En Ucayali, región que lidera el registro de más avistamientos y contacto con pueblos indígenas en aislamiento (Piaci), las economías ilegales aumentan: la deforestación y el narcotráfico se extiende sobre los territorios donde estos pueblos se desplazan.

OjoPúblico detectó que, mientras el Gobierno peruano presume una disminución general de las tasas de deforestación y el cultivo ilegal de hoja de coca, estos problemas han aumentado en cuatro distritos de Ucayali y cinco localidades de Huánuco y Madre de Dios, donde también existen corredores para los pueblos en aislamiento.

El distrito con la pérdida de bosques más elevada en territorios donde hay reservas indígenas de pueblos en aislamiento fue Callería: 17,8% entre 2022 y 2023. El problema también aparece en Raimondi y Padre Abad, ambos con un crecimiento del 5% respecto a los años revisados. 

Mientras que en el municipio ucayalino de Padre Abad también hubo aumento de cultivo de hoja de coca, con un 7,5%. La lista de esta región la completa Curimana, donde los cultivos aumentaron un 18,3%. 

En Perú hay seis reservas indígenas autorizadas, que abarcan alrededor de 3,2 millones de hectáreas distribuidas en Loreto, Huánuco y Ucayali. La última región representa la cuarta parte (25%) de estos territorios y tiene presencia en cinco de estas áreas lo que la convierte en la que tiene más Piaci en el país. Además, existen otros cinco pedidos para crear reservas indígenas en Loreto y Ucayali. 

Las reservas indígenas están contempladas por la ley peruana desde 2006. Estas áreas son delimitadas por el Estado peruano en favor de los pueblos indígenas en aislamiento. Y, para adquirir esta categoría, deben ser autorizadas a través de un decreto supremo, tras realizar estudios ambientales, jurídicos y antropológicos.

Sin embargo, pese a la relevancia de estos territorios amazónicos y el potencial impacto a su entorno por presencia foránea, han crecido las actividades ilícitas en zonas cercanas a los pueblos en aislamiento, ubicadas en Ucayali, la segunda región más grande del país.

Mientras eso ocurre en Ucayali, en otras zonas también amenazadas por actividades ilegales, los avistamientos y contactos con miembros de pueblos en aislamiento son cada vez más continuos. Ese es el caso de, por ejemplo, Madre de Dios donde a inicios de septiembre hubo un enfrentamiento con indígenas Mashco Piro en el que fallecieron cinco personas, según ha podido confirmar las organizaciones indígenas locales. 

En las últimas semanas también se reportaron avistamientos de indígenas en aislamiento en las zonas de Puerto Nuevo y Monto, en Madre de Dios. En un patrullaje en la Reserva Comunal Amarakaeri, en la misma región, encontró cultivos de hoja de coca y una trocha, que puede ser usada para el traslado del crimen organizado. 
 

Alertas por deforestación en corredores Piaci
 

En 2023, Perú perdió más de 132.000 hectáreas de bosque. De ese total, el 22% corresponde a Ucayali, la región tiene cinco reservas para pueblos en aislamiento y una en proceso de categorización. 

Las cifras actuales del Ministerio del Ambiente —no difundidas de manera pública, como ocurrió con los registros de 2022, y a las que tuvo acceso OjoPúblico—, presentan una caída respecto al año anterior a nivel general. Sin embargo, un análisis desagregado por distrito alerta un crecimiento en las zonas donde se han reportado un mayor avance del narcotráfico. 

El caso más emblemático es el del distrito de Callería, que tuvo un incremento de la deforestación de casi 18%, entre 2022 y 2023 (pasó de 1.148 hectáreas afectadas a 1.353). En este municipio, que tiene frontera con Brasil, se ubica la Reserva Indígena Isconahua, con un área de 298.000 hectáreas y que en 1998 tenía la categoría de reserva territorial.

El pueblo isconahua está integrado por 25 personas que hablan el idioma originario y que actualmente está en peligro de desaparecer.

El distrito con la deforestación más alta en territorios con reservas indígenas de pueblos en aislamiento fue Callería: 17,8% entre 2022 y 2023.

Una segunda reserva donde transitan pueblos en aislamiento en Callería es la Sierra del Divisor Occidental (Kapanawa). Luego de casi dos décadas de espera, en mayo de este año, se oficializó su creación. Sobre sus más de 515.000 hectáreas de extensión transitan pueblos en aislamiento Mayoruna (Matsés o Matis), Remo o Isconahua y Kapanawa.

