En su cerrada defensa al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte aseguró sin pruebas que se está desarrollando un “golpe blanco”, que buscaría hacer caer a su Gobierno. En el mismo, según dijo, estarían comprometidos la Fiscalía, los medios de comunicación y periodistas, entre otros.

Para la extitular del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, lo afirmado por la jefa de Estado no pasa de una excusa que, de ninguna manera, la exonera de ser investigada por la presunta comisión de hechos delictivos. “Hay ignorancia y desesperación”, añade.

En entrevista con OjoPúblico, Ledesma también advierte que, en el Perú, son las instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Congreso, el TC y la Junta Nacional de Justicia, las que “están sosteniendo” a una “clase política lumpenesca”.

La abogada responde, además, sobre las próximas elecciones generales de 2026 y reflexiona sobre la tragedia ocurrida en el Real Plaza Trujillo.

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace. 

La presidenta Dina Boluarte, en su defensa al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha dicho que hay en marcha un “golpe blanco” auspiciado por la Fiscalía, los caviares, el periodismo y otros. ¿Cómo interpreta una declaración así?

Bueno, primero, que estamos hablando de una profesional que conoce algo de derecho. Es abogada, igual que Santiváñez, y todo profesional en derecho sabe que nadie puede alejarse o excusarse de investigaciones.

Aún más si esas investigaciones o imputaciones están vinculadas con actividades delictivas. Entonces, llama poderosamente la atención, primero, que una persona que está ejerciendo el más alto cargo de nuestro país pretenda excusar, blindar o proteger a un entorno y a ella misma de sus supuestas actividades delictivas.

Y, una segunda lectura, es que el ejercicio de este cargo es un referente para la ciudadanía. ¿Qué referente puedo ser, si lo primero que hago es excusarme o evitar ser sometida a una investigación? Puede poner excusas, como la del “golpe blanco”, pero eso no la libera de su deber de ser sometida a una investigación judicial.

Ha dicho que la justicia se está usando como un arma, obviamente en contra de ella. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

No, definitivamente, no; porque la justicia debe ser igual para todos, presidenta o no presidenta, ciudadano de a pie o no ciudadano de a pie. Ya no podemos seguir tolerando diferenciaciones, que porque yo ejerzo un cargo me torno intocable y puedo realizar con impunidad situaciones delictivas.

Puede poner excusas, como la del 'golpe blanco', pero eso no la libera de su deber de ser sometida a una investigación judicial".

¿Hay desesperación en la presidenta?

Ignorancia y desesperación. Porque la justicia avanza, las investigaciones avanzan y, posiblemente, lo que menos quiere es que se esclarezca una situación delictiva, ¿no?

¿Hay un ataque contra el sistema de justicia encabezado por la presidenta Boluarte?

Una práctica que tienen los delincuentes, en general, es debilitar a quien les juzga, persigue o investiga, tratar de denunciar, de imputar situaciones irregulares para debilitar a mi juzgador, al investigador.

Y lo que se viene haciendo con el Ministerio Público y con los jueces del Poder Judicial es eso, ¿no? Desacreditar su trabajo, debilitar su credibilidad en la labor que vienen haciendo. Eso es una vieja práctica que, desde cuando estaba en el Poder Judicial, podía advertir. 

Cuando alguien es investigado, ¿trata de desacreditar a quien investiga?

Exactamente, para debilitarlo.

Hay un sector político que, de manera recurrente, viene solicitando declarar en emergencia al Ministerio Público, incluso con la renovación completa de la Junta de Fiscales Supremos. Recientemente, lo volvió a escribir en sus redes sociales el congresista Alejandro Muñante. Y no es el único en esa línea. Con las recientes declaraciones de la presidenta Boluarte, ¿cree que algo así sería posible?

La declaración de emergencia debería empezar por el Congreso, ¿no? El Congreso debería ser reestructurado. La clase política también tendría que ingresar a una reestructuración. El sistema judicial puede ser imperfecto, pueden necesitarse, de repente, algunas correcciones, pero de ninguna manera se puede hablar de que estemos en una situación de emergencia en el sistema judicial.

Todo lo contrario. Ha sido la labor de determinados jueces, notables en su trabajo, que ha permitido que situaciones de afectaciones de derechos fundamentales…

¿Se hayan podido contener?

