Poder Judicial ordena 18 meses de detención preventiva para Castillo por fallido golpe de Estado

Justicia dictó detención preventiva luego de determinar la existencia de peligro de fuga y de obstaculización del proceso penal por parte del expresidente Pedro Castillo, quien se dirigía a la embajada de México cuando fue detenido el pasado 7 de diciembre, luego del fallido intento de golpe de Estado.


Pedro Castillo y sus abogados no asistieron a audiencia de prisión preventiva 

 

Sede de la Diroes.

Pedro Castillo se encuentra en la sede de la Diroes de la Policía desde el pasado 7 de diciembre. Andina.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, reanudó hoy la audiencia judicial para saber si el expresidente Pedro Castillo seguirá detenido por 18 meses más de manera preventiva. 

Tanto Pedro Castillo como sus abogados, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, decidieron no participar en la audiencia judicial de hoy porque consideraron que no existieron garantías en la investigación abierta a Castillo.

Por ello, el abogado Ítalo Díaz está presente como defensor público designado para el exmandatario. En tanto, Wilfredo Robles y Duberlí Rodríguez Tineo, exvocal de la Corte Suprema y expresidente del Poder Judicial, son los abogados de Aníbal Torres.

La Fiscalía solicitó ayer 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Torres, extitular del Consejo de Ministros, por ser presuntos coautores de los delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración. A Castillo también se le imputa ser presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

 


Presidente del Poder Judicial que dejó el cargo por caso 'Cuellos Blancos' es abogado de Aníbal Torres

 

Duberli Rodríguez.

Duberli Rodriguez Tineo se desempeño durante once años como vocal de la Corte Suprema. Foto: Andina.

El abogado Duberlí Rodríguez Tineo (73), quien asumió la defensa del exprimer ministro Aníbal Torres, se desempeñó como vocal de la Corte Suprema (entre 2007 y 2018) y presidente de la Corte Suprema (enero del 2017 y julio del 2018).

Siendo titular de la Corte Suprema, Rodríguez Tineo renunció al cargo antes de concluir su periodo debido al escándalo conocido como 'Los Cuellos Blancos del Puerto' que remeció el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, así como el Poder Judicial.

Luego de su renuncia, los medios de comunicación revelaron que el hijo de Rodríguez Tineo, Javier Rodríguez Gómez, tenía vínculos con los integrantes de la red de corrupción de los Cuellos Blancos del Puerto.

 


Cancillería llama a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México tras comunicado sobre Castillo

 

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, dijo que ha dispuesto el llamado en consulta de los embajadores de Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y México, luego del comunicado conjunto publicado por los gobiernos de dichos países el pasado 12 de diciembre.

"En la fecha, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las autoridades de los aludidos países", dijo la ministra.

En el comunicado, Argentina, Bolivia, Colombia y México expresaban su "profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Castillo". Además, indicaron que "para el mundo no es novedad que el presidente Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento".

Gervasi, al anunciar el llamado en consultas, indicó que Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre. Dicho hecho condujo "a su inmediata vacancia por permanente incapacidad moral en consecuencia a la aplicación del régimen de sucesión previsto en la Constitución y a la juramentación de Dina Boluarte como presidenta del Perú", dijo la ministra.


Congreso amplía su legislatura hasta febrero del 2023 para abordar adelanto de elecciones

 

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, informó que la Junta de Portavoces decidió ampliar la primera legislatura ordinaria del Legislativo —que concluía hoy— hasta el 28 de febrero de 2023. 

La decisión de extenderla, explicó Williams, fue para debatir principalmente los proyectos de reforma constitucional respecto del adelanto de elecciones. “Hemos decidido ampliar la legislatura ordinaria hasta el 28 de febrero de 2023, de modo que podamos lograr un consenso que involucre a todos los grupos parlamentarios”, indicó el general en retiro.

A pesar de que esta decisión fue tomada en Junta de Portavoces —instancia donde participan los representantes de las diversas bancadas— algunos legisladores han mostrado su descontento en el Pleno y han planteado que la legislatura solo se extienda hasta fines de diciembre.  

“[Quiero] rechazar la ampliación de la legislatura por la sencilla razón de que demora más el cronograma electoral”, señaló la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú).

Como explicó previamente OjoPúblico, los proyectos de reforma constitucional para adelantar elecciones pueden seguir dos caminos: ser aprobados en dos legislaturas ordinarias consecutivas; o ser aprobados en una y, luego, ser ratificados vía referéndum.

Si se opta por la primera opción, la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero del próximo año evitaría, por el momento, que el adelanto de elecciones sea aprobado de manera rápida, pues la siguiente legislatura comienza en marzo.

En tanto, si se opta por la segunda vía, la Ley Orgánica de Elecciones dispone que la convocatoria a referéndum se tiene que realizar con 60 días de anticipación como mínimo.

La Junta de Portavoces del Congreso también acordó invitar a los representantes de las autoridades electorales para que participen del debate en el Pleno, que tiene como primer punto de agenda el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento para realizar elecciones generales en el 2023.


JNE: recorte de plazos electorales para adelanto de comicios será de responsabilidad del Congreso

 

Jurado Nacional de Elecciones.

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas. Foto: Andina.

En una acalorada sesión en el Parlamento, el gobierno de Dina Boluarte, representado por el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, y los titulares del sistema electoral expusieron los términos y condiciones de un posible adelanto de elecciones para el 2023 o el 2024. Sus intervenciones consistieron principalmente en enumerar los plazos que rigen para llevar a cabo un proceso electoral regular.

