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IRREGULAR. Los casos están vinculados a un presunto favorecimiento para empresas que pescaron más anchoveta juvenil que la declarada.
Un análisis del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de la Producción (Produce) —que depende de la Contraloría General de la República— sobre cientos de procedimientos administrativos sancionadores resueltos en 2024 detectó, de modo preliminar, evidencias de presunto favorecimiento de la cartera a pesqueras que cometieron infracciones al presentar información incorrecta sobre captura de anchovetas juveniles.
De acuerdo al OCI, la Dirección de Sanciones del Viceministerio de Pesca y Acuicultura de Produce archivó 107 de casos de modo irregular. Esto evitó que se apliquen decomisos por S/13,4 millones y multas por S/390.000. También generó que, hasta el 23 de mayo de este año, se devolvieran S/943.000 en decomisos ya ejecutados a las pesqueras.
Entre las beneficiadas se encuentran Tecnológica de Alimentos S. A. (TASA), Hayduk, Exalmar, Austral Group, Diamante y CFG Investment, entre otras 40 empresas del rubro. En algunos casos, destaca el documento al que accedió OjoPúblico, los archivos también permitieron que pesqueras reincidentes logren sortear suspensiones temporales de sus permisos de captura.
El documento ya fue remitido a diversos funcionarios para que brinden sus descargos".
El análisis Desviación de Cumplimiento en la Auditoría al Ministerio de la Producción es de carácter interno y no ha sido publicado en el portal de la institución. Pero, de acuerdo al trámite normal, fue derivado a, al menos, una decena de profesionales de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, para que estos presenten sus descargos.
La Dirección de Sanciones de Produce, responsable de los archivos, se amparó en dos cuestionados informes no vinculantes y sin considerar precedentes administrativos y judiciales que sí lo eran. Estos fueron elaborados en julio de 2024, como ya había alertado OjoPúblico.
Dos informes polémicos como aval
En setiembre de 2024, este medio expuso que la directora de Sanciones del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, Patricia Morales Franco, había archivado nueve procedimientos sancionadores contra ocho empresas, aunque estas habían declarado una pesca de anchoveta juvenil menor a la que habían hecho.
La diferencia entre lo informado desde el mar y lo que encontraron los inspectores al momento del desembarque era de entre 10,83 y 55,47 puntos porcentuales. Algo así, según el Reglamento de la Ley General de Pesca, constituía una infracción grave, que implica el decomiso total de la pesca y una multa. Y, si se trata de empresas reincidentes, se debe aplicar una suspensión temporal de su derecho de pesca.
Sin embargo, Morales Franco sustentó el archivo de los nueve casos con dos informes de Produce elaborados semanas antes. Los mismos contradicen normas sobre preservación de la anchoveta y dos fallos judiciales.
Al momento de archivar los casos, no se consideraron precedentes administrativos y judiciales".
Los documentos cuestionados se generaron a partir de consultas de la misma responsable de la Dirección de Sanciones. El OCI de Produce no ha encontrado una explicación razonable para esas consultas. Sobre todo, porque había múltiples precedentes de sanciones similares ya impuestas, incluso, por Morales Franco.
Con el cambio de criterio, Produce tuvo que devolver a las pesqueras el pago que habían hecho para cubrir el valor comercial de la anchoveta decomisada. Hasta el último 23 de mayo, según información de la Oficina de Tesorería, los reembolsos sumaban más de S/425.200.
A este problema se añade que los decomisos efectuados (S/962.542) solo representan el 62% del S/1,5 millón que se debió retener, según el OCI. Esto responde, según el documento al que accedió OjoPúblico, a que en tres casos se consideró, erróneamente, una infracción menos grave. Si bien esto se corrigió durante el proceso, el decomiso que habían hecho al momento del desembarque ya era inferior (S/579.900 menos) a lo que correspondía.
El archivo de los nueve casos tampoco permitió la aplicación de las multas propuestas por la Dirección de Supervisión y Fiscalización (órgano instructor del proceso). Estas ascendían a más de S/390.900. Además, hizo que no se aplique la suspensión del derecho de pescar anchovetas a Hayduk (por 15 días), Pesquera Centinela (19 días), CFG Investment, Inversiones Moreda e Inversiones Pesqueras (13 días), según lo recomendado por la misma área.
PROCESO. Funcionarios de Produce explicaron que ya han proporcionado sus descargos ante hallazgos del informe del OCI.
Captura: OjoPúblico
Tipificación incorrecta
El OCI de Produce también detectó que los funcionarios de la Dirección de Supervisión y Fiscalización (órgano instructor) y de la Dirección de Sanciones (órgano sancionador), que dependen del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, aplicaron una tipificación incorrecta de infracciones en la extracción de anchoveta.
Eso, a su criterio, hizo que se archiven 83 procedimientos administrativos sancionadores y no se apliquen decomisos por alrededor de S/12,5 millones. Las infracciones que fueron confundidas son “presentar o registrar información incorrecta” y “no comunicar (...) la extracción de ejemplares en tallas menores [juveniles]”.
