AMENAZAS AL BOSQUE. En la provincia de Mariscal Ramón Castilla, los cultivos de coca se triplicaron entre 2019 y 2024.
Con la colaboración de Gonzalo Haro y Jorge Carrillo / Red Investigativa Regional
Los bosques del distrito de Ramón Castilla, en Loreto, se han convertido en un área atractiva para las empresas dedicadas al negocio de los bonos de carbono. Sin embargo, el territorio en donde buscan operar se encuentra, en parte, sobre un corredor en el que se ha solicitado la creación de la Reserva Atacuari para indígenas en aislamiento.
Cuatro predios que forman parte del área considerada en la solicitud de creación de esta reserva se encuentran tituladas en favor de empresas, confirmó OjoPúblico. Los terrenos suman 63.934 hectáreas y se ubican al sur del Parque Nacional Yaguas.
Selva y Hábitat es el dueño de tres predios –Las Yaras, Landperu01 y Peruland– que suman 48.433 hectáreas. El cuarto terreno boscoso que se superpone con el área solicitada para la reserva indígena es udenominado Landperu02, de 15.501 hectáreas, y de propiedad de la empresa Perulands desde 2023.
En el distrito de Ramón Castilla hay un quinto predio de 15.378 hectáreas, denominado Valle de los Sueños, y también se encuentra en la zona donde se evalúa construir la reserva indígena. Le pertenece al ciudadano Yoner Caruajulca Villoslada.

SUPERPOSICIÓN. Los cinco predios (en rojo) ocupan parte de lo que sería la Reserva Indígena Atacuari, al sur del Parque Nacional Yaguas.
Captura: Sunarp
Los proyectos de bonos de carbono se desarrollan en territorios amazónicos en donde existen amenazas contra los bosques. Entre ellas, la tala ilegal, la ganadería y agricultura extensivas, el tráfico de tierras y actividades vinculadas al narcotráfico. Entre 2019 y 2023, los cultivos de hoja de coca se triplicaron en el distrito de Ramón Castilla: pasaron de 1.200 hectáreas a 3.776, de acuerdo a la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Estas iniciativas —que se enmarcan en los denominados proyectos Redd+— buscan compensar las emisiones de carbono de grandes contaminantes con proyectos sostenibles. Es decir, los titulares de áreas boscosas bien conservadas reciben pagos, en función a la cantidad de carbono que estas zonas pueden retener.
La iniciativa de la Reserva Indígena Atacuari abarca una superficie de 335.121 hectáreas, incluye las cabeceras de los ríos Atacuari, Loretoyacu, Shishita, Yaguas, Perhuaté, Cajocuma y Cotuhé y limita con el Parque Nacional Yaguas. Especialistas de la organización civil Instituto del Bien Común están realizando un estudio antropológico en algunas de estas zonas.
En 2021, el Ministerio de Cultura otorgó la calificación favorable para que se inicie dicho estudio. Esto al “concurrir indicios razonables de la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento”, según el informe con la opinión favorable.
De acuerdo a la organización Amazon Conservation Team (ACT), entre enero de 2019 y abril de 2025, en el área de los cinco predios se han deforestado, aproximadamente, 25 hectáreas por causas naturales. Aunque imágenes anteriores a 2019 muestran algunos puntos que, posiblemente, fueron campamentos madereros.
Empresas vinculadas
La empresa Selva y Hábitat fue fundada en Trujillo (La Libertad) y tiene como gerente general a la obstetra Grace Kristel Iberico Manrique. Se constituyó en marzo de 2024 con un capital de S/1.000, la compañía se desempeña en una docena de rubros. Uno de ellos es el de “proyectos relacionados con bonos de carbono y biodiversidad”, según los registros a los que accedió OjoPúblico.
La otra compañía, Perulands —dueña del predio Landperu 02—, está vinculada a Selva y Hábitat, pues Grace Iberico es su gerenta comercial y su hermano, Willy Iberico Manrique, es su gerente general. La empresa declaró dedicarse a más de 60 rubros: desde obras de construcción hasta comercialización de equipos. Su domicilio está en Iquitos, Loreto. Fue fundada en setiembre de 2022, con un capital social de S/500.

