Paulo Vilca: Los actores políticos con poder le tienen pavor a las elecciones

En entrevista para OjoPúblico, el politólogo Paulo Vilca analiza los posibles escenarios ante un próximo inicio de la campaña electoral y considera que este proceso puede ser el punto de partida para revertir la crisis y el deterioro democrático en el país. “Hay elementos para traducir este rechazo ciudadano [a Boluarte y al Congreso] en resultados electorales”, dice. El también investigador del IEP considera que el Estado “ha fallado en todo” con las víctimas y deudos de la represión policial y militar durante las protestas de hace dos años, y que el Ministerio de Cultura se ha sometido a posturas conservadoras de los aliados del Gobierno.

ANÁLISIS. Paulo Vilca considera que las próximas elecciones serán una oportunidad de revertir la crisis política y democrática en el país.

Video: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

Lo que ocurra este 2025 será determinante para las elecciones generales previstas para el próximo año. Según el politólogo y abogado, Paulo Vilca Arpasi, este proceso podrá significar un punto de partida para que la ciudadanía revierta la crisis que atraviesa el Perú en un contexto de amplia desaprobación al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso. “Hay elementos para traducir este rechazo ciudadano en resultados electorales”, dice.

El también investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) considera que la impunidad se ha convertido en una forma cotidiana de ejercer el poder en las más altas autoridades. A esto se suma la ausencia de contrapesos políticos y legales. “El objetivo central es evitar ser afectados por investigaciones judiciales”, añade con relación a iniciativas como la que debilita la detención preliminar en casos de no flagrancia.

En diálogo con OjoPúblico, el politólogo analiza los ataques al sistema de justicia, los posibles escenarios ante un próximo inicio de la campaña electoral, así como las recientes decisiones del Ministerio de Cultura, donde ocupó el cargo de viceministro de Interculturalidad en 2013. “Está sometido a una línea política cercana a los principales aliados del Gobierno en los sectores conservadores”.

Paulo Vilca es máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido asesor en el Congreso y en la Presidencia del Consejo de Ministros, así como autor de diversas publicaciones sobre política subnacional.

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube o en este enlace.

Este mes, se cumplen dos años de la violenta represión en Puno durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso. En un solo día, 18 civiles fueron asesinados o heridos de muerte en Juliaca. OjoPúblico informó que se han formalizado investigaciones preparatorias que involucran a 48 policías y militares, 19 de estos casos por presunta responsabilidad en Juliaca. ¿En qué ha fallado el Estado con las víctimas y sus deudos? 

Ha fallado en todo el Estado, el gobierno, las instituciones encargadas de evitar y sancionar este tipo de hechos. Hace dos años, un 9 de enero, se produjo una matanza en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca y, luego, en las calles del centro de la ciudad (...). Pero lo peor de todo es que, pese a la gravedad de los hechos, no tenemos, hasta ahora, a ninguna persona responsable, ni penalmente, ni judicialmente, ni tampoco políticamente. 

Vemos que los principales actores que tuvieron la decisión política en ese momento, no solamente fueron premiados, sino que varios se mantienen en sus cargos (...). Ni siquiera ha habido un intento de responder con acciones de justicia, mucho menos con reparación a las víctimas, a los familiares (...). Entonces, hay un largo trecho por recorrer, pero no tengo duda de que va a llegar un momento en que la justicia va a encargarse de sancionar a todos los responsables. 

Puno

DEUDOS. El último 9 de enero se cumplieron dos años de la violenta represión que dejó 18 fallecidos en la ciudad de Juliaca, en Puno.
Foto: OjoPúblico / Rodrigo Salazar Zimmermann

 

En una publicación en la red social X, usted se preguntaba por qué Puno logra resistir y extender sus luchas. Señaló que el dolor y la conmoción por las pérdidas trajo la reafirmación de la dignidad y, a su vez, ahondó el sentimiento de indignación y repudio al gobierno de Boluarte y al Congreso. ¿Así también describiría este inicio del 2025? ¿Comenzamos este año como un país indignado y golpeado?

