Las historias que otros no te quieren contar
Este jueves 14 y viernes 15 de diciembre se desarrollan los dos últimos días del Pleno del Legislativo. En estas jornadas los parlamentarios aprobaron diversas medidas que han sido cuestionadas por especialistas. En el Ministerio Público, en tanto, se reconforman las Fiscalías Supremas con el retorno de la fiscal Delia Espinoza a la institución.
El fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena Campana, oficializó la reincorporación de la fiscal suprema titular Delia Espinoza Valenzuela al Ministerio Público. En noviembre de 2022, Espinoza Valenzuela había sido designada como representante de la entidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, en medio de un proceso cuestionado, a cargo de Patricia Benavides.
Asimismo, Villena Campana ubicó a la fiscal suprema Espinoza Valenzuela en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal que, antes, estaba a cargo de la fiscal Zoraida Ávalos, inhabilitada por cinco años de la función pública por el Congreso de la República, en junio de este año.
La medida ha generado críticas al interior del Ministerio Público, pues, con esta decisión, Villena Campana mantiene al fiscal adjunto supremo provisional Miguel Vegas Vaccaro en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Ese despacho es el responsable de ver denuncias contra funcionarios por temas de abuso de autoridad, prevaricato, encubrimiento, entre otros.
Vegas Vaccaro fue designado en el cargo el 2 de julio de 2022, por la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, luego de remover al fiscal José Luis Urrutia Oré. En esa misma fecha, Benavides cambió a varios fiscales, entre ellos a Betzabeth Revilla Corrales, que investigaba a su hermana Enma Benavides.
El despacho de Vegas Vacarro fue el que abrió una investigación contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes concedieron un amparo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia ante el primer intento de remoción por parte del Congreso. La medida, como se recuerda, paralizó el proceso en ese momento.
En 2018, Vegas Vacarro fue suspendido por un mes la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. La decisión se tomó porque permitió la prescripción de 100 expedientes en solo dos años de gestión, cuando era presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima.
Con 103 votos a favor, el Pleno del Congreso eligió a Pedro Alfredo Hernández Chávez como el séptimo magistrado del Tribunal Constitucional (TC), en reemplazo de Augusto Ferrero Costa, quien cesó de sus funciones en enero de este año.
Hernández Chávez es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Ha trabajado como asesor en el TC; de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); diversas comisiones del Legislativo, y de las excongresistas Marisol Pérez Tello (entonces de la bancada Alianza por el Gran Cambio) y Yessenia Ponce Villareal (Fuerza Popular).
Además, entre el 2000 y 2001, laboró como asesor legal externo del gerente ejecutivo de proyectos del Ministerio Público. Mientras que, entre 2001 y 2003, trabajó para las municipalidades de Pueblo Libre, La Molina y Miraflores.
En diciembre de 2021, la comisión especial lo excluyó del proceso para la elección de magistrados del TC tras revelarse la existencia de dos denuncias por violencia familiar en su contra, que se encontraban archivadas.
Horas más tarde, el Congreso oficializó la designación de Pedro Hernández Chávez, mediante la publicación de la resolución legislativa 006-2023-2024-CR en el diario oficial El Peruano.
En el segundo día del último Pleno de 2023, el Congreso tiene en agenda el debate y la votación de un paquete de leyes y medidas sensibles. Entre ellas, hay iniciativas de corte político y constitucional, otras vinculadas a la administración de justicia, aspectos educativos y económicos.
Ayer se aprobó una de las propuestas más cuestionadas del primer grupo: la admisión a debate de la moción para remover de manera inmediata a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sin investigación previa ni un proceso preestablecido.
El tema será abordado mañana, viernes 15 de diciembre, desde las 3:00 p.m. Hoy, además, se eligió a Pedro Hernández Chávez como séptimo magistrado del Tribunal Constitucional (TC).
#Urgente Con 69 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó debatir la moción que propone la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular). 🧵
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 14, 2023
👉https://t.co/I3FUx6fGmv👈 pic.twitter.com/3oEY2sc1e1
Entre las medidas relacionadas a la contrarreforma electoral destaca el dictamen que reúne los proyectos 3125 y 6155, que proponen modificar la Ley de Organizaciones Políticas. Con ello, se busca eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Asimismo, se tiene previsto votar el Proyecto de Ley 565, que debilita la colaboración eficaz. Esta autógrafa ya había sido observada por el Ejecutivo, por lo que ahora se busca su aprobación por insistencia.
También se ha agendado el debate del Proyecto de Ley 3577, que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, Ley Sobre Extinción de Dominio. La iniciativa busca que los bienes de las personas implicadas en casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado no sean incautados hasta que se emita una sentencia firme.
