Nuevo Senado: al menos siete representantes regionales tienen vínculos con minería informal o deforestación

En junio de 2024, Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador regional de Ucayali, salió del establecimiento penitenciario de Pucallpa, donde estuvo recluido por más de dos años y medio tras ser condenado por negociación incompatible. 

El caso estaba relacionado con el presunto favorecimiento a un asesor en el alquiler de un local utilizado por el gobierno regional. Su liberación se produjo porque el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia de cinco años de prisión y ordenó un nuevo juicio.

Dos años después de ser liberado, Velásquez Portocarrero fue elegido como senador representante de Ucayali por Fuerza Popular pese a que es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali por presuntos delitos cometidos cuando fue gobernador en los periodos 2007-2010 y 2011-2014. 

También estuvo comprendido como investigado por la fiscalía en el caso Melka, referido a un grupo corporativo que compró terrenos en la Amazonía de Loreto y Ucayali y deforestó cerca de 7 mil hectáreas. 

Como en el caso de Velásquez Portocarrero, OjoPúblico identificó, a través del análisis de las hojas de vida, reportes de aportes de campaña e iniciativas legislativas, que de los 30 senadores elegidos con el voto directo de las regiones, siete fueron investigados, registran aportantes vinculados con la minería informal, industria maderera de Ucayali o promovieron leyes a favor de estos sectores. 

Entre los representantes regionales electos, 15 pertenecen a Fuerza Popular (FP), nueve a Juntos por el Perú (JPP), tres a Renovación Popular, dos al Partido del Buen Gobierno y uno al partido Obras. Este informe expone los vínculos de siete senadores de FP, JPP y Partido del Buen Gobierno.

Los vínculos de Jorge Velásquez

La Fiscalía acusó a Velásquez Portocarrero por el caso Melka en 2024. Según indicó el representante del Ministerio Público durante la audiencia de control de acusación, el entonces gobernador regional se interesó indebidamente en la venta directa de terrenos del gobierno regional a favor de Plantaciones Ucayali — una de las empresas investigadas en el caso Melka— . El juicio concluyó con una sentencia que solo sancionó a funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura. 

A estos antecedentes se suma la cercanía de personas ligadas al sector forestal a la candidatura de Jorge Velásquez. De acuerdo con la información sobre aportes de campaña remitida por los candidatos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre los aportantes a su actual campaña figuran empresarios de la industria maderera y familiares de sentenciados por delitos medioambientales y de corrupción. 

La extracción de madera es una de las principales actividades económicas de Ucayali, la primera región productora de madera aserrada del Perú, según el anuario estadístico de Serfor 2025. Sin embargo, la tala ilegal y el blanqueo de madera también son problemáticas asentadas en el territorio. 

Según estimaciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), en 2025 se habrían movilizado 517.790 metros cúbicos de madera de origen ilegal en la región.

La presencia de empresarios del sector maderero es constante en el entorno del exgobernador de Ucayali y senador electo. Carlos Henderson Lima, quien fue su vicegobernador en su primera gestión, es también un empresario dedicado a la extracción de madera. Hizo un aporte a la campaña al Senado de Jorge Velásquez de S/1.578 a través de su empresa Maderera Marañón S.R.L. y S/15.000 como persona natural.

La presencia de empresarios del sector maderero es constante en el entorno del exgobernador de Ucayali y senador electo, Jorge Velásquez.

En 2010 y 2013, el Osinfor detectó discrepancias entre lo que la maderera Marañón S.R.L  consignó haber talado en su concesión a través de guías de transporte y lo que se inspeccionó en el campo. Aunque el proceso penal fue archivado localmente, en 2021 la Corte Suprema anuló esos fallos y ordenó reinstaurar el juicio por responsabilidad por información falsa contenida en informes ante otro juzgado. 

INTERESES. La extracción de madera es una de las principales actividades económicas de la región Ucayali, a la que representa Jorge Velásquez.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

Carlos Henderson, además, aportó otros S/2.000 a la campaña del senador de Ica, Rafael Yamashiro Oré, también de Fuerza Popular.

Entre los aportantes de Jorge Velasquez también se encuentra César Augusto Seijas del Castillo, hermano del exdirector de Agricultura de Ucayali, Miguel Ángel Seijas del Castillo. Este último formó parte del caso Melka, y fue condenado a una pena suspendida.

Roger Toullier Reategui, extécnico en la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali durante el segundo periodo de Velasquez, aportó S/1.300 en efectivo a la campaña de su ex empleador. Según información del Observatorio de legalidad de la madera, está involucrado en la aprobación de 13 planes de aprovechamiento forestal que incumplían normas. 

