Un memorial de los adolescentes y jóvenes muertos en las protestas
Las regiones más afectadas por la represión son Puno, Ayacucho y Apurímac. Hay siete menores de edad entre los fallecidos en los enfrentamientos.
18 Diciembre, 2022 18 / 12 / 2022Cerca de 98058 resultados
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El Pleno del Legislativo descartó la propuesta para realizar elecciones generales en diciembre del 2023. Solo 49 congresistas votaron a favor de adelantar los comicios para esa fecha, mientras que 33 lo hicieron en contra y 25 se abstuvieron. Ni siquiera se alcanzaron los 66 votos que se requieren para que dicha propuesta luego sea ratificada vía referéndum.
Los titulares de los ministerios de Cultura, Jair Perez, y de Educación, Patricia Correa, renunciaron hoy a seguir en sus cargos en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte y del primer ministro Pedro Angulo Arana. Ambos asumieron sus funciones el viernes último, es decir hace una semana.
A través de un oficio compartido en sus redes sociales, Correa basó su renuncia en la vulneración de la vida e integridad física de los ciudadanos en los últimos días. "Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas", sostuvo.
La carta dirigida por Pérez Brañez a la mandataria Boluarte expone un motivo similar. "Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno", indicó.
La renuncia de ambos ministros se produce en un contexto de protestas que, hasta el momento, tienen como saldo 20 personas fallecidas. Además, la Defensoría del Pueblo informó que presentaron una denuncia penal a la Fiscalía de Huamanga para determinar a los responsables de la muerte de ocho personas en Ayacucho. En tanto, el Ministerio Público decidió iniciar investigaciones preliminares para esclarecer las muertes en las diversas regiones del país.
🔴#LoÚltimo
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 16, 2022
Los ministros de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Perez Brañez, presentaron sus cartas de renuncia al gabinete. Ambos renuncian luego de que las protestas ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte dejaran un saldo de 20 personas fallecidas. pic.twitter.com/czyXu790ln
El Pleno del Congreso de la República rechazó la propuesta para realizar elecciones generales en diciembre del 2023. Solo 49 congresistas votaron a favor de la misma y no se alcanzaron los 66 votos que, por lo menos, se requieren para que luego sea ratificado vía referéndum.
Fueron 33 los legisladores que votaron en contra de esta nueva propuesta de adelanto de elecciones, la cual fue presentada hoy por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. La misma planteaba que el mandato de la presidenta Dina Boluarte, del Congreso y de los representantes del Parlamento Andino terminase en abril de 2024.
El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) presentó una reconsideración a la votación. Tras ello, el presidente del Legislativo, el general EP (r) José Williams Zapata, decidió suspender la sesión del Pleno.
Las bancadas que votaron en contra de este proyecto de adelanto de elecciones fueron Avanza País (8) y Perú Bicentenario (5). De igual forma, congresistas de Renovación Popular (5), Acción Popular (4), Perú Democrático (4), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (2), Integridad y Desarrollo (2), Alianza para el Progreso (1), Perú Libre (1) y No Agrupados (1).
La decisión del Congreso se da en un contexto de protestas en diversas regiones del país cuya consigna principal era el adelanto de elecciones. Inicialmente, Dina Boluarte había indicado que trabajaría con el Congreso para que los comicios se realizaran en abril del 2024, pero luego aceptó que el proceso electoral podría adelantarse a diciembre del 2023.
El expresidente Pedro Castillo cumplirá los 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre, al interior del penal de Barbadillo, ubicado en el reciento de la Diroes de la Policía Nacional. Así lo decidió el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En dicho centro de reclusión también se encuentra, desde el 2007, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien purga una condena de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, ocurridas durante su gobierno. Como se recuerda, Fujimori, al igual que Castillo, también dio un autogolpe de Estado en 1992.
Otro expresidente que pasó por la Diroes fue Ollanta Humala (2011-2016). Esto debido a una resolución de detención preventiva dictada por el Poder Judicial a consecuencia del proceso que se le sigue hasta la actualidad por recibir millonarias sumas de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
La misma prisión de Barbadillo aguarda a la llegada del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra sometido a una proceso de extradición en Estados Unidos en el marco del proceso judicial por recibir coimas de Odebrecht.
#LOÚLTIMO | El @INPEgob determinó que el expresidente Pedro Castillo cumplirá su régimen de 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado dentro de las instalaciones de la Diroes. pic.twitter.com/Klgkt1Hudu
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 16, 2022
En la mañana de hoy, casi simultáneamente al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Boluarte, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), de la Policía Nacional, allanó la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas y del movimiento político Nuevo Perú e intervino a más de 20 personas, provenientes de Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
El Consejo del Estado, integrado principalmente por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, brindó su respaldo político a la presidenta Dina Boluarte, y a su decisión de adelantar las elecciones y de emitir el decreto de estado de emergencia que ha puesto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas bajo control de la seguridad en el país durante 30 días.
En la sesión del Consejo del Estado –que se realizó anoche mientras entraba en vigencia el toque de queda en las ocho regiones más convulsionadas del Perú– también participaron los representantes de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , la Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo.
A la salida de la reunión, quienes salieron a brindar su respaldo a Dina Boluarte fueron: el general EP (r) José William Zapata, Elvia Barrios, José Ávila y Francisco Morales Saravia, presidentes del Congreso, el Poder Judicial, la JNJ y el TC, respectivamente. También estuvieron el titular de la Contraloría, Nelson Shack, y de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.
