El gobierno de Dina Boluarte promulgó esta semana una ley que debilita la lucha para ir detrás de los bienes obtenidos ilícitamente. La ley impulsada por el Congreso de la República, que ajusta la Ley de Extinción de Dominio, no fue observada a pesar de las alertas del Ministerio Público, del Poder Judicial y de organizaciones internacionales contra el lavado de activos. Lo hizo, además, en la misma semana en la que 13 trabajadores fueron masacrados y asesinados en la zona minera de Pataz, en La Libertad.

¿Cuál es el impacto de este debilitamiento de la ley? Para profundizar en el tema, entrevistamos a Daniel Linares, analista con amplia experiencia en la investigación de casos de lavado de activos y que desde el 2010 hasta marzo del 2025 se desempeñó como Intendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú. Actualmente es gerente de la consultora Follow the Money and Crypt. 

Linares plantea que ante el avance de la violencia criminal en el país, el Estado debería impulsar la restricción del dinero en efectivo y fomentar la bancarización. “El dinero efectivo es un cáncer para la sociedad, es un caramelo para los delincuentes. Ellos buscan el efectivo”, señala.

Puede acceder a la entrevista completa en nuestro canal de Youtube.

El gobierno promulgó esta semana la ley contra la extinción de dominio, una de las herramientas más eficaces para luchar contra el lavado de bienes provenientes actividades ilegales. ¿A quién beneficia la ley?

Sin duda, el principal beneficiario son los delincuentes, las organizaciones criminales. Es un duro golpe al sistema de lucha contra el crimen. Desde la UIF, en el tiempo que estuve trabajando allí, vimos con grata satisfacción la promulgación de la ley de extinción de dominio (del 2019), que reemplazó a la ley anterior, que tenía justamente el mismo problema que ahora tiene la ley que se ha promulgado. 

Hay una serie de bienes incautados a investigados con la anterior ley de extinción de dominio, que son administradas por el Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados) y que ahora, con los cambios realizados, no podrían volver a incautarse. 

Es correcto, Pronabi va a tener que devolver varios activos que están incautados por esta ley. Otra experiencia en donde se puede apreciar la efectividad de la extinción de dominio era el procedimiento por el cual Aduanas retenía fondos cuando un viajero salía o ingresaba al país con dinero en efectivo por encima de lo permitido. La norma dice que una persona no puede ingresar o sacar del país más de USD 30.000 en efectivo; y que a partir de USD 10.000 lo tiene que declarar. 

Si se infringe alguna de estas dos disposiciones, Aduanas retiene los fondos. Entonces, había gente o viajeros que salían en el bolsillo con USD 100.000, por ejemplo, y aduanas lo detectaba y retenía el dinero. Para poder recuperar sus fondos el viajero tenía que ir a la UIF para justificar el origen de los fondos. Muchas veces, la gran mayoría, sobre el 90% de los casos, no podía hacerlo porque eran fondos que ellos decían que habían sido de un préstamo familiar, que lo tenían debajo del colchón, no había forma de cómo justificarlo.

Y eso pasa en casos de lavado de activos donde la parte financiera está alejada del crimen, entonces a veces es complicado encontrar ese vínculo. Pero antes de la ley de extinción de dominio, la fiscalía no encontraba ese vínculo y ordenaba que se devuelva el dinero, pero cuando apareció la ley (en 2019), y las personas no podían demostrar el origen el dinero era incautado. Una gran cantidad de millones de dólares se incautaron gracias a esa ley, sobre todo en casos de tráfico de dinero en efectivo en frontera.

El principal beneficiario de los cambios a la Ley de Extinción de Dominio son los delincuentes, las organizaciones criminales.

Llama la atención que en este contexto de incremento de violencia urbana, de extorsiones, de economías ilegales controlando varias partes del territorio, de una acumulación de dinero ilegal sin precedentes, se haya facilitado desde el Congreso esta ley que debilita la extinción de dominio y que luego esta haya sido promulgado por la Presidenta. ¿Cuál es su lectura considerando que hay varios congresistas investigados por lavado de activos?

