La decisión por cuatro votos contra tres de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de abrirle un proceso disciplinario inmediato a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha generado alarma en distintos especialistas. Incluso, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación.

En una entrevista con OjoPúblico, el abogado de Tello, Luciano López, advierte que el sistema judicial se encuentra bajo ataque. No solo eso. Afirma que, en realidad, lo que está en marcha es una captura institucional. Puso como ejemplo al Tribunal Constitucional que, según su mirada, en vez de ser "el guardíán de la Constitución" lo es de las "decisiones y leyes del Congreso". 

López también representa los intereses del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a quien el Poder Legislativo busca inhabilitar de la función pública junto a otros, como el expresidente Francisco Sagasti. "El caso de del Solar es de una arbitrariedad flagrante", advierte.  Además, responde sobre la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo y las responsabilidades que se desprenden de ella.   

¿Hay un apresuramiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el caso de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello? ¿La JNJ podría estar respondiendo a los intereses del Poder Legislativo?

De la notificación que hemos recibido, lo que advertimos es que no hubo unanimidad [en la decisión de abrir el proceso disciplinario inmediato].

En efecto, fueron cuatro votos contra tres.

Exacto. Cuatro miembros de la Junta han considerado que debe ser un procedimiento exprés. Tres de ellos opinan que no. ¿Cuál es la posición razonable? Si se quisiera hacer alguna indagación —porque esa es la competencia de la JNJ— primero se investiga, no abriendo un procedimiento exprés reservado para situaciones de flagrancia. Es decir, para infracciones muy graves, evidentes, como cuando dicen “con las manos en la masa”.

Lo que se atribuye a la doctora Tello, como a sus cuatro colegas que integraron el año pasado una sala de la Corte Suprema, es una cuestión relacionada con su criterio judicial. De ninguna manera podría ser, por sentido común, una situación grave.

Respondo su pregunta: ¿hay una cuestión irregular o que se alinea a ciertas posiciones políticas? Me parece que es una situación irregular comandada por cuatro miembros de la JNJ, porque eso es lo que aparece en la resolución.

Me parece que es una situación irregular comandada por cuatro miembros de la JNJ, porque eso es lo que aparece en la resolución". 

He escuchado el siguiente argumento: si a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, se le siguió un proceso exprés, ¿por qué no se podría hacer lo mismo con Tello?

Es de público conocimiento que el caso de la doctora Benavides no tenía que ver con el contenido de una decisión en una resolución como fiscal de la nación. No se estaba discutiendo su criterio jurisdiccional en el archivo de alguna denuncia, por ejemplo.

Le cuestionaban situaciones que tenían que ver con su función como líder del Ministerio Público, vinculadas con la comisión de delitos. ¿Son hechos comparables? De ninguna manera. Son incomparables, totalmente distintos.

Más allá de la situación de la señora Benavides o de mi clienta, la doctora Tello, considero que los procedimientos exprés no están previstos en la Ley Orgánica de la Junta, sino en un reglamento de esta.

La denuncia contra Tello y los demás magistrados viene desde el año pasado.

Noviembre.

Y la composición anterior de la Junta no la consideró.

Lo que vemos es que no fue procesada siquiera. Más bien, los [actuales] miembros de la JNJ, de un conjunto de denuncias…

Eligieron esa.

Eligieron esa. Pero creo que hay que hacer la distinción: son cuatro miembros de la JNJ que la están tramitando por una vía que no corresponde, y tres no están de acuerdo, con lo cual no hay unanimidad. Eso hay que tenerlo claro.

¿Hacia dónde va a apuntar la defensa de Tello?

Primero, que esta no es ninguna falta grave. Y, lo más importante, que de ninguna manera hubo la aplicación de una norma derogada [como alega el denunciante, Julio Ramón Cadenillas] y que, en realidad, lo que está en discusión es el criterio judicial de estos vocales supremos.

Hay un agravante: este mismo ciudadano [Cadenillas] ha recurrido por el mismo hecho a un proceso de amparo que viene perdiendo y también ha recurrido a la Fiscalía de la Nación con una denuncia por prevaricato, que también ha sido archivada. Si los señores de la Junta hubieran hecho una indagación preliminar, que es lo lógico, hubiesen podido tener esta información. La vamos a presentar.