“Se está restableciendo el orden, la paz y tranquilidad, pero hay zonas en donde se necesitan reforzar las estrategias de control de la situación. [Además] se ha respaldado a las fuerzas policiales y armadas, creo que el país debe darle aliento [a las fuerzas del orden] para restablecer el orden en el país. Queremos exhortar a los involucrados en violencia a que cesen esas conductas”, dijo José Ávila de la JNJ.
En el mismo sentido, Williams Zapata, titular del Parlamento, dijo: “Hay manos negras, hay algo metido ya asentado en las raíces de la sociedad. Aparecen en un lugar y atacan en otro lugar. Hay algo detrás que está tratando de llevarnos a un caos”.
Igualmente, Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema, indicó que respaldan a la presidenta Boluarte en el impulso al adelanto de elecciones y que la decisión final sea tomada por el Congreso. De igual forma se mostró en contra de “actos de violencia”. Finalmente indicó que se debe esclarecer la muerte de las protestas de estos días y también las heridas sufridas por los efectivos policiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, emitió un comunicado reiterando su llamado al Estado del Perú a profundizar sus esfuerzos en la "construcción de canales de diálogo" como vía prioritaria para la atención de la conflictividad social que ya ha dejado 20 muertos a nivel nacional.
De igual forma, instó al Estado a identificar y sancionar a los responsables de los fallecidos en las manifestaciones iniciadas el 7 de diciembre último.
"La CIDH expresa su más alta preocupación por la escalada exponencial de violencia en las protestas del Perú; y hace un enérgico llamado a todas las personas involucradas a invertir los esfuerzos en una solución de la crisis por medio de los canales democráticos y con el más alto apego a los derechos humanos", dijo el ente supranacional.
La CIDH además pidió al Estado que las muertes en las protestas sean investigadas y los culpables sancionados. También indicó que "cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia"
El pasado 7 de diciembre el entonces Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado. Luego el Congreso lo vacó en el cargo y el Poder Judicial inició el enjuiciamiento del expresidente dictando 18 meses de detención preventiva. Casi en simultáneo, y frente a las protestas generalizadas que piden adelanto de elecciones, el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días (con toque de queda en ocho regiones).
La #CIDH condena el incremento de violencia en el #Perú y programa visitas técnicas y de trabajo.#DerechosHumanos 👉🏾https://t.co/RaN4FZllGt pic.twitter.com/Ss857LaGxQ
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 17, 2022
La presidenta Dina Boluarte dijo, en conferencia de prensa, que ella no renunciará al cargo que ejerce desde el 7 de diciembre y al mismo tiempo exigió al Congreso que fije el adelanto de elecciones. “Yo no busqué estar aquí”, indicó la primera mujer en asumir la función presidencial y que, en diferentes momentos, utilizó el quechua para transmitir sus ideas.
"Ustedes [la población] dijeron ‘adelanto de elecciones’, apenas asumí el cargo. Pues de iniciativa propia nosotros –porque nadie quiere quedarse en el poder– presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y ahora está en el Congreso”, dijo Boluarte, quien el 15 de diciembre decretó el estado de emergencia a nivel nacional.
“[Ahora] es el Congreso quien tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones. Nosotros ya presentamos nuestra petición. Y habrán visto ayer la votación en el Congreso. Al parecer quieren trabar esa posibilidad. El Congreso tiene que actuar de cara al país. El 83% de la población quiere el adelanto de las elecciones, entonces señores congresistas no busquen pretextos. No se abstengan en el voto”, dijo Boluarte.
Boluarte además manifestó que hay un grupo de congresistas que no se quieren ir. “Sean sinceros con el pueblo. No sean ciegos y actúen conforme a la población”, indicó. La mandataria afirmó que ella no dejará el cargo: “Yo estoy cumpliendo el orden constitucional. Aquí estaremos firmes hasta que el Congreso resuelve el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para defender la democracia”.
La presidenta además culpó del caos desatado en el Perú a “grupos de violentistas”. “Esas no son marchas pacíficas, no son reivindicaciones sociales”, indicó antes de justificar el decreto de estado de emergencia y las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas, general EP, Manuel Gomez La Torre; así como el general PNP, Raúl Alfaro Alvarado, quienes realizaron una larga exposición sobre la situación que vive el Perú.
La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) participó en el allanamiento del inmueble de la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú, ubicado en la Plaza Bolognesi en el Centro de Lima. En dicha sede también se encuentra el movimiento político Nuevo Perú, que sufrió igual medida.
En un vídeo propalado en las redes sociales se observa al general PNP, Óscar Arriola, jefe de la Dircote, interrogando a algunas de las personas intervenidas. Al inmueble también se apersonó el titular de la 1era Fiscalía de Derechos Humanos de Lima, Jesús Hermosa Abad.
#Perú En la mañana de hoy, casi simultáneamente al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Boluarte, una unidad de la Dirección contra el Terrorismo #Dircote de la PNP allanó la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas e intervino a más de 20 personas. 🧵 pic.twitter.com/lYOulhHbF9
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 17, 2022
Según la Policía, el allanamiento se justificó por el hecho de que en el lugar existían objetos contundentes, como machetes, chalecos y hondas, a usarse en las protestas en Lima. Uno de los intervenidos indicó que dichos objetos fueron dejados en el sitio por las fuerzas del orden.
La Dircote es una unidad especializada en la lucha contra la subversión (Sendero Luminoso y el MRTA o sus rezagos), mientras que la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú, es una reconocida institución creada hace más de 70 años dedicada a promover la lucha de las poblaciones originarias de los Andes.
La acción de la Policía, que acudió con un contingente de 30 efectivos, ocurrió en simultáneo a una conferencia de prensa brindada por la presidenta Dina Boluarte, en el contexto del segundo día del estado de emergencia decretado el pasado 15 de diciembre a nivel nacional por 30 días.