El representante legal de Servicios Forestales Payuyo S.R.L., Raúl Villacorta Ríos, también aportó a la campaña con S/9.000. Esta empresa fue sancionada en 2023 por no pagar el derecho de aprovechamiento, que es la autorización legal otorgada por el Estado para extraer madera del bosque. 

Durante su campaña, Velasquez Portocarrero afirmó que defendería la Amazonía desde la cámara de senadores e incluso convocaría una mesa de trabajo para proteger los recursos forestales. Al mismo tiempo, señaló que promovería el trazo del proyecto del Corredor Bioceánico por Ucayali, sin considerar que distintos estudios evidencian el potencial impacto de esta obra en el avance de la deforestación y la degradación del ecosistema.

Perfiles de los representantes regionales

El próximo 28 de julio se instalará el nuevo Congreso con dos cámaras, lo que marcará el retorno de la bicameralidad. El Senado tendrá la última palabra en la aprobación, modificación o rechazo de los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados, así como en la designación de altas autoridades, entre ellas el contralor y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Treinta de sus sesenta integrantes fueron elegidos directamente por cada región, en cumplimiento de su función de representación. De ellos, veinte ya tienen experiencia previa como congresistas, gobernadores regionales o parlamentarios andinos. Siete fueron parte del último Congreso. La mayoría de ellos pertenece al partido Fuerza Popular.

Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), explica que, aunque el nuevo Senado no tendrá la capacidad de proponer normas, sí podrá aprobar o modificar las iniciativas que vengan de la Cámara de Diputados. 

“Sobre todo, tienen la capacidad de bloqueo de algunas normas”, refiere Vilca en relación con iniciativas que vayan contra intereses representados o con influencia en el Senado. 

Aunque el nuevo Senado no tendrá la capacidad de proponer normas, sí podrá aprobar o modificar las iniciativas que vengan de la Cámara de Diputados. 

Por su parte, Julia Urrunaga, directora de programas para el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, subraya los vínculos de los senadores electos. 

“Recién estamos empezando a prestar más atención a la conformación del Congreso, y me temo que estamos viendo que han logrado ingresar personajes directamente involucrados —o financiados— por intereses de minería ilegal, tala ilegal, agroindustria vinculada a la deforestación y a la expropiación de territorios indígenas”, indica.

El apoyo de la minería

Los más de 31.000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) son un bolsón electoral que cobra relevancia en cada proceso electoral. En el nuevo Senado hay representantes que tienen una estrecha relación con este sector, así como congresistas reelectos que aprobaron normas que contribuyen a su actividad.

El abogado arequipeño Nilson Flores Suárez, quien fuera asesor de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Arequipa (Femar) tendrá un escaño en la Cámara de Senadores como parte de la bancada del Partido del Buen Gobierno. Esta base agrupa a los mineros de zonas de extracción aurífera ubicadas en los sectores de Secocha en la provincia de Camaná, y Chala en la provincia de Caravelí. Estuvo dirigida por Máximo Franco Becquer, actual presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin).

El representante por Arequipa también es asesor de los mineros de Río Grande, un sector que agrupa a siete labores mineras informales en la provincia de Condesuyos. En 2022, enfrentamientos entre grupos de mineros informales de la zona provocaron la muerte de tres personas por un ataque con explosivos. En esta zona de extracción de oro laboran más de 2.000 personas.

Previamente, Flores Suárez fue parlamentario andino electo por el partido Gana Perú de Ollanta Humala. En las elecciones generales de 2016 postuló sin éxito al Congreso, como representante de Fuerza Popular.

Durante la campaña, el abogado aseguró que se debe crear una nueva ley de formalización para los pequeños mineros y mineros artesanales, y afirmó estar en contra de una nueva ampliación del plazo del Reinfo. Sin embargo, se mostró a favor de que la inscripción en el Reinfo pueda ser heredada por los familiares de un titular fallecido.

La senadora Karla Schaefer Cuculiza, electa representante de Piura por Fuerza Popular, también recibió aportes de la minería desarrollada en Río Grande, Arequipa. Francisco Manuel Pedraza Ferreyros, dueño de la minera The Mine Key, donó S/20.000 a su campaña en enero de 2026. Su empresa tiene en trámite dos derechos mineros en la zona: Towers Hill I y Towers Hill II.

De acuerdo con un recurso de oposición planteado por el propietario de la finca Los Altos de Caravelí —la cual figura en el expediente de Towers Hill I y II—, esta zona era un predio rústico que fue invadido por mineros ilegales, los cuales impiden el tránsito del dueño del terreno superficial y celebran contratos con los titulares de los petitorios mineros.