En realidad, creo que nuestro país ya está indignado y golpeado desde mucho antes. Este es un nuevo año en donde se mantiene esta situación. Y, tal vez, el mejor ejemplo, desde hace un tiempo, tiene que ver con los bajísimos índices de aprobación que tienen el Gobierno, el Congreso y, en general, el resto de instituciones en todo nuestro país. Estas son desaprobaciones históricas. 

Nunca la población, la ciudadanía ha estado tan en desacuerdo, tan en contra, ha rechazado tanto a las autoridades como ocurre en la actualidad. Y el correlato de ello no ha sido en ningún momento de parte de parlamentarios, de ministros, de la presidenta, del resto de autoridades buscar, atender estas demandas de la población. Todo lo contrario.

Lo que ha habido es, más bien, un recrudecimiento del problema. Lo que hemos tenido son autoridades que han hecho de la actuación impune algo cotidiano, y tenemos múltiples ejemplos de ello en distintos campos.  

En las decisiones del Ejecutivo, que ha observado esta norma que busca restituir la detención preliminar, un instrumento clave para luchar contra la inseguridad; en el Congreso, donde son múltiples las normas aprobadas para beneficio de algunos parlamentarios. También lo vemos en otros ámbitos de actores de la justicia, del Tribunal Constitucional o la recién asumida Junta Nacional de Justicia.

Estamos frente a actores políticos diferentes, que han hecho de esta actuación impune su forma cotidiana de ejercer poder".

El Congreso derogó la detención preliminar en casos de no flagrancia, luego la restituyó y, ahora, el Ejecutivo la ha observado. Algo inusual, porque generalmente se mantiene en silencio. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sin decir nombres, hizo una cercana referencia al caso Nicanor Boluarte cuando argumentaba las observaciones a la norma. ¿A qué responden estas decisiones del Ejecutivo y del Congreso?

En realidad, hace un tiempo, vemos que la racionalidad que está detrás —porque hay una racionalidad en todas estas decisiones— obedece sobre todo a tutelar, a intentar tutelar, la seguridad de varias personas que tienen poder político y que ven amenazada su libertad o que van a ser procesadas judicialmente por hechos irregulares. Entonces, lo que han venido haciendo son ajustes al marco legal. 

Hace poco se publicó en el Ministerio Público una serie de normas que debilitan la lucha contra la criminalidad (...). Lo que vemos es que el interés no es mejorar la administración de justicia, salvaguardar el principio de presunción de inocencia —como decía el ministro de Justicia—, mucho menos implementar una política de seguridad ciudadana, sino el único objetivo, el objetivo central, es evitar ser afectados por las investigaciones judiciales. 

Que personas cercanas a la presidenta [Dina Boluarte], como su hermano [Nicanor Boluarte], los allegados a su hermano y su abogado eventualmente recuperen la libertad. De lo que se trata, también, es de evitar que parlamentarios o allegados puedan tener este tipo de medidas judiciales para que efectivamente se inicien las investigaciones en cada uno de estos casos (...).

Nunca la ciudadanía ha rechazado tanto a las autoridades como ocurre ahora".

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha exhortado al Congreso a que apruebe por insistencia este proyecto observado por el Ejecutivo. ¿Qué tan grave es este divorcio de los poderes del Estado? El Congreso ejecuta una acción, el Ejecutivo otra, y el Poder Judicial una distinta.

Es importante que la principal autoridad del Poder Judicial plantee esa posición. Pero vemos, también, a otros jueces que tienen una postura diferente. Y eso habla de que ni siquiera en este poder del Estado hay una postura firme en estos temas. Esto lo que va a generar es que tanto el Gobierno, como el Congreso, frente a una ausencia de contrapeso —porque no tenemos un contrapeso efectivo ni político ni legal— solo va a incentivar a que sigan tomando decisiones en este mismo sentido, de favorecerse a sí mismos.