OjoPúblico conoció que 26 personas fueron intervenidas en la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas. Del total, 12 procedían de la región Apurímac y otras diez del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
En este local de la Plaza Bolognesi, en el centro de Lima, estaban hospedados manifestantes de Cajamarca, Cusco, Apurímac y Ayacucho, que llegaron a la capital para sumarse a las protestas por el adelanto de elecciones.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 17, 2022
👉 Gran parte los intervenidos son quechuahablantes.
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En la víspera, un grupo de manifestantes del pueblo asháninka se encontraba hospedado en la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas, pero partieron a sus localidades de origen en la selva central debido a los fallecidos que dejaron las protestas en Junín.
El Ministerio de Salud (Minsa) informó hoy que 24 personas fallecieron en el contexto de las protestas por el adelanto de elecciones generales. La distribución de decesos, según la región a la que pertenecen, es la siguiente: Ayacucho (9), Apurímac (6), Junín (3), La Libertad (3), Cusco (2) y Arequipa (1).
En el caso de Ayacucho, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa) indicó que la novena víctima falleció hoy, luego de estar en la lista de heridos con pronostico reservado.
El relator de la Comisión Interamericana para Perú (CIDH), Stuardo Ralón Orellana condenó las muertes ocurridas en el contexto de las protestas en Perú. "Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables. Mi solidaridad con las familias de las víctimas", dijo el funcionario que deberá arribar en visita al Perú en enero del próximo año.
Como Relator de la #CIDH para #PERÚ manifiesto mi condena por las muertes ocurridas, en el marco de la crisis política y manifestaciones en Perú. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables. Mi solidaridad con las familias de las víctimas.
— Stuardo Ralón (@StuardoRalon) December 17, 2022
Cientos de personas, entre familiares, amigos y vecinos acompañaron hoy el entierro de cuatro de las nueve víctimas de las protestas acaecidas en Ayacucho. Las víctimas sepultadas son: Jhon Henry Mendoza Huarancca, Josué Sañudo Quispe (31), Luis Miguel Urbano Sacsara (22) y José Luis Aguilar Yucra (20). El sepelio se realizó en el Cementerio General de Huamanga.
Esto pasa ahora #Ayacucho:
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 17, 2022
Cientos de personas, entre familiares, amigos y vecinos acompañan el entierro de dos de las víctimas de las protestas en el Cementerio General de Huamanga durante el estado de emergencia.
Imágenes: @Ojo_Publico /Red Investigativa Regional
🧵 pic.twitter.com/oj6DC0qyh7
Las 26 personas que fueron intervenidas por la Dircote, durante el allanamiento de la Confederación de Comunidades Campesinas en el centro de Lima, fueron finalmente liberadas.
#LoÚltimo La abogada de la @cnddhh Mar Perez informa que las 26 personas intervenidas hoy por la #Dircote, en la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú y de la organización política Nuevo Perú, serán liberados. pic.twitter.com/RMfXRfQGOn
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 18, 2022
El Poder Ejecutivo decreto la inmobilización social obligatoria por cinco días en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. Esto ocurre en el marco del estado de emergencia dictado por el gobierno por los próximos 30 días debido a la protestas masivas realizadas que demandan el adelanto de elecciones a nivel nacional.
Dicha medida regirá desde las 6:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Como se ha indicado, Ayacucho ha sido el lugar más golpeado por la violencia ejercida por la Policía y las Fuerzas Armadas, después de Apurímac. En los últimos días, nueve personas fallecieron en incidentes vinculados a las protestas que vienen convulsionando al Perú.
En casi dos semanas de movilizaciones en Perú, se reportan 27 fallecidos a nivel nacional: 21 producto de enfrentamientos de manifestantes con efectivos de la PNP y de las FF.AA., y otros seis en hechos indirectos vinculados a las protestas. Además, más de 350 civiles y 290 policías resultaron heridos. En tanto, dos servicios aeroportuarios cuyas infraestructuras fueron atacadas la semana pasada han retomado sus actividades
Dos de los cinco aeropuertos cerrados durante las protestas han reabierto sus instalaciones: el pasado viernes 16 de diciembre, Corpac informó sobre la reapertura del aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete, de Cusco.
En tanto, Aeropuertos Andinos del Perú confirmó la reanudación de los vuelos diurnos en el aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, de Arequipa, desde este lunes 19 de diciembre.
Mañana se espera, además, que se reanuden las actividades en dos de los otros tres aeropuertos afectados durante las manifestaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó que el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, en Puno, tiene previsto hacerlo mañana, martes 20 de diciembre. Mientras que el ministro del Interior, César Cervantes, informó en declaraciones a la prensa que el aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte, de Ayacucho, se reabrirá mañana.
Finalmente, de acuerdo con un comunicado de Corpac, el aeropuerto de Andahuaylas, en la región de Apurímac, reiniciará sus actividades a partir de la medianoche del 31 de diciembre.
Hasta las 8 a.m. de hoy, se registraron 357 civiles heridos en el marco de las movilizaciones registradas en los últimos días en Perú, de acuerdo a un reporte del Ministerio de Salud (Minsa).
De ese total, 295 personas fueron atendidas y dadas de alta, mientras que otras 62 continúan hospitalizadas. En este último grupo, hay seis pacientes en estado muy grave, que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según información del Minsa a la que accedió OjoPúblico.
Los civiles heridos en el contexto de las manifestaciones son de 10 regiones del país: Ayacucho (65), Apurímac (61), Junín (52), La Libertad (48), Lima (42), Arequipa (40), Cusco (16), Puno (15), Huancavelica (12) y Ucayali (6).
