Actualización: 12 de diciembre de 2023 - 3:45 p.m

En un año en que Perú le pone fin a su milagro económico, con una fuerte caída de los ingresos tributarios, el Congreso de la República ha aprobado seis leyes con privilegios fiscales a diversos sectores empresariales que reducen en hasta S/8.000 millones la recaudación, según estimaciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

OjoPúblico ha identificado que existen adicionalmente 11 dictámenes sobre beneficios tributarios que están listos para ser aprobados en el Pleno y que implican una afectación de aproximadamente S/11.000 millones. También hay otro medio centenar de proyectos legislativos sobre privilegios similares que buscan ser debatidos en diferentes comisiones del Parlamento. 

La directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, Miryam Yepes, explica que el costo fiscal de estas medidas legislativas es cercano a los S/12.000 millones, similar al monto que se esperaba recaudar con toda la reforma tributaria planteada en 2021 y que fue rechazada por el Parlamento. “Lo que se esperaba recaudar con la reforma tributaria se lo comieron este año, y el próximo año ya se ve bastante negro”, manifiesta. 

El Congreso –lejos de buscar una mayor recaudación– está generando un forado fiscal con la creación de más beneficios tributarios. Ello se suma a los cerca de cien incentivos existentes que le han costado al Perú casi S/120.000 millones en los últimos siete años revela un análisis de OjoPúblico, tras construir y analizar una base de datos con la información de los Marcos Macroeconómicos Multianuales.

Es decir, lo que el Perú dejó de percibir por los actuales privilegios fiscales en distintos sectores entre 2017 y 2023, equivale a la mitad de todo el presupuesto público del país destinado para el año 2024, que asciende a S/240.000 millones. 

 

El análisis de OjoPúblico encontró que los gastos tributarios (exoneraciones y otros incentivos) han aumentado en los últimos años. Mientras que en 2017 ascendieron a S/15.493 millones, para el 2023 el monto creció 31% y alcanzó los S/20.354 millones. Y para el 2024, el MEF estima un costo potencial de S/23.854 millones (+54%).  

En el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026 se había estimado que los gastos tributarios este año equivaldrían al 2,16% del PBI, pero con las nuevas leyes aprobadas por el Congreso estos se podrían incrementar hasta 2,7%, estima Yepes. Existe una seria preocupación a la interna del MEF, ya que además la presión tributaria ha bajado de 16,8% en 2022 a 15% en 2023. 

Estos mayores incentivos tributarios, impulsados por el Congreso, se dan en un momento en que se romperán las reglas del déficit fiscal, debido a la caída de la recaudación este año por efecto de la recesión por la que atraviesa nuestro país. 

El exministro de Economía, Pedro Francke, coincide en que la fuerte caída de la presión tributaria tiene que ver con las “perforaciones tributarias que ha aprobado el Congreso”. 

“Yo creo que esto, en un escenario de recesión, es particularmente preocupante. Se había establecido la meta del déficit fiscal de 2,4%, y creo que ahora es un consenso que esto no se va a lograr”, apunta Francke. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha advertido que el Perú es uno de los países con los menores ingresos fiscales en la región. Por ello, recomienda reevaluar los beneficios tributarios e implementar una reforma. Además, advierte que la mayoría de estos incentivos favorecen a los contribuyentes de ingresos más altos, lo que —a criterio de la entidad internacional— aumenta las desigualdades. 

 

 

Leyes con costos millonarios 

El Congreso de la República ha aprobado seis leyes que reducen los ingresos fiscales por hasta S/8.167 millones anuales, monto que cobra mayor relevancia en un contexto de recesión económica y caída de la recaudación tributaria. 

Fuerza Popular es la bancada que impulsó más leyes de este tipo, y con los mayores costos fiscales. Cuatro de las seis normas fueron de autoría de congresistas de dicho partido, por un monto total ascendente a S/7.384 millones. 

La ley 31903, que establece medidas extraordinarias para fortalecer la reactivación económica de las pequeñas y microempresas, es la que causa mayor impacto negativo en la recaudación. En concreto, la norma, de autoría de Hernando Guerra García y Héctor Ventura, dispone la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones y perfecciona los procedimientos generales de este sistema para las micro y pequeñas empresas (mype).