¿El sistema judicial se encuentra bajo ataque?

Yo creo que sí, por una simplísima razón: hay un mal uso de la función disciplinaria, que es para investigar, tramitar y sancionar inconductas de fiscales y jueces. Si un juez decide no con arreglo al derecho, sino porque le cae mal determinada persona o porque hubo de por medio un acto de corrupción, esa es una inconducta.

Pero no puedes usar el proceso disciplinario para revisar decisiones de los jueces, sean correctas o incorrectas porque, para eso, están los recursos. El propio denunciante ha ido a través de un amparo.

¿Y debía seguirse por esa vía?

Exactamente. Los cuatro miembros de la JNJ que han abierto ese proceso disciplinario exprés lo que, en buena cuenta, están haciendo es arrogarse una competencia reservada para el juez constitucional.

Cambio de tema. Usted también representa al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Sobre él y otros, como el expresidente Francisco Sagasti, está pendiente la posibilidad de una inhabilitación para ejercer la función pública. Ambos han dicho que no van a postular en 2026, aunque pareciera que el Congreso quiere sacarlos de carrera preventivamente. ¿Está de acuerdo con esta lectura?  

Por sus actos los conoceréis. Tengo 28 años litigando y creo que ni en los litigios ni en la política hay casualidades. En el caso de Salvador del Solar las irregularidades son flagrantes. El caso está caduco.

Hemos encontrado los casos de seis parlamentarios cuyo mandato cesó el 30 de setiembre de 2019, y a esos seis esta misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la misma señora María Acuña, les archivaron todo porque dijeron que el plazo caducó.

Pero a Del Solar lo tratan de una manera diferente. Eso es violatorio del principio de igualdad y de seguridad jurídica. Le atribuyen que planteó la cuestión de confianza sin contar con una autorización de los ministros. Es risible. Dicen “no está escrito a pies juntillas en el acta de sesión". Hermano, ¡ahí dice que se aprobó la estructura del mensaje! Esto muestra que se mal usa este procedimiento constitucional.

Tengo 28 años litigando y creo que ni en los litigios ni en la política hay casualidades".

¿De manera selectiva?

De manera selectiva. Un procedimiento que, además, proviene de una Constitución que todos cuestionan desde hace muchos años y que sus defensores han cambiado casi en un 90%, salvo en algunos aspectos que les permite controlar el poder: la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el juicio y el antejuicio político.

Incluso se ha advertido que ya estamos frente a un régimen que se acerca más al parlamentarismo.  

Prácticamente, lo cual nos coloca en una situación muy complicada tanto a los ciudadanos como a quienes resulten elegidos porque, si no tienen mayoría en un Congreso que ahora será bicameral, las reformas constitucionales serán complicadísimas. Entonces, vamos a estar en un entrampamiento porque, ahora, tenemos un régimen prácticamente parlamentario.

¿Qué queremos? ¿Nos están llevando directo y sin escalas a un nuevo 5 de abril? A esa situación nos están conduciendo los de este Parlamento, el del quinquenio 2021-2026.

¿La SAC ya les ha notificado el informe final sobre del Solar?

Esa es una de las diversas irregularidades que hay. Al día de hoy ya van tres veces que lo hemos pedido y, hasta ahorita, no me notifican. O sea, realmente es una situación bastante grosera. En el caso de del Solar se ha violado la tipicidad, la seguridad jurídica y, sobre todo, el principio de igualdad de trato. Definitivamente, no quieren tener ningún oponente. El señor de Solar no quiere participar en política.

Lo ha dicho varias veces.

Pero, “por si aca”…

¿Es una inhabilitación preventiva?

Preventiva. Es un mal uso de un instrumento constitucional con fines evidentemente políticos.

¿Hay una captura institucional?

Si dejo de lado mi rol de abogado y observo como ciudadano, veo que hay una captura. Definitivamente. Y no tengo ningún temor en decirlo pese a que ejerzo y podría llegar al TC. Pero, por ejemplo, el TC, para mí, es el primero que fue parte de toda esta estrategia. En lugar de ser el guardián de la Constitución, el TC es el guardián de las leyes y decisiones del Congreso.

