Rubén Vargas: “El Gobierno claudicó a enfrentar el crimen organizado”

El exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes habla sobre la nueva escalada del crimen organizado en el país, los vínculos entre las economías ilegales y la política, y la negligente respuesta del Gobierno. Además, analiza la situación de la Policía y diversas leyes que han favorecido a delincuentes. “Este desborde criminal también es responsabilidad del Congreso”, señaló en entrevista con OjoPúblico.

PROBLEMA. El exministro del Interior Rubén Vargas considera que la eliminación de la detención preliminar ha impedido desarticular a las organizaciones criminales.

Video: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

La madrugada del lunes 20 de enero, un grupo de delincuentes atacó la sede del Ministerio Público en La Libertad, Trujillo, con artefactos explosivos. Esa misma semana, en Ica, un sicario asesinó al periodista Gastón Medina Sotomayor. 

Para el exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, esos eventos revelan un nuevo hito en el avance del crimen organizado en el país, especialmente en la región La Libertad. El especialista sostuvo que el Gobierno ha renunciado a su deber de proveer seguridad a sus ciudadanos. 

En diálogo con OjoPúblico, el expresidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) también analizó la gestión del ministro Juan José Santiváñez y las leyes del Congreso que han favorecido al crimen organizado. “Lo que hemos visto en Trujillo es un punto de quiebre en el desborde criminal”, dijo.

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube o en este enlace.

Hace solo unos días, se produjo un atentado criminal en las instalaciones del Ministerio Público, en Trujillo, La Libertad. ¿Este hecho marca un hito en el avance del crimen organizado en el país?

Estamos pasando por el mayor desborde criminal de nuestra historia republicana. Y, en ese contexto, lo que ha pasado con el atentado dinamitero al Ministerio Público en Trujillo y el asesinato de este periodista en Ica, sin duda, es un desborde de esa criminalidad (...).

Estamos en un escenario en el que se está atentando con explosivos dinamiteros o con granadas de guerra a locales de emprendedores, farmacias, se está ametrallando a vehículos de transporte público con pasajeros en su interior. Pero lo que hemos visto en Trujillo es, sin duda, un punto de quiebre. 

Lo que estamos viendo es que, en La Libertad, en Trujillo, quien manda es el crimen organizado".

No es solamente que se lanzó un cartucho de dinamita a la puerta o a la fachada del edificio. Lo que hemos visto es que alguien preparó una carga explosiva con una caja que la envió con una especie de delivery para que otro la coloque en el frontis y alguien la detonó de manera remota.

La forma en que se atentó contra esta institución pública [tiene] un nivel de sofisticación que no guarda relación con los artefactos explosivos lanzados por los extorsionadores cotidianamente. 

El mensaje no es solamente para el fiscal que está realizando una investigación que incomodó a una estructura criminal mayor, sino para todo el país. Lo que nos están diciendo es que, en La Libertad, en Trujillo, quien manda es el crimen organizado, y la autoridad pública es simplemente nominal.

La inseguridad que vive Lima ya la ha experimentado antes Trujillo. ¿Cuál es la dinámica criminal en esta región? ¿Qué organizaciones se han identificado en la zona? 

El problema que estamos viendo es que, en la región de La Libertad, hay una especie de confluencia de dos corrientes criminales. Una que nace de las economías ilegales vinculadas al oro ilegal, en la sierra de La Libertad, que están terminando en Trujillo, ya sea para lavar dinero o para seguir con la cadena de suministros del negocio.

Y la otra corriente criminal tiene que ver con estructuras que están, principalmente, en la franja costera, y se dedican a las extorsiones, a la trata de personas, al sicariato, al robo agravado y al tráfico de drogas. Es decir, están confluyendo ambas corrientes criminales y está terminando en Trujillo, como epicentro.

Estamos pasando por el mayor desborde criminal de nuestra historia republicana".