Mientras que la Reserva Indígena Tamaya - Abujao, en estado de solicitud de creación desde 2022, también se encuentra en Callería.  

Otro distrito de Ucayali es Raimondi, donde la pérdida de bosque aumentó 5%: pasó de 4.915 hectáreas, en 2022, a 5.169, en 2023. En ese lugar se encuentra la Reserva Indígena Murunahua, que tiene una superficie de más de 470.000 hectáreas y tuvo su creación en 2016. 

Sobre esta reserva vive población indígena chitonahua (murunahua) y mashco piro en situación de aislamiento, así como el amahuaca en situación de contacto inicial.

La tendencia en el distrito de Padre Abad, donde se localiza la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, fue similar: las áreas afectadas entre 2022 y 2023 crecieron de 1.995 a 2.905. Es decir, ascendieron en 5%. Esta última reserva se constituyó en 2021 y alberga a indígenas aislados kakataibos. Se encuentra dividida en dos zonas por el paso de la carretera Federico Basadre, la principal en la región Ucayali.

Miguel Macedo, antropólogo y especialista del Instituto del Bien Común (IBC), considera que la deforestación así como cualquier tipo de afectación sobre los recursos es un impacto para los pueblos en aislamiento. “Todo lo que ellos hacen tienen que sacarlo del bosque. Es decir, cualquier presencia que haya será un impacto contra ellos”, señaló a OjoPúblico. 

El especialista también aseguró que el Estado debe reforzar la protección de las reservas con un trabajo no solo del Ministerio de Cultura sino de otros sectores —como el Interior— que a la fecha no tienen una presencia en estos territorios. “No hay priorización en este tema y también hay presiones de empresarios que realizan actividades en la Amazonía”, explicó al recordar grupos que niegan la existencia de los pueblos en aislamiento. 

Con más de 515.000 hectáreas, la Reserva de Sierra del Divisor Occidental cubre —además de Ucayali— una porción del territorio de Loreto. En distritos con territorio indígena de esta última región también hubo un incremento en la pérdida de bosques. Esto ocurrió en Vargas Guerra, donde la superficie afectada creció en 15% (pasó de 393 hectáreas a 452, entre 2022 y 2023). 

Las casi 150.00 hectáreas de la reserva Kakataibo Norte y Sur se extienden fuera de Ucayali, hacia Huánuco. En esa última región también hay distritos con territorio indígena que presentan mayor pérdida de bosques. 

Uno de ellos es Daniel Alomía Robles, con un incremento de casi 18%, entre 2022 y 2023: pasó de 484 a 571 hectáreas deforestadas. En el Codo del Pozuzo, en tanto, el alza es de algo más del 11% (pasó de 2.302, en 2022; a 2.561 hectáreas de bosque perdidas, en 2023). 

Beatriz Huertas Castillo, antropóloga especializada en pueblos indígenas de la Amazonía, dijo que la “presencia externa” en territorios donde se desplazan los pueblos en aislamiento puede “implicar contactos, conflictos, enfermedades o muertes por contagios”, explicó. 

Sobre el avance de la deforestación, Huertas Castillo aseguró que se trata de una “destrucción de fuentes de vida” y de “los espacios donde se abastecen” los pueblos en aislamiento para vivir. Por ello, la especialista considera que el Estado debe tener más “mecanismos de protección” para garantizar el cuidado de esta población, además de un “combate real” a actividades como la tala ilegal y el narcotráfico.

Cultivos de hoja de coca 

Al riesgo que implica la deforestación en territorios donde se desplazan los pueblos en aislamiento se añaden los asociados al narcotráfico, cuya cifras a nivel país marcan una ligera caída pero un aumento si se ve el detalle del cultivo de hoja de coca por distrito. OjoPúblico detectó que dos distritos de la reserva Kakataibo Norte y Sur reportan un aumento en la producción de este insumo para la elaboración de cocaína.

Curimana, por ejemplo, aumentó en más de 18% sus hectáreas con hoja de coca entre 2022 y el año pasado (pasó de 708 a 838). En Padre Abad, mientras tanto, el alza fue de casi 8% (pasó de 1.299 hectáreas cultivadas a 1.397 en el período revisado). 

