Los pedidos de Manseriche y el historial de sanciones del Oleoducto de PetroPerú

La Estación 5 del Oleoducto Norperuano estuvo paralizada por más de dos semanas por una toma de comunidades indígenas de Manseriche (Loreto), distrito que tiene a casi la mitad de su población en situación de pobreza y cuyo presupuesto, en alrededor del 60%, proviene del canon petrolero. Los dirigentes han exigido remediaciones ambientales por la actividad extractiva y mejoras en el sector educación. La empresa estatal Petroperú, a cargo del Oleoducto, registra más de 450 infracciones ambientales por distintas faltas en sus operaciones, desde 2017.

RECLAMOS. Comunidades indígenas de Manseriche (Loreto) piden una remediación ambiental por las actividades petroleras que han afectado su territorio.

RECLAMOS. Comunidades indígenas de Manseriche (Loreto) piden una remediación ambiental por las actividades petroleras que han afectado su territorio.

Foto: Orpasy.

Líderes indígenas awajún y docentes del distrito de Manseriche, en la región Loreto, cerraron la carretera Saramiriza - Bagua y detuvieron —desde mediados de abril hasta el último 2 de mayo— las operaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, administrado por la estatal Petroperú. 

La medida de fuerza fue adoptada debido a que sus demandas de remediación ambiental y mejora de la educación en la localidad, dijeron, no habían sido atendidas.

Las exigencias de Manseriche se centran en tres puntos. El primero es la remediación de los derrames de petróleo y una declaratoria de emergencia ambiental o sanitaria. El segundo es la inscripción del distrito como una Unidad de Gestión Educativa Intercultural Bilingüe (Ugel-EIB), así como la creación de una universidad. El tercero está relacionado con la identificación y priorización de obras públicas inconclusas.

“[En los últimos años], el gobierno no ha estado haciendo caso a los pedidos y ahora, de nuevo, los estamos solicitando”, señaló Otoniel Shajian Shawit, presidente de la Organización de los Pueblos Awajún del Sector Yurapaga (Orpasy), a OjoPúblico

Las demandas que motivaron la última toma aparecen en los informes de la Defensoría del Pueblo por lo menos desde 2018".

La Defensoría del Pueblo, en sus reportes de conflictos sociales, ha registrado —al menos desde 2018— las demandas que motivaron la última toma de la estación. En agosto del año pasado, representantes indígenas y docentes de Manseriche ya habían tomado la Estación 5 del Oleoducto durante 37 días, exigiendo medidas a favor del sector educativo en esta localidad amazónica.

La primera mesa de diálogo, indicaron dirigentes a este medio, debía realizarse el 1 de abril, pero se postergó hasta el 14 de ese mes, fecha en la que, nuevamente, fue suspendida. Esta situación generó la decisión de ejercer "control territorial" por parte de los líderes indígenas awajún y del gremio docente.

Entre el 25 y el 27 de abril, más de una semana después de iniciada la última paralización en Manseriche, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de diversos ministerios y autoridades regionales se reunieron con la población awajún del distrito. Como resultado de ese encuentro, se programaron dos reuniones adicionales, la última para el 6 de mayo, a fin de definir el cumplimiento de los pedidos planteados.

En representación de la población de Manseriche participaron dirigentes del Comité de Lucha Sinchi Roca, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, la Organización del Pueblo Awajún del Sector Yurapaga (Orpasy), la Federación Ijumbau Chapi Shiwag, la Comunidad Nativa Sinchi Roca y docentes de educación básica residentes en el distrito.

DERRAME. El 19 de marzo se registró la rotura —causada por un tercero— de una parte del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Manseriche (Loreto). 
Foto: Orpasy.
 

Al cierre de estas reuniones, la PCM generó incomodidad entre los representantes indígenas, quienes advirtieron que los representantes del Gobierno intentaron imponer condiciones para firmar la hoja de ruta.

“Hemos estado conversando tranquilamente; hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero me duele esta provocación que acaban de generar por no saber dialogar, por no saber entender el dolor que viven los pueblos indígenas”, cuestionó Elaine Shajian Shawit, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo.

El Oleoducto Norperuano es una ruta utilizada para transportar el crudo que se extrae desde la Amazonía loretana hasta el Terminal Bayóvar, en Piura. Está dividida en tres tramos, distribuidos en más de 1.100 kilómetros.

Petroperú considera al Oleoducto Norperuano como un “activo esencial en el desarrollo del país”. Sin embargo, en distritos como Manseriche persiste el descontento por las consecuencias sociales y ambientales derivadas de la extracción de petróleo.


Situación del Oleoducto y del distrito

El distrito de Manseriche, fundado en 1943, tiene una población de poco más de 9.500 habitantes. Casi la mitad se encuentra en situación de pobreza y se dedica a actividades de agricultura y pesca. Su territorio —con presencia de 21 comunidades indígenas awajún— se ubica en los márgenes del río Marañón hasta la boca del río Morona.

