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Human Rights Watch (HRW) presentó, esta semana, un informe titulado Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado en el que se afirma que diversos grupos criminales "han expandido progresivamente su presencia" en el Perú, "ejerciendo influencia sobre sectores clave de la economía, incluyendo la minería de oro y el transporte".
En la siguiente entrevista con OjoPúblico, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advierte que, si bien la inseguridad es algo que atraviesa a toda la región latinoamericana, el caso peruano resulta diferente porque es el propio Parlamento, con la anuencia del Gobierno, el que debilita la capacidad de respuesta del Estado para enfrentar el problema.
Además, Goebertus afirma que la reciente Ley de Amnistía, aprobada en la Comisión Permanente del Legislativo, que favorece a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y de los comités de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno es una "nueva burla a la justicia".
Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace.
Lo de Perú [con un Congreso que debilita activamente la capacidad de lucha contra el crimen organizado] no lo habíamos visto".
En el reciente informe de Human Rights Watch se afirma que el Perú ha experimentado un auge del crimen organizado y que una razón es la actuación del Congreso que “está debilitando gravemente la independencia y la capacidad de jueces y fiscales”. ¿Esto se ve en otros países de América Latina o se trata de un caso particular?
El crecimiento del crimen organizado es un fenómeno común de toda la región. América Latina tiene los más altos indicadores de homicidios, de impunidad por homicidios y de proporción de homicidios cometidos por el crimen organizado. Lo que es bien particular de Perú —y no hemos visto en otros países— es un Congreso, con la anuencia del Gobierno, que activamente debilita la capacidad del Estado de luchar contra esa criminalidad organizada.
En El Salvador, a través de tres años de régimen de excepción, hemos visto abusos brutales de suspensión del debido proceso, con más de 86.000 personas detenidas arbitrariamente. En México o Colombia, vemos a Gobiernos que miran para el otro lado y han hecho procesos de conversaciones con distintos grupos de criminalidad y permitido que estos se expandan en el territorio.
Pero, insisto, lo de Perú no lo habíamos visto. Lo que muestra el informe es un activo proceso de debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la criminalidad organizada.
Promovido por el propio Estado.
Promovido directamente por el Congreso de la República. Lo que hace el informe es mostrar cada una de las leyes que, con la anuencia del Gobierno, debilita allanamientos, la colaboración eficaz, la extinción de dominio y le han quitado herramientas al Estado.
Es un Gobierno sumamente débil que, en la mayoría de los casos, no ha observado esas leyes. Tampoco ha hecho una política de seguridad y justicia efectiva para atacar a esa criminalidad organizada.
¿Esta excepcionalidad es solo reciente? ¿O podría haberse visto algo parecido antes?
El Perú ha tenido, en distintos momentos de su historia —sin duda en los 90 bajo [el régimen de Alberto] Fujimori—, Gobiernos que han buscado cooptar los poderes públicos. Lo que está ocurriendo ahora, desde el Congreso, de buscar cooptar el Poder Judicial o el Ministerio Público…
¿Es nuevo?
Tiene reminiscencias con momentos del pasado. Lo nuevo es esta decisión de permitir y, activamente, tomar medidas para que el crimen organizado pueda tener más control territorial y mayor control de economías ilegales. Habíamos visto arbitrariedades desde el Gobierno, violaciones a los derechos humanos, pero lo distinto es este fenómeno de permitir e incentivar que el crimen organizado crezca.
Es un Gobierno sumamente débil que, en la mayoría de los casos, no ha observado esas leyes".
¿Eso es complicidad con el crimen organizado?
Hay una complicidad directa con el crimen organizado.
De parte del Congreso.
De parte del Congreso y con la anuencia del Gobierno de Dina Boluarte.
Perú no es el país con la tasa más alta de homicidios en la región, ¿pero es el que más rápido se está deteriorando en este aspecto?
Sí. Entre 2023 y 2024, la tasa de homicidios de Perú creció en 75%. Y, si bien, como señala, eso todavía no lo coloca en lo más alto de la región, sí es la tasa de crecimiento más acelerada. Hace pocos años, entre 2019 y 2020, debatíamos entre el equipo [de HRW] “Ecuador, que ha sido una isla de paz, está empezando a tener un crecimiento acelerado de su tasa”.