Tanto Tello como Jorge Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Carmen Velarde del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejaron en manos del Congreso la aprobación de la fecha en que se realizarán los comicios con los posibles cambios normativos que ello implicaría. No obstante, los funcionarios demandaron que la decisión tome en cuenta lo expuesto por ellos sobre los plazos de los hitos electorales.

“Nosotros estamos dispuestos [a realizar las elecciones generales]. Les invocamos que lo que ustedes decidan tengan en cuenta los parámetros de la ley. Las cuestiones de orden político son asuntos que, desde luego, tienen que atenderse por el Poder Ejecutivo y también, en lo que quepa, por el Legislativo. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene esa potestad”, dijo Salas Arenas.

En su intervención, los cuatro funcionarios pusieron énfasis en que la ley actual dispone que la convocatoria a elecciones sea por lo menos con 270 días de anticipación. También mencionaron que, según la normativa, el proceso electoral requiere que se desarrollen elecciones primarias en las organizaciones políticas para definir a sus candidatos. Por último, han señalado que el padrón electoral debe ser aprobado con un año de antelación por el Reniec.

Tras ello, los congresistas cuestionaron las exposiciones hechas por los titulares de los organismos electorales. "Me queda claro que no quieren comprometerse. Me queda claro que quieren que las elecciones sean en 2024, pero no quieren decirlo", dijo el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución del Congreso.

"Queremos la aseveración del JNE, de la Reniec y de la ONPE [de] que ellos van a estar dispuestos a acatar lo que se tenga que aprobar el día de hoy", exigió en la misma línea el congresista Wilson Quispe Mamani de Perú Libre, el expartido de Pedro Castillo.

Como respuesta, los jefes de la ONPE y del JNE respondieron que se allanarían a lo que decida el Parlamento. “Si el Congreso quisiera recortar los plazos en alguna de las áreas o subfases que hemos señalado, será de su entera responsabilidad el resultado final. Estos temas están pautados técnicamente”, sostuvo Salas Arenas.

Por su parte, Corvetto enfatizó en la necesidad de que se realicen elecciones primarias para asegurar la democracia interna en las organizaciones políticas. “Nosotros no podemos hablar de fecha, porque nosotros no sabemos cuál es el día en que ustedes van a tomar la decisión de poder hacer reformas o qué reformas van a plantear. Nosotros, en todas las reformas que ustedes consideren pertinentes, vamos a colaborar, participar y, por supuesto, emitir nuestras opiniones”, indicó.

Previamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, expuso dos escenarios hipotéticos para el adelanto de las elecciones generales, ya sea en diciembre de 2023 o abril de 2024.

En ambos casos, el cronograma del Ejecutivo cuenta con que la segunda legislatura ordinaria del Congreso comience como máximo en febrero de 2023. Pero, de acuerdo a lo acordado hoy en Junta de Portavoces del Parlamento, esta comenzará como mínimo en marzo. El gobierno de Boluarte plantea como opción diciembre de 2023, porque, según su cronograma, la fecha de cierre del padrón electoral de Reniec debe ser un año antes de las elecciones.

Sin embargo, Carmen Velarde, jefa de la Reniec, dejó abierta la posibilidad de que este plazo sea menor. Aún así, señaló que la publicación del padrón podría hacerse principalmente de manera virtual y no podrían imprimirlo para todas las zonas alejadas del país. Además, explicó que es posible que tampoco puedan tener tiempo para realizar las verificaciones necesarias al padrón y asegurar, así, un debido proceso electoral.

"Hagamos un proceso más pequeño, hagamos las elecciones en diciembre de 2023. Excelente, sí podemos hacerlo. ¿Qué tendríamos que saltarnos? ¿Qué tendríamos que recortar de ese proceso?”, dijo Velarde en respuesta a las objeciones y reclamos de los congresistas para que les expliquen cómo podría realizarse el proceso de las elecciones en menos tiempo.

Si las elecciones generales se deciden realizar tal como plantean los autoridades del sistema electoral, con todas las fases que rigen actualmente en la norma, el presupuesto requerido ascendería a S/ 1.500 millones. Así lo hizo saber el jefe de la ONPE, quien dijo que ese monto serviría para realizar elecciones primarias, así como de primera y segunda vuelta.


Juzgado ordena 18 meses de detención preventiva para Castillo por fallido golpe de Estado

 

El Poder Judicial dispuso que el expresidente Pedro Castillo cumpla 18 meses de detención preventiva a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Así lo resolvió hoy el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al dar lectura a su resolución respecto del pedido realizado por el Ministerio Público.

De esta forma, el juez declaró fundado parcialmente el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal adjunto supremo Helder Uriel Terán para mantener en la cárcel al exmandatario por ser presunto coautor del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración. El Ministerio Público también le imputa ser presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Para el juez Checkley se acreditaron suficientes elementos de convicción que sostienen la hipótesis de que había peligro de fuga y de obstaculización por parte de Castillo, quien se dirigía a la embajada de México cuando fue detenido el 7 de diciembre.

Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de detención preventiva en contra del exprimer ministro de Castillo, Aníbal Torres, quien se desempeñaba como asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, entonces dirigida por la parlamentaria Betssy Chávez, cuando ocurrieron los hechos.

En tanto, el Poder Judicial desestimó el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra Aníbal Torres, quien tendrá que cumplir un régimen de comparecencia con restricciones, pagar una caución de S/20.000 y acercarse a sede judicial cada 30 días.

El fiscal Alcides Chinchay, quien estuvo en representación del Ministerio Público, dijo que apelaría la decisión judicial relacionada a Aníbal Torres. En tanto, el abogado de oficio de Castillo, Ítalo Díaz, dijo que también apelaría la resolución judicial.

Reloj Se ha añadido un artículo a su lista de lecturas

Contenidos relacionados