Desde el punto de vista estratégico, las organizaciones criminales lo primero que buscan es tener dinero. Una vez que ya tienen dinero, tienen activos, y lo que buscan es hegemonía en una jurisdicción, sacan a la otra organización, y ahí vemos que se matan entre ellos. La última parte es llegar al poder. Tenemos muchas referencias de que en el Congreso varios parlamentarios han sido financiados por personas vinculadas a la minería ilegal. 

Estamos viendo entonces que han llegado al poder, y justamente, como han llegado al poder pueden promulgar este tipo de normas que benefician ¿a quién? a los criminales. Es decir, si algún político en este momento está siendo investigado por lavado de activos, la Fiscalía no va a poder ya hacer uso de esta ley de extinción de dominio para incautarle propiedades compradas con dinero ilegal. Por ejemplo, en el caso de Lavajato de Alejandro Toledo, desde que se detectó hasta que tuvo una sentencia condenatoria pasaron 10 años. 

ANALISTA. Daniel Linares ha sido intendente en la Unidad de Inteligencia Financiera durante 15 años.

Foto: OjoPúblico / Gabriel García 

Pero en 10 años ya se transfieren las propiedades, se venden. 

Exactamente, se pierden las propiedades y el dinero se puede usar para pagar corrupción. Hay una máxima: para poder luchar contra las organizaciones criminales se tiene que cortar las líneas financieras. La extinción de dominio era una forma de hacerlo y ahora ya no se puede. 

Veamos el caso de La Libertad donde se mezclan la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. El año pasado se registraron más de 2.000 millones de dólares en operaciones sospechosas. El número de reportes pasó de 175 reportados el 2015, a 1.105 operaciones sospechosas en 2024. ¿Cómo ves el ascenso de economías regionales penetradas por actividades ilegales? 

Sí, sin duda es visible y muchos de estos crímenes se cometen con dinero en efectivo. El dinero en efectivo es una señal de alerta para todos los sujetos obligados, como, por ejemplo, los bancos, y eso va a generar de todas maneras que estos generen reportes de operaciones sospechosas, porque van a tener esta primera señal de alerta que es el uso del dinero efectivo y eso va acompañado del análisis del comportamiento del cliente. 

Sin duda hemos visto cómo en La Libertad ha crecido la extorsión y la minería ilegal, y esos dos delitos han hecho que la cantidad de crímenes que se cometen se transformen también en operaciones financieras sospechosas; y eso es lo que tú has podido ver en estadísticas claramente, que el crecimiento delictivo de la zonas es espectacular.

Algunos indicadores nos dan alguna idea de cuando hay mucho dinero en efectivo circulando en una ciudad: el surgimiento de casinos, las casas de apuestas, actividades vinculadas a bares, muchos hoteles vacíos. Estas actividades muchas veces se usan para lavar dinero. Planteas que seguirle la pista al dinero es la forma más efectiva de luchar contra el crimen, pero el Congreso y el Gobierno se acaban de debilitar esa herramienta de la extinción de dominio. ¿Qué otro mecanismo podría tener la UIF o el sistema fiscal para perseguir el dinero ilegal? 

Después de tantos años de haber participado en investigaciones vinculadas al lavado de activos de diferentes crímenes y delitos precedentes, al final, cuando identificamos dónde están los activos productos de este delito, siempre te topas con el dinero en efectivo. O sea, el dinero efectivo es un cáncer para la sociedad, es un caramelo para los delincuentes. Ellos buscan el efectivo y lo usan el efectivo y no quieren ingresar el efectivo a los bancos porque los bancos lo detectan. Te voy a dar unos cuantos ejemplos. 

En casos de corrupción, el año pasado el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) intervino a un funcionario de Provías, y en su casa se encontró medio millón de soles en efectivo: corrupción, efectivo. De hecho, en ese mismo caso, que es el caso del “Club de la construcción”, al que está asociado al expresidente Vizcarra. 

A él también se le atribuye haber recibido dinero en efectivo. ¿Cómo funciona esto? La empresa vinculada al “Club de la construcción”, gira un cheque por un millón de soles. ¿Se lo gira a quién? A su conserje. Y le dice anda al banco, coge este cheque y trae la plata para acá. Entonces, el conserje va al banco, retira el millón de soles, no está prohibido retirar efectivo ni ingresarlo. O sea, el uso del efectivo es libre.

