A un año de las elecciones generales de 2026, cuando los peruanos tendremos la oportunidad de renovar a autoridades profundamente cuestionadas, la crisis política y social se mantiene y se manifiesta desde distintos frentes. 

Esta semana hubo un paro de transportistas, cansados de la inseguridad y la incapacidad del Ejecutivo para hallar soluciones. Y, en el Congreso, se han seguido aprobando leyes que apuntan a permitir la impunidad, como la que debilita la extinción de dominio. 

Para la expresidenta del Congreso y del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez Chuquilín, el Perú está camino a convertirse en un “Estado fallido” en el que sus ciudadanos deben resistir y sobrevivir como puedan, con las herramientas que tengan a mano. Este deterioro, asegura, si bien ha venido gestándose desde hace tiempo, ha tenido un "punto de quiebre" en el Gobierno de Dina Boluarte.

Vásquez Chuquilín también responde sobre lo que le espera a la izquierda peruana. Admite que este sector político llega bastante debilitado a la campaña electoral por varios factores, uno de ellos la experiencia con el expresidente Pedro Castillo. Sobre el juicio contra este último señala, además, que se está “configurando un abuso de poder”. 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace. 

Somos un Estado en donde, quien nos gobierna, es parte del crimen". 

El día de la marcha de transportistas escribió, en su cuenta de X, que vamos directo a convertirnos en un Estado fallido. ¿A cuánto estamos de serlo?

Para empezar, no sentimos que tenemos Gobierno. Hay un sentimiento compartido por la población, que se refleja en las encuestas, de que no hay un Estado que se haga cargo de los principales problemas que afronta el país. Lo segundo es que nos están ganando una serie de fenómenos graves, como la criminalidad organizada y el avance descontrolado de actividades como la minería y tala ilegales. 

Una característica de un Estado fallido es que los ciudadanos están librados a resistir y sobrevivir en función de las herramientas que tengan y, a eso, nos está empujando el propio Gobierno y el Congreso. ¿Cuáles son las propuestas de los congresistas para enfrentar el crimen organizado? Que los delincuentes peruanos maten a los delincuentes venezolanos [lo dijo Edwin Martínez —no agrupado— en la sesión plenaria del jueves]. 

Es decir, le entregan la función de control de la seguridad ciudadana a los propios criminales.

En el Congreso, el mismo día del Pleno contra la criminalidad, se aprobó la ley que debilita la extinción de dominio. Incongruente, por no decir cínico, ¿no?

Hemos calificado a este Congreso como incapaz, cínico, frívolo, pero creo que lo que está pasando acá es una cosa mucho más grave. Somos un Estado en donde, quien nos gobierna, es parte del crimen. Por eso, es que no se atreven a llevar adelante ninguna política y ninguna norma que combata este asunto tan grave. 

Lo que ha logrado el crimen organizado es poner una representación política que nos gobierna. Y, cuando me refiero a gobernar, hablo, no solamente del Ejecutivo y el Congreso, sino de los principales organismos del Estado. ¿Tenemos una Defensoría que garantice los derechos de los ciudadanos, un Tribunal Constitucional que nos dé garantías? ¿Acaso tenemos una Contraloría? 

No, todos están siendo parte de una organización que protege la criminalidad, son el respaldo político de la criminalidad organizada. Hemos estado hablando siempre de la captura del Estado…

¿Es peor?

Estas instituciones —quienes las dirigen— están siendo parte de esta coalición mafiosa que opera en contra del país.

¿Tenemos una Defensoría que garantice los derechos de los ciudadanos, un Tribunal Constitucional que dé garantías?". 

Usted fue presidenta del Congreso y del Consejo de Ministros hasta hace pocos años. ¿Se siente algo responsable de haber colaborado con la construcción de este Estado fallido, como lo denomina?