En 13 días de protestas se registran, además, 290 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) heridos, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo actualizada a las 11:30 a.m. de hoy. Esta tarde, ante diversos rumores que señalaban que dos efectivos habían fallecido en el marco de las protestas, OjoPúblico se comunicó con la institución. El área de prensa de la PNP descartó que se registren fallecidos dentro del cuerpo policial.
Desde que comenzaron las protestas por el adelanto de elecciones, se ha confirmado la muerte de 21 personas en enfrentamientos entre los manifestantes con efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo hasta las 4:00 p.m. de hoy. Además, otras seis personas fallecieron en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos.
Los 21 decesos registrados en enfrentamientos corresponden a cinco regiones del país: Ayacucho (9), Apurímac (6), Junín (3), Arequipa (2) y La Libertad (1). En paralelo, las víctimas de episodios vinculados a bloqueos de carreteras corresponden a tres regiones: Cusco (3), La Libertad (2) y Arequipa (1). Del total de fallecidos, cinco eran menores de edad.
Ante diversos rumores sobre la eventual muerte de dos efectivos policiales, OjoPúblico se comunicó con la Policía Nacional del Perú (PNP) para consultar sobre la situación de los efectivos. En dicha comunicación, el área de prensa de la institución descartó que se registren fallecidos.
Hasta la 3:30 p. m. de hoy, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) registraba 29 puntos de bloqueo en vías de comunicación. Del total, 27 están vinculados a las manifestaciones contra el Congreso y el adelanto de elecciones generales.
Los bloqueos por las movilizaciones se reportan en vías de siete regiones del país: Puno (10), Cusco (8), Ucayali (3), Apurímac (3), Arequipa (1), Junín (1) y Cajamarca (1). Los dos restantes, mientras tanto, se deben a la erosión de un puente en La Libertad y al mantenimiento de una carretera en Puno.
Hoy, el Poder Ejecutivo suspendió la inmovilización social obligatoria que regía en las provincias de Cangallo y Huamanga (ambas en la región Ayacucho) y Virú (La Libertad). La decisión fue adoptada por recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Considerando que se está restableciendo el orden en la provincia de Virú, del departamento de La Libertad, y en las provincias de Cangallo y Huamanga, del departamento de Ayacucho, resulta razonable suspender la medida de inmovilización social obligatoria en las referidas provincias”, indica el decreto supremo publicado hoy en edición extraordinaria de El Peruano.
El toque de queda se decretó, inicialmente, en 15 provincias y un distrito del país luego de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en el ámbito nacional. Con lo aprobado hoy por el Poder Ejecutivo, 12 provincias y un distrito aún mantienen la inmovilización social obligatoria.
Ronald Atencio y Raúl Noblecilla anunciaron que dejarán de ser abogados de Pedro Castillo. Desde el pasado 7 de diciembre, cuando dio su frustrado golpe de Estado, el expresidente ha tenido a cinco asesores legales en total, sin contar con el abogado del Estado que se le designó para su audiencia de prisión preventiva.
Los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla anunciaron que no continuarán ejerciendo la defensa legal del exmandatario, quien se encuentra detenido de manera preventiva por 18 meses tras el fallido golpe de estado que dio el último 7 de diciembre.
“Habiendo conversado con nuestro patrocinado Pedro José Castillo Terrones, de forma conjunta se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma”, indicaron a través de un comunicado difundido vía redes sociales.
La semana pasada, Atencio y Noblecilla no se presentaron en la audiencia de prisión preventiva que afrontaba Pedro Castillo. Según informaron, fue una decisión conjunta tomada entre los tres, pues consideraban que no había garantías de un debido proceso judicial.
Ambos han trabajado como asesores del congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) en el Congreso de la República. Además, el pasado 4 de diciembre, Castillo nombró a Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Desde el pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo ha tenido cinco abogados distintos: Benji Espinoza, quien renunció tras conocer el golpe de Estado de Castillo; Aníbal Torres, extitular de la PCM, quien acompañaba a Castillo a la embajada de México cuando este fue detenido; Miguel Pérez Arroyo, quien renunció indicando haber sido víctima de “ataques directos por parte su círculo [de Pedro Castillo] más cercano”. A ellos se suman ahora Ronald Atencio y Raúl Noblecilla.
Durante la audiencia sobre la solicitud de 18 meses de prisión preventiva en su contra, Castillo fue defendido por el abogado de oficio Ítalo Díaz.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó nuevamente su disposición de brindar asilo político al exmandatario Pedro Castillo y su familia.
Lo dicho por AMLO se produce un día después de que la presidenta peruana Dina Boluarte revelara en una entrevista con el programa dominical Panorama, que este país le había otorgado el asilo político a la exfamilia presidencial.
Ante la pregunta de una periodista mexicana, AMLO se limitó a señalar que había un proceso en trámite, pero no confirmó si oficialmente se le había otorgado ya el asilo a la familia de Castillo.
“Va a depender del presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. Se hizo una solicitud, pero [como] se lleva a cabo un proceso, se le tiene que preguntar. Si él está de acuerdo, si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque esa es nuestra tradición de política exterior”, respondió hoy el mandatario mexicano, durante una de sus habituales conferencias de prensa.
La noche del domingo, Boluarte había señalado que la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, le informó más detalles sobre el asilo político en México para Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos.
“Hace unos días, la canciller [de Perú] me comunicó que el Estado mexicano estaba pidiendo… que ya había dado el asilo político [a la familia de Castillo]. Yo lo que dije le dije a ella es que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal", dijo en la entrevista con Panorama.