Si no hubiera sido por la judicatura, ¿qué sería del país en este momento?

¿Hubiera sido ya tomado por los intereses criminales que están rondando el poder político?

Exactamente.

Sobre eso, usted dijo que “el emprendedurismo de la extorsión y el sicariato” se ha asociado a la clase política, que “le da voz y protección”. ¿A quiénes se refiere? ¿Al Congreso?

No solo al Congreso, sino también al Ejecutivo. Yo, en esto, veo cuatro componentes importantes para entender lo que está pasando en nuestro país. La nueva clase política tiene un nuevo actor, que es la delincuencia y las organizaciones criminales. Y, cuando hablo de organizaciones criminales, no me refiero a los clásicos, como Pedro Navaja.

El Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal [Constitucional] y la Junta Nacional de Justicia están sosteniendo a una clase política lumpenesca".

¿Los que te chavetean?

Correcto. No hablo de la delincuencia de chaveta, sino de la de cuello y corbata, que se ha asociado con organizaciones políticas para lograr prebendas o impunidad. Desde el Tribunal Constitucional (TC), hay muchas leyes abiertamente inconstitucionales que han sido bendecidas con su beneplácito, diciendo que acá no hay nada que corregir, que todo está perfecto.

Y, de parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), también tenemos a un grupo de consejeros que han decidido ajusticiar o sentar en el banquillo de las investigaciones a determinados jueces que son incómodos. Estos cuatro componentes —Ejecutivo, Congreso, Tribunal y la JNJ— son los que están sosteniendo no solo a una clase política —que es lo de menos— sino una clase política lumpenesca, que es la que nos está acompañando en nuestros días.

¿Ve alguna salida a este panorama?

Las viejas discusiones de izquierda y derecha ya caducaron. Aquí hay una pugna de grupos económicos, legales e ilegales, que buscan copar el poder para, desde ahí, encontrar prebendas, como, por ejemplo, exoneraciones tributarias, o leyes que les permitan disponer de los bienes tomados de manera ilícita. En otras palabras, estamos ante esta nueva forma de hacer política.

Le preguntaba si veía alguna posibilidad de solucionar esta situación porque recuerdo declaraciones suyas de hace un tiempo, en las que afirmaba que los peruanos tenemos derecho a la insurgencia. La criticaron por eso, ¿se reafirma?

Por supuesto que sí, además es una figura que está en la Constitución, en el artículo 46 para, precisamente, defender el orden constitucional. Pero yo, ahora, veo a una ciudadanía bastante adormecida, desarticulada, que vive el día a día porque el modelo económico hace que cada uno vea cómo sobrevive.

¿Una sociedad atomizada?

Atomizada. La solidaridad o el interés por el bien común han pasado a un segundo plano. Estamos viviendo otra época.

Entonces, imagino que coincide con quienes afirman que esta coalición gobernante se mantiene en el poder porque no hay movilizaciones.

Así es, tenemos una ciudadanía adormecida y, eso, hace que se estén aprovechando para comenzar a construir un modelo diferente al que uno aspiraría, uno de bien común.

Veo a una ciudadanía adormecida, desarticulada, que vive día a día porque el modelo económico hace que cada uno vea cómo sobrevive".

¿Qué piensa del caso de la Junta Nacional de Justicia y del proceso inmediato que se le ha abierto a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello?

Lo que advierto es que un grupo de consejeros, felizmente no han sido todos…

Son cuatro los que estuvieron de acuerdo con el proceso.

Sí, Ríos Patio, Cabrera, Chanduví y Ruiz Hidalgo. Estos cuatro consejeros han decidido abrir una investigación sumarísima, que la Junta solamente la ha tenido reservada para casos muy excepcionales, como el de los Cuellos Blancos.

O el caso de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides.

Pero esta historia es contada de mala fe. Se trata de un policía que se queda con unos viáticos, lo sacan de la institución, plantea su reposición, pero la casación, que es materia de cuestionamiento, es declarada improcedente.

¿Qué se argumenta? Que se cita una norma derogada y eso no es cierto. Se cita la norma correcta, pero le agregan un párrafo de una norma derogada. Sin embargo, el caso no se resuelve con esta última. Se resuelve con la norma vigente.

Esta situación no puede conllevar a que se haga un proceso sumarísimo. Lo que buscan es afectar, amedrentar la independencia de la doctora Tello, tenerla en una situación de amenaza frente a su permanencia en el cargo.

