Un informe de OjoPúblico señaló que durante el actual gobierno ha duplicado los gastos para el pago de abogados de funcionarios y exfuncionarios a través de órdenes de servicio, una modalidad de contratación menos competitiva y opaca que los concursos públicos.

Al ser consultados por el tema, los estudios Arbizu & Gamarra, Llacza & Asociados y Azabache Caracciolo –firmas que se encuentran entre las que más órdenes de servicio han recibido– explicaron que estas órdenes se usan para contratos con montos menores a 8 UIT (S/42.800). 

En todos los casos en los que participaron, recalcaron, se cumplió con los requisitos estipulados en los Términos de Referencia elaborados por las entidades estatales, y con las certificaciones de especialización y experiencia. 

Las instituciones públicas tiene que ser absolutamente transparentes con los fondos del Estado", dijo Julio Arbizu González.

Al mismo tiempo, señalaron que están a favor de que las autoridades transparenten toda la información relacionada a las órdenes de servicio. “Las instituciones públicas tienen que ser absolutamente transparentes con los fondos del Estado, sobre todo porque es dinero público”, dijo Julio Arbizu González, del estudio Arbizu & Gamarra. 

En la misma línea se pronunció César Azabache, del estudio Azabache Caracciolo: “La información de defensa de funcionarios se refiere a casos de interés público, de modo que toda tiene que estar publicada”, señaló.

Juan Llacza, del estudio Llacza y Asociados, tiene una opinión similar: “Cuanto mayor transparencia mejor”. No obstante, agregó que la publicación de todas las órdenes de servicio, incluso por montos menores, podría generar un trabajo burocrático a las entidades y que, en ese caso, se podrían hacer algunas excepciones. 

OjoPúblico buscó la opinión de los abogados Óscar David Gonzalez Bernuy y José León Ambia, del estudio González & León Asociados. Inicialmente, desde el área administrativa del bufete, indicaron que darían una entrevista. Sin embargo, dejaron de contestar las llamadas. Aunque este medio los buscó en la dirección declarada en su página web, personal del edificio indicó que no había ninguna persona que pudiera atender la solicitud. 

Los montos y los defendidos

Los montos autorizados para el pago de abogados incluyen la defensa de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Dina Boluarte y  de gestiones previas.

En esa línea, el abogado Julio Arbizu González sostuvo que su estudio no defiende a ningún funcionario del actual Gobierno y cuestionó que su firma sea una de las más beneficiadas en contratos a través de órdenes de servicio.  

“Me sorprende que el estudio esté entre los principales beneficiarios porque hay estudios que, para empezar, tienen contratos altísimos con funcionarios de este Gobierno y a quienes ya han desembolsado sumas enormes de dinero”, dijo. 

La información de defensa de funcionarios se refiere a casos de interés público y tiene que estar publicada", dijo César Azabache.

César Azabache, por su parte, precisó que los honorarios que solicita su estudio están dentro del rango de precios del mercado. 

“Uno de los documentos más frecuentes que solicitan las entidades son las certificaciones de los servicios prestados entre los últimos tres a cinco años. Eso tiene como objeto confirmar que los precios que estamos proponiendo no son caprichosos y que corresponden a una media establecida en el mercado”, añadió.

El abogado Juan Llacza alegó, por último, que su firma tiene amplia experiencia en defensa de funcionarios y que sus honorarios dependen del servicio a brindar, la complejidad y el tiempo que se requiera. 

“Por ejemplo, si es una investigación preliminar y nosotros podemos advertir que el caso no llegará a mayores y que, tal vez, con alguna declaración o presentando alguna documentación la Fiscalía va a archivar el caso, el monto será menor. Pero, si es un proceso complejo, se calcula en función al tiempo que se le va a dedicar”, detalló.