Bueno, Ecuador hoy es el país de Sudamérica con la tasa más alta de homicidios y está controlado territorialmente por distintas bandas de crimen organizado, que se disputan economías ilegales. Entonces, esto es una alerta. Perú registra el crecimiento más acelerado en la tasa de homicidios en la región.
¿Y eso tiene algún tipo de explicación?
Nuestra hipótesis es que estas redes de crimen organizado están viéndose beneficiadas directamente de las decisiones que viene tomando el Congreso. Listé algunas de ellas, pero hay otras, como la Ley Forestal, para legalizar la deforestación; la redefinición de criminalidad organizada para impedir que los fiscales puedan imputar temas de corrupción, sacar al Ministerio Público de las indagaciones preliminares y dejarlas en manos de la Policía.
El estudio lo hicimos luego de un año de trabajo de campo en lugares como Pucallpa, Puerto Maldonado, Lima, Trujillo. Fiscales en esos territorios nos decían "esas normas que está decidiendo el Congreso nos están quitando la posibilidad de hacer allanamientos”, por ejemplo.
Nuestra hipótesis es que estas redes de crimen organizado están viéndose beneficiadas directamente de las decisiones del Congreso".
En el informe señalan que más de la mitad de los congresistas tienen investigaciones por corrupción y otros delitos. No lo afirman, aunque se entiende que la intención de los parlamentarios sería la de protegerse ellos mismos, ¿Es correcta esta lectura?
Sin duda. La decisión de acortar los tiempos de la prescripción penal benefició directamente al que era presidente del Congreso [Alejandro Soto] en ese momento. Por eso, llamamos al informe Legislar para la impunidad, porque esos autobeneficios están teniendo un impacto directo en favor del crimen organizado.
Hay una alianza básica, que beneficia a miembros del Congreso investigados por corrupción y a la criminalidad organizada.
Usted no considera que exista autoritarismo en el Perú. Más bien, su lectura es que nos estamos acercando a un Estado fallido.
Esa pregunta me la hicieron a partir de comparar lo de hoy con los 90. Yo creo que son escenarios muy distintos.
Hay personas que sí encuentran similitudes en el comportamiento político de los actores con lo que pasó en los 90. Por ejemplo, con lo del copamiento institucional.
Hay un Congreso que ha tomado decisiones activas para cooptar al Poder Judicial que es, hoy, el principal bastión de defensa de lo que queda del Estado de derecho y la democracia en el Perú.
Es evidente que el Parlamento, luego de atacar a la anterior Junta Nacional de Justicia, al nombrar al defensor del pueblo, al cooptar a parte del Tribunal Constitucional, ahora está tratando de hacerse del control del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son quienes lo han investigado. Ese intento de cooptación, sin duda…
¿Es muy noventero?
Es muy noventero y, sin duda, supone elementos de autoritarismo.
El Poder Judicial es, hoy, el principal bastión de defensa de lo que queda del Estado de derecho y la democracia en el Perú".
¿Pero?
Pero creo que hay que ser cuidadosos porque no veo a una Dina Boluarte como estratega de todo este proceso. Lo que veo son beneficios personales y un interés de Boluarte de aliarse con ese Congreso para que no la tumben, seguir en el poder y permitir que todo este proceso de cooptación institucional avance, al tiempo que se va favoreciendo a la criminalidad organizada.
Pero sí hay un Congreso que está dando esos pasos autoritarios.
Absolutamente, sin duda. Aunque yo creo que eso es distinto al fenómeno de los 90, de un Gobierno autoritario violando derechos humanos.
¿Qué es lo que nos acerca a un Estado fallido?
Yo veo, sobre todo, en los territorios en los que hicimos trabajo de campo…
¿La ausencia del Estado?
Ausencia del Estado. Una ausencia absoluta. Veo medidas para que el Estado, con las poquitas capacidades que tenía, se retraiga todavía más.
¿Dónde ha visto más esa ausencia del Estado?