El reciente conflicto tuvo como antecedente una comunicación de Petroperú donde se indicaba un “tercer atentado” contra el Oleoducto Norperuano, que produjo un derrame de crudo también alertado por la población local. El hecho se reportó el 19 de marzo, cerca de la comunidad awajún Sinchi Roca.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por su parte, indicó que el derrame de petróleo del Oleoducto se produjo por “una perforación con herramienta mecánica (actos vandálicos) realizada por terceros”.

Luego de que se registrara el hecho y mientras se establecía una coordinación inicial con la población de Manseriche para buscar a los responsables del derrame, los dirigentes de esta localidad cerraron la carretera Saramiriza - Bagua, se instalaron en oficinas del municipio y paralizaron las actividades en la Estación 5.

Líderes awajún tomaron la Estación 5 del Oleoducto Norperuano exigiendo la remediación ambiental y la mejora de la educación".

El presupuesto de este distrito supera los S/20 millones. De ese total, S/12 millones proceden del canon petrolero. Hasta fines de abril, se había usado menos del 37% de esta partida. Sin embargo, persisten las brechas sociales y no se han atendido los pedidos de concluir obras públicas, algo que también ocurre en otros territorios amazónicos, una situación evidenciada en una reciente investigación transfronteriza de OjoPúblico.

Manseriche pertenece al Datem del Marañón, una provincia caracterizada por la extracción petrolera desde hace más de 50 años. Allí, son recurrentes las demandas indígenas por el impacto ambiental en los ecosistemas, producidos por las actividades del sector y sus numerosos derrames de crudo.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, Manseriche tiene presupuestado, este 2025, el mejoramiento de distintos centros de educación inicial del distrito o el asfaltado a lo largo de sus calles con dinero del canon. A la fecha, el distrito ha empleado casi el 40% de estos recursos petroleros.

Al ser usado solo para proyectos de inversión, es decir la construcción de infraestructura, el canon no es suficiente para atender las demandas de Manseriche. También se requieren fondos que manejan, principalmente, el Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio de Educación.
 

Infracciones y pagos pendientes de multas

A casi un mes del derrame en Manseriche, Petroperú aseguró que los reclamos “no tienen vínculo alguno con las actividades o competencias de Petroperú”. Sin embargo, hay un historial ambiental que evidencia una serie de infracciones cometidas a lo largo del Oleoducto que atraviesa cinco regiones del país: Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Desde 2017 a 2024, según información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se han registrado 467 infracciones por distintas faltas. De este grupo, 455 —el 97%— corresponden a Petroperú. Una de ellas se registró en la Estación 5 de Manseriche.

El 2 de abril de 2020, según el OEFA, la empresa estatal no adoptó medidas para evitar “un impacto ambiental negativo”, producto de un derrame de crudo en un ducto del tramo II de la estación.

Del total de infracciones acumuladas, que superan los S/111 millones, se registró un pago de poco más de S/102 millones, equivalente al 92% de toda la sanción impuesta por el OEFA. Las multas impagas corresponden a resoluciones emitidas entre 2019 y 2023.

IMPACTO. Las actividades petroleras en la Amazonía, sobre todo en la provincia del Datem del Marañón, han ocasionado daños ambientales pendientes de remediación. 
Foto: OjoPúblico / Aramís Castro. 


Las 12 sanciones restantes recayeron en Pluspetrol Norte, compañía argentina que ya no tiene actividades en Loreto, pero que ha sido demandada ante distintas instancias por su presunta responsabilidad en la contaminación de territorios donde operaba el Lote 192, paralizado desde 2020 y a la espera de un nuevo operador que retome la producción diaria de 12.000 barriles de petróleo.

Entre 2018 y 2021, Pluspetrol Norte acumuló más de S/20 millones en multas por infracciones cometidas a lo largo del Oleoducto Norperuano. De este total, registró un pago de poco más de S/12 millones, equivalente al 60% del monto impuesto por la autoridad supervisora ambiental.

A fines de 2020, anunció su liquidación. Como consecuencia, Pluspetrol Norte no se haría cargo de los sitios que contaminó. Según los registros del OEFA, es responsable de casi 1.900 puntos contaminados que afectan a más de 20 comunidades indígenas, ubicadas en su mayoría en la provincia del Datem del Marañón.

A partir de esta maniobra, la compañía petrolera inició un arbitraje internacional para determinar la vigencia del contrato relacionado con las operaciones del Lote 8. En febrero de 2023, se conoció que el fallo fue favorable a la empresa. Con esta resolución, se dejó sin efecto una medida cautelar que suspendía la liquidación de Pluspetrol Norte.

El comportamiento ambiental de la empresa estatal, junto al último conflicto en Manseriche, evidencia los impactos de la actividad petrolera y los beneficios sociales pendientes para la población en territorios donde, a diario, se extrae el crudo. 

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