Para poder luchar contra las organizaciones criminales se tiene que cortar las líneas financieras.

Pero el banco lo debe reportar como una operación sospechosa… 

Lo podría reportar, claro que sí, pero hay una empresa, digamos, constituida, ¿no? Bueno, posiblemente sí, posiblemente no. Ese millón de soles regresa a la empresa y luego viene el funcionario a recoger su plata, que se lo dan en loncheras, en tubos de planos de escritorio, ya sabemos todas las modalidades de cómo llevan la plata en efectivo. Entonces, vemos corrupción y efectivo, un binomio. 

No solamente corrupción. Si vemos temas de minería ilegal, las empresas de fachada que llegan a exportar el oro fundamentalmente a Emiratos Árabes y a la India; en el seguimiento que hacen las autoridades a sus transferencias se dan cuenta que gran parte del dinero se retira en efectivo. ¿En dónde? En Puerto Maldonado y Puno. 

Es que en realidad nadie formal utilizaría esas grandes cantidades de dinero en efectivo para retirarlo de un banco para hacer pagos, porque todo debería estar bancarizado. 

Exacto. Incluso en Pataz, el año pasado el Ministerio Público y la fiscalía detectaron a una organización y al momento de incautar los celulares se veían imágenes de cómo se repartían la plata en una cama. Era efectivo. En el norte los pagos extorsivos son millonarios. Ellos le piden a los familiares, "Quiero que me des medio millón para liberar a tu familiar". Pero se lo piden en efectivo. Entonces, van, sacan el efectivo y se lo entregan. Entonces, ¿qué pasaría si restringimos el efectivo, incluso lo eliminamos? En el primer caso de corrupción ¿el funcionario corrupto le daría una cuenta bancaria para que le paguen la coima? No lo daría. Y si es avezado y le da la cuenta, deja la huella para que las autoridades sigan el dinero y sepan quien se ha beneficiado.

Podrían empezar varias investigaciones por ese lado. 

Claro, en el tema de extorsión ¿Le daría un extorsionador una cuenta al extorsionado para que le pague la extorsión millonaria? No le va a dar, ellos viven con el efectivo. Esta gente, si es que en el Perú no tuviera efectivo se irían a otro país, se irían a otro lado. O sea, no podrían trabajar acá.

Los delitos de extorsión y minería ilegal en La Libertad han hecho que la cantidad de crímenes que se cometen se transformen también en operaciones financieras sospechosas.

Hay países, sobre todo los nórdicos, que están impulsando la eliminación progresiva del efectivo, como un mecanismo antilavado, pero también para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En Perú, cómo se restringiría el efectivo en regiones acechadas por el crimen, ¿sería solo en esas regiones o debería ser más bien un impulso nacional? 

Sí, tiene que ser a nivel nacional porque si no funciona el efecto globo, tú aprietas aquí y se infla al costado. Por ejemplo, si restringes en La Libertad se infla en Chiclayo o se infla en Ancash, entonces tiene que ser a nivel nacional. Esto tiene varios efectos colaterales virtuosos. Por ejemplo, si se llega a dictar esa medida, la recaudación va a subir sin duda. Se va a reducir la informalidad. “Los Marcas” se quedarían sin trabajo, porque a quién va a marcar si no hay efectivo. Tiene varios elementos virtuosos que va a ayudar a que la economía se formalice, a que aumente la recaudación. 

Y con esto, sin duda, se va a golpear de manera fuerte a la criminalidad. Es una estrategia alternativa, diferente. Cuando uno investiga casos de lavado de activos, te llegas a dar cuenta de que algo está pasando y tienes que tomar algunas decisiones de manera estratégica y esta es una decisión estratégica. 

Hace muchos años, el dinero en efectivo que se transportaba en la frontera era libre, no había ninguna restricción. En esa época la UIF identificó que había mucho efectivo que se iba, que venía y salía del país. Con el presidente Humala se dio una norma donde se estableció que a partir de la fecha ninguna persona puede sacar o ingresar más de USD 30.000 mil en efectivo. Fue algo en su momento sin precedentes.