En Puerto Maldonado, flagrante. En una de las entrevistas que tuvimos, un fiscal, a duras penas, tenía una silla para poder actuar. Nada más. No tiene insumos, no tiene capacidad de hacer pruebas técnicas forenses.
Solo puede sentarse.
Solo puede sentarse, correcto. Y, con todo, son personas muy valientes, que están tratando de ver cómo dan la batalla. Entonces, hay territorios con inmensa presencia del crimen organizado y un Estado que no ha querido actuar ahí y que, encima de todo, ha tomado medidas para hacerle mucho más difícil el rol a los fiscales y al Poder Judicial. Ahí es donde digo que veo una decisión del Estado de no estar ahí, ausente totalmente.
En una de las entrevistas que tuvimos [en Puerto Maldonado], un fiscal, a duras penas, tenía una silla para poder actuar. Nada más".
¿Es decisión o es incapacidad?
Lo que diría es que el Perú, en comparación consigo mismo, ha tenido momentos de mayor capacidad institucional. Sin embargo, ha habido decisiones activas del Congreso de debilitarla.
Una pregunta metodológica, ¿cuándo se deja de estar en camino de ser un Estado fallido a convertirse en uno?
Como todo, las categorías siempre son difíciles. Me hacen mucho la pregunta sobre cuándo un país pasa a ser dictadura, pensando, por ejemplo, en el caso de El Salvador. En la medida en que tienes zonas en donde el crimen organizado amplía su control y sobre las economías ilegales, te vas acercando a abandonar ese territorio.
¿Ya hay territorios liberados en el Perú?
En el Perú hay territorios donde el control es total por parte de la criminalidad organizada.
Imagino que, en su trabajo de campo, la gran preocupación que han recogido de las distintas fuentes es la inseguridad.
Sin duda. Hablamos con comunidades indígenas, con líderes de la sociedad civil, jueces, fiscales, investigadores forenses.
Lo preguntaba porque pronto empezará la campaña electoral y la inseguridad será el tema más importante. En HRW han investigado también sobre El Salvador. ¿Por qué cree que el modelo implementado por Nayib Bukele tiene tanta aceptación?
Primero, hay que ser sensible a la situación. Hace tan solo 15 años, El Salvador tenía una tasa de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para la ciudadanía que vivía sometida al control de las maras, a su extorsión, a sus amenazas, a sus homicidios, la principal preocupación era “lo que sea para proteger mi seguridad”.
En el Perú, hay territorios donde el control es total por parte de la criminalidad organizada".
Y eso es lo que ofreció Bukele.
Claro. ¿Qué pasa? En el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos tres años del régimen de excepción de Bukele, hemos puesto la lupa en las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Hay más de 86.000 personas detenidas sin orden de captura, procesadas sobre la base de tener tatuajes o de información anónima en redes sociales, procesadas en audiencias de más de 500 personas al mismo tiempo, y en total incomunicación con sus familiares y abogados.
Algo que se conoce poco es que esas 86.000 personas incluyen a 3.300 menores de edad. Las 1.000 condenas que ha habido solo han sido a menores. El Gobierno salvadoreño ha sido incapaz de entregarnos una sola condena contra un adulto en el marco del régimen de excepción. Es decir, es un sistema de encarcelamiento masivo sin administración de justicia, ni siquiera para las víctimas de las pandillas.
Sin embargo, muchos acá hablan de exportar ese modelo.
Yo creo que porque no saben del costo.
Yo creo que sí saben.
No estoy segura. Se sabe poco que Bukele tomó la decisión de sacar al fiscal que estaba investigando a su Gobierno. Se habla poco, también, de la manera en la que se cambió la composición de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema para reinterpretar la Constitución y permitir la relección.
Estos elementos de copamiento y el exilio de los periodistas ayudan a mostrar que los poderes que se atribuyó Bukele en el marco de la lucha contra las pandillas, hoy son usados en contra de sus críticos y de cualquier persona que se atreva a tener una opinión distinta.
¿El modelo de seguridad salvadoreño es exportable a otros países?
