estas normas representa un ataque sistemático contra los derechos de las personas LGTBI. Específicamente desde los grupos religiosos en el Poder Legislativo.

Para Cedano García la Ley 32331 es una de las más peligrosas debido a que establece prisión para quienes realicen conducta obscena frente a menores de edad. El problema, explica la abogada, recae en qué se considera una conducta obscena. La interpretación de ese concepto puede generar la criminalización hacia la población LGTBI.

En Cusco, un grupo de personas está siendo procesado por la Fiscalía, amparadas en dicha Ley, por el delito de actos obscenos que afectan la indemnidad sexual de los menores. Sin embargo, Cedano García señala que las personas investigadas participaban en la marcha del orgullo LGT­BI de 2025, realizada en la Plaza de Armas del Cusco.

María Ysabel Cedano advierte que, si la investigación concluye con una sanción contra las personas involucradas, sentará un precedente que facilite la persecución y limitación de las expresiones y actividades vinculadas a las marchas del Orgullo LGTBI, tanto en Lima como en otras regiones del país.

Un grupo de personas está siendo investigada por el delito de actos obscenos solo por participar en la marcha del orgullo LGT­BI de 2025 en Cusco.

Esa situación también preocupa a Jorge Apolaya, activista y vocero del colectivo Marcha del Orgullo en Lima, quién sostiene que en el país no hay políticas públicas que garanticen y protejan los derechos de las personas LGTBI. También lamenta que una de las pocas normas que existían para prevenir la discriminación y violencia como la Educación Sexual Integral, haya sufrido un retroceso progresivo.

“Gran parte de la sociedad normaliza actitudes discriminatorias y vulneraciones de derechos, alimentadas por discursos de odio que provienen de algunos medios de comunicación, figuras políticas, artistas y líderes de opinión”, concluye Apolaya.

Pero, mientras las cifras revelan un aumento de la violencia contra las personas LGTBI, y diversas normas limitan el reconocimiento de sus derechos, las historias de Triana, Tayra y Roly reflejan una búsqueda constante de respeto, igualdad y reconocimiento que no se detiene.