La presidenta Boluarte sostuvo que las investigaciones que tiene Lilia Paredes en su contra no serían impedimento para que se le otorgue el asilo político. "Lo que la Canciller me dice es que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político", puntualizó.
Actualmente, la exprimera dama Lilia Paredes es investigada por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos. Por ello, el Poder Judicial ordenó que afronte este proceso con un régimen de comparecencia con restricciones, aunque desestimó el pedido de la Fiscalía para que se le prohíba salir del país durante 36 meses.
De acuerdo con la denuncia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra Castillo y dos de sus exministros, Lilia Paredes presuntamente participó —como integrante del brazo familiar— en la adjudicación irregular de contrataciones públicas municipales comprendidas en el Decreto de Urgencia 102-2021, del Ministerio de Vivienda.
En su intervención, AMLO señaló que México le daría asilo “a todos los que se sientan acosados o perseguidos en Perú”. La declaración va en tono con la postura adoptada por este país con Castillo, quien afronta investigaciones por corrupción y cuyo entorno cercano se ha caracterizado por eludir las acciones de la justicia: su sobrino Fray Vásquez Castillo y su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, están prófugos.
En el entorno familiar de Castillo, otros tres hermanos de Lilia Paredes afrontan investigaciones en su contra: Yenifer, David y Walter Paredes se encuentran también con un régimen de comparecencia con restricciones.
Además, Bruno Pacheco —quien se desempeñó como secretario general del Despacho Presidencial de Castillo— también estuvo prófugo, aunque se entregó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en julio pasado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso encargó al congresista Diego Bazán (Avanza País) la elaboración del informe final de la denuncia constitucional por delitos de corrupción presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado.
La designación se produjo tras la renuncia de la congresista Noelia Herrera a la tarea que se le había encomendado inicialmente el 5 de diciembre. Durante la sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló que el plazo máximo para presentar el informe final es el próximo martes.
Diego Bazán tendrá en sus manos otra denuncia constitucional en contra del exmandatario. El mes pasado, el congresista —que renunció a la bancada de Renovación Popular— sustentó el informe final que recomendaba acusar a Pedro Castillo por infracción constitucional y el delito de traición a la patria. El mismo informe recomendó la inhabilitación de Castillo para ejercer cargo público alguno por cinco años.
El informe final fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero ante un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Castillo, el Tribunal Constitucional decidió anular la decisión adoptada por dicha instancia del Legislativo.
Como se recuerda, el último 11 de octubre, la fiscal de la nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La denuncia también incluye a Geiner Alvarado, exministro de Construcción, Vivienda y Saneamiento, y Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones.
Diferentes hechos ocurrieron antes de que el Congreso decidiera aprobar elecciones para abril del 2024: México confirmó que la familia del expresidente Pedro Castillo ya está en su embajada en Lima, la CIDH inició su visita para conocer los hechos detrás de las protestas, y la Corte Suprema dispuso que el exmandatario Ollanta Humala siga siendo enjuiciado por lavado en uno de los casos más emblemáticos del país.
El Congreso de la República del Perú nuevamente debatirá hoy las propuestas de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales. La sesión del Pleno está prevista para que inicie a las 10:00 a.m.
Está pendiente votar la reconsideración presentada por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quien recurrió a esta medida luego de que, el viernes pasado, el Congreso rechazó la propuesta para realizar elecciones generales en diciembre de 2023.
La iniciativa solo tuvo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. No alcanzó los 66 votos requeridos, como mínimo, para convocar luego a un referéndum ciudadano, o los 87 que se necesitaban para que pueda ser aprobado y ratificado en la siguiente legislatura.
La propuesta que se sometió al voto fue presentada por el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente la Comisión de Constitución y Reglamento. La iniciativa –que hoy volverán a reconsiderar– plantea que las elecciones sean en diciembre del 2023, lo que implica que el mandato presidencial y congresal se extendería hasta abril de 2024.
Las bancadas que votaron en contra de este proyecto de adelanto de elecciones fueron Avanza País (8) y Perú Bicentenario (5). De igual forma, congresistas de Renovación Popular (5), Acción Popular (4), Perú Democrático (4), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (2), Integridad y Desarrollo (2), Alianza para el Progreso (1), Perú Libre (1) y No Agrupados (1). El argumento de estas bancadas es que plantean más tiempo con el fin de plantear reformas.
Uno de estos votos en contra fue el de Betssy Chávez Chino, congresista de Perú Democrático y extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando Pedro Castillo dio su fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
Así votaron:
El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó hoy que este país le concedió el asilo a la familia del exmandatario Pedro Castillo. Precisó que en este momento, la esposa e hijos del expresidente se encuentran en la embajada de México y que está pendiente, si así lo desea la familia, definir el salvoconducto para que puedan ir a México.
"El asilo ya se les concedió, porque están en territorio mexicano. Es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues, les concedes el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México. Ahora, lo que se está negociando es el salvoconducto para que, si desean salir, lo puedan hacer y venir a México si así lo desean. Pero están en territorio mexicano, porque es nuestra embajada", indicó Ebrard en conferencia de prensa.
Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores de México no precisó con exactitud el número de miembros de la familia de Castillo que se encontraban ahora en la embajada.
El último domingo, la presidenta Dina Boluarte señaló que la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Gervasi, le informó que México le había concedido el asilo a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, y sus hijos.
El respaldo público que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha venido mostrando hacia Pedro Castillo se concretiza hoy con el anuncio hecho por el canciller Ebrard. Un día después de que Castillo diera su fallido golpe de Estado, AMLO confirmó que el expresidente peruano había solicitado asilo político en México.