En un informe de análisis previo enviado al Congreso, el MEF advierte que dicha propuesta generaría una pérdida de S/1.660 millones anuales, los cuales “se dejarían de recaudar en favor del incumplimiento y la evasión tributaria en el primer año. Posteriormente, el costo fiscal anual sería de S/700 millones. De esta manera, sólo en los primeros cinco años, este proyecto tendría un costo fiscal de S/4.460 millones”.

El mayor costo de esta disposición se da por la eliminación de la percepción de riesgo, que genera incumplimiento tributario. Con este factor, el costo fiscal total es de S/6.574 millones. Aún así, la ley fue promulgada en octubre de este año, incluso con el visto bueno del Poder Ejecutivo. 

Otra de las medidas tributarias con alto impacto fiscal y que tuvo el rechazo público del MEF fue la ley 31556, que establece una tasa especial del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las actividades de hoteles, restaurantes y alojamientos turísticos, denominado “8% del IGV para rescatar el empleo". Esta también fue impulsada por la bancada de Fuerza Popular, por Hernando Guerra García y David Jiménez Heredia. 

En este caso, el MEF calculó un impacto negativo de S/690 millones anuales por la menor tasa del IGV, las sanciones y multas, así como el incumplimiento en el pago de impuestos debido al cambio de comportamiento del contribuyente. Además, advirtió que las más beneficiadas serían las grandes empresas. 

El ministerio enfatizó —en su informe de análisis— que la medida no era apropiada para la coyuntura, debido a que este impuesto (IGV) es una de las principales fuentes de recursos del Estado, “que viene siendo utilizado para respaldar diversos instrumentos implementados para atenuar el impacto económico generado por el COVID-19”. 

De hecho, en sus reportes mensuales, la Sunat destaca esta medida como uno de los factores que han afectado a la recaudación tributaria de este año. 

 

Otra ley impulsada por Fuerza Popular (Hernando Guerra García) es la 31940, que amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago del impuesto a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas (mypes). 

Esta norma, que fue promulgada por el Ejecutivo el pasado 22 de noviembre, aplaza hasta junio la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Es decir, dos meses adicionales a lo usual: abril. Esta medida tiene un impacto negativo de S/ 110 millones en los ingresos tributarios, en base al incumplimiento. 

“[Con esta ley] les estamos dando a las mypes y a las personas naturales un respiro para que puedan fortificar sus economías y recuperar lo invertido, y de este modo puedan cumplir con sus obligaciones tributarias”, sustentó ante el Pleno el presidente de la Comisión de Economía, el congresista César Revilla. 

La cuarta iniciativa de la bancada de Fuerza Popular, de autoría de Jorge Morante Figari, es la ley 31855, que modifica el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley Nº 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía y que fue promulgada en agosto de este año. 

La ley amplía el alcance de la tasa excepcional de 5% para el Impuesto a la Renta aplicable a la actividad de transporte fluvial de carga y de pasajeros en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, en los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y en las provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali. 

 

RESTAURANTES. Una de las leyes aprobadas fue la reducción del IGV a restaurantes. MEF advirtió que no se beneficiaría a las mypes, sino a las grandes empresas. 

Imagen: Andina / archivo

 

“Se estima que la aplicación de esta medida significaría menores ingresos para el erario nacional por alrededor de S/10 millones en 2024, además de sus potenciales efectos negativos sobre la formalidad y el nivel de cumplimiento tributario”, apuntó el MEF en su informe de análisis al proyecto de ley. 

Alianza para el Progreso, por su parte, impulsó dos leyes que en conjunto implican un costo total de S/783 millones. Una de ellas es la Ley del Joven Empresario (Ley 31828), iniciativa presentada por el congresista Eduardo Salhuana Cavides y promulgada por el Ejecutivo el 28 de noviembre de este año. 

La ley establece la exoneración del impuesto a la renta durante dos años a las empresas constituidas por jóvenes entre 18 a 29 años, siempre que las utilidades sean invertidas. Este beneficio se puede ampliar hasta tres años si por lo menos el 60% de los empleados son jóvenes. Esta norma le costaría S/678 millones anuales al fisco peruano. 

La segunda ley que impulsó la bancada de APP fue la 31543 que modifica el artículo 20 de la Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, que permite a los comerciantes de dicha zona vender sus productos en el resto del país a través del comercio electrónico, sin pagar Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). La norma fue promulgada en agosto de 2023 por insistencia del Congreso. 