En ambas localidades se han registrado pistas de aterrizaje clandestinas, utilizadas por grupos criminales para trasladar droga hacia Bolivia y Brasil. En años previos, miembros de organizaciones criminales de este último país ya se habían refugiado en localidades de Ucayali.

Si se amplía el análisis a las otras regiones que componen la reserva Kakataibo Norte y Sur, se observa un crecimiento de cultivos en áreas de Loreto y Huánuco. Esto se registró, por ejemplo, en el municipio loretano de Contamana (de 1.403 a 1.458 hectáreas) y en el huanuqueño de Daniel Alomía Robles (de 5 a 14 hectáreas). 

CIFRAS. El gobierno ha identificado el cultivo de hoja de coca dentro de reservas indígenas, transitadas por pueblos en aislamiento. 

Mapa: Devida. 

 

Javier Macedo Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (Feconbu), considera que las comunidades ubicadas en distritos donde hay reservas indígenas actúan como “cordones de vigilancia” para los pueblos en aislamiento. 

A pesar de eso, explicó, las amenazas asociadas al cultivo de hoja de coca están creciendo.“Se debe articular un plan de acción de manera conjunta entre el movimiento indígena y el Estado”, recomendó el líder de Feconbu.

El aumento de cultivos de hoja de coca en reservas indígenas también fue advertido en el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En este documento se concluyó que los cultivos incluso se han registrado “dentro de la zona protegida” del territorio Kakataibo Norte y Sur. 

“Entre 2021 y 2023, las hectáreas dedicadas al cultivo han aumentado de 171 a 416, lo que representa un crecimiento del 144% en este periodo. Esta situación constituye una seria amenaza contra los derechos del pueblo indígena Kakataibo en aislamiento”, detalló Devida. 

 

 

Fritz Villasante Sullca, antropólogo especializado en pueblos en aislamiento, indicó que puede haber una relación entre el aumento de las actividades ilegales y el avistamiento de población en aislamiento, pero que no es la única causa. “En el caso de los Mashco Piro [en Madre de Dios] también hay un incremento de la población y por eso ahora se les ve. Las reservas les quedan pequeñas”, explicó a OjoPúblico. 

Además, el especialista explicó que enfrentarse a décadas de economías ilegales es complejo pero que debe haber una labor interdisciplinaria porque el tema de población en aislamiento implica una mirada desde autoridades de los sectores salud, ambiental, forestal, entre otros. “Cada uno debe tomar su responsabilidad y no enfocar todo en el Ministerio de Cultura. No será rápido, pero es necesario ese trabajo”, dijo. 

OjoPúblico detectó que dos distritos de la reserva Kakataibo Norte y Sur reportan un aumento en la producción de hoja de coca para la elaboración de cocaína.

El incremento de la pérdida de bosques y cultivos de hoja de coca en estas localidades donde hay presencia de pueblos en aislamiento ocurre en un contexto en el que se ha intentado desconocer la existencia de los pueblos en aislamiento en la Amazonía peruana, incluso a través de un proyecto de ley, actualmente archivado. 

A esto se suma la presencia de grupos criminales internacionales en Ucayali, como también ha revelado este medio. 

Frente a este escenario de avance de economías ilegales en la Amazonía, líderes indígenas de Perú, Brasil y Ecuador denunciaron este tema de manera pública en la Conferencia de las Partes (COP) sobre Biodiversidad en Cali y pidieron medidas de protección en zonas de frontera amenazadas por las distintas actividades ilícitas. 

En su pronunciamiento, los líderes también señalaron como prioridad a los pueblos en aislamiento debido a que las “actividades ilegales avanzan aceleradamente en estos territorios, con absoluta impunidad”. 

En 2018, a través de un decreto legislativo, se aprobó un listado de sanciones por incumplir la Ley Piaci, a cargo del Ministerio de Cultura. Este medio solicitó, vía Ley de Transparencia, la información histórica sobre multas impuestas para conocer qué medidas había adoptado el sector. Sin embargo, la respuesta evidenció la escasa prioridad del tema.

“La Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial – DACI, ha desarrollado una propuesta de lineamientos para la fiscalización en el marco de la implementación efectiva del Decreto Legislativo N° 1374, que a la fecha se encuentra en revisión interna”, dijeron. En otras palabras, a seis años de la entrada en vigencia del decreto, no han habido sanciones ni claridad sobre el proceso por incumplir la protección de los Piaci.