Amazonía y pueblos indígenas: candidatos sin propuestas de fondo en sus planes

Actualización: 1 de marzo - 8:23 a.m.

En Perú, existen 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 están en la Amazonía. Aunque seis millones de peruanos se autoidentifican como indígenas, los planes de gobierno de los candidatos que encabezan las encuestas no profundizan en las amenazas para ellos. Incluso César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y Carlos Álvarez, de País para Todos, no los mencionan en sus propuestas.

Si bien hay variaciones entre quienes lideran las encuestas, OjoPúblico centró su análisis en los planes de gobierno de los siete postulantes que al 26 de febrero estaban en los primeros lugares de intención de voto de la encuestadora Ipsos: Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y César Acuña (APP). El quinto puesto lo comparten Carlos Álvarez (País para Todos), George Forsyth (Somos Perú) y José Williams (Avanza País).

De este grupo, APP y País para Todos no mencionan a los pueblos indígenas en los planes que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el caso de Renovación Popular, el plan del partido utiliza el término “nativo” para referirse a estas comunidades.

“Invisibilizar o tratar de invisibilizar a los pueblos indígenas en pleno siglo XXI no es posible. Los postulantes a la presidencia de la República deben tomar conciencia y tener voluntad de tratarnos como seres humanos con respeto y diálogo mutuo. Eso es algo que ningún gobierno debe obviar”, resaltó Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).

Invisibilizar o tratar de invisibilizar a los pueblos indígenas en pleno siglo XXI no es posible", resaltó Shapiom Noningo. 

El análisis de este medio identifica tres vacíos en sus propuestas para la Amazonía: la ausencia de medidas específicas para atender a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), la falta de una estrategia integral frente a la minería ilegal y un abordaje parcial de la deforestación.

EXCLUSIÓN. El plan de gobierno de César Acuña no incluye ninguna mención a los pueblos indígenas ni propuestas dirigidas a estas comunidades.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, no reconoce a la minería ilegal como un asunto prioritario dentro de su plan. Por el contrario, identifica como un problema la "deficiente participación nacional en la modernización de la minería".

Los otros candidatos plantean reforzar la presencia policial y el control militar, así como realizar ajustes administrativos al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero sin desarrollar una estrategia estructural que atienda la dimensión económica y territorial de esta problemática.

Para el abogado César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, los planes carecen de una mirada integral frente al problema. “Es lamentable que, en principio, no exista un enfoque sistémico. Diversos partidos, sobre todo los que están en los primeros lugares, no tienen ninguna propuesta concreta y, más bien, plantean medidas para evitar la criminalización”, señaló.

Un reporte del Instituto de Criminología reveló que 1,4 millones de personas prestan servicios directos e indirectos a la minería ilegal. “Eso representa el 5% del padrón electoral. En algunas localidades, equivale al 20%, 30% o hasta 50%”, explicó Nicolás Zevallos, autor del informe. Ello evidencia la capacidad de esta actividad para incidir en la política partidaria y en las dinámicas locales, sostuvo.

A este escenario se suma la presión creciente sobre los bosques. La minería aurífera controla 157 veces más superficie en la Amazonía que hace cuatro décadas. Pese a ello, las propuestas de los siete candidatos, no se articulan con políticas claras frente a la expansión de actividades extractivas y economías ilegales en territorios de alta biodiversidad.

OjoPúblico solicitó descargos y precisiones a los voceros de cada uno de los siete candidatos cuyos planes de gobierno fueron analizados en este informe. Hasta el cierre de esta edición, solo José Williams remitió respuesta a las consultas enviadas.

Pueblos indígenas excluidos

“Estamos muy preocupados de que sigamos teniendo presidentes que no hablen de los pueblos indígenas y que no protejan nuestros derechos”, afirmó Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi-SL), en referencia a los planes de gobierno de César Acuña y Carlos Álvarez que no los consideran.

La líder indígena destaca que uno de los temas clave que los candidatos deberían abordar es la seguridad territorial. “Para nosotros un pueblo sin territorio no existe. El gran sueño de los pueblos es también el reconocimiento del territorio integral, porque no queremos ser titulados pedacito por pedacito, sino queremos un territorio íntegro”, añadió.

Solo dos candidatos abordan parcialmente este requerimiento. López Aliaga plantea “suscribir convenios que fueren (sic) necesarios garantizándoles la seguridad sobre la propiedad de sus tierras” y fomentar las áreas naturales protegidas y los bosques nacionales “donde los nativos puedan desarrollar sus actividades tradicionales”.