El Estado fallido se viene construyendo desde hace tiempo en Perú, pero estamos en un momento en el que se están configurando los elementos básicos para que eso suceda. Sé que el Gobierno de Pedro Castillo no respondió a las expectativas, que no fue lo que esperábamos y que, por supuesto, él permitió que la corrupción persista en el Estado, pero lo que hay que señalar es que acá se ha dado el punto de quiebre.

¿Con Boluarte?

Con Boluarte, porque, con ella, se rompe el equilibrio de poderes. Con Boluarte, el Congreso, compuesto en gran parte por representantes de organizaciones criminales y economías ilegales, es el que ha tomado el poder. No tenemos realmente tres poderes que se controlen. El Congreso tiene acogotado al Ejecutivo, al Poder Judicial, a las principales instituciones del Estado. 

Hay que hacer una justa evaluación, porque mucha gente dice "sí, pero esto viene desde Castillo”, como si desde Castillo hubiese empezado todo.

Yo no digo que venga desde Castillo.

Sí, claro, digo que mucha gente piensa eso, y creo que no es así, que es un proceso progresivo, donde el punto de quiebre ha sido en este Gobierno.

El Congreso tiene acogotado al Ejecutivo, al Poder Judicial, a las principales instituciones". 

Por eso mi pregunta. Estoy de acuerdo en que el deterioro ha sido progresivo. Al mismo tiempo, quienes han tenido la oportunidad de ocupar cargos de alta responsabilidad, y usted lo hizo dos veces, deberían decir algo o reflexionar al respecto, ¿cierto?

Y yo he sido autocrítica. He servido al Estado en dos etapas muy críticas. En un momento regular, una presidenta del Congreso podría hacer muchas más cosas. Mi función estaba limitada a hacer contención. El Congreso intentó censurarme cuatro veces y, así, no se pueden hacer demasiados cambios. 

Igual, cuando estuve en la presidencia del Consejo de Ministros, mi función ha sido de contención, y no he podido hacer muchas transformaciones, como se esperaría. En un país tan complejo hay que evaluar varias cosas en el desempeño de las autoridades.

¿Siente que su trabajo como premier con el expresidente Castillo perjudicó su imagen política y pública?

Mire, yo creo que va a perjudicar…

¿Se quemó de alguna manera?

Sí, yo sabía. Creo que asumí el riesgo. La política es casi como la labor de un soldado. Imagine a un soldado que diga "yo no me voy a esa batalla porque, de repente, me quitan la vida o me dejan sin brazo". Yo asumí, en serio, entrar a la política. 

Estar en el Estado no es una pasantía. Una se compromete y, por eso, acepté ser premier, sabiendo que era un Gobierno débil, atacado y errático. Sabía que, probablemente, iba a terminar como el soldado, sin brazos, sin pies, o muerta.

¿Asumió que había corrupción en el Gobierno cuando aceptó el premierato?

No. Mi cálculo no fue ese. No sé si llamarlo error, pero no lo medí. Sí me parecía un Gobierno errático, débil, sin duda atacado por un Congreso y una derecha golpistas, y mi afán era, básicamente, entrar a ayudar. Lo que sí pasó con el Gobierno de Castillo es que decidió seguir con la tradición de que la corrupción es parte del Estado y eso, a mí, me afectó. 

Como decía mi paisano y gran líder político de izquierda [Alfonso Barrantes], un Gobierno ya es revolucionario si es honesto.

Sabía que, probablemente, iba a terminar como el soldado, sin brazos, sin pies, o muerta". 

Aunque no milita, se encuentra vinculada con la izquierda. A un año de las elecciones, ¿en qué condiciones llega ese sector político? 

No milito en ningún partido político, pero sí soy una mujer de izquierda y voy a seguir siéndolo. Las apuestas de la izquierda son las que se necesitan ahora, cuando el mundo, en general, enfrenta una crisis global, donde se afianzan los autoritarismos, el fascismo y el individualismo. Los partidos de izquierda están llegando [a las elecciones] en una situación bastante débil, lo cual no quiere decir que no puedan recuperarse.