Igual USD 30.000 es un montón, ¿para qué alguien necesite llevar de un país a otro esa cantidad en efectivo? 

Yo pienso en realidad que ese monto se debería definir entre algunas autoridades, como es sin duda el Banco Central de Reserva, que es el que dirige la política monetaria del país, debería ser el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se va a beneficiar de la recaudación. Tiene que estar ahí seguramente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. O sea, el planteamiento es que sea un decreto legislativo. Ahora que la Presidenta está pidiendo facultades para legislar en temas de lucha contra la criminalidad, es el momento, o sea, hoy, ahora, no hay que esperar mucho tiempo.

Pero la Presidenta Boluarte no lo va a hacer porque acaba de promulgar una ley que va en contra de eso, precisamente. Pensemos que también podrían colocarse topes al dinero efectivo, por qué aún hoy hay muchas operaciones haciéndose en efectivo.

Todavía tú escuchas que Los Marcas roban a la gente, o sea, la gente dice sigue sacando efectivo. ¿Por qué sacan efectivo? Una explicación es porque quieren evadir el pago de impuestos, y eso ahora se lo están pagando los extorsionadores. Es increíble. Cuando uno restringe el efectivo lo que permite es que todas las autoridades puedan saber el destino final del dinero. La pandemia fue una prueba de fuego. La gente usó mucho las billeteras digitales. Entonces, el efectivo en realidad no se necesita. Salvo algunas excepciones.

En zonas rurales tal vez. Pienso en los beneficiarios de Pensión 65, pero estamos hablando de pocas cantidades. ¿Quién debería diseñar esa estrategia de reducción o eliminación progresiva del efectivo? 

Ese es un buen punto, porque esa parte de los programas sociales los tiene que ver el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ellos deberían definir cuál es el monto que ellos normalmente dan y el monto que se establezca o el umbral para restricción en efectivo debería ser en coordinación con ellos, y el MEF, BCR, la Superintendencia de Banca y Seguros, que va a ser la que regule que los bancos ya no entreguen efectivo. Lo que tendría que decir la norma es que a partir de una fecha no se puede retirar de los bancos más de S/ 1.000, por ejemplo. 

Si se restringe el uso de dinero en efectivo la recaudación va a subir, se va a reducir la informalidad, y asfixias la ilegalidad.

Pero ese diseño, ¿quién lo hace? ¿Es una norma que sale de SBS, del MEF? 

No, tiene que ser una ley. Y en este caso podría ser un decreto legislativo, porque esta ley, es muy difícil que la saque el Congreso.

¿Y esta presidenta?

Esperemos que quiera trascender y mostrar a la ciudadanía una clara señal de que quiere luchar contra el crimen.

Finalmente todas las experiencias de lucha contra el crimen señalan que el mejor mecanismo es asfixiarlo financieramente. 

Correcto. 

¿Qué más podría hacer el sistema financiero formal, los bancos? Las actividades ilegales también han innovado en sus procesos de lavado. ¿Qué más se podría hacer desde la banca para reducir los riesgos de que ingrese dinero de actividades ilegales? 

Bueno, tú tienes que ver todos los eslabones de la cadena de lucha contra el lavado. Y comenzamos primero por los sujetos obligados, que son los encargados de implementar un sistema de prevención contra el lavado de activos. El ejemplo clásico son los bancos. Y en el Perú el sistema de prevención o de lucha contra el lavado de activos asignado a los bancos funciona bien. Es un sistema duro, de hecho, los bancos están muy identificados con la lucha contra el crimen. 

Sobre la reducción del efectivo, ¿la SBS ha hecho algún análisis o en la UIF se ha discutido esta posibilidad, o se ha aplicado ya en otros países de América Latina?