La primera es una falta grave y se sanciona con el decomiso total de la captura, una multa y, de haber reincidencia, con la suspensión temporal del permiso de pesca. Para la segunda, en cambio, el Reglamento de la Ley General de Pesca solo contempla un decomiso parcial y la multa.
Al revisar los casos, el OCI encontró que 83 procesos en los que se evaluó si las empresas habían cometido una infracción leve los indicios apuntaban a otro escenario: una falta grave (declaraciones incorrectas de captura).
Entre las empresas beneficiadas, según el OCI, se encuentran TASA, Hayduk, Exalmar, Austral Group, Diamante y CFG Investment".
Como sustento, el organismo detalla que la diferencia entre lo reportado a través de la bitácora electrónica y lo encontrado por los inspectores presenta una diferencia entre 15,01 y 73,67 puntos porcentajes. Esta incorrecta tipificación hizo que solo se decomise el 20% de los S/15,6 millones que correspondía.
A pesar de la tipificación favorecedora, ninguno de los casos terminó con sanción. Los 83, destaca el OCI, fueron archivados apelando a los cuestionados informes de la Dirección de Sanciones del Viceministerio de Pesca y Acuicultura. Por eso, Produce tuvo que reintegrar a las pesqueras el valor comercial del decomiso realizado. Hasta el último 23 de mayo, esto había implicado más de S/518.200, según la Oficina de Tesorería del ministerio.
Las beneficiadas de este grupo fueron TASA (17 casos), Austral Group (9), CFG Investment (7), Exalmar (6), Hayduk (5), Pesquera Cantabria (4), Pesquera Diamante (3), Copeinca (3), Centinela (3), Pesquera Isa (2), Pesquera Ninfas del Mar SAC (2) y otras 21 empresas (con un caso cada una).
Para algunas de ellas, la incorrecta tipificación evitó que se aplique el agravante de reincidencia, lo que hubiera conllevado la suspensión temporal de su derecho de pesca, según el análisis del OCI.
Doble infracción y ninguna sanción
El documento del OCI señala, además, que 15 casos fueron calificados incorrectamente: se les acusó solo de no comunicar el porcentaje de sus juveniles, cuando también se las debió investigar por haber presentado información incorrecta.
El organismo llegó a esa conclusión tras revisar las actas de fiscalización. Estas evidencian, de acuerdo al OCI, que las empresas no habían declarado sus juveniles y, cuando lo hicieron de modo extemporáneo, subestimaron la cantidad (declararon entre 15,18 y 68,33 puntos porcentuales menos a lo que encontraron los inspectores).
En otras palabras, hay indicios de que cometieron ambas infracciones. Esta deficiente detección evitó decomisos por alrededor de S/424.310. Dicho de otro modo, solo se ejecutó el 53% de los aproximadamente S/912.100 que correspondía.
Como en el caso anterior, todos estos procesos fueron archivados apelando a los dos cuestionados informes. Además, se hizo referencia a un beneficio que se les da a los titulares de pesca cuando realizan la subsanación voluntaria de una infracción, algo que les permite acogerse a un acuerdo plenario del Conas, para evitar la multa. Y, entonces, solo con el decomiso efectuado, se da por archivado el caso.
MUESTREO. Lo encontrado por los inspectores, señala informe, tenía una diferencia significativa con lo declarado desde el mar.
Foto: Presidencia
Produce responde
Al ser consultado por OjoPúblico, el despacho de Sergio González Guerrero, ministro de la Producción, informó que los funcionarios y servidores involucrados ya presentaron sus descargos y aclaraciones ante el OCI. “Es importante enfatizar que la auditoría realizada aún no cuenta con un resultado final, que sería el informe de auditoría”, indicaron.
Patricia Morales Franco, directora de la Dirección de Sanciones del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, explicó, por su parte, que ha presentado un “informe de comentarios” que, en su opinión, contiene fundamentos para “desvirtuar” las presuntas desviaciones identificadas por el OCI.
Respecto al archivo de los 107 procedimientos sin considerar precedentes administrativos y judiciales dijo que “se adoptó un cambio interpretativo razonado, legal y más garantista para los administrados, sin afectar la validez de actos firmes ni contradecir precedentes obligatorios”. Para ella, agregó, las resoluciones del Conas ni las sentencias judiciales han sido formalmente declaradas como precedentes vinculantes.
Este medio también pidió comentarios a las empresas presuntamente beneficiadas. La respuesta llegó de parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que representa a algunas de estas. El gremio empresarial indicó que las pesqueras no han sido notificadas de los hallazgos. No obstante, agregó que sus representadas cumplen “de manera plena y responsable con toda la regulación” de la actividad pesquera.
OjoPúblico también solicitó una entrevista con Manuel Jesús Farfán Acuña, jefe del OCI de Produce, para conocer el estado de la auditoría. Sin embargo, la Contraloría explicó que la desviación de cumplimiento aún tiene carácter reservado. Mientras el caso esté en investigación, agregaron, no pueden “adelantar opinión ni emitir pronunciamiento alguno”.