El MEF alertó en su momento que esta medida implica un sacrificio fiscal por parte del Estado por alrededor de S/105 millones, “al legalizar el comercio de lo que hoy es considerado contrabando”. También advirtió que implica una competencia desleal para los productores y comerciantes nacionales del resto del país, que sí pagan impuestos.

Las leyes del Ejecutivo 

De las seis leyes del Congreso que implican una millonaria reducción de los ingresos tributarios, el Ejecutivo dio su visto bueno y promulgó cinco de ellas, pese a que obtuvieron el análisis negativo del Ministerio de Economía y Finanzas que advertía los costos fiscales que en su conjunto superan los S/8.000 millones anuales. 

Asimismo, el primer ministro Alberto Otárola anunció en noviembre pasado –en el marco de la CADE Ejecutivos 2023 que se desarrolló en Cusco–, que el Gobierno fijará una serie de incentivos tributarios con el fin de impulsar la inversión en el sector agroexportador. 

Sin embargo, al ser consultado por la prensa sobre este anuncio, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, fue más cauteloso al señalar que ello todavía “tiene que evaluarse rigurosamente” y admitió que está en agenda revisar los beneficios tributarios vigentes. 

"El Perú tiene una agenda para reestructurar las exoneraciones tributarias, pero tienen que evaluarse rigurosamente".

"Es importante generar incentivos, pero estos tienen que redundar en mayor inversión. El Perú tiene una agenda para reestructurar las exoneraciones tributarias, pero tienen que evaluarse rigurosamente", enfatizó Contreras Miranda. 

Es preciso señalar que en el Consejo de Ministros hay sectores que impulsan beneficios tributarios sectoriales. Por ejemplo, recientemente se aprobó la autógrafa de ley que brinda incentivos tributarios a las empresas de la industria textil y confecciones que inviertan en nueva maquinaria y equipos, y para las que contraten nuevos trabajadores durante el 2024. 

 

Otras normas en camino 

Hay otros 11 dictámenes en el Congreso que ya han sido aprobados en comisiones, que están pendientes de debatirse y votarse en el Pleno. El costo fiscal estimado por el MEF es de alrededor de S/11.000 millones. 

De este grupo de propuestas, el que más afecta la recaudación es el proyecto de ley 1058/2021-CR, que propone promover la contratación y capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como la reinserción de adultos entre 55 a 65 años en el mercado laboral formal. Su costo tributario está calculado entre S/3.063 millones y S/6.126 millones.

Esta iniciativa del grupo parlamentario Podemos Perú que plantea dar una deducción adicional del 100% aplicable a las remuneraciones pagadas por cada trabajador beneficiario y por las capacitaciones laborales, ello para efectos del cálculo del impuesto a la renta. 

Otro de los dictámenes que están listos para ser debatidos en el Pleno es el proyecto de ley 3676/2022-CR, de la congresista Rosángella Barbarán (Fuerza Popular), que establece talleres de capacitación como sanción positiva para las micro y pequeñas empresas, en el marco de la potestad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El MEF estimó un costo tributario anual de S/2.950 millones.

Miryam Yepes, del MEF, explica que este proyecto ha sido impulsado en el Congreso desde el año 2016 y consiste en que cuando una empresa cometa una infracción, la Sunat —en vez de cobrarle la multa o pedirle que subsane su falta— deberá ir a su domicilio o empresa para hacerle una capacitación. 

“Es una capacitación por cada infracción, y no hay ninguna obligación del contribuyente a subsanar. Es una locura, porque estamos hablando de cientos de miles de contribuyentes que la Sunat no puede ir a darles capacitaciones a una por una, por cada infracción. Es muy peligroso”, advirtió la funcionaria durante la presentación del informe ‘Sistematización de las propuestas de reforma tributaria en el Perú, Chile y Colombia (2021-2023)’ del Grupo de Justicia Fiscal.

Sumado a ello, el último martes 12 de diciembre, la Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría un nuevo dictamen de ley para prorrogar hasta el 2026 la exoneración del Impuesto a la Renta a las ganancias de capital en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Durante el debate, algunos parlamentarios criticaron la medida por favorecer a las personas de altos ingresos y por no evidenciar resultados favorables. 

Dicho beneficio tributario está vigente desde 2016 y vencía el 31 de diciembre de este año. Es preciso señalar que, en 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe en el que recomendó a Perú no renovar dicho beneficio tributario, ya que consideró que “pese a la exención del impuesto, la BVL no ha presentado un desempeño destacado”.

