Con el apoyo de Fiorella Montaño.

No es exagerado afirmar –metafóricamente– que las dragas se han instalado en algunas oficinas del Estado. La realidad de la gestión pública orientada a combatir la minería ilegal presenta un serio revés: una serie de propuestas normativas del Legislativo y apoyadas, en algunos casos, por el gobierno de Dina Boluarte han puesto en peligro la lucha contra esta actividad ilegal que depreda la Amazonía.

Esto ocurre en un contexto en el que Amazonía presenta pérdidas históricas de sus bosques. En los primeros meses de este año se registraron cifras que alertan del avance de la deforestación a causa de la actividad minera. 

Un punto central es la extracción ilícita de oro en regiones como Madre de Dios, donde las intervenciones fiscales se han reducido por el poco apoyo policial y las protestas de los grupos que operan de manera informal e ilegal.

Pese a estos antecedentes, las autoridades no han logrado garantizar un combate efectivo contra la minería ilegal. Por un lado, el gobernador electo de Madre de Dios y expresidente de la federación minera de esa región, Luis Otsuka Salazar, ha mantenido una postura a favor de que se aprueben cambios —desde el Ejecutivo y el Legislativo— para flexibilizar las restricciones actuales contra esta actividad ilícita. 

La máxima autoridad regional, que cuenta con concesiones mineras en Madre de Dios y Puno, también enfrenta nueve investigaciones fiscales por presuntos delitos ambientales, contra la administración pública, lavado de activos y trata de personas con fines de explotación laboral.

OjoPúblico revisó 120 proyectos de ley y detectó un grupo de iniciativas que pretenden facilitar las operaciones de minería ilegal.

Asimismo, el Poder Ejecutivo —cuando Pedro Castillo estuvo en el cargo— dio muestras de un acercamiento con los mineros informales del país y ahora, con Dina Boluarte como presidenta, se encuentra pendiente la promulgación de una norma que —de no ser observada por la mandataria— permitirá que las maquinarias pesadas de campamentos mineros ilegales no se destruyan, sino que pasen a manos de los gobiernos regionales y locales. 

El último 7 de junio, la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por José Williams Zapata (Avanza País), envió al Ejecutivo la autógrafa de la ley para su posterior promulgación u observación. 

Iniciativas de este tipo, presentadas desde la legislatura del 2021, han tenido su origen en el Congreso para su debate inicial en la comisión de Energía y Minas. Este grupo hoy se encuentra presidido por Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), representante por Puno, región donde también hay presencia de extracción ilegal de oro. Mientras que el vicepresidente, Diego Bazán Calderón (Avanza País) legisla por La Libertad, otro territorio donde se registra intensa actividad ilícita minera. 

¿Quiénes han sido los autores y personas detrás de que se aprueben medidas que pueden favorecer el incremento de la minería ilegal en el país?
 

Reuniones y visitas

OjoPúblico revisó las 120 iniciativas debatidas en la comisión de Energía y Minas desde agosto del 2021 y detectó un grupo de proyectos que —pese a las alertas de instituciones del sector y distintos especialistas— pretenden facilitar las operaciones ilegales, así como flexibilizar los candados y restricciones que frenan el avance de las operaciones ilícitas. 

A la par de las propuestas, este medio también identificó el acompañamiento de representantes del sector privado y el papel que han tenido diferentes congresistas para impulsar las normas. En el primer grupo destacan miembros de gremios mineros del país quienes han tenido reuniones en despachos congresales —en fechas cercanas al debate de proyectos que les favorecen— o han asistido a eventos convocados por la directiva de la comisión que debate las iniciativas. 

En esta lista se encuentra el abogado José Farfán Estrada, de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú). Entre mayo y julio del 2020, Farfán Estrada se desempeñó como director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, en 2021, postuló sin éxito con Avanza País a un escaño congresal por Puno.

Entre noviembre y diciembre del año pasado, Farfán Estrada visitó en cuatro oportunidades a personal de la comisión de Energía y Minas. Uno de los encuentros, registrado el 17 de noviembre del 2022, ocurrió días previos a la presentación de un proyecto de ley que busca impulsar la minería a pequeña escala. Esta propuesta legislativa tiene como autor a Jorge Luis Flores Ancachi, titular de la comisión visitada por el representante de Confemin. 

El abogado ambiental César Ipenza alerta que esta iniciativa tiene varios puntos que deben revisarse antes de su aprobación. Entre ellos el que menciona a la formalización minera como “permanente e indeterminado”, porque da pie a que lo que “era extraordinario se vuelva ordinario y es un desincentivo para cualquier mecanismo de formalización”.