Un pueblo sin territorio no existe. El gran sueño de los pueblos es también el reconocimiento del territorio integral", afirmó Elaine Shajian.

Por su parte, Keiko Fujimori propone desarrollar proyectos de silvicultura comunitaria (manejo sostenible y aprovechamiento de los bosques realizado por comunidades locales) con titulación segura para comunidades amazónicas, aunque no precisa si esta se aplicará solo a quienes participen en dichos proyectos o se extenderá a todos los pueblos indígenas que lo soliciten.

En contraste, el plan de gobierno de César Acuña propone otorgar “títulos de propiedad claros y líquidos a los mineros formalizados”, sin incluir medidas similares para comunidades indígenas cuyos territorios están amenazados por la minería ilegal. Además, plantea iniciativas que impactarían en la Amazonía, como la ejecución de proyectos para la conectividad del Corredor Amazonas Norte (Perú-Brasil) Chancay-Paita-Yurimaguas-Manaos.

Uno de esos proyectos podría involucrar al Tren Bioceánico que impulsa Brasil para conectar el puerto de Chancay con la costa del océano Atlántico. Estudios recientes cuestionan su viabilidad económica y evidencian potenciales impactos ambientales que afectarían a una decena de áreas naturales protegidas.

El plan de Carlos Álvarez se limita a reconocer los problemas que amenazan la Amazonía y a proponer, de modo general, recuperar el control sobre el territorio, reducir la deforestación anual en 20% y proteger vidas e infraestructura ante desastres. Tampoco profundiza en indicadores para estos objetivos.

LIMITACIONES. López Chau menciona a los pueblos indígenas, pero no propone reconocimiento ni titulación territorial.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

López Chau sí incluye a los pueblos indígenas dentro de su plan, pero no tiene ninguna propuesta específica de reconocimiento o titulación territorial para ellos. Los menciona en políticas de derechos humanos, educación intercultural y política exterior.

En el ámbito de justicia, propone fortalecer las políticas públicas de derechos humanos y crear un ente autónomo para el litigio estratégico contra la discriminación con enfoques de interculturalidad y género.

En política exterior, plantea priorizar la afirmación de derechos de los pueblos originarios, la protección de la Amazonía y el impulso de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), así como promover el uso de lenguas originarias y garantizar que el 100% de escuelas interculturales bilingües cuenten con materiales adecuados y acompañamiento pedagógico.

Lo mismo ocurre con George Forsyth quien menciona a los pueblos indígenas dentro de medidas cuestionadas como la de relanzar el proyecto Hidrovía Amazónica. En ese contexto, refiere que se priorizará el diálogo con pueblos indígenas afectados para completar la consulta previa pendiente.

Dicho proyecto ha sido observado por especialistas y organizaciones indígenas debido a la falta de un estudio de impacto ambiental aprobado y a los riesgos asociados al dragado permanente de los ríos amazónicos.

Asimismo, Forsyth menciona a los pueblos indígenas cuando propone turismo de naturaleza, observación de fauna, ayahuasca regulado (sic) y el “turismo amazónico comunitario en comunidades nativas en Loreto, Ucayali, Madre de Dios”. No plantea medidas para garantizar su seguridad jurídica ni titulación territorial.

En tanto, el plan de gobierno de José Williams menciona a los pueblos indígenas dentro del diagnóstico de poblaciones vulnerables, agrupándolos junto a otros sectores como “personas afroperuanas, pobres urbanos o migrantes, trabajadores informales, jóvenes rurales, madres adolescentes, deportistas y emprendedores”.

El plan de gobierno de José Williams menciona a los pueblos indígenas dentro del diagnóstico de poblaciones vulnerables.

Solo tiene una propuesta que los incluye de forma explícita y que plantea “reconocer formalmente Colectivos Inclusivos (con registro simplificado) que representen sectores no organizados (pequeños emprendedores, trabajadores informales jóvenes, artistas, comunidades indígenas)”. No se precisan mecanismos diferenciados para atender sus problemáticas.

No obstante, Williams sí contempla medidas dirigidas a comunidades de frontera, campesinas y nativas, como establecer políticas de inclusión para reducir barreras de acceso a servicios básicos, implementar atención judicial en idiomas nativos y fortalecer el sistema judicial en lenguas originarias.

En materia territorial, propone ejecutar planes acelerados de titulación de predios rurales y comunidades campesinas y nativas, además completar el catastro agrario. También señala que reconocerá a las comunidades en las fronteras como guardianes geopolíticos y ambientales, y no sólo como "población beneficiaria”.

