César Acuña y seis exfuncionarios de APP en La Libertad buscan llegar al Congreso

En 2025, La Libertad registró 238 homicidios y 4.400 denuncias por extorsión según el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol). Fue un año marcado por la consolidación de organizaciones criminales en el control de la minería ilegal, lo que se evidenció en la matanza de 13 trabajadores en un socavón de la provincia de Pataz, así como en ataques con explosivos de uso en minería en la ciudad de Trujillo. Frente a esta escalada de violencia, César Acuña Peralta renunció al cargo de gobernador regional para intentar, por tercera vez, llegar a la presidencia del Perú.

Pero el líder de Alianza para el Progreso (APP) no es el único candidato con cargos previos en la función pública en una región donde la inseguridad se ha intensificado. OjoPúblico identificó a otros 34 aspirantes a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados que han sido alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y congresistas, así como ministros y funcionarios en gobiernos regionales y municipales.

Además de Acuña Peralta, quien también postula al Senado, APP presenta otros seis candidatos de La Libertad que postulan al Senado y a la Cámara de Diputados y que ya han ocupado cargos públicos.

Pero el líder de Alianza para el Progreso no es el único candidato con cargos previos en la función pública en una región donde la inseguridad se ha intensificado.

Entre ellos figuran Dante Chávez Abanto, exconsejero regional (2015-2018) y exregidor provincial de Trujillo (2007-2014), y Verónica Escobal Ordoñez, exconsejera regional (2023-2026) y exregidora provincial (2019-2022). También se encuentran Julio Camacho Paz, quien se desempeñó como gerente regional de Educación en 2023 y 2026, y Lucila Carranza Lizárraga, exregidora distrital de El Porvenir (2023-2026).

La lista se completa con Catherine Blas Villar, exgerente regional (2023-2025), y César Sandoval Pozo, quien ha sido ministro de Transportes en 2025, asesor técnico del gabinete técnico de la Presidencia (2020 – 2025), jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas (2023 – 2024) y regidor de la Municipalidad Provincial de Ascope (1993 – 1995). 

INSEGURA. En 2025, sin incluir Lima, La Libertad fue la región con la mayor cantidad de denuncias por extorsión (4.400) y secuestros (117).

Foto: Hans Lázaro Asalde

De este grupo de candidatos, Chávez Abanto, Escobal Ordóñez y Blas Villar formaron parte del último periodo de Acuña Peralta como gobernador regional y ocuparon cargos clave en la definición de estrategias contra la criminalidad. El desempeño del actual candidato presidencial fue duramente cuestionado debido a sus reiteradas licencias vacacionales, en un contexto en el que las provincias de Trujillo y Pataz permanecían en estado de emergencia desde el 2023 y 2024, respectivamente.

Este escenario de crisis derivó en un marcado rechazo ciudadano: el 76,9% de la población calificó su gestión como mala, de acuerdo con el informe Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, elaborado en diciembre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En 2025, sin contar Lima, La Libertad fue la región con la mayor cantidad de denuncias por extorsión (4.400) y secuestros (117), según el Sidpol. Además, después de la capital y el Callao, se ubica como la tercera región con más homicidios (238) y como la tercera con más estafas (2.157), por detrás de Lima y Arequipa.

“La región está en manos de APP desde hace dos períodos consecutivos, lo que suma más de una década en las que las economías ilegales y el crimen organizado han ido ganando terreno hasta convertir a La Libertad en la región con el mayor índice de extorsión”, afirma Eliana Pérez Barrenechea, representante del colectivo 8M.

En su campaña a la presidencia, César Acuña ha sostenido en varias ocasiones que la seguridad ciudadana no es responsabilidad de los gobernadores regionales. Sin embargo, aunque la conducción operativa recae en la Policía Nacional, los gobiernos regionales sí desempeñan un rol clave en la articulación de políticas, la asignación de recursos, la prevención del delito y la coordinación con municipios y otras instituciones. Así lo establecen la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

En esa línea, el especialista en seguridad ciudadana Roger Torres señala que los gobernadores regionales actúan como autoridads ejecutivas que articulan a las instituciones para fortalecer el trabajo conjunto. “Si hay aspectos que no funcionan adecuadamente, también pueden promover mejoras normativas a través de sus bancadas o partidos, en favor de la seguridad ciudadana”, explica.

Las carpetas fiscales de Acuña 

Desde que ingresó a la política, Acuña Peralta ha acumulado un amplio número de expedientes fiscales. OjoPúblico accedió a su historial de investigaciones en el Ministerio Público desde el 2000 hasta el 13 de marzo de 2026: en total, se registran 132 expedientes en los que figura mayormente como imputado, de los cuales al menos 100 corresponden a carpetas principales.

Estos 132 casos se distribuyen en 16 distritos fiscales, con una clara concentración en La Libertad (67) y Lima (28), seguidos por Lima Este (8), Lambayeque (7) y Lima Anticorrupción (6). El resto se reparte entre Piura (3), Cajamarca (2), Lima Sur (2), Callao (2) y Lima Centro, Lima Norte Anticorrupción, Moquegua, San Martín, Tumbes, Huánuco y Junín con un caso en cada uno.