El Parlamento también se ha propuesto crear una Comisión de Alto Nivel para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La iniciativa recae en los Proyectos de Ley 2014, 3494, 5216, 5303 y 5582. Asimismo, se ha presentado una moción que plantea suspender el financiamiento del Perú a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por otro lado, hay propuestas que dañan la calidad educativa y representan un golpe a la reforma universitaria. Una de estas es la que amplía hasta el 2025 el plazo para que los docentes universitarios obtengan su grado de magíster, que fue aprobada ayer.
Ahora, quedan en agenda dos iniciativas más. Figura el dictamen que reúne los Proyectos de Ley 137, 387, 777 y 815, que proponen promover el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la prestación de los servicios educativos por parte de las universidades privadas asociativas con licencia denegada.
De prosperar esta norma, se daría una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
El Congreso tiene en agenda la votación de un paquete de leyes y medidas sensibles de corte político y constitucional, vinculadas a la administración de justicia, aspectos educativos y económicos.
También está en agenda el Proyecto de Ley 6540, que plantea modificar la Ley Universitaria para ampliar la obtención del bachillerato automático hasta el 2024.
Finalmente, entre otros temas, figuran proyectos que podrían perjudicar a la recaudación tributaria, en un contexto en que la economía peruana pasa por un proceso de recesión y los ingresos fiscales ya se han visto golpeados.
Entre los que contienen beneficios tributarios figuran el Proyecto de Ley 6473, que plantea prorrogar la exoneración del pago del impuesto a la renta (IR) a las ganancias en el mercado de valores.
Entidades multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya han recomendado a Perú no prorrogar este beneficio tributario. También se espera debatir el Proyecto de Ley 2404, que plantea el mecanismo de ambiente sano por impuestos.
Otra medida, en la que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha advertido un alto costo fiscal, es el Proyecto de Ley 3676. El mismo propone que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) capacite a las empresas que cometan infracción por primera vez, en lugar de imponerle una multa.
Esta tarde, el Parlamento aprobó la autógrafa que prorroga, hasta marzo del 2024, el bachiller automático de los graduados de las universidades públicas y privadas. Para eso, el Legislativo modificó la disposición complementaria final segunda de la Ley 31803, que modifica a la Ley Universitaria.
Es preciso señalar que la Ley Universitaria –promulgada en 2014– eliminó el bachillerato automático para los graduados de universidades a partir del 2020, año en que se dispuso la aprobación de un trabajo de investigación. A este requisito se sumaba, además, haber aprobado los estudios de pregrado y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.
Sin embargo, en abril de 2021, en el contexto de la pandemia de covid-19, el Congreso aprobó la Ley 31183, que dispuso de manera extraordinaria exonerar dichos requisitos y ampliar el bachillerato automático para los egresados de los años 2020 y 2021.
Asimismo, en junio de este año, el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31803, que amplió hasta diciembre de 2023 la obtención automática del grado de bachiller. Ahora, el Parlamento amplió este último plazo hasta marzo de 2024.
Durante el debate en el Pleno, el autor del proyecto, José Elías Ávalos (Podemos Perú), sustentó que la nueva ampliación se da porque hay universidades que “van a acabar sus clases entre febrero y marzo de 2024, y no tendrían la posibilidad del bachillerato automático que la ley [la 31803] permitía hasta diciembre de 2023”.
Con 74 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó una nueva contrarreforma electoral al eliminar las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del sistema electoral peruano.
La reforma fue exonerada de segunda votación con el voto a favor de 80 parlamentarios, solo minutos después de la primera votación, y luego que el presidente del Congreso informara que esta se vería siete días después, de acuerdo al Reglamento del Congreso.
#LoÚltimo Con 74 votos, el Pleno del #Congreso aprobó, en primera votación, la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el sistema electoral, para pasar a una modalidad opcional. Quedó pendiente la segunda votación.
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 14, 2023
👉https://t.co/g1RQn39zwk pic.twitter.com/NN4E745TQl
Las PASO fueron aprobadas en 2019, como parte de la reforma electoral que proponía una mayor participación ciudadana en las organizaciones políticas y el fortalecimiento de las mismas.
Esta modalidad establece que previo a una elección general, todos los ciudadanos participen de las elecciones primarias de los partidos políticos. Pese a esto, dichas elecciones nunca pudieron llevarse a cabo por diversas suspensiones aprobadas en el Congreso.
Ahora, con la reforma de la Ley de Organizaciones Políticas que acaba de aprobar el Legislativo, los partidos políticos tendrán tres opciones para realizar sus elecciones primarias: las PASO, la elección con voto de afiliados o de los delegados.
Se ha añadido un artículo a su lista de lecturas