¿Qué los hace débiles?

Es una izquierda que sigue dividida, que todavía no hemos logrado consolidar como quisiéramos. Ha habido muchas discrepancias porque, además, aparecieron partidos que levantaron banderas de izquierda cuando no lo son, pero sí son los mismos populistas que se han reciclado de otros lugares.

¿A la izquierda le va a costar lo que ocurrió con el gobierno de Pedro Castillo y, ahora, con Dina Boluarte?

Le afecta un Gobierno como el de Castillo, que no puede responder a las expectativas de la población, que comete errores. Sí, golpea. De todas maneras, golpea. Ahora, creo que la gente entiende que Dina Boluarte no es de izquierda ni está gobernando desde ese sector. Está gobernando con la derecha, la derecha más bruta y achorada que tiene el país, además.

Le preguntaba porque Boluarte llegó en la plancha de Castillo, eso más allá de su actual comportamiento político.

Ahí, más bien, la reflexión es cómo incorporas en los partidos de izquierda a gente que no ha demostrado ninguna militancia ni compromiso con la izquierda. Todos esos factores van a golpear, de todas maneras.

¿Piensa postular en el 2026 o esa posibilidad ya ha quedado descartada?

Como no milito en ningún partido, no tengo una aspiración concreta de participar en las elecciones. Ahora, me han planteado la posibilidad de ser parte de un grupo de postulantes…

Dina Boluarte no es de izquierda ni está gobernando desde ese sector. Está gobernando con la derecha más bruta y achorada". 

¿Como invitada?

Sí, que puedan ser invitados. Sin embargo, esa propuesta hay, no solamente [que] evaluarla, sino mirar qué tan posible es porque el Congreso, en este momento, me tiene con procesos de inhabilitación que, probablemente, se concreten.

Tiene tres acusaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una de ellas de Manuel Merino de Lama.

Son como cinco cargos que no se entienden muy bien, pero hay dos importantes. Uno de ellos es por haber firmado una resolución [cuando fue presidenta del Legislativo] para ascender a nueve trabajadores del Congreso que, además, les correspondía. Pero, finalmente, eso nunca se concretó. 

El sindicato [de trabajadores del Congreso] me pidió que abriera el proceso para evaluar a más gente y yo no podía porque ya estábamos al final de mi gestión. Entonces, para evitar conflictos, se dejó sin efecto esa resolución.

¿Es una venganza de Merino de Lama?

Yo creo que sí, por supuesto. El otro gran cargo es que me acusa de contagiar de una enfermedad peligrosa, covid-19, porque dice que yo, en Navidad, repartí a los trabajadores del Congreso una tarjeta [de consumo] y, al ir a recogerla, se contagiaron.

Más allá de los argumentos, estas decisiones son políticas. ¿Quieren bloquear alguna posible postulación?

Sí. Yo he asistido a la audiencia de este caso, que no solamente me parece sin fundamento sino hasta ridículo, y la actitud que uno ve de los congresistas no es la de escuchar y averiguar, sino la de hablar solo ellos y acusar. Les he demostrado que no tiene sentido perseguirme por esta resolución. 

Resulta que, a estos mismos nueve trabajadores, la gestión de este Parlamento los ha subido de nivel, como corresponde. Entonces, ¿cómo así se prueba que los quise beneficiar ilegalmente? 

Aparte, les he hecho ver que el señor Luis Galarreta [expresidente del Congreso en el periodo 2017-2018], antes de terminar su gestión, contrató a 18 personas por tiempo indefinido. La Contraloría observó eso, dijo que era irregular, ¿y qué hizo el Congreso? Archivó su caso, porque dijo que las decisiones administrativas no son motivo de una denuncia constitucional. Bueno, la mía, que no se concretó, también es una decisión administrativa. 