SEDES. En el 1° piso de este edificio de Trujillo (izquierda) se encuentra Selva y Hábitat, según su declaración registral. La casa de Iquitos donde, según Sunat, funciona Perulands (derecha.).
Fotos: OjoPúblico / Gonzalo Haro y Jorge Carrillo
OjoPúblico visitó las direcciones declaradas como sede por Selva y Hábitat en Trujillo para conocer sus planes en Ramón Castilla y preguntar acerca de su experiencia en los mercados de bonos de carbono. Sin embargo, nadie atendió. Vecinos consultados dijeron que no habían escuchado de esta empresa.
En el caso de Perulands, se intentó contactar a sus representantes legales, los hermanos Willy y Grace Kristel Iberico Manrique, pero tampoco se obtuvo respuesta. En la dirección de la empresa en Iquitos, reportada en Sunat, hay una casa abandonada.
Al ser consultado por OjoPúblico, Yoner Caruajulca Villoslada sobre su predio denominado Valle de los Sueños, en Iquitos, dijo que lo adquirió “con fines de conservación”. Explicó que ha mantenido conversaciones con empresarios de bonos de carbono, pero no ha llegado a ningún acuerdo. Aseguro que conoce a los hermanos Iberico Manrique, pero dijo que no ha tenido mayor relación con ellos.
Selva y Hábitat y Perulands no son las únicas que han mostrado interés en los bosques de Ramón Castilla. NHU Planet Perú buscó acceder al mismo territorio. De acuerdo a la Sunarp, se dedica al rubro minero en áreas como exploración, explotación y exportación. También a la elaboración de proyectos ambientales y la comercialización de bonos de carbono.
AVANCE. Los cultivos de coca se expanden en los distritos de la llamada triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Representan una amenaza al bosque.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo
El 23 de enero de este año, representantes de NHU Planet Perú se reunieron en Iquitos con líderes de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), base de la asociación nacional Aidesep.
En el encuentro participaron representantes de la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba) y de la Federación de Comunidades Nativas Ticunas y Yaguas (Feconatiya), ambas con bases en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.
Por parte de NHU Planet estuvieron Moisés Reyes Díaz, Bartolomé Cueva Saénz y el colombiano Juan Carlos Borrero Plaza. Este último, según su propia página web, es un experto en la gestión del agua.
Francisco Hernández Cayetano, presidente de la Fecotyba, dijo que en la conversación se trató el tema de los bonos de carbono y que, tras el encuentro, “no se llegó a ningún acuerdo”.

ENCUENTRO. Representantes de NHU Planet Perú con el presidente de Orpio, Beltrán Sandi Tuitui, en una reunión en Iquitos, en enero de este año.
Foto: Orpio
OjoPúblico visitó NHU Planet para consultar sobre los proyectos de bonos de carbono que impulsa en la Amazonía. Indicaron que su representante, Moisés Reyes, se encontraba de viaje y que sería "imposible contactarlo".
Al interés de NHU Planet Perú hay que sumar el de Bioporio. En febrero de 2024, sus representantes se reunieron con funcionarios del Ministerio de Cultura. Durante la reunión, realizada por la plataforma Zoom, Bioporio, con oficinas en Bogotá y Sao Paulo, manifestó su interés en áreas ubicadas sobre la propuesta de Reserva Indígena Atacuari, en proceso de reconocimiento y categorización.
OjoPúblico, a través de un extrabajador de la empresa, solicitó una entrevista con algún vocero de Bioporio. Al cierre de este informe no hubo respuesta.
Registro vacío
Mientras distintas empresas de bonos de carbono buscan posicionarse en la Amazonía, el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami) no detalla, a la fecha, ningún proyecto de mitigación ni empresas interesadas.
La implementación de este registro se oficializó en noviembre del año pasado con un decreto supremo del Ministerio del Ambiente y entró en vigor el 7 de enero, precisó la cartera a OjoPúblico. Su objetivo es centralizar y gestionar la información sobre medidas de mitigación implementadas en el país.
Allí deben figurar, por ejemplo, los proyectos y las empresas de bonos de carbono. Sin brindar nombres, un funcionario del Minam dijo que ha habido acercamientos con algunos “proponentes” —empresas— y que los primeros proyectos se encuentran a la espera de inscripción.
Según Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, el Renami “puede ser una herramienta para mejorar el rastreo de los proyectos y tener una mejor contabilidad de las reducciones que ya estaríamos comprometiendo como país”.