De hecho, Castillo fue detenido mientras iba camino a la embajada de México en Perú. Y esta fue una de las razones por las que el juez Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra por el peligro de fuga latente que existía.
Actualmente, Lilia Paredes es investigada por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos asociados a casos de corrupción. La exprimera dama afrontaba el proceso con un régimen de comparecencia con restricciones, por lo que tenía que solicitar autorización a las autoridades judiciales para ausentarse de su lugar de residencia.
El último 15 de diciembre, la Corte Superior Nacional anuló la resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que dictaba régimen de comparecencia con restricciones para Paredes. Además, ordenó al mismo juzgado que emita un nuevo pronunciamiento.
La razón de esta decisión es que la anterior resolución presentaba un defecto estructural y no cumplía con las exigencias impuestas por el Tribunal Constitucional. “Al haberse advertido un defecto estructural o vicio de motivación insubsanable, este Colegiado Superior considera que la resolución apelada adolece de nulidad que debe declararse”, advierte el fallo judicial.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de la mexicana Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de dicha institución, llegó a Lima y anunció que se reunirán con los representantes políticos y sociales de diferentes instituciones.
La comitiva estará presente en el Perú desde el 20 al 22 de diciembre. La delegación arriba en el marco del periodo posterior al golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y a las protestas que han dejado a la fecha 27 muertos: 21 de forma directa y seis en hechos indirectos relacionadas a las manifestaciones.
#CIDH inicia visita técnica a #Peru; @TaniaReneaum, Secretaria Ejecutiva y equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y protestas. Del 20 a 22 de diciembre estarán en Lima y otras zonas del país.#CIDHEnPerú pic.twitter.com/GqXgnUesCy
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 20, 2022
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, afirmó hoy que los organismos electorales pueden realizar los comicios generales en diciembre de 2023. Sin embargo, dijo que aquello se podría dar, pero “sacrificando las elecciones primarias”.
“El Pleno ampliado del Jurado Nacional de Elecciones ha tomado en cuenta la urgencia social generada y, como tal, señalar que [...] estamos en condiciones de realizar y culminar las elecciones que sustituyan a quienes actualmente desempeñan las más altas magistraturas del país [...] hasta los fines del mes de diciembre del año 2023”, dijo Salas Arenas en un pronunciamiento difundido vía redes sociales.
#LoÚltimo | El Presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, se pronuncia sobre el adelanto de elecciones que se verá hoy en el Congreso de la República, en representación del Pleno del JNE y del sistema electoral. pic.twitter.com/Kj4Vlzxswx
— JNE Perú (@JNE_Peru) December 20, 2022
El titular del JNE dijo que este anuncio —respaldado por los otros dos organismos del sistema electoral: la Reniec y la ONPE— se produce tomando en cuenta las condiciones actuales del país, que afronta una serie de protestas sociales en diversas regiones que ya han dejado 21 personas fallecidas.
“Esta precisión la hacemos porque el sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connotan, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz”, dijo Salas Arenas en un video publicado en las redes sociales de la institución.
Horas antes, los tres organismos del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) habían emitido también un comunicado conjunto en el que manifestaban su disposición para recortar el cronograma electoral y realizar elecciones generales en menor tiempo, aunque advirtieron que eso “indubitablemente pondría en riesgo las elecciones primarias”.
#URGENTE | Comunicado del Sistema Electoral pic.twitter.com/jtA9Rt0rYB
— ONPE (@ONPE_oficial) December 20, 2022
Ambos pronunciamientos se producen el mismo día en que el Congreso debate nuevamente el adelanto de elecciones. Mientras hay una propuesta que plantea realizar elecciones generales en diciembre de 2023, otras propuestas plantean que los comicios sean en abril de 2023, incluyendo la consulta popular para crear una asamblea constituyente.
En medio de un contexto marcado por las protestas a nivel nacional tras el fallido golpe de Pedro Castillo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronunció hoy respecto de uno de los casos más emblemáticos de la última década: el juicio al expresidente Ollanta Humala y a la exprimera dama Nadine Heredia por recibir millonarias sumas de dinero la constructora Odebrecht.
El tribunal supremo declaró infundado el recurso de casación que interpusieron Humala y Heredia para evitar ser procesados por el delito de lavado de activos. Con este fallo, ambos seguirán afrontando el proceso penal que se encuentra actualmente en etapa de juicio oral, donde la Fiscalía deberá demostrar que se cometió el delito de lavado de activos.
En 2019, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra Humala y 26 años y medio para Nadine Heredia por el delito de lavado de activos que habrían cometido ambos durante las campañas del 2006 y 2011 por recibir presuntos aportes ilegales provenientes de Venezuela y la empresa Odebrecht, respectivamente.
Además de la expareja presidencial, el recurso de casación había sido presentado Ilan Heredia Alarcón, hermano de Nadine Heredia, y por Mario Julio Torres Aliaga, quien fue tesorero del Partido Nacionalista Peruano.
La decisión marcará un precedente, pues la excandidata presidencial Keiko Fujimori afronta un juicio en el que se le imputa el mismo delito por recibir financiamiento presuntamente ilegal de la empresa Odebrecht.
La decisión de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, no estuvo exenta de polémica. Antes de que se diera la audiencia del caso, el fiscal superior Rafael Vela Barba se presentó en medios de comunicación solicitando que San Martín se aparte del caso por potenciales conflictos de interés.