The Mine Key comparte la titularidad de estas concesiones con la empresa Zertuming Group S.A.C., esta última cuenta con un registro del Reinfo para operar en la provincia de Camaná en Arequipa.

Pese a los antecedentes de su aportante, durante la campaña la actual senadora ha manifestado estar en contra de la minería ilegal e informal y las ampliaciones del Reinfo, manifestando su apoyo a la gran minería. 

PREOCUPACIÓN. Los senadores Nilson Flores y Víctor Flores tienen vínculos con la minería ilegal de Arequipa y La Libertad.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Otro senador electo de Fuerza Popular con lazos con la minería artesanal e informal es Víctor Seferino Flores Ruiz, reelecto por La Libertad. Según muestra el Sistema de Derechos Mineros y Catastro (Sidemcat) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, entre 2015 y 2021, fue propietario de cinco derechos mineros ubicados en los distritos de Ascope y Huanchaco, epicentro de la minería ilegal en su región. 

El químico farmacéutico de profesión señaló en su declaración jurada de intereses presentada ante la Contraloría que fue gerente en las empresas de acopio y venta de oro Tecnología Mineral Andina S.A.C., Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Quirripe (S.M.R.L. Quirripe) y Compañía Minera Marilia & FCS S.A.C. 

Según la información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), S.M.R.L. Quirripe contaba con dos concesiones en la provincia de Otuzco, mientras que Compañía Minera Marilia & FCS tramitó seis petitorios mineros, de los cuales uno se encuentra activo y el resto extinto. 

Estas últimas concesiones, denominadas Marilia XX, Marilia XXI, MARILIA XXVIII, MARILIA XXVII, MARILIA XXIII y MARILIA XXVI, se encuentran registradas en el Reinfo. Como integrante de la bancada de Fuerza Popular, Flores Ruiz votó a favor de ampliar la vigencia del Reinfo en tres ocasiones.

Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque, representante de Madre de Dios por Juntos por el Perú, ha desempeñado cargos públicos en el gobierno regional durante el periodo de Luis Otsuka Salazar, empresario con concesiones mineras en Madre de Dios. Fue especialista legal en ordenamiento territorial del proyecto de inversión pública para fortalecer la gestión territorial. Además, ha expresado su apoyo abierto a los mineros en Madre de Dios, al señalar en discursos públicos que dará “su vida por ellos y el derecho al trabajo”.

Interés en representar agendas

Para Paulo Vilca, la incursión en política de personas vinculadas a estos sectores responde a dos factores: primero, la minería informal y otras actividades ya no son marginadas en el territorio, sino que han pasado a formar parte del paisaje económico y social de las regiones. En segundo lugar, existe un interés cada vez menos disimulado en asumir una representación directa de actores vinculados a estas economías.

Otra observación de Vilca sobre la presencia de la agenda minera en el Senado es su carácter transversal. “Los actores vinculados a economías ilegales están en el norte, en el centro, en el sur, en los Andes, en la costa y en la Amazonía”, detalla. Añade, además, que todos los partidos, sin importar si su ideología es de derecha o de izquierda, están atravesados por estos intereses.

Investigaciones de OjoPúblico dan cuenta de cómo el Reinfo se ha convertido en una herramienta para ingresar el oro extraído de forma ilegal en la cadena formal. Esta agenda también tuvo respaldo en el Congreso saliente, desde donde se promovieron normas a favor de la minería artesanal y de pequeña escala. Algunos de sus impulsores fueron congresistas que ahora han sido reelectos como senadores.

Nilza Chacón Trujillo, reelecta senadora por Fuerza Popular y representante de Áncash, tuvo que retirar un proyecto de ley de su autoría que pretendía establecer un régimen especial para regular la adquisición, el transporte, el almacenamiento y el uso de explosivos y materiales relacionados en la pequeña minería y la minería artesanal, debido a los cuestionamientos contra la norma.

Por su parte, Víctor Cutipa Ccama, reelecto representante de Moquegua por Juntos por el Perú, en su rol de presidente de la Comisión de Energía y Minas, propuso el proyecto de ley 12946, cuyo objetivo es regular y promover la formalización progresiva de la comercialización del oro extraído por la minería artesanal y de pequeña escala.

OjoPúblico se comunicó con los encargados de prensa de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para solicitar los descargos de sus senadores electos; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. En el caso del senador electo Nilson Flores, inicialmente indicó que conversaría con este medio sobre sus propuestas para el sector minero, pero luego dejó de responder a las comunicaciones.