CONGRESO. El Parlamento tiene en agenda la aprobación de diversos proyectos de ley con incentivos tributarios que afectan a la recaudación.  

Imagen: Andina

 

En tanto, hay otros 50 proyectos de ley que en conjunto tendrían un impacto tributario negativo en más de S/260.000 millones. Estos todavía se encuentran en etapa de presentación o revisión en comisiones y unas 11 ya son predictámenes.

De estas últimas iniciativas, el más cuestionado es el Proyecto de Ley N° 5892/2023-CR, que establece una Nueva Ley de Industrias. Esta propuesta del parlamentario José Jeri (Somos Perú) establece una serie de beneficios tributarios —como exoneraciones de IR e IGV— vinculados con la promoción de la inversión industrial, la promoción de cadenas productivas y empresas tractoras, el fomento de la sostenibilidad, energía renovables y electromovilidad, la promoción de la industria digital y del conocimiento; y, la instalación y operación de las empresas en los parques industriales existentes. 

Este paquete de beneficios tributarios le costarían al fisco S/32.000 millones, según estimó el MEF. La propuesta es respaldada por la Sociedad Nacional de Industrias, que incluso asegura que con ello se reducirá en 20% la pobreza y el PBI per cápita podría superar los USD 20.000 hacia el año 2050 (USD 7.196 al 2022). 

Sin embargo, otros gremios empresariales y economistas han rechazado este planteamiento debido a la coyuntura de baja recaudación y porque señalan que en el pasado ya se han implementado medidas de esta naturaleza sin éxito, generando efectos contraproducentes.

“Es un proyecto de ley que nos preocupa mucho, mi dirección general calculó que el costo fiscal es de S/32.000 millones anuales. Dicen que son pocos sectores, pero no, hay varios temas que están asociados, por ejemplo las exoneraciones a zonas altoandinas; eso quiere decir que ciudades como Arequipa, Puno y Cusco no tendrían que pagar impuestos, y eso es como si estuviéramos extendiendo la Ley de la Amazonia a otras regiones”, advierte la  directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, Miryam Yepes. 

Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, también se mostró en contra de esta iniciativa legislativa. 

“Al final son determinados grupos de poder que siempre están buscando algún tipo de beneficio para su sector. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la ley que ha enviado la SNI al Congreso, en la que hay exoneraciones. Eso es una cosa de locos (...) cuando se ve un gobierno débil o una situación difícil, tratan de jalar agua para su molino, pero es meterle mucha ineficiencia a la economía”, advierte también el exministro de Economía. 

Por otro lado, el último martes 12 de diciembre, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen de ley para prorrogar hasta el 2026 la exoneración del Impuesto a la Renta a las ganancias de capital en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Dicho beneficio tributario está vigente desde 2016 y vencía el 31 de diciembre de este año.Es preciso señalar que, en 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe en el que recomendó a Perú no renovar dicho beneficio tributario, ya que consideró que “pese a la exención del impuesto, la BVL no ha presentado un desempeño destacado”.

 

El Congreso en el despensero 

En otros países de Latinoamérica, el Parlamento no puede presentar iniciativas que beneficien fiscalmente a ciertos sectores. En Chile, ello solo es facultad del Ejecutivo, y en Colombia se requiere de un informe positivo del Ministerio de Economía para que avance algún proyecto legislativo de ese corte. 

En cambio, en Perú, el Congreso de la República puede libremente aprobar leyes con incentivos tributarios a sectores empresariales. Si bien las comisiones parlamentarias solicitan informes de análisis al Ministerio de Economía y otras entidades especializadas competentes en la etapa de debate, estos no son vinculantes. 

“La norma te dice que si tú quieres presentar un tratamiento preferencial [tributario] tienes que tener un informe del MEF, pero no te dice si es que tienes que tener la opinión ‘positiva’ del MEF. Entonces el MEF puede emitir informes, pero que [los congresistas] los lean o no, les importe o no, eso no está en la Constitución. Eso hace que el sistema tributario sea mucho más sensible, porque los congresistas no tienen limitaciones en el tema tributario. Entonces, hay bastante populismo que viene por ese lado”, explica Yepes. 

A diferencia de Chile y Colombia, en Perú, el Congreso puede libremente aprobar leyes con incentivos tributarios sin previo análisis positivo del MEF. 