Sin embargo, no detalla qué mecanismos específicos implementará para la protección de esos territorios frente a actividades extractivas ilegales o economías criminales, ni cómo garantizará que la titulación se traduzca en control y defensa real del territorio.

A través de respuestas por escrito, el candidato dijo a este medio que reconoce y comparte la preocupación por la seguridad jurídica de los pueblos, sin precisar por qué no incluye ninguna propuesta para otorgarles dicha seguridad. “Recordemos también que la responsabilidad de la formalización está en competencia de los gobiernos regionales. Reitero que nuestro compromiso es convocar a los actores y tomar todas las acciones necesarias para atender este pedido tan urgente de nuestros pueblos originarios”, agregó.

VACÍOS. Ninguno de los candidatos que lideran las encuestas plantea propuestas específicas para los pueblos indígenas en aislamiento.

Foto: Andina

Williams indicó que ya existen mecanismos para incorporar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas amazónicas. Mencionó, entre ellos, la firma del acta de la consulta previa de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 y la creación del Día de la Amazonía Peruana. “Mi compromiso es operativizar esos espacios, dotarlos de representatividad y asignarles los recursos necesarios para su funcionamiento”, dijo.

Ninguno de los siete candidatos presenta propuestas específicas para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) pese a que el incremento de las economías ilegales amenaza sus territorios y a que en 2024 hubo intentos desde el Ejecutivo de negar su existencia.

“Si en sus propuestas como gobierno ellos no mencionan a los hermanos aislados, absolutamente no vamos a apoyarlo. Así como ellos se niegan, nosotros también vamos a negarnos”, indicó Sergio Salomón, miembro del Consejo Directivo de la Organización Regional de Ucayali (Orau).

Omisiones sobre minería ilegal

El plan de gobierno de López Aliaga no menciona a la minería ilegal o informal. Dicho documento identifica como únicos problemas vinculados a la minería la “deficiente participación nacional en la modernización de la minería”, la falta de información sobre la exploración minera que genera desconfianza en quienes dependen de la agricultura y la contaminación del agua por relaves mineros.

Además, señala que promoverán “la modernización de la minería con respeto al medio ambiente y compatible con la agricultura” y que garantizarán el uso sostenible de los recursos, a través de “herramientas efectivas que garanticen una adecuada gestión de la explotación minera”. Sus propuestas se centran en la inversión en tecnología, el impulso a la investigación geológica para explotar nuevos yacimientos y el fomento de procesos que den mayor valor agregado a las materias primas.

Los demás candidatos sí incluyen propuestas vinculadas a la minería ilegal, una de las principales economías ilícitas del país, con una expansión sostenida, impulsada por el alza del precio internacional del oro y el fortalecimiento de redes criminales que articulan la extracción ilegal de este metal con otros delitos.

Los partidos no tienen ninguna propuesta concreta y plantean medidas para evitar la criminalización”, subrayó César Ipenza.

Keiko Fujimori propone erradicar al menos el 50% de las operaciones de la minería ilegal en zonas críticas, crear comandos mixtos entre la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Sunat para controlar esta actividad ilícita, y crear dos fondos: el Fondo Nacional de Innovación Minera y el Fondo de Garantías Estatales para la minería artesanal y de pequeña escala.

López Chau plantea crear el Departamento de Investigación de Desvío de Insumos Químicos para la Minería llegal, implementar el Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y crear un Banco de ADN de mineral aurífero para identificar la procedencia del oro ilegal.

César Acuña, quien ha sido cuestionado por el avance de la violencia criminal durante su gestión como gobernador regional de La Libertad, plantea una mayor presencia del Estado en zonas fronterizas y asoladas por la minería ilegal; la implementación de un sistema nacional de trazabilidad de explosivos, combustibles y mercurio para identificar zonas de operación ilegal, la creación de un "paquete atractivo" de reducción de costos iniciales, garantías de mercado y seguridad jurídica para la formalización minera.

Entre los candidatos que se disputan el quinto puesto en la última encuesta de Ipsos, George Forsyth reconoce los impactos de la minería ilegal en la deforestación y propone la trazabilidad del oro, la eliminación de subsidios indirectos a economías ilegales y una intervención integral en zonas críticas, como Madre de Dios y la Triple Frontera Amazónica. En esta última zona, el Comando Vermelho — considerada la organización criminal más antigua de Brasil— ha desplazado a mafias locales y ha tomado el control de la producción de cocaína en el lado peruano.

