El coronel PNP en retiro, Harvey Colchado, nos recibe en una oficina del centro de Lima que ha alquilado para las gestiones que realiza estos días. En la última semana, ha dado una serie de entrevistas en las que ha cuestionado las acciones del Congreso y el Poder Ejecutivo; y ha enfocado sus críticas a la permanencia en el cargo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. "No es posible que un abogado de presuntos miembros de organizaciones criminales esté al mando de la lucha contra la delincuencia", señala en esta entrevista con OjoPúblico. 

El exjefe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) también dice que está escribiendo libro sobre la captura de Artemio, uno de los principales cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso.

He visto la mayoría de entrevistas que ha dado en los últimos días y da la impresión de que usted desea más incursionar en política que volver a su institución.

No he decidido postular. Solo he señalado que, al poco tiempo que salí a dar entrevistas sobre leyes del Congreso y el Ejecutivo que son lesivas a la investigación del delito, el congresista Alejandro Soto presentó un proyecto de ley que pareciera prohibir alguna futura postulación, lo cual me hizo ver que ellos ya me ven como un candidato, y por eso decidí señalar que iba a pensarlo. 

Pero eso ni siquiera estaba en mi proyección. De repente en el futuro, después de haber pasado al retiro como general, a los 60 años. Ese proyecto [de ley] es una vulneración al derecho de elegir y ser elegido sin restricciones. Desde ahí no tiene validez, pero ya vemos que este Congreso aprueba normas así sean lesivas. 

¿Entonces usted descarta postular en las próximas elecciones?

No lo he pensado. No me interesa. Estoy interesado en hacer mi libro y en defenderme de las 17 investigaciones que me han abierto y de las tres cartas notariales que me han llegado por las entrevistas que he realizado. 

¿Quién le ha enviado las cartas notariales?

El ministro del interior [Juan José Santiváñez], el teniente general [Óscar] Arriola, el teniente general [Jhonny] Veliz. En el caso de los policías es por haber señalado que hay generales que pagaron para ascender. Eso es parte del caso que investigamos durante el gobierno de Pedro Castillo. Lo referido ya era información pública. En el caso del ministro, es sobre mis declaraciones en relación al mal desempeño que está teniendo su sector.

Estoy interesado en hacer mi libro y en defenderme de las 17 investigaciones que me han abierto".

¿Lo han llamado de algún partido o personas que se vocean como candidatos presidenciales? 

Siempre me he reunido con muchos políticos. 

¿Quiénes?

No te puedo dar nombres porque no quiero comprometerlos a ellos. Pero con los más conocidos, es decir Fuerza Popular o Alianza Para el Progreso, [con ellos] no he tenido comunicación. Solo con algunos alcaldes que me han llamado para ver la lucha de la inseguridad en su zona, sobre todo para un asesoramiento. 

¿Puede decir qué alcaldes?

No, porque después van a tergiversar. También me han buscado para ayudarlos a armar su plan de gobierno en temas de seguridad. Son de partidos, pero no de los conocidos.  

¿Usted quiere llegar a comandar la Policía?

No creo que exista un oficial que no aspire al grado máximo. En mi carrera por el logro que he realizado, he ascendido de manera rápida. Lo que me valió ser el más antiguo de mi promoción. No me han permitido postular a general. Eso me tocaba el otro año. 

Hablemos del avance de la criminalidad en el país. Usted ha dicho que tiene un plan para reducir considerablemente el crimen organizado. Concretamente, ¿en qué se basa esa estrategia?

A corto plazo, lo primero que haría es derogar todas las leyes pro crimen, como la que elimina la detención preliminar, modifica el delito de organización criminal, la colaboración eficaz. Eso le va a servir a la Policía y al fiscal. 

También se deben crear subgrupos especiales en las unidades especializadas y en los Departamentos de Investigación Criminal (Depincris), cuando aparezcan fenómenos delictivos como el Tren de Aragua o Los Pulpos. Darle exclusividad para que estén abocados a estas organizaciones criminales. Ese fue el éxito en la captura de Artemio [miembro de Sendero Luminoso]. Se llama la teoría del enfoque. 

Otro tema es la situación de las Depincris, que no tienen recursos, lo que eso genera que la investigación esté separada de la inteligencia. ¿Quién tiene el dinero para hacer los seguimientos y pago de informantes? Los recursos vienen por inteligencia. Lo que se debería hacer es juntar las unidades de investigación con inteligencia. 

Hace unas semanas revelamos el poco presupuesto que le destina este Gobierno a las Depincris, unidades a cargo de combatir el crimen organizado. Señalamos que los policías de estas unidades tienen que usar su propios equipos para perseguir al crimen. Usted ha pertenecido a esta unidad por varios años. ¿Confirma esta situación? 