Ahora, lo que estamos viendo es que, frente a una de las economías ilegales más potentes, que es el oro ilegal, las estructuras criminales que controlan a la ciudad de Trujillo —[sean] locales, como Los Pulpos; o trasnacionales, como el Tren de Aragua, Los Choneros, etc.— están confluyendo, se están poniendo de acuerdo y se están convirtiendo en megaestructuras. Son ellas las que se atreven a poner estas cargas explosivas en instituciones públicas.

La respuesta del Gobierno se ha basado en estados de emergencia, convocar a los militares a las calles, crear un nuevo grupo policial y, ahora, un plan de control territorial que plantea, básicamente, un patrullaje más intensivo por cuadrantes. ¿Qué piensa de esta estrategia?

El Gobierno y un sector del Congreso han estado tratando de presentarnos una especie de varita mágica que, se supone, iba a resolver rápido el problema de la criminalidad: el estado de emergencia. La verdad es que eso refleja un nivel de entendimiento de la naturaleza de la criminalidad organizada bien torpe.

Además, hay investigaciones que ya han demostrado que no funciona…

Claro, la declaratoria del estado de emergencia, por sí sola, no significa nada más que recorte de derechos fundamentales. La simple declaratoria del estado de emergencia es populismo y demagogia pura. 

La parte más surrealista de esta historia es la reciente declaración del ministro de Defensa en la que señala que no hay patrullaje de las Fuerzas Armadas en Trujillo porque la Policía o el sector Interior no ha cumplido con elaborar el plan de operaciones.

La simple declaratoria de estado de emergencia es populismo y demagogia pura".

La verdad que eso, lo que indica, es una ausencia de gobierno absoluta. No es posible que, en Trujillo, esten dinamitando locales públicos y no haya un plan de operaciones. Si no hay un plan de operaciones para una cosa tan básica como esa, no hay gobierno. Al Gobierno no le interesa nuestra seguridad. El estado de emergencia ha sido [una herramienta para] eludir, de manera absolutamente dolosa, la responsabilidad de proveernos seguridad.

¿Considera que las organizaciones criminales han comenzado a tener representación política?

Otro de los factores que están presentes, en un país donde las economías ilegales tienen tanto éxito, es el hecho de que tienen presencia en el sistema político nacional y subnacional (...) La cadena de suministros de estas economías ilegales necesitan ciertas coberturas; entre ellas seguridad, algún nivel de protección que les permita no generar riesgos.

Entonces, tú me preguntas, “¿hay algún nivel de representación política de las economías ilegales?” La respuesta es que, sin eso, no podrían existir. Las economías ilegales en el Perú, según cálculos conservadores, mueven 15.000 millones de dólares anuales. 

Un tema recurrente es la necesidad de fortalecer la inteligencia operativa. Los analistas hacen referencia a que existe una buena inteligencia en unidades a cargo de grandes casos criminales, pero que unidades, como las Depincris, están abandonadas ¿De qué depende una mejora en este aspecto? 

Para trabajar de manera seria con la inteligencia policial contra el crimen organizado, tiene que haber una decisión política. Este Gobierno, no solamente no tiene esa decisión política, sino que ha claudicado en su responsabilidad de enfrentar al crimen organizado. 

Este Gobierno ha dado mensajes claros de perseguir a los policías que investigan a las organizaciones criminales".

Más bien, yo diría que este Gobierno ha dado mensajes absolutamente claros de perseguir a los policías que han investigado, junto con el Ministerio Público, a organizaciones criminales vinculadas a la corrupción en el poder. Los han castigado, los han dado de baja, los han hostigado, y el mensaje es “acá, ustedes no tienen espacio; acá quien investiga a la corrupción en el poder termina empapelado en la Inspectoría”. Ese es el mensaje (...).

Desde mi punto de vista, este Gobierno es un caso perdido. Nos abandonó, regaló la calle y nos tiene sometidos.

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