En setiembre del 2014, cuando su padre —el líder Jorge Ríos Pérez— fue asesinado junto a los dirigentes Edwin Chota, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez por denunciar el tráfico de madera en la frontera de Perú y Brasil, Diana Ríos Rengifo tenía 21 años. Este lunes 4 de abril, a casi ocho años de estos crímenes, Ríos Rengifo recién pudo asistir al inicio del juicio oral contra los cinco presuntos responsables de este cruel asesinato múltiple en la Amazonía. 

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali —conformado por los jueces Asela Isabel Barbarán Ríos, Janethe Sandra Pizarro Osorio y Roy Roger Ruiz Dávila— ha establecido 26 audiencias para el juicio oral desde este lunes 4 hasta el 16 de setiembre. “Luego, el Colegiado tiene 30 días para emitir la sentencia en primera instancia. Es decir, si se cumple el cronograma tendremos la sentencia del caso Saweto a fines de octubre”, señaló el abogado de las viudas, Óscar Romero a OjoPúblico.

Según la acusación del fiscal Dennis Vega Sotelo, de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta serían los autores intelectuales del asesinato de los cuatro ashéninkas, mientras que el trabajador Eurico Mapes Gómez y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix han sido identificados como autores materiales. La Fiscalía ha solicitado 35 años de pena privativa de la libertad para todos los implicados.

La Fiscalía ha solicitado 35 años de pena privativa de la libertad para los cinco implicados en el crimen".

Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, también asistió al inicio del juicio oral que se realizó en la sede del Poder Judicial, ubicada en la ciudad de Pucallpa. Los acusados Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta asistieron en forma virtual. No se presentaron Eurico Mapes Gómez ni los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix. Sus abogados alegaron mala notificación, por lo que la audiencia fue suspendida para el próximo miércoles 20 de abril.

El asesinato de los líderes ocurrió el 1 de setiembre de 2014 cerca de Alto Tamaya Saweto, comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Pero los hechos que marcaron el inicio de este caso ocurrieron en febrero de 2008, cuando el líder Edwin Chota denunció ante la Administración Técnica Forestal de Pucallpa que una mafia de traficantes de madera operaba en su comunidad. Chota acusaba como taladores ilegales a Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Atachi Félix. Esta denuncia pasó, luego, a la Fiscalía del Medio Ambiente (Fema) Ucayali, pero fue archivada por falta de pruebas. 

JUICIO. El Poder Judicial de Ucayali tiene programado concluir el caso Saweto en primera instancia antes de fin año.

Foto: Hugo Alejos

En setiembre del 2011, los indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto intervienen por primera vez a trabajadores de la empresa forestal Ecofusac, que tenía una concesión en la zona, impidiéndoles bajar de su bote para trabajar en el territorio. Esta empresa registra actividad en Sunat desde 2015 y tiene al empresario Edgar Neme Vargas Pulido como gerente general, quien es investigado por presuntos delitos contra la Amazonía y desfalco a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el caso conocido como Los fantasmas de Ucayali.

Dos meses despues, en noviembre del mismo año, la Dirección Forestal de Ucayali recogió las declaraciones del representante legal de la empresa, José Estrada Huayta —ahora acusado como autor intelectual del asesinato junto a Hugo Soria Flores—, quien señaló que la comunidad reclamaba su titulación y que podría existir una superposición de la concesión de la empresa con su territorio. 

Durante seis años, los líderes de Alto Tamaya Saweto reclamaron a las autoridades del Gobierno Regional Ucayali la titulación de su territorio ancestral y demandaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional intervenir en la comunidad para confirmar la deforestación de los bosques que causaban los madereros. Sin embargo, sus reclamos no fueron escuchados. La comunidad recién consiguió la titulación de 76.800 hectáreas de bosque en el 2015, un año después del homicidio de los cuatro líderes. Sus deudos aún continúan su lucha por justicia.
 

Amenazas a las víctimas 

Para llegar a la comunidad Alto Tamaya Saweto hay que viajar durante dos días por vía fluvial desde la ciudad de Pucallpa. En la comunidad, donde viven 80 familias del pueblo ashéninka, no hay señal telefónica. La falta de conectividad no le permite a los indígenas informar inmediatamente a la policía de las amenazas diarias que sufren por la presencia de extraños en sus territorios.

Diana Ríos, hija de Jorge Ríos Pérez, cuenta que la criminalidad aumentó en la pandemia en la cuenca del Tamaya, donde se ubica Saweto, debido a la expansión de los cultivos de hoja de coca. “Antes teníamos tala ilegal, ahora hay coca y ambas actividades se benefician mutuamente. La comunidad tiene miedo, no hay presencia policial”, señaló a OjoPúblico. La Gerencia Regional Forestal de Ucayali informó que en 2020 se detectaron 46 pistas clandestinas usadas por narcotráfico en la región, y la deforestación superó las 40.000 hectáreas de bosque primario, principalmente por la presencia de los cultivos ilegales.

Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima, es actualmente la jefa de Alto Tamaya Saweto. Desde el asesinato de los líderes, el territorio ashéninka está a cargo de las mujeres, quienes decidieron asumir el liderazgo para proteger a sus familias y exigir justicia, pero la situación no ha cambiado. “Siguen extrayendo madera, no respetan a la comunidad, nosotros nos mantenemos alejados de ellos”, señaló la lideresa a OjoPúblico. Hay poca presencia policial, no se erradican cultivos ilegales y hay un lento avance de las denuncias en el tema ambiental, detalló.

MIEDO.  Las comunidades ashénikas de la cuenca del Tamaya no denuncian a los ilegales por temero de un nuevo asesinato.

Foto: pintor ashéninka Enrique Casanto Shingari

En la cuenca del Tamaya hay 13 comunidades. De ellas solo Saweto y San Miguel se oponen a la siembra de cultivos ilegales en sus territorios. El resto han cedido por miedo a ser asesinados, como sucedió con los líderes Edwin Chota, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, explica Ríos. 

Además del temor de enfrentar a las mafias detrás de la tala ilegal y el cultivo de hoja de coca en su comunidad, las lideresas denuncian que tampoco se sienten protegidas cuando salen a la ciudad. Diana Ríos refiere que, desde hace unas semanas, se han percatado de que personas extrañas les hacen seguimiento. “No puedo salir con libertad, debo cuidar mi vida porque tengo cuatro niños que no pueden quedar huérfanos. La situación es peligrosa porque son personas que se atrevieron a asesinar con crueldad, nos amenazan y siguen para asustarnos y callarnos”, sostuvo. 

La lideresa Diana Ríos alertó que durante la pandemia los cultivos ilícitos de hoja de coca se han extendido en su comunidad". 

La criminalidad contra los defensores de derechos humanos se ha incrementado en la Amazonía durante la pandemia de la Covid-19. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha registrado los crímenes de 10 defensores ambientales durante los últimos dos años y se evalúa el caso de Juan Julio Hernández Hanco, asesinado en Madre de Dios recientemente.

Ante esta situación, el Ministerio Público aprobó recientemente el protocolo de “Actuación fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos". Dicho documento establece que, cuando se detecte un caso de amenazas contra defensores, se iniciará una denuncia identificando a los presuntos responsables. Además, se coordinará con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para su protección. En casos de homicidios, se trabajará con las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, provinciales penales corporativas y mixtas dependiendo del territorio.