Asimismo, Ipenza advierte que este proyecto plantea levantar la suspensión de derechos mineros en Madre de Dios. Es decir, “invita a los interesados a volver al terreno a extraer oro” y también deja abierta la posibilidad para que la actividad minera pueda realizarse en ríos o lagunas, “lo cual es absolutamente dañino para el medio ambiente. La propuesta no dice nada sobre la prohibición de la minería en cuerpos de agua. Las legislaciones anteriores eran claras en señalar esta prohibición”, explica. 

INICIATIVAS. En los últimos meses, la comisión de Energía y Minas ha impulsado propuestas que benefician la actividad minera ilegal. 

Foto: Andina. 
 

Previo al debate de esta propuesta, otro representante de los mineros también tuvo presencia en los despachos del Congreso. Se trata de Celso Walter Cajachagua Guere, presidente de la Federación de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y quien cuenta en la región Ica con dos derechos mineros en estado suspendido, es decir, se encuentran fuera de plazo para la formalización, pero continúan en el registro.

El 17 noviembre pasado se reunió por hora y media con Flores Ancachi, autor del proyecto de minería a pequeña escala. En este encuentro también participaron Gladys Marquez Chaname, Johnny Taboada Mitma y Leodan Valer Mendoza, de Confemin Perú; así como Lázaro Clemente Cáceres, de la Central Nacional de Mineros Artesanales del Perú, y Ernesto Quispe Cornejo, de la Asociación de Mineros Artesanales Auríferos de Relave, Pullo, Parinacochas y Ayacucho. 

Al día siguiente, Cajachagua Guere llegó por unos minutos a la oficina de Juan José Mamani Benito, auxiliar de la comisión de Energía y Minas. Y un mes antes tuvo tres visitas en fechas previas a la presentación de otro proyecto relacionado al sector minero. 

El 11 de octubre del año pasado, Cajachagua Guere llegó por casi 20 minutos al despacho de Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso - APP), el único congresista de Madre de Dios y quien el 20 de noviembre presentó una propuesta legislativa —aprobado en comisión hace una semanas— para establecer un régimen que permita otorgar concesiones de pequeña minería en la región Madre de Dios. 

En ese encuentro de octubre pasado, el legislador de APP también recibió en su despacho a Máximo Adolfo Franco Becquer, Ido Anaya Almanza y Flavio Juan Huamaní Llamoca, todos mineros de la región Arequipa e incluidos en enero último en una investigación por desmanes cometidos en territorios arequipeño durante las protestas sociales de fines del año pasado.

Además, el mismo día que ingresó esta propuesta al Legislativo, el dirigente de Fenamarpe visitó a un especialista de la comisión de Energía y Minas y también a un técnico de la bancada de APP, la misma que la de Salhuana Cavides. Las reuniones recurrentes muestran intereses particulares de los mineros, pero también hay congresistas con nexos en este sector, cuya actividad ilegal se extiende en distintos puntos del país.
 

Vínculos y antecedentes
 

Este medio identificó que el acercamiento de dirigentes mineros informales ha tenido como aliados a representantes de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Bicentenario, bancadas que en conjunto representan siete de los 18 miembros titulares que integran la comisión de Energía y Minas. 

Por ejemplo, la iniciativa más reciente, todavía en debate en este grupo legislativo, se presentó el pasado 25 de mayo y plantea una ampliación de 180 días calendario para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un listado administrado por el Minem y que exime a los inscritos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal. El actual proceso de filiación se encuentra vigente hasta diciembre del próximo año.

Esta propuesta tiene como autor a Guido Bellido Ugarte, miembro de Perú Bicentenario y quien no tiene presencia como titular ni como accesitario de la comisión de Energía y Minas. Sin embargo, el año pasado recibió dos veces en su despacho a un dirigente minero ilegal de La Pampa. Ese fue el caso de Brussi Elvis Vilca Vilcapaza, quien lideró el bloqueo de carreteras en Madre de Dios a fines del 2022 e inicios de este año. 

En enero último, luego de que se conociera la visita de Vilca Vilcapaza a la oficina de Bellido Ugarte, el legislador de Perú Bicentenario señaló a un canal televisivo que los congresistas tenían la responsabilidad de escuchar a “cualquier ciudadano” y que en el caso del dirigente “pedía instalar una mesa de diálogo” y “no podía decir que no podía recibirlo”. 

Además de Bellido, el presidente de la comisión de Energía y Minas, Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) así como los legisladores José Williams Zapata (Avanza País) y Jorge Marticorena Mendoza (Perú Bicentenario) han presentado proyectos para ampliar el proceso de inscripción en el Reinfo. Las iniciativas fueron unidas para dar paso a un dictamen en mayoría, pendiente de su discusión en el Pleno.