Cuando trabajé en las Depincris en 2003 y 2004, estaba a cargo de un grupo que veía homicidios, secuestros y desaparecidos. Utilizaba mi auto, con mi combustible y mi filmadora para citar a las personas, denunciados, testigos o agraviados, y también para hacer seguimientos.

Todas las Depincris deben pasar a la Dirincri [División de Investigación Criminal]. Yo creo que la investigación criminal es sistémica y por eso estas unidades deben estar juntas.

A José Luis Castillo Alva hay que ponerle las alertas.

¿Usted defiende el hecho de que sí se llegaron a obtener elementos probatorios suficientes para que en su momento se solicitara la prisión preventiva de investigados en el caso Odebrecht como Alan García, Keiko Fujimori y otros?

En el caso de Odebrecht, no participamos en la investigación propiamente. Lo hizo la Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato, ellos solos. Nosotros hemos apoyado en algunas diligencias que nos pedían. La investigación que culminó con el allanamiento y detención de Alan García, nosotros no la hicimos para nada. Solamente nos dieron la orden judicial para detener a once personas, una era Alan García. 

Antes de Alan García, hicimos un operativo para Keiko Fujimori, pero la medida solo era detención preliminar, no decía allanamiento. Entonces le dije al fiscal [José Domingo Pérez] que también había que pedir allanamiento, porque si es para detener a 15 personas y luego se captura a uno afuera de su casa, este podría alertar a los otros para que no salgan. Y a la siguiente, el fiscal ya pedía allanamiento e incautación también. 

También pasaba que íbamos a la casa de un investigado y no era la que había declarado en el proceso, entonces ahí le dije al fiscal que se podría hacer videovigilancia previa para corroborar si era su casa o tenía otras. Poco a poco, el fiscal fue ganando confianza cuando vio que éramos transparentes. Solo eso. Todo el caso Odebrecht ha sido de esa manera, pero no hemos estado en la investigación propiamente. 

¿Usted cree que si el equipo Lava Jato hubiera trabajado en conjunto con la Diviac, los casos podrían haber avanzado más rápido?

Considero que el caso de Marita Barreto es un ejemplo de cómo se han avanzado los casos rápidamente. Ahora, yo no quiero decir que [el equipo Lava Jato] ha trabajado mal. También está el hecho de que están investigando al poder con abogados que imponen recursos que generan demora. Además, con Marita Barreto no viajamos a otro país. Ellos han tenido que viajar a Brasil, Suiza. Es una investigación mucho más compleja. 

Un sector del Apra sostiene que usted es parte de un grupo de personas que provocó el suicidio de Alan García. 

Para nada. El señor [Alan] García ya tenía indicativos de que se quería fugar. Cuando el fiscal Domingo Pérez nos pide la videovigilancia con fines de detención e incautación de documentos, nosotros hicimos el trabajo de campo. Nadie imagina que tras una orden judicial alguien se va a suicidar.

Yo no estuve en esa diligencia, pero el equipo que envié me contó que, luego de abrir la puerta, él subió a su cuarto, llamó a su abogado y tomó esa decisión. Lo que se hizo fue llevarlo al hospital y murió una hora después. El caso pasó a la división de homicidios. Investigaron y archivaron el caso porque no había responsabilidad de parte de nosotros. 

Usted también participó en la investigación del caso Cuellos Blancos. ¿Aún hay políticos, jueces y fiscales sobre los que todavía no se conoce su vinculación con esta presunta organización criminal?

Sí se conocen. Uno de ellos es el abogado José Luis Castillo Alva, quien también fue detenido en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. 

A ese abogado hay que ponerle las alertas. Está saliendo a declarar en varios medios como un experto. Sí, es experto, pero como abogado defensor de investigados, muchos de ellos sentenciados. Él ya no solo tiene un rol de defensor, sino también de miembro de una presunta organización criminal por haber cometido actividades delictivas. Eso es público. 

Nadie se imagina que tras una orden judicial el investigado se va a suicidar".

Hay un informe de la Junta Nacional de Justicia que recomienda investigar la presunta pérdida de 2.576 audios en el caso Cuellos Blancos. ¿Es posible que se hayan perdido audios?

Lo que pasa es que yo estuve hasta el 2019. En 2020 me fui al curso para ascenso. Entiendo que esa denuncia la hicieron a posteriori. No puedo precisarte sobre eso o darte mayor información. 

Lo que puedo decir es que todos los audios están en Constelación [sistema de escucha]. Hubo un proceso de escucha para saber cuál era el material delictivo. Esto lo hacían los fiscales recolectores, que en un inicio fue la fiscal Sandra Castro y luego otros. Si hubiera duda, se deberían hacer nuevamente las reescuchas de todos los audios, no hay forma de que se borren o desaparezcan audios porque siempre van a quedar en Constelación. 