Si no hay un TC independiente, entonces lo que tenemos es un Parlamento que va a hacer lo que le dé la gana, y eso es lo que está pasando.

Sobre el caso del Real Plaza, ¿cómo evalúa la posición de Intercorp?

Primero que nada, es el propietario del mall. Es el que está a cargo de la seguridad de los propios clientes. Escuché a la colega Romy Chang, que acaba de aceptar el patrocinio de Real Plaza, y, en declaraciones a una radio local, ha señalado que están dispuestos a indemnizar todo lo que se tenga que indemnizar. Ese ofrecimiento de la abogada, que espero que su cliente cumpla, es lo que se tiene que hacer. Yo entiendo que debe ser así.

Ahora, ese tipo de establecimiento, por la naturaleza del servicio, debe tener por lo menos dos tipos de seguro: de infraestructura —porque puede ser que ocurra un incendio, una inundación o un terremoto— y otro por el tipo de servicio que se ofrece, que es de atención al público. Una de las cosas que me ha llamado la atención es no haber escuchado, hasta ahora, si es que hay seguros, sobre todo los que tienen que ver con los usuarios.

Lo que mucha gente se pregunta es hasta dónde pueden llegar las responsabilidades.

Existe un antecedente, un caso muy conocido: Utopía. Independientemente de los hechos, el criterio jurídico que se empleó fue que, en principio, el representante legal de la empresa asume una responsabilidad. No estoy hablando de los accionistas, eso es otra cosa.

Pero, adicionalmente, yo insisto: ¿y los seguros? Sería bien grave si no hubiera seguros. Es como si estuviéramos circulando con un vehículo, que siempre es un elemento riesgoso, sin el SOAT. Yo, hasta ahora, no escucho claridad sobre el tema. Y si no había seguros…

Yo insisto: ¿y los seguros? Sería bien grave si no hubiera seguros".

¿La cosa se complica?

Se hiper complica.

He visto su nombre en una Iniciativa Ciudadana por la Justicia. Argumentan que el sistema de justicia se encuentra bajo ataque de otros poderes del Estado. Entiendo que se refieren al Ejecutivo y el Legislativo. ¿De qué se trata?

La lideran profesores y profesoras de derecho. Hemos sido invitados diferentes colegas y debo dejar constancia, por si acaso, de que eso fue muchísimo antes de que yo asumiera este patrocinio…

¿El de Tello?

Así es. Somos un grupo de, aproximadamente, entre 20 a 30 profesionales que nos hemos sumado de diferentes partes del país, y el propósito es pensar y proponer, más que diagnosticar.

Ya estamos recontra diagnosticados, ¿cierto?

Exactamente, estamos hiper diagnosticados. La idea es analizar la situación grave que existe con relación a la justicia por las intervenciones políticas, estudiar propuestas y plantearlas, [tanto] a la población como a los tomadores de decisión, para generar alguna iniciativa que venga desde la ciudadanía, del lado de los profesionales.

Hemos tomado la iniciativa en el área de la justicia, un tema muy sensible y en el que, lastimosamente, existe una crisis que va coordinada con esta especie de toma del poder de la que hablábamos. Mire: el TC, la JNJ, la Defensoría del Pueblo…

Sin reforma política, este no es un retorno a la bicameralidad, es duplicar la mediocridad". 

¿Y van por el Poder Judicial?

Van por el Poder Judicial. Y, mire, hay una serie de leyes que ha dictado este Parlamento en pro de la criminalidad. Hay que decirlo así, con todas sus letras. Ese es uno de los varios temas que este grupo de profesionales nos hemos propuesto analizar para proponer soluciones.

Leyes procriminalidad que deberían ser derogadas por el próximo Congreso, se supone. Al menos, eso esperaríamos.

Un próximo Congreso que, de nuevo, será bicameral. Si hay una atomización, que es lo más probable, entonces definitivamente va a haber complicaciones. El Senado será una cámara muy pequeña y muy poderosa. Quiero aclarar: no soy partidario de un régimen unicameral. Pero, sin reforma política, este no es un retorno a la bicameralidad, es duplicar la mediocridad.