AUSENTES. Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes no fueron consultados sobre una norma que decidirá sobre la gestión de sus vidas y territorios.
La recientemente promulgada Ley 32667 establece la colegiatura obligatoria para ejercer la antropología y otorga al Colegio de Antropólogos del Perú nuevas atribuciones sobre la denominada “gestión sociocultural”. En esta columna, Pablo Sandoval, profesor de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza los riesgos de que esta norma tecnocratice la disciplina, limite la autonomía universitaria y cree un mercado laboral cautivo. Además, advierte que la ley fue elaborada sin la participación de los pueblos indígenas, pese a que regulará procesos relacionados con sus vidas y territorios.
AUSENTES. Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes no fueron consultados sobre una norma que decidirá sobre la gestión de sus vidas y territorios.