Y, por último, la señora Maricarmen Alva [expresidenta del Congreso en el periodo 2021-2022], antes de terminar su gestión, subió de nivel a sus dos secretarias y, claro, a ella no le cae ninguna sanción.

Lo que están haciendo con el expresidente Castillo configura un abuso de poder". 

¿Los congresistas están desprendiéndose de eventuales rivales?

Hay varios indicios que llevan a concluir que esto es así. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales llegan decenas de denuncias que, incluso, vienen de periodos anteriores y que están acumuladas y nunca las sacan, ni siquiera para una calificación.

¿Cuáles han sacado para calificarlas, procesarlas y debatirlas? De las que, consideran, son sus enemigos políticos: Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Salvador del Solar, Víctor Zamora. Las demás, no se tocan. 

¿Y qué pasa con los otras [denuncias]? En la Comisión de Constitución se va a archivar el caso Rolex [se votó el viernes]. Además, se han archivado los casos de los mocha sueldos y de los congresistas acusados de delitos. Acá hay dos cosas: venganza política y deseo de anular a candidatos.

El tema de la inseguridad será un eje central de la campaña. Pero otros temas, por ejemplo, la guerra comercial que está desarrollando Estados Unidos y el presidente Donald Trump y sus efectos sobre el Perú, también deberían ser abordados. ¿Qué piensa?

Una cosa que no estamos evaluando, porque estamos muy involucrados y preocupados por nuestra situación interna, es que hay un asunto global que va a golpear muy fuerte dentro del Perú. Las decisiones que se están tomando en Estados Unidos y el tema de los aranceles, de alguna u otra manera, van a terminar generando un impacto sobre la economía del país. 

¿Qué va a pasar con el puerto de Chancay, con los intereses enfrentados de China y Estados Unidos? Se está perdiendo de vista lo que ocurre afuera.

¿Qué le ha parecido la suspensión del fiscal José Domingo Pérez?

Lamento muchísimo lo que está pasando con José Domingo Pérez y me parece que es la expresión de que esta mafia organizada tiene bajo control al sistema de justicia. Uno puede decir: "Miren, el fiscal no hizo bien su trabajo”. Pero es muy sintomático que alguien que está asumiendo las investigaciones más importantes de este país, no solo sea sancionado, sino separado del cargo. 

Ya hemos llegado a un punto en el que podemos decir que, en ese espacio, nos está ganando esta mafia organizada.

Esto se lo pregunto en su calidad de abogada y porque trabajó con él. ¿Se está cumpliendo el debido proceso en el juicio al expresidente Pedro Castillo? Él y sus cercanos vienen denunciando que no es así. Incluso hay abogados, fuera de su entorno, que han puesto en duda que se configure el delito de rebelión.

Soy crítica del expresidente Castillo —hemos tenido nuestras diferencias—, pero hay que dejarlo clarísimo: lo que están haciendo con el expresidente Castillo configura un abuso de poder. Se le está procesando por delitos que no se configuran. 

Además, con las propias declaraciones de los congresistas que han asistido al juicio como testigos, se termina admitiendo que, cuando lo mandaron [a] detener [a Castillo], ni siquiera se había iniciado el proceso de vacancia. Había una moción, que no es por la que lo terminaron vacando. 

Los partidos de izquierda están llegando [a las elecciones] en una situación bastante débil". 

La vacancia original que se iba a ver ese día incluía otros causales, eso es cierto. Ahora, todo ocurrió en cosa de horas.

Sí, todo fue cuestión de horas, pero ahí está, justamente, el detalle. Han detenido a un presidente en funciones. Entonces, ¿quién cometió el golpe? ¿Castillo? ¿O lo cometió primero el Congreso? Es una situación muy grave.

¿Castillo cometió un golpe?

El golpe no se concretó, pero siempre he dicho que no se puede combatir a un Congreso golpista con medidas que también intenten ser golpistas. No debió usarse ese camino.