En respuesta, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento expresando lo siguiente: “No se condice con la ética profesional acudir a los medios de comunicación y emplazar al juez que se cuestiona, más aún si en ese trámite, por la instancia en la que se encuentra, no le corresponde intervención alguna”.
Aunque el Congreso aprobó hoy la reconsideración para debatir nuevamente el proyecto de adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, los legisladores siguieron sin ponerse de acuerdo en la fecha en que se realizarían los comicios y se suspendió la sesión del Pleno hasta las 4:00 p.m.
A esa hora, se espera que el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presente un nuevo texto sustitutorio que sea del consenso de los parlamentarios. Pero, antes de ello, tendrán que conciliarse las diferentes posturas que hay en el Hemiciclo.
Un grupo de legisladores plantean realizar los comicios en abril o mayo de 2023; otros proponen que, a la par, se desarrolle un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la creación de una Asamblea Constituyente; mientras que otros se muestran totalmente en contra de recortar el mandato presidencial y congresal.
Un ejemplo de esto último es la bancada de Renovación Popular que, vía redes sociales, expresaron su rechazo tanto al adelanto de elecciones como a la iniciativa de crear una Asamblea Constituyente.
Luego de que los tres organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) anunciaran su disposición para realizar las elecciones generales en diciembre de 2023, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) les pidió la renuncia a los titulares de estas instituciones.
"Yo los llamo irresponsables porque han permitido que se genere todo un debate para decir que sí se puede [realizar elecciones en] diciembre de 2023. Bueno, como han aceptado la propuesta de Fuerza Popular, les pido que acepten la otra propuesta que les hicimos: nos vamos todos y que renuncien", dijo la legisladora.
Transparencia rechaza la propuesta normativa de un sector del Congreso que busca cesar a las autoridades electorales en funciones, en contra de principios constitucionales y del sistema electoral. Esto afectaría gravemente la integridad de la próximas elecciones generales.
— Transparencia Perú (@ACTransparencia) December 20, 2022
En la misma línea, el congresista José Cueto confirmó al canal del Congreso que la bancada de Renovación Popular presentó una propuesta para que, a la par del adelanto de elecciones, también se cese del cargo a las principales autoridades del JNE, ONPE y Reniec. "Nosotros estamos de acuerdo, porque consideramos que ellos han sido parte del problema desde el inicio de las votaciones, porque no han permitido realmente —esa es nuestra opinión— ejercer una debida justicia electoral. Entonces, por lo tanto, en nuestra opinión, deberían irse", sostuvo Cueto.
En paralelo, parlamentarios de izquierda siguieron presentando proyectos de reforma constitucional para adelantar elecciones. Solo entre ayer y hoy, ingresaron por mesa de partes tres nuevas iniciativas legislativas: una del congresista Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo), respaldada por congresistas de Perú Libre y Perú Democrático; otra de Wilson Quispe Mamani (Perú Libre), con apoyo de su bancada; y una última presentada por Hamlet Echeverría (Perú Democrático), refrendados por parlamentarios de Perú Democrático y Perú Bicentenario.
Estas propuestas proponen, por ejemplo, que los comicios sean en abril o mayo de 2023, así como la posibilidad de convocar a un referéndum que pregunte a los ciudadanos si aprobarían o no la elaboración de una asamblea constituyente.
Con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 en abstención, el Pleno del Congreso aprobó, en primera instancia, que las elecciones generales sean en abril de 2024. La propuesta —votada en sesión del Pleno— plantea, además, que el mandato presidencial y congresal culminen en julio del mismo año.
El Legislativo ha optado por la vía que inicialmente planteó el Ejecutivo de Dina Boluarte, que propuso que los comicios se desarrollen en 2024, previa aprobación de un paquete de reformas del sistema político.
Sin embargo, tras el incremento de las protestas sociales en distintas regiones del país, que ya tienen un saldo de 28 fallecidos (22 de forma directa y 6 de manera indirecta), la presidenta dio un paso atrás y esbozó la posibilidad de que las elecciones se ejecuten en diciembre de 2023. Por ello, el jueves pasado, ante el Parlamento, el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, expuso un cronograma tentativo de elecciones en esa fecha.
En la misma línea, mientras el Pleno debatía ayer, los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) también expresaron su disposición para que las elecciones se lleven a cabo en diciembre de 2023, aunque eso significara poner en riesgo la realización de elecciones primarias en los partidos políticos. Con lo aprobado por el Congreso, esta opción ha quedado descartada.
El nuevo texto sustitutorio respaldado por los congresistas fue presentado por Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.
En el Congreso, además del adelanto de elecciones, algunos proponían incorporar la consulta popular para elaborar una Asamblea Constituyente, mientras que otros pedían expresamente la renuncia de los titulares de los organismos electorales como condición para respaldar el recorte del mandato presidencial y congresal.
La iniciativa presentada ayer por Guerra García de realizar elecciones en abril de 2024 fue distinta a la que él mismo expuso el viernes pasado, cuando planteó que las elecciones sean diciembre de 2023 y que la renovación del Ejecutivo y Legislativo se concretara en abril de 2024. Esta propuesta no alcanzó los votos suficientes y fue rechazada el mismo 16 de diciembre por el Pleno.
Al tratarse de una reforma constitucional, lo aprobado ayer por el Congreso necesita ser ratificado en una segunda legislatura con 87 votos como mínimo.
Hasta el momento, se reportan 27 personas fallecidas a nivel nacional: 21 producto de enfrentamientos de manifestantes con efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y otros seis indirectos (accidentes y hechos vinculados a los bloqueos de vías). Además, se registran 367 civiles y 290 policías heridos. Ayer se confirmó la muerte de una persona en Arequipa y otras 10 que resultaron heridas en la misma región.