César Flores, economista del Grupo Justicia Fiscal, señala que esta situación se arrastra desde hace 20 o 30 años, y se requiere un cambio en la Constitución sobre los candados necesarios para que el Congreso apruebe este tipo de leyes con la aprobación previa del MEF. Así, se tendría un mayor control de los lobbies e intereses particulares en la legislación tributaria. 

“Eso es sistemático, siempre hay interferencia de agentes externos [al Congreso] buscando colocar sus intereses. Me pareció interesante los mecanismos de Chile y Colombia, con eso ya estamos sacando del juego a lobbies e intereses que llegan de sectores específicos (...). Yo creo que ese sería un avance respecto a lo que hemos observado en los últimos 20 o 30 años y que en todo momento nos ponen en jaque respecto a lo que es sostenibilidad en nuestro país”, acota el economista César Flores. 

 

Gasto tributario en los últimos siete años 

Entre 2017 y 2023, el Estado peruano ha dejado de recaudar alrededor de S/120.000 millones por cerca de un centenar de beneficios tributarios. Esto es casi la mitad de todo el presupuesto público destinado para el 2024, que asciende a S/240.000 millones. 

A dichos beneficios se le denomina gastos tributarios, que suelen clasificarse en exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, reducciones de tasas, créditos, deducciones y diferimientos. Según estimados de Sunat, para el periodo 2019-2024, el 87% lo concentran las exoneraciones (53,9%) e inafectaciones (33%). 

 

 

Entre 2017 y 2022, el costo anual de los gastos tributarios oscilaron entre S/15.000 millones a S/17.000 millones. Sin embargo, en el 2023 se registró un mayor incremento de estos privilegios fiscales a favor de las empresas de diferentes rubros, ya que se registraron 87 incentivos tributarios que le costaron al país S/20.354 millones. 

Incluso para el 2024, el MEF prevé 94 incentivos por un costo total de S/23.854 millones, que implica un incremento de 17,2% frente al 2023, y es un 54% más que el 2017. 

El sector que goza de más incentivos tributarios es el agropecuario, que concentra la tercera parte (30%) del total del gasto tributario del fisco nacional. En los últimos siete años esta industria se benefició con un total de S/35.900 millones. Y para el 2024 se calcula un costo fiscal de S/6.940 millones adicionales.  

Son siete los tratamientos preferenciales vigentes a dicha industria: tres exoneraciones del IGV por insumos agrícolas, por productos agrícolas y por cuyes o cobayos o conejillos de indias vivos; el crédito tributario por reinversión de utilidades por parte de la mypes del sector agrario; depreciación de hasta 20% de obras de infraestructura hidráulica y riego; y las tasas diferenciadas del sector agropecuario. 

Es preciso señalar que el sector agroexportador lleva más de 20 años con beneficios tributarios, a raíz de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) promulgada en el año 2000. Pero, en diciembre de 2020, luego de diversas protestas en el denominado ‘paro agrario’ se derogó esta ley. 

Así, se promulgó la ley 31110 para renegociar los derechos laborales y se dispuso el incremento progresivo de la tasa del Impuesto a la Renta, del 15% al 30% como el régimen general. La norma también incluía el incremento gradual de 6% al 9% del aporte que realiza el empleador al Seguro Social de Salud (Essalud) por sus trabajadores, sin embargo, el Legislativo aprobó un dictamen para reducir esta tasa al 6% para hasta el 2028; esta misma propuesta ha sido también planteada por el Ejecutivo pero por tres años (2024-2026). 

 

 

El segundo sector con los incentivos tributarios de mayor costo es la intermediación financiera, con S/15.993 millones en el periodo analizado. Y para el 2024 se estima S/3.417 más. Son 13 los ítems para este rubro, entre los que destacan inafectaciones, exoneraciones y tasas diferenciada de IGV e IR por los servicios de empresas financieras, AFPs y de seguros. 

Le sigue el sector Educación que goza de privilegios tributarios que han costado S/12.119 millones entre 2017 y 2023. Mientras que para el 2024 se prevé S/1.420 millones por inafectación del IGV y Ad Valorem para la importación y prestación de servicios por las Instituciones Educativas Públicas o Particulares. 

Sobre este sector, en el Congreso de la República hay dos proyectos de ley que buscan eliminar dichos beneficios a las entidades educativas privadas. Uno lo impulsa el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, y el otro Noelia Herrera, de Renovación Popular. 