Sobre el caso de Pedro Castillo y las declaraciones que ha dado anteriormente, ¿se puede interpretar que hubo un trabajo con el Congreso para vacar a Castillo? 

Nosotros no hemos tenido ningún interés para que vaquen a [Pedro] Castillo. Nuestra intención y el de la Fiscalía era probar si el presidente o su entorno había cometido corrupción, como indicaron los colaboradores eficaces. 

En ese caso detuvimos preliminarmente a Salatiel Marrufo, el exasesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Él como colaborador eficaz señaló que el dinero que le daba al presidente y a sus familiares provenía de la empresa Marka Group [empresa que buscaba mantener contratos con el programa estatal Mivivienda]. La ruta supuestamente era que Sara Goday [representante de Marka Group] entregaba el dinero a Salatiel, este a Geiner Alvarado y este último se lo entregaba al presidente. Marrufo también dijo que le entregaban S/10.000 a cada uno de los hermanos del presidente, que eran seis u ocho que estaban en Lima, y para el presidente eran S/50.000. Esa era su versión. 

Todo eso se deriva a la Fiscalía de la Nación y, por eso, el Congreso lo cita para que pueda declarar. Nosotros no tuvimos ninguna injerencia. Ese día, en la mañana, lo citan a Marrufo. En esa audiencia, dice que tiene las pruebas para demostrar lo que dice. Por la tarde, se produce el golpe de Estado. 

No hemos tenido interés ni injerencia. Simplemente él [Salatiel Marrufo] declaró y el Congreso tomó su decisión. Nosotros investigamos, no conspiramos. Eso lo han malinterpretado. 

LIBRO. El exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, refiere que está elaborando un libro sobre la captura de Artemio, uno de los cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Foto: OjoPúblico / Gabriel García Barandiaran

¿Qué sabe del ministro Santiváñez? ¿Qué conoce de su trayectoria?

Él siempre ha trabajado como abogado de presuntos integrantes de organizaciones criminales. Estuvo en el caso de Los Babys de Oquendo. Hace unos años ya fueron sentenciados en segunda instancia 24 integrantes. Seis de ellos policías, uno defendido por el estudio de Santiváñez. Es un caso emblemático de la Diviac que consiguió sentencia condenatoria. 

Luego, ha sido abogado de algunos policías del caso Escuadrón de la Muerte, donde apoyamos a la Fiscalía en la investigación. También ha sido abogado de Frank Ortiz Marreros, hermano de José Luis Marreros, el director general del gobierno anterior, quien nombró a los prefectos y subprefectos, presuntamente a pedido del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. 

¿Quién es Frank Ortiz Marreros? Es presunto integrante de la organización criminal Los Piaras de Huacariz. Ahora está con requisitoria. 

Luego, fue abogado del general José Figueroa en el caso Los Intocables Ediles de La Victoria. También ha sido abogado de uno de los generales que ha pagado para su ascenso en el gobierno de Pedro Castillo. 

No es dable que alguien que ha defendido a presuntos miembros de organizaciones criminales, algunos de ellos sentenciados, esté ahora dirigiendo la lucha contra el crimen. No debería ser de esa manera. Ese perfil se refleja en los resultados, que son un fracaso. 

"No es dable que alguien que ha defendido a presuntos miembros de organizaciones criminales esté dirigiendo la lucha contra el crimen".

¿Considera que el operativo contra la casa de Dina Boluarte fue el inicio de las investigaciones que se han abierto en su contra y que generaron su retiro de la Policía? 

No hay un tema de revancha ni de venganza. La persecución contra mi persona por parte de este Gobierno se inició cuando la fiscal Marita Barreto le pide a la fiscal de la nación investigar el caso Aionia [sobre el presunto pago irregular de Essalud a esta empresa, que involucra a funcionarios de alto nivel del actual Gobierno]. Luego, nos reunimos con Grika Asayag [exasesora de la presidenta] ,y se da cuenta de que nosotros no nos prestamos para ayudar a nadie. No nos pidió que los ayudemos, solo quería ver nuestra predisposición. Eso fue a mediados del 2023. Ahí mismo me proponen para ser agregado policial. 

Después de la captura de Artemio, donde usted participó, ¿qué ha pasado con la zona del Huallaga? ¿Otras organizaciones criminales han capturado la zona?

Se pacificó el Huallaga. Aplicando las técnicas especiales de investigación hemos desaparecido el brazo protector y la fuerza militar de los traficantes de drogas. Ahora la Policía puede entrar al Alto Huallaga y operar, y los traficantes de drogas, como ya no tienen esa protección, se han trasladado a otras zonas. Por ejemplo, Puerto Inca. Entonces ya no hay terroristas, solo quedan traficantes.