Como informó ayer OjoPúblico, hasta el momento, se registran 27 fallecidos en el marco de las protestas contra el Congreso y el adelanto de elecciones. Del total, 21 murieron producto de enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, y otros seis en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo actualizada a la 1 p.m. de hoy, martes 20 de diciembre.
En el caso de los heridos, las cifras continúan en aumento. Hasta ayer a las 8 a.m., el Ministerio de Salud (Minsa) informó de 357 civiles heridos: 295 dados de alta y 62 hospitalizados. Sin embargo, la información del Minsa hasta las 6 a.m. de hoy registra 367 civiles heridos: 329 dados de alta y 38 hospitalizados.
Las 10 nuevas víctimas corresponden a ciudadanos de la región de Arequipa, ciudad en la que ayer hubo enfrentamientos entre efectivos policiales y mineros informales. En tanto, de acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay 290 policías heridos a nivel nacional.
Cabe precisar, asimismo, que el último reporte del Minsa, actualizado a las 6 a.m. de hoy, no contabiliza una de las muertes indirectas reportadas por la Defensoría del Pueblo. Se trata de Marizel Leonize Chamana López, fallecida el 13 de diciembre pasado en Caylloma, Arequipa, según información de esta última entidad.
A casi dos semanas del frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, las movilizaciones continúan en algunas regiones del país. La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI SC), por ejemplo, está realizando una concentración en el distrito de Perené, región Junín. El objetivo —explicó Jorge Chauca López, presidente API SC— es iniciar una movilización hacia Lima para exigir el adelanto de elecciones.
Chauca López rechazó que desde el Gobierno llamen ”terroristas” a todos los que protestan para pedir el adelanto de elecciones y sostuvo que su organización respetará el patrimonio público y privado. “Nos dicen que somos terroristas cuando somos nosotros los que hemos combatido al terrorismo. Yo, incluso, he perdido familia”, dijo.
Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), que a su vez es base de ARPI SC, informó que un grupo de asháninkas de Puerto Bermudez (región Pasco) también se sumó a la concentración.
En Amazonas, mientras tanto, las rondas campesinas, colectivos de maestros y otros gremios que reclaman el adelanto de elecciones definirán sus acciones en las próximas horas, según explicó Salomón Awananch, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian). En los días previos, los pueblos indígenas se habían movilizado de forma desconcentrada en diferentes partes del país.
#OjoAlDato | Indígenas #asháninkas de la selva central se organizan con el fin de movilizarse hacia #Lima.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 20, 2022
Actualmente realizan concentración en el distrito de Perené, región #Junín, informó Teddy Sinacay, presidente de la central indígena Ceconsec. pic.twitter.com/GeRERUgVqs
En Ucayali, frente a la crisis social y política, las organizaciones de la región han conformado el Comando de Lucha de los Pueblos Indígenas, una agrupación formada por Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Ucayali (Ornau), Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya (Urpia), Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox), Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Bilingüe (Sutebi) y Asociación Gobierno Autónomo Shipibo.
Ayer, la ORAU realizó una marcha en la ciudad de Pucallpa. La misma culminó con un breve encuentro con el gobernador regional Ángel Gutiérrez, quien se comprometió a canalizar las demandas de la organización indígena ante la presidenta Dina Boluarte.
Berlín Diques, presidente de ORAU, remarcó que las protestas indígenas “no se prestarán a la violencia”. El líder informó, además, que en el próximo Consejo de Coordinación Ampliado de Aidesep —la organización indígena más grande de la Amazonía peruana— se tratarán acciones “para ver de qué manera se harán escuchar”. Dicho encuentro se realizará mañana, 21 de diciembre, en Lima.
La semana pasada, Aidesep se declaró en movilización permanente para exigir el adelanto de las elecciones generales, aunque aclaró que no defiende ni pide la liberación del exmandatario Pedro Castillo, que cumple 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Los servicios aeroportuarios afectados por las protestas están reanudando sus operaciones de forma progresiva. El aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, en Puno, reabrió sus instalaciones este martes 20 de diciembre. Aeropuertos Andinos del Perú informó que el servicio aeroportuario está funcionando desde las 6 a.m.
Además, ayer 19 de diciembre, el aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, de Arequipa, reanudó sus vuelos diurnos. Mientras que el aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete, de Cusco, lo hizo el pasado viernes 16 de diciembre.
El aeropuerto Inca Manco Cápac, de Juliaca, está funcionando desde este martes 20 de diciembre".
En tanto, los vuelos de Ayacucho y Apurímac todavía se encuentran suspendidos. Aeropuertos Andinos del Perú indicó que el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, de Ayacucho, no podrá reanudar operaciones debido a que no todavía no cuentan con las condiciones adecuadas.
A la vez, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) comunicó que el aeropuerto de Andahuaylas, en Apurímac, reiniciará sus actividades a partir de la medianoche del 31 de diciembre.
Esta tarde, los manifestantes de la provincia de Urubamba, en Cusco, acordaron una tregua hasta el 2 de enero y levantaron el bloqueo de vías que mantenían hasta la fecha. En paralelo, en el distrito de Sicuani continúan los cortes de vías.
De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta las 3:30 p.m. de hoy, se reportaba tránsito interrumpido en el kilómetro 1.112 de la longitudinal de la Sierra Sur de Sicuani.
#Cusco Los manifestantes de la provincia de Urubamba acordaron una tregua hasta el 2 de enero y levantaron el bloqueo de vías que mantenían hasta la fecha.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 20, 2022
👉 En Sicuani continúan bloqueos.