El periodo más reciente reúne una parte importante de estos casos. Desde 2022 —año en que Acuña fue elegido gobernador regional por segunda vez— hasta marzo de 2026, se contabilizan 56 expedientes. De ellos, 13 fueron archivados en etapa preliminar y cuatro cuentan con dictamen en fiscalías de Lima por presuntos delitos contra los derechos de autor. Otros ocho permanecen en investigación preliminar por casos vinculados a presunta colusión con defraudación al Estado, presunta organización criminal (Caso Cuellos Blancos del Puerto) y resistencia o desobediencia a la autoridad.

 Desde 2022 —año en que Acuña fue elegido gobernador regional por tercera vez— hasta marzo de 2026, se contabilizan 56 expedientes.

En cuanto a la tipología de los presuntos delitos, predominan los casos por resistencia o desobediencia a la autoridad (14), abuso de autoridad (11) y tráfico de influencias (5). A estos se suman investigaciones por presunto plagio y delitos contra los derechos de autor (7 en cada caso), así como por corrupción o colusión ilegal (6) y estafa (4).

INVESTIGADO. César Acuña registra 132 expedientes fiscales distribuidos en 16 distritos fiscales, con una clara concentración en La Libertad (67) y Lima (28).

Foto: APP

También aparecen denuncias por los presuntos delitos de falsedad genérica (12), fraude electoral (2), falsificación documentaria (4) y colusión con defraudación patrimonial al Estado (3), además de soborno electoral (2), entre otros.

Además, mantiene un expediente abierto por el presunto delito de organización criminal, a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de La Libertad. En contraste, solo en cuatro casos figura como agraviado: dos por robo y dos por falsedad ideológica o falsificación de documentos.

OjoPúblico se contactó con Martha Meléndez, directora de comunicaciones de APP, para solicitar los descargos de César Acuña respecto a los casos fiscales en los que está comprendido. La vocera señaló que existen casos de hace 25 años que ya han sido archivados.

Viejos liderazgos, nuevas candidaturas

El Partido Aprista Peruano es otra de las agrupaciones políticas que ha marcado la conducción del Gobierno Regional de La Libertad y de la provincia de Trujillo, al menos hasta 2006, cuando César Acuña ganó la alcaldía de Trujillo. En 2015, Acuña llegó al gobierno regional y, desde entonces, la administración ha permanecido en manos de Alianza para el Progreso (APP).

Durante los años de la hegemonía aprista en La Libertad, la figura más representativa fue José Murgia Zannier, quien fue elegido alcalde de Trujillo en cuatro periodos consecutivos, entre 1990 y 2006. Luego, en 2007, asumió el Gobierno Regional de La Libertad, cargo que ocupó durante dos gestiones hasta 2014. Hoy, a sus 89 años, es candidato al senado por el APRA. 

Desde que terminó su gestión como gobernador en 2014, se mantuvo alejado de la vida política para dedicarse a sus negocios; el congelamiento del APRA en las elecciones de 2020, porque no pasó la valla electoral, fue otro de los motivos. Hasta 2015, tenía 250 denuncias fiscales y afrontaba 70 procesos por los presuntos delitos de concusión, peculado, malversación de fondos y negociación incompatible. 

POSTULANTES. José Murgia Zannier (segundo de la izquierda) en una foto reciente con candidatos a senadores y diputados en La Libertad.

Foto: Karín Espinoza

Este medio se contactó con el candidato Murgia Zannier para solicitar sus descargos sobre los casos fiscales en los que figura pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. El secretario regional del Partido Aprista en La Libertad, Julio César Morán, dijo no tener conocimiento al respecto. 

“Su partido lo impulsa no por convicción en su propuesta, sino por falta de cuadros renovados. Su candidatura refleja más la inercia de una organización en declive que una auténtica apuesta por el futuro”, señala Miguel Rodríguez Albán, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, respecto a Murgia Zannier. 

Entre quienes reaparecen en la política también están José León Rivera, excongresista por Perú Posible (2011–2016) y exministro de Agricultura durante el gobierno de Alejandro Toledo, quien ahora postula al Senado por Avanza País. Además, fue gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social (2023 -2025).

Figura en el caso “Narco Carbón”, vinculado a la incautación de 7,5 toneladas de cocaína en 2014 en Trujillo. Las investigaciones lo relacionaron con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, a quien alquiló una vivienda en Huanchaco. En su hoja de vida no ha consignado información sobre sus propiedades, ni procesos judiciales. 

La presencia de candidatos que buscan volver al poder refleja una distorsión en la representación política de la región, advierte Miguel Rodríguez. “Algunos responden a intereses específicos y olvidan que su labor es representar la diversidad de demandas de un territorio. Esto ha desnaturalizado la función de representación y se ha agravado con los escándalos de corrupción y la proliferación de gobiernos con lógicas lobistas”, sostiene.

La presencia de candidatos que buscan volver al poder refleja una distorsión en la representación política de la región, advierte Miguel Rodríguez.

La Libertad ocupa el noveno lugar entre las regiones con mayores casos de corrupción registrados en el primer trimestre de 2025, según la Procuraduría General de la República. Solo en ese periodo se registraron 2.005 casos, un 11% más que en los tres primeros meses del año anterior.

Frente a este escenario de corrupción y creciente inseguridad ciudadana, Juan Vásquez cuestionó que exautoridades con gestiones deficientes intenten reelegirse o postular a otros cargos. “Esto normaliza la impunidad y debilita la rendición de cuentas”, afirma, al referirse a administraciones regionales y municipales que “han abandonado áreas fundamentales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana". Son años de promesas incumplidas y ausencia de políticas públicas efectivas”.