Yo creo que no. Las redes de criminalidad en Sudamérica, en Brasil, Perú, Ecuador y Colombia están asociadas con distintas economías ilegales: narcotráfico, minería ilegal de oro, tráfico de personas. El fenómeno de pandillas en El Salvador es muy distinto, con un control mucho más de barrio, asociado a negocios más locales, que a esta lógica transfronteriza.
El Gobierno salvadoreño ha sido incapaz de entregarnos una sola condena contra un adulto en el marco del régimen de excepción".
Y es un territorio mucho más pequeño.
Correcto. Cualquier político que ande por ahí diciendo que lo que quiere es un modelo Bukele, lo que está prometiendo es el desmantelamiento total de la separación de poderes y otorgarle todo el poder al Ejecutivo para que pueda usarlo, primero, contra el criminal y, luego, contra todos los demás.
Por eso, la ciudadanía peruana que quiera garantizar que Perú no sea el próximo Ecuador, tendría que estar preocupada por un Congreso que está dedicado a fortalecer el crimen organizado.
¿Cuál considera que es el estado de la democracia en la región?
América Latina atraviesa, a lo largo de los últimos 10 años, un proceso de erosión democrática. Sin duda, Cuba, Venezuela y Nicaragua, con fenómenos abiertamente dictatoriales, sin alternancia del poder.
Venimos en un proceso de incremento del autoritarismo. Hay democracias y elecciones, pero también empezamos a ver normas, como la Ley APCI aprobada en Perú, que cierra el espacio cívico, que recorta redes de financiación al periodismo investigativo y a las organizaciones de la sociedad civil. También observamos ataques a los órganos electorales, tratando de deslegitimarlos.
¿La democracia le ha funcionado o no a la gente?
Eso es buena parte lo que sale en las encuestas. Ese sentimiento de que, a pesar de que América Latina es un ejemplo de democratización porque logramos salir de las grandes dictaduras de los 80…
Nos convertimos en democracias electorales, básicamente.
Y sí, pero yo sería un poquito más…
[América Latina] es una región que está, francamente, en jaque frente al crimen organizado".
¿Optimista?
Optimista de esa primera fase, que no fue perfecta. América Latina logró salir de las dictaduras, de la mayoría de los conflictos armados. Luego, lo que empezó a pasar es que esas transiciones a las democracias no fueron lo suficientemente profundas. Ese proceso de mayor democratización, de mayor participación ciudadana no se dio. Es una región que está, francamente, en jaque frente al crimen organizado.
Tener la tasa más alta de homicidios en comparación, incluso, con África o con distintos países de Asia debería ser un despertar. Sí, sale en muchas de las encuestas ese sentimiento ciudadano de “sí, claro, hicimos transiciones, pero no estamos más seguros”, “sí, claro, hicimos transiciones, pero no se redujo suficientemente la pobreza ni la desigualdad”.
Hay un desencanto con la democracia.
Hay un desencanto y hay disposición a sacrificar, en ciertos casos, garantías fundamentales, como los derechos humanos. Uno de los elementos que muestra el informe es que Perú venía, hasta el 2019, con una reducción de la tasa de pobreza, que de estar por encima del 40% pasó al 20%. Con la pandemia subió al 30% y pospandemia se ha sostenido ahí.
Sin embargo, el del Perú es el segundo porcentaje más bajo de gasto social en Sudamérica. Es solo más grande que el de Bolivia. A pesar de ser Perú un país con un crecimiento económico muy superior al de Ecuador y Colombia, es el segundo país que menos invierte en gasto social.
¿Qué piensa de la Ley de Amnistía para policías y militares aprobada esta semana en el Congreso?
Estamos muy preocupados. Es una amnistía general e incondicionada. No todas las amnistías están prohibidas por el derecho internacional, pero las de este tipo sí. Constituye una nueva burla a la justicia.
Como hemos hablado en la entrevista, el Congreso le viene quitando herramientas al Estado peruano para combatir la criminalidad, y esta ley lo que hace es reforzar la idea de la impunidad, de esta alianza entre el Gobierno de Dina Boluarte y el Parlamento.
Nota de redacción:
La última pregunta, acerca de la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso, fue formulada con posterioridad a la grabación en video. Al momento de realizarse la entrevista, la Comisión Permanente todavía no había votado la norma.