Hay que recordar que se trata de una JNJ que fue nombrada por este Congreso.

De nuevo, las cuatro patas: este Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal y la Junta.

¿Y el defensor del pueblo?

No hay que olvidarnos del defensor del pueblo que, la verdad, brilla por su buena obra inexistente.  

Quisiera preguntarle sobre la tragedia del Real Plaza Trujillo. ¿Hasta dónde pueden llegar las responsabilidades?

Mire, el caso de Trujillo nos muestra dos situaciones: la empresa privada versus la administración del Estado. La empresa privada, que siempre tiene una lógica super rentista, lucrativa, que está viendo cómo maximiza sus ingresos.

Pero, frente a la empresa, está el interés del ciudadano porque son espacios públicos, donde se supone que cualquiera va al cine, a los patios de comida. ¿Quién cuida, quién garantiza que esos espacios públicos realmente sean seguros para el ciudadano que ingresa?

Debe ser la administración del Estado y, de manera concreta, la administración municipal. Pero, si no la doto de profesionales que son expertos en el tema, si los coloco ahí por amiguismo —porque son de mi universidad, de mi grupo— tengo un problema de deficiencia profesional, a lo que se agrega también la corrupción, que no se puede decir que no haya ocurrido en esas circunstancias.

Hay una falta de seriedad, ¿cómo es posible que tengamos que elegir [entre] 40 candidatos con toda una lista de congresistas?".

En realidad, es lo más probable.

Entonces, ¿qué tenemos? Que la voz del ciudadano, quien está llamado a cuidar sus intereses, al final, termina siendo ineficiente o corrupto. O, de repente, hay un marco jurídico que no permite que la administración municipal pueda supervisar estos espacios públicos. Y ese es el resultado de haber destruido al Estado.

El Estado de la década de los 90 podría haber sido mejorado, perfeccionado; y, al final, no tenemos una burocracia racional que, por lo menos, controle y supervise el trabajo que vienen haciendo los privados.

Dicho otro modo, ¿lo de Real Plaza Trujillo evidencia el fracaso de nuestro Estado?

Evidentemente que sí, de la administración municipal. Y también evidencia la falta de conciencia social, aunque, bueno, eso es mucho pedirle a la empresa privada.

Ahora, imagínese que la municipalidad haya hecho observaciones y no se subsanaron. Tengo una curiosidad: es fácil saber quién autorizó el funcionamiento del centro comercial, quién autorizó esas licencias, quién autorizó esas renovaciones. Tienen nombre y apellido. Miremos quiénes fueron, su currículum, su experiencia, qué se hizo desde la administración municipal.

Para las elecciones del año entrante hay unos 40 partidos inscritos y otros 30 en proceso. ¿Diría que el ejercicio de la política en el Perú se ha degradado?

Yo diría que el ciudadano ha pasado a ser una persona invisibilizada en su ejercicio político. Hay una falta de seriedad, ¿cómo es posible que tengamos que elegir [entre] 40 candidatos con toda una lista de congresistas?

Van a ser más.

De hecho. Y, al final, el ganador será el que haga la mejor oferta en el mercado político. Mi primera apreciación es que es una falta de seriedad para el elector pretender que, de una sábana de tantos candidatos, se elija a estos representantes. Y es lo que hemos permitido, porque el diseño original tampoco fue así. Había las PASO, que eran unas elecciones primarias.

Pero el Congreso no quiso aceptarlas.

Correcto. Con una ciudadanía adormecida, el Congreso aprovechó para generar otras reglas de juego.

¿Tiene alguna esperanza en estas elecciones?

No, ninguna. Pero eso no significa que el país no pueda cambiar, que exista un grupo político que enarbole un proyecto de país. De ninguno de estos 40 partidos que por ahí aparecen he escuchado que, por lo menos, se proponga un proyecto de país. Necesitamos hacer algunos ajustes en el tema económico. Por ejemplo, hablar de nuestras industrias nacionales, de la transformación de nuestros recursos.

Nota de Redacción:

Esta entrevista se realizó antes de que se conociera el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la reposición del exjuez supremo, Aldo Figueroa, quien había sido destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante un procedimiento disciplinario inmediato. La decisión podría tener consecuencias sobre el proceso abierto en la JNJ a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.