AUTORES. Eduardo Salhuana Cavides (APP) y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) han presentado proyectos a favor de la minería informal.

Foto: Congreso. 

Al ser consultado sobre el dictamen, el titular de la comisión de Energía y Minas, Jorge Luis Flores Ancachi, indicó a OjoPúblico que su postura a favor respondía a que con su equipo técnico “hacía su tarea” al presidir este grupo de trabajo. El congresista por Puno también agregó que no debía dar “los motivos” que tuvo para apoyar la propuesta de ampliar la vigencia de inscripción en el Reinfo. “Tengo mandato imperativo y a nadie tendría que explicarle los motivos de mi votación. Olvídense de estar cuestionando eso”, agregó.

En la redacción final del documento, diferente a lo que propone Bellido en su propuesta recién presentada, se excluye de esta ampliación a las personas naturales y jurídicas ubicadas en Madre de Dios. El debate en el Legislativo, con el cambio planteado en el proyecto de Bellido, puede dar pie a una inclusión de la mencionada región en la iniciativa. 

Este medio identificó que los mineros informales ha tenido como aliados a representantes de cuatro bancadas.

Desde la bancada de Alianza para el Progreso aparece el único representante de Madre de Dios conectado desde hace más de dos décadas con mineros ilegales de esa región. Antes de ingresar por segunda vez al Legislativo, Eduardo Salhuana Cavides se desempeñó como asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). En los últimos meses, también ha recibido en su despacho a diferentes dirigentes mineros como Brussi Elvis Vilca Vilcapaz o Celso Walter Cajachagua Guere. 

El abogado cusqueño de profesión también fue congresista por la organización política Renacimiento Andino durante el periodo 2001 - 2006, y en ese tiempo —además de pasar a la bancada de Perú Posible— presentó proyectos de ley para flexibilizar los controles ambientales para la minería artesanal. 

Asimismo, según el informe de Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, elaborado el año pasado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Eduardo Salhuana Cavides es señalado de “ejercer lobby y presión” para favorecer a un minero que invadió una concesión en Madre de Dios. 

Este medio se comunicó con Salhuana Cavides para consultarle respecto a un posible conflicto de interés en su labor legislativa y proyectos que pueden beneficiar al gremio de mineros de Madre de Dios, pero el legislador no atendió nuestras llamadas pese a que dijo que podíamos contactarlo. 
 

Presiones y pedidos

A las visitas que han realizado dirigentes mineros a distintos despachos del Congreso, se suma la estrategia de la Fedemin para no solo llegar al Poder Legislativo sino también al Ministerio Público a partir de una serie de demandas que aguardan su cumplimiento. 

El presidente de este gremio minero, Adrián Vilca Callata, envió el pasado 11 de mayo una comunicación a la coordinadora de la fiscalía ambiental de Madre de Dios, Esther Daza Vera, para denunciar “abusos de autoridad” y pedir que se suspendan las interdicciones a los “mineros en proceso de formalización”, ubicados en el corredor minero. 

En el documento, al que accedió OjoPúblico, Vilca Callata indicó que las acciones de interdicción —donde se destruyen equipos, maquinarias y campamentos mineros— se realizan "usando la fuerza excesiva y con despliegue intimidante", por lo que piden suspender estas actividades hasta que se "concluya el proceso de formalización minera, y evitar la afectación a los derechos ciudadanos" de la región. 

Una semana después de esta primera comunicación, la fiscal Daza Vera trasladó la solicitud a la coordinadora nacional de las fiscalías ambientales, Diana Vargas Quiñones, quien el pasado 23 de mayo pidió a los distintos fiscales ambientales de Madre de Dios que presenten un "informe" sobre lo expresado por Vilca Callata para la posterior evaluación del mismo. 

Fuentes de la fiscalía ambiental de esta región indicaron a OjoPúblico que la denuncia de la Fedemin se basa en mentiras y supuestos. También señalaron que, como parte de sus actividades, no pueden pasar por alto operaciones ilegales sobre ríos y que les incomoda el poco respaldo que tiene frente a esta situación el Ministerio Público. 

"[La información del comunicado de Fedemin] se debe rechazar y no hacernos perder el tiempo, porque ese tiempo lo necesitamos para operar", agregó uno de los entrevistados que prefirió mantener su nombre en reserva. 

Este despacho fiscal concentra el 92,6% de las 1.241 investigaciones abiertas desde 2017 en el país por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal. Sin embargo, medidas como las de Fedemin retrasan las labores para enfrentar la extracción ilegal de minerales en Madre de Dios.