DESATENCIÓN. El plan de gobierno de López Aliaga no menciona la minería ilegal ni la identifica como un problema.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

Por su parte, Williams plantea la sustitución obligatoria de mercurio y arsénico como requisito para otorgar permisos, el fortalecimiento de la trazabilidad mediante la interoperabilidad entre Sunat y el Ministerio de Energía y Minas, mayores controles a compradores y plantas de beneficio, y la creación de una fuerza de tarea con presencia permanente de la PNP, la Sunat, la SBS y la Fiscalía para enfrentar el lavado de activos vinculados al oro ilegal.

Carlos Álvarez aborda la minería ilegal dentro del problema más amplio de las economías ilegales y los delitos complejos, como la extorsión, el homicidio, el secuestro y el tráfico ilícito de drogas. No desarrolla medidas diferenciadas que consideren su impacto ambiental y territorial.

Al respecto, Zevallos precisó que es necesario distinguir entre crimen organizado y mercado ilegal, ya que este último no depende de la existencia de organizaciones criminales para funcionar.

“El control de la minería ilegal debe responder a la lógica del mercado de la mina de oro, considerando que tiene una oferta y demanda propias como cualquier otro mercado. Podrías mañana acabar con las organizaciones criminales de la minería ilegal, pero no necesariamente acabar con la minería ilegal”, advirtió.

Falta de respuestas al Reinfo

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido promovido como herramienta para encaminar a la minería artesanal e informal hacia la legalidad. Sin embargo, ha sido cuestionado por facilitar la operación de mineros ilegales y por sus reiteradas ampliaciones.

Zevallos señaló que una medida clara frente a la informalidad y la ilegalidad en la minería es la eliminación del Reinfo. “Algunos dicen que hay que repensar el Reinfo, dar una moratoria o reformularlo, cuando es claro y evidente que el Reinfo tiene que desaparecer porque no ha funcionado”, sostiene.

En algunas localidades, quienes prestan servicios a la minería ilegal equivalen hasta el 50% del padrón electoral”, explicó Zevallos.

No obstante, cuatro de los candidatos que encabezan las encuestas proponen mantener este sistema o reemplazarlo con uno similar. López Chau plantea implementar la interoperabilidad entre el Reinfo y otros registros de producción de oro a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

Williams tampoco propone la eliminación del Reinfo, al que su plan de gobierno describe como un proceso burocrático y desarticulado. Frente a ello, el plan de su partido es reducir los requisitos redundantes y antitécnicos para la formalización minera y establecer mecanismos de formalización a través de un Nuevo Código Minero que incluya una “licencia progresiva”.

En tanto, Acuña propone reemplazar el Reinfo por un Régimen MAPE integral, con tramos diferenciados para la minería artesanal y la pequeña minería, con el objetivo de promover la formalización “como vía empresarial, no criminal”. Incluso se señala que los mineros informales serán tratados como “emprendedores en transición y no como delincuentes, con acceso a capacitación, crédito y mercado”.

Por su parte, Fujimori no hace mención expresa al Reinfo, pero plantea incorporar a todos los operadores al Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmna), una plataforma digital que busca reemplazar el esquema de fiscalización del Reinfo mediante mecanismos de geolocalización y trazabilidad.

CONTRADICCIÓN. La bancada de Fuerza Popular fue una de las que más apoyó la ampliación del Reinfo en el Congreso.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

Fuerza Popular (15 votos) y Alianza para el Progreso (9) fueron las bancadas que más apoyaron la ampliación del Reinfo en el Congreso, lo que inclinó la balanza a favor de prorrogarlo hasta diciembre de 2026.

En el caso de López Aliaga y Carlos Álvarez, ninguno precisa qué harían con el Reinfo. Sin embargo, en noviembre de 2025, el candidato por Renovación Popular afirmó estar de acuerdo con la ampliación del Reinfo por un año. A ello se suman los candidatos a diputados y senadores de su partido con Reinfo vigente o excluidos, como Alfonso Velásquez, (Lima), Francisco Dios Chiroque (Tumbes), Kelly Leanaje (Madre de Dios), Cecilia Vásquez (Cajamarca) y Javier Bernal (Puno).

George Forsyth propone el “cierre definitivo del Reinfo” para diciembre de 2027, aunque también plantea crear un “régimen de formalización MAPE simplificado pero riguroso” y brindar acompañamiento técnico real a mineros que quieran formalizarse. Además, el partido por el cual postula, Somos Perú, votó a favor de la ampliación de este registro hasta finales de 2026.