Boluarte y Salhuana

PODERES. El Congreso modificó y luego restituyó la detención preliminar en caso de flagrancia, y, ahora, el gobierno de Boluarte la ha observado.
Foto: Presidencia

 

Este año comienzan las campañas electorales. En teoría, la presidenta debería, en los próximos meses, convocar a las elecciones para el 2026. Esto ocurre en un contexto de arremetidas al sistema de justicia, denuncias que involucran a ministerios como caso de Qali Warma y al Congreso, con la presunta red de prostitución. ¿Qué le espera al país este año? ¿Cuál es la principal amenaza que puede enfrentar? 

Efectivamente, en abril corresponde al Gobierno convocar a un nuevo proceso electoral. Y, usualmente, los actores políticos esperan con muchas ansias las elecciones, porque son la oportunidad para que alguno consiga el poder, logre la mayor votación, sea elegido presidente, congresista, etc. Eso es lo usual. Y, de hecho, en otras circunstancias ha sido la razón o el motivo que incentiva a los actores políticos a actuar. 

Pero lo que estamos viviendo es una situación diferente. Por lo menos, los actores políticos que tienen poder en el Gobierno y el Parlamento son actores que le tienen pavor a las elecciones, porque ven que las elecciones pueden ser el momento en que pierdan este poder que les permite actuar como lo han venido haciendo.

Son políticos que no quieren elecciones, o si las quieren, van a buscar que se lleven a cabo probablemente con reglas que les permitan seguir manteniendo el poder. En ese sentido, no estamos ante actores que, yo podría decir, son democráticos, sino que van a intentar manipular la regulación, van a intervenir de múltiples maneras en el desarrollo del proceso electoral (...).

No tenemos un contrapeso efectivo ni político ni legal en nuestro país”

O sea, vamos a estar de manera permanente con el discurso de fraude. 

Si ellos no consiguen manipular el proceso para favorecerlos, sin duda van a esgrimir ese tipo de discursos. Y, por eso, es que las elecciones, que, en teoría, deben ser este espacio en el que todo el poder vuelve a la gente para que esta tome la decisión, para conseguir eso va a tener que haber un proceso de resistencia ciudadana muy importante, porque esos políticos no van a entregarle total libertad a la ciudadanía la posibilidad de elegir, y ese para mí es un riesgo mayor. 

Congreso

REACCIÓN. Para Paulo Vilca, el masivo rechazo de la ciudadanía al Gobierno y el Congreso se puede ver reflejado en los resultados de las elecciones.
Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

¿Y cree que se podrá dar esta figura de resistencia ciudadana? En varios momentos, la ciudadanía ha salido a protestar. Con el pasar del tiempo, uno ve que lo que recibe es represión y que la situación no cambia. Por la inseguridad también hubo protestas, pero el Congreso no hizo algo distinto.

Es verdad, este Gobierno ha enfrentado las protestas más grandes de las últimas décadas. El mejor ejemplo de la gravedad de estos hechos es el número de víctimas, casi 50 fallecidos, centenas de heridos, centenas de intervenidos y procesados judicialmente, algunas decenas de sentenciados por ejercer el derecho a la protesta. Es verdad que las protestas, a diferencia de otros momentos, no han generado un impacto político, porque estamos frente a actores políticos diferentes, que han hecho de esta actuación impune su forma cotidiana de ejercer el poder. 

Sin embargo, si nos atenemos a los antecedentes, vamos a ver que la ciudadanía peruana si algo ha venido haciendo en cada elección nacional es castigar a sus gobernantes (...) Los peruanos, las peruanas castigamos a nuestros gobernantes en las elecciones y, muchas veces, ello ha llevado a desaparecer a las organizaciones políticas que estos gobernantes tenían (...). Eso debería ocurrir ahora, más con los altos niveles de insatisfacción y rechazo de la ciudadanía.

