El Ministerio Público tiene bajo sospecha presuntos actos irregulares cometidos por municipalidades respecto del presupuesto de S/200 millones que el Ejecutivo anunció para las poblaciones vulnerables. En paralelo, la Contraloría ha desplegado equipos para detectar posibles actos de corrupción. Los gobiernos regionales han ejecutado menos del 10% de los fondos entregados para combatir a la pandemia.