Edición Regional07 Ago 2019

Comunidades de Cusco piden consulta previa en nuevo proyecto de Glencore sobre territorios indígenas

La filial en Perú de la gigante suiza del cobre inició el proceso para ampliar sus operaciones en las alturas de Espinar. Senace dice que el Estudio de Impacto Ambiental no requiere consulta.
DEMANDA. Los comuneros de Huini Coroccohuayco, que forma parte del pueblo originario K'ana, han presentado una acción de amparo para conocer el EIA.
Foto: Vidal Merma.

Cusco. Las familias de Espinar, una provincia ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, conviven con la minería desde hace 36 años. En esta región la transnacional suiza Glencore, que domina el 50% del mercado mundial de cobre, opera la mina Antapaccay y busca sumar una nueva explotación denominada Coroccohuayco, un proyecto que se desarrollará sobre territorios indígenas y cuyos posibles impactos preocupan a los habitantes de las comunidades aledañas.

El 2014 la gigante suiza presentó la iniciativa Integración Coroccohuayco como una ampliación de Antapaccay, una mina que nació el 2012 del mismo modo, como una extensión de su antecesora Tintaya. Para el inicio de operaciones de Antapaccay no se realizó el proceso de consulta previa, pese a que la ley que regula este mecanismo estaba vigente. Esta vez, aunque existen comunidades reconocidas como indígenas, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) sostiene que tampoco aplica la consulta.

En abril del 2018 Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificado de Antapaccay, donde se incluye el nuevo proyecto de Coroccohuayco. Si la entidad aprueba el EIA, la futura mina se ubicará en territorio de la comunidad Huini Coroccohuayco, que forma parte del pueblo quechua K'ana, reconocido así en la base de datos oficial del Ministerio de Cultura. 

Ante esta situación, los dirigentes de dicha comunidad, que reúne a 800 familias, solicitaron al Senace que las modificaciones al EIA sean debatidas e informadas de manera pública.

AMPLIACIÓN. La actual explotación de cobre, Antapaccay, nació el 2012 como una extensión de su antecesora Tintaya. El proyecto Corroccohuayco seguirá sus pasos.
Foto: Vidal Merma / Ojo-Publico.com

En octubre de 2018 la Defensoría del Pueblo también dirigió un oficio al presidente del Senace, Patrick Wieland Fernandini, para informarle que los comuneros denuncian la construcción de infraestructura minera cerca de bofedales, caminos y fuentes de agua en su territorio. En el documento, recomiendan realizar “el proceso de consulta previa de aquellas medidas administrativas que impliquen afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, a través del Oficio 0032-2018 de noviembre del 2018, el Senace respondió indicando que no existe una obligación legal para someter a consulta previa la modificación del EIA a pesar de que estos cambios involucran un nuevo proyecto minero a tajo abierto e impactan territorios indígenas.

En la carta, dirigida al entonces presidente de la comunidad Huini Coroccohuayco, Nativido Sayco Chuctaya, la entidad menciona que -de acuerdo a una modificación en las normas del Ministerio de Energía y Minas del 2015-  la consulta previa se realiza antes de la autorización del inicio de actividades de exploración o de explotación, otorgada por la Dirección General de Minería.

Los dirigentes comunales presentaron una acción de amparo para que el EIA pase por consulta previa

Senace concluye que "no existe ningún mandato legal que obligue a consultar el Estudio de Impacto Ambiental o sus modificaciones". En este sentido, explicaron que dicho estudio está en evaluación y que le corresponde al MEM realizar el proceso de consulta cuando la empresa quiera empezar a explotar el mineral.

La autoridad que analiza los EIA también señala que Glencore, a través de la Compañía Minera Antapaccay S.A., entregó evidencias de haber realizado varios talleres participativos para explicar sus modificaciones.

El actual presidente de la comunidad, Ruperto Sayco Yauri, dijo a Ojo-Publico.com que efectivamente "se realizaron talleres, pero no participaron todas las comunidades del área de influencia directa; además queremos que nos expliquen cómo la empresa prevé levantar las observaciones que se hicieron al EIA modificado. La empresa ya ha excavado un túnel en la zona y dice que lo ha hecho con autorización del ministerio, pero a nosotros no nos informan nada", cuestionó

Esta comunidad y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar, dirigida por Santos Cáceres Quispe, han presentado una acción de amparo ante el Juzgado Mixto de Espinar para que el Senace no apruebe las modificaciones del EIA sin antes concretar la consulta previa.

DIÁLOGO. Los dirigentes de 13 comunidades de Espinar mantienen una mesa de diálogo con el Ejecutivo para canalizar sus reclamos contra la explotación Antapaccay.
Foto: Vidal Merma / Ojo-Publico.com

"El proyecto Coroccohuayco es otro yacimiento y debe ser consultado, no pueden pretender hacerlo pasar como si fuera parte de un documento ya aprobado cuando inició Antapaccay, porque este tampoco pasó por consulta previa. Se estaría violentando la existencia de estas comunidades que tienen más de 600 años de existencia", agregó el dirigente Santos Cáceres.

De acuerdo a la Ley de Consulta Previa N° 29785, “corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional” que, como ocurre con la posible realización de estas operaciones en Espinar, puedan afectar los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

Maritza Quispe Mamani, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de los mencionados comuneros, dijo que, si bien la Ley de Consulta no obliga a debatir los documentos de gestión ambiental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó un precedente clave para estos temas con el Caso Samaraka, en Surinam.

En aquella resolución, el organismo supranacional dijo que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento libre e informado de la población cuando se realicen inversiones a gran escala. No obstante, en el Perú, el sector minero nunca ha consultado documentos de gestión ambiental.

En manos del Senace

Ojo-Publico.com contactó al Senace antes de publicar este reportaje. Su oficina de comunicaciones dijo que en los próximos días decidirán si aprueban o no el EIA. ‘‘Está en proceso de evaluación. El titular [Compañía Minera Antapaccay] debe enviar el levantamiento de las observaciones que hemos realizado. La fecha de vencimiento es el 7 de agosto. Nosotros revisaremos esta documentación y evaluaremos los expedientes técnicos para emitir una opinión favorable o desfavorable a finales de agosto’’.

REUNIÓN. En junio los dirigentes de Espinar acudieron a la sede del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, para exigir la realización de la consulta previa.
Foto: Vidal Merma / Ojo-Publico.com

Este medio también se comunicó en dos oportunidades con el área de prensa del Ministerio de Energía y Minas, y pese a la insistencia no respondieron nuestras preguntas. El personal de la compañía Antapaccay, en su sede de Cusco, también recibió nuestras consultas, pero indicaron que no se pronunciarán porque el caso está en evaluación.

Actualmente, trece comunidades campesinas de Espinar (Pacopata, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca,  Alto Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana, Sueroycam, y Huini Coroccohuayco) integran una mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo para canalizar estos y otros reclamos respecto a la explotación minera Antapaccay.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se reunió entre abril y junio último con los dirigentes comunales, y les informó que están evaluando realizar el proceso de consulta previa por Coroccohuayco, aunque no precisa en qué fase del proyecto se concretará. Este mes habrá una nueva reunión en la zona.

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