En condiciones normales, el actual gobierno y los partidos que son aliados de este gobierno deberían ser derrotados ampliamente en las elecciones. Eso dicen los antecedentes, pero precisamente por esa razón es que creo que estos van a intentar intervenir en el proceso electoral. 

Ahora tú me preguntabas ¿es posible hablar de algún tipo de resistencia ciudadana? Creo que sí, y eso depende básicamente de dos factores. El primero tiene que ver con una mejora significativa, de la situación de aquellos políticos que están en la oposición, (...) y lo segundo, es importante que [estos actores] empiecen a hacer eso: política, que empiecen a construir plataformas que efectivamente puedan ser identificables por la ciudadanía. 

Si tenemos 38 partidos sin ninguna posibilidad de alianza entre aquellas organizaciones que están claramente en contra del Gobierno, sean de izquierda, centro, derecha o que mantengan alguna plataforma mínima, va a ser muy difícil. Pero yo creo que sí, que sí hay elementos para llevar adelante, para activar o traducir, mejor dicho, este rechazo ciudadano hacia unos resultados electorales (...)

En condiciones normales, el actual Gobierno y sus aliados deberían ser derrotados en elecciones".

Para hablar de casos puntuales vinculados al proceso electoral. Hace poco, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró nulo el juicio oral del caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a otros investigados, por lo que vuelve a etapa preparatoria. ¿Cuál sería la principal consecuencia ante un próximo inicio de la campaña electoral tanto para Keiko Fujimori, como para Fuerza Popular?

Sin duda es lamentable que esto haya ocurrido. Entiendo que ha habido, por lo menos, algunos hechos que han llevado y se advertía que podía ocurrir esta situación. Pero ya en el campo de la política, sin duda, esto va a ser utilizado por el fujimorismo, por Fuerza Popular, para intentar presentarse como que hubieran sido absueltos por el Poder Judicial, lo que no es cierto. Pero ese va a ser el discurso. 

También, en el campo de la política lo que va a ocurrir, más allá de este intento del de limpiar el rostro del del fujimorismo, es que da una razón más para presionar al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación en general, para seguramente apartar de estos casos a los fiscales, como ya ha ocurrido, por lo menos parcialmente en el caso del del fiscal José vela. Entonces probablemente esa sea otra consecuencia o otro efecto que esperan conseguir quienes han sido beneficiados con esto (...).

Caso Cócteles

CAMBIOS. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró nulo el juicio oral por el caso Cócteles, por lo que deberá volver a etapa preparatoria.
Composición: OjoPúblico / Gianella Rojas

 

Usted ha sido viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Me gustaría recoger su opinión sobre la suspensión del festival y la obra a cargo de estudiantes de Artes escénicas de Pontificia Universidad Católica del Perú, tras las críticas de sectores religiosos y políticos. ¿Se trataría de un nuevo episodio de censura en el país?

Desde hace algún tiempo el Ministerio de Cultura (Mincul) ha dejado su rol de protector de la libertad creativa artística para sumarse a aquellos sectores que buscan censurar a todo aquello que les incomoda. Algunos temas religiosos, políticos, históricos, porque hay que recordar que este pronunciamiento del Mincul en respuesta a algunos sectores conservadores que habían alzado su voz se produce pocos días después de haber retirado el cargo a Manuel Burga del Lugar de la Memoria (LUM). Entonces digamos, no es nada extraño que Cultura haya actuado así. 

Entonces vemos que (...) el Ministerio de Cultura claramente está sometido a una línea —digamos— política cercana a los principales aliados del Gobierno en los sectores conservadores del país, a actores como el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, círculos religiosos conservadores que tienen una línea parecida, sectores de las Fuerzas Armadas y del fujimorismo, que buscan reconstruir o reescribir la historia de nuestro país. Esa línea es la que sigue el Ministerio de Cultura.

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