Asimismo hay otros incentivos tributarios para sectores como Hidrocarburos, que costó S/3.331 millones en los últimos siete años, principalmente por la devolución de IGV en  actividades vinculadas a la exploración - compras internas. 

Entre los privilegios fiscales individuales cuestionados figuran la inafectación de IGV a los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos. Ello costó al fisco nacional un total de S/2.808 millones, y solo para el 2024 se calcula una potencial pérdida de S/911.428. 

Según el tipo de impuesto, el IGV es el más afectado, ya que concentra el 70% del total de gastos tributarios —entre exoneraciones e inafectaciones—. Además, para el 2024, es el que presenta un mayor aumento: el MEF calcula una pérdida de S/17.802 millones. 

 

 

La OCDE recomienda 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha advertido, y lo ha reiterado recientemente en su informe Estudio Económico para Perú —presentado en setiembre de este año— que nuestro país es el que presenta menores ingresos fiscales en América Latina. Y asimismo, los gastos tributarios son altos. 

“Estos beneficios, a menudo, favorecen a los contribuyentes de ingresos más altos, lo que aumenta las desigualdades”, precisa Paula Garda, economista jefe de la OCDE para Perú, a OjoPúblico. 

Al ser consultada si, en un contexto de recesión económica, se debería reevaluar las exoneraciones y otros beneficios tributarios, Garda señala que se debería hacer una revisión de manera estratégica, que implica evaluar la efectividad y el impacto económico de cada beneficio, “considerando la eliminación o reducción de aquellos que no generen un retorno adecuado en términos de atracción de inversiones y crecimiento económico”. 

Los especialistas coinciden en que deberían revisarse algunas exoneraciones tributarias que no han mostrado resultados de efectividad. 

“Hay algunos tratamientos tributarios específicos que pueden tener alguna justificación, no es que sea una palabra imposible. Pero la evidencia internacional muestra poca eficacia, siempre nos dicen que rebajamos el impuesto al sector tal y por lo tanto va a venir la inversión a raudales, pero no hay estudios nacionales o internacionales que demuestren eso, o hay muy poco”, opina Pedro Francke. 

 

OCDE. Dentro de las recomendaciones que brindó la OCDE para la adhesión de Perú está revisar los beneficios tributarios. 

Imagen: OCDE 

 

En esa línea, Miryam Yepes, del MEF, apunta que en las encuestas empresariales, los temas tributarios no son los más relevantes, “aparecen como en quinto o sexto lugar (...) los aspectos más importantes para los inversionistas son los temas de estabilidad, infraestructura pública, regulación apropiada”. 

“Los beneficios tributarios pueden funcionar, pero deben ser bastante focalizados y temporales. Yo creo que hay un problema importante cuando se espera que toda la inversión solamente esté en los hombros de los beneficios tributarios, cuando es el aspecto menos importante para ellos”, agrega la funcionaria. 

En tanto, Carlos Oliva, del Consejo Fiscal, reitera que la experiencia denota que las exoneraciones tributarias casi nunca benefician al consumidor, y que este se queda en el productor, por lo que se debería evaluar su continuidad. No obstante, en el contexto político actual, ve difícil que el Congreso apruebe algún tipo de reducción a estos. 

En análisis de la OCDE, los mayores gastos tributarios de Perú se dan por las exoneraciones de impuestos a la venta e importación de productos agrícolas y a la prestación de servicios educativos, exoneración del IGV en la región amazónica y excepciones en las reglas de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 

No obstante, “muchos de estos gastos tributarios no están bien orientados, de modo que benefician a los más ricos y no cumplen sus objetivos”, advierte claramente la entidad internacional en su informe. 

Ya desde el año 2017, según la revisión a los Marcos Macroeconómicos Multianuales (MMM) del MEF, parte de la política tributaria del Gobierno apuntaba a la racionalización de las exoneraciones y beneficios tributarios, con el fin de mejorar los ingresos fiscales para asegurar el sostenimiento del gasto público. 

Además, el MEF aseguraba en sus MMM que “se evitará aprobar nuevas exoneraciones, beneficios y tratamientos tributarios preferentes sin un análisis costo/beneficio de sus alcances y de su impacto fiscal”. Ello se cumplió hasta el 2019 cuando los beneficios fiscales disminuyeron de 80 a 75. Sin embargo, a partir del 2020 estos volvieron a aumentar y actualmente son 94. Y el costo fiscal se incrementa cada vez más.