Ha habido algunas normas que se dieron en otros países, pero no están enfocadas a luchar frontalmente contra la criminalidad. Más que todo están enfocadas, básicamente, en aumentar la formalidad y en otros lados se han hecho normas para generar un registro. Es decir, no te prohiben el uso efectivo, pero tienes que llenar un formulario, como es el caso de España, en donde a partir de determinado monto llenas un formulario para que las autoridades sepan quién se llevó el efectivo. Pero si el formulario lo firmó el testaferro, no sabes quién está detrás. Entonces, la única forma de conocer quién está detrás de todos estos delitos es bancarizar. 

Pero implica entonces una estrategia más latinoamericana. Pensemos en un grupo criminal como El Tren de Aragua, que ha logrado crear franquicias desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile para ir recaudando pagos de sus extorsiones al menudeo en estos países. Si es que Perú restringe el efectivo, ¿no debería también empezar a discutirse el tema en Ecuador, Colombia y otros? 

Correcto. Si es que un país se anima a hacer esto, se va a ahuyentar a los delincuentes, a buscar a países donde haya efectivo. Entonces, la idea es que quien lo haga, esa buena práctica la tomen también los vecinos y así sacar de circulación a los delincuentes, porque no van a poder delinquir si no hay dinero en efectivo. Entonces ellos buscan los lugares donde hay efectivo y donde hay informalidad. Por eso la idea es suprimir el dinero en efectivo.

La única forma de conocer realmente quién se beneficia y quién o quiénes están detrás de todos estos delitos es bancarizando el dinero. 

La labor fiscal y judicial también debería poder comprender los niveles de riesgo del dinero en efectivo. Hace unas semanas publicamos una historia sobre cómo en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, las autoridades detuvieron a una persona con 98 mil soles en efectivo, a quien la policía le seguía la pista por tráfico de drogas, pero el juez, luego de una mese autoriza su libertad porque considera que no hay pruebas suficientes. ¿Las fiscalías también deberían entender que la pista del dinero puede ser aún más relevante que la flagrancia misma? Porque a los grandes narcos no los vas a encontrar nunca con la cocaína en la mano. 

Correcto. Nunca lo encuentras con la cocaína en la mano, pero sí lo encuentras con el disfrute del dinero, entonces por ahí lo puedes encontrar. 

O a los grandes extorsionadores tampoco los vas a ver a ellos de puerta en puerta cobrando. 

Claro, o están en un penal o están en el extranjero cobrando las utilidades de su crimen. Quien comete el delito no aparece, son los testaferros, los ejecutores del delito, pero quien disfruta de la plata, ese no está, no aparece en la ecuación. Simplemente a ellos les llega la plata en cash. 

Durante muchos años el Perú fue considerado un país a la vanguardia, que había diseñado un marco legal importante en la lucha contra el lavado de activos. Por eso, el Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) recomendó al gobierno no aprobar este cambio a la ley contra la extinción de dominio y, aun así, la promulgaron. ¿Cómo queda el Perú hacia afuera con este debilitamiento? 

La verdad es un golpe fuerte a la lucha contra el lavado de activos. Quienes evalúan el estándar de cumplimiento de los países en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son el Grupo de Acción Financiera (Gafi). Y en el Perú está Gafilat, que es el brazo regional de Gafi. 

En la última evaluación que nos hicieron tuvimos una nota muy buena. Ciertamente, había algunas observaciones, pero en el sistema fluía la información, pues había buena cantidad de Reportes Operaciones Sospechosas (ROS). La evaluación era considerablemente favorable, pero ahora, cuando ellos vean que ya no tenemos en el Perú una ley fuerte de extinción de dominio, esa nota que tenía el Perú va a bajar, sin duda va a bajar. Porque, como decías, Gafilat había enviado una carta recomendando que esa norma no se debería aprobar porque va en contra de los estándares que promueve el grupo para la lucha contra las organizaciones criminales.

Es más, se convierte hasta en un incentivo para que otros delincuentes vengan a Perú. 

Por supuesto, pues aquí no se la van a quitar (los bienes).

Porque esa ley sí está vigente en Colombia, Ecuador ...

Sí existe extinción de dominio, en Colombia y Ecuador. Entonces sí es un incentivo para los criminales. Ellos también tienen asesores. Le dirán, bueno, ¿en qué país podemos hacer riqueza? Ándate ahora a Perú porque ya no hay extinción de dominio.