Madereros usaron permisos de pueblos indígenas para tala ilegal en la Amazonía

Desde el 31 de mayo, el pueblo wampis ha asumido el control del transporte de madera en sus tierras que forman parte de la regiones de Loreto y Amazonas, en la frontera con Ecuador. Denuncian que la tala ilícita se incrementó en la cuenca del río Santiago por la inacción de la autoridad forestal local para fiscalizar los permisos que se otorgan a comunidades indígenas para talar árboles para empresarios madereros. Por ello, los wampis han decomisado madera de presunto origen ilegal, lo que ha expuesto a que sus líderes sean amenazados durante estas intervenciones. La zona ha sido declarada en estado de emergencia durante 60 días.

INTERVENCIÓN. El pueblo wampis ha decomisado madera de presunta procedencia ilegal extraída en las comunidades indígenas que forman parte de su territorio.

INTERVENCIÓN. El pueblo wampis ha decomisado madera de presunta procedencia ilegal extraída en las comunidades indígenas que forman parte de su territorio.

Foto: Gtanw

El autodenominado Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampis (Gtanw) está integrado por 15 mil personas que conforman 22 comunidades ubicadas entre las cuencas de los ríos Santiago y Morona, abarcando las regiones de Amazonas y Loreto, hasta la frontera con Ecuador. Desde 2015, este pueblo indígena se declaró como un gobierno autónomo para defender su territorio de la tala y la minería ilegal, pero estas actividades no han cesado, principalmente por la ausencia de las autoridades regionales y nacionales competentes. 

Ante el incremento de la tala ilegal, el pueblo wampis se declaró en emergencia sociocomunitaria y ambiental, un mecanismo mediante el cual asumen el control del transporte de madera en sus tierras. En el transcurso de esta medida — que se inició el 31 de mayo y continúa vigente— el pasado 19 de junio se produjo el decomiso de 340 tablares de madera de las especies caoba, cedro y tornillo. 

El pueblo wampis se autoproclamó como un gobierno territorial autónomo para defender su territorio de la tala y la minería ilegal.

De acuerdo a Galois Flores, pamuka ayatke (vicepresidente) del Gtanw, los tablares habrían sido extraídos de forma irregular de su territorio. Se trata de la tercera incautación que realiza la comunidad desde el 2021, indicó el líder indígena a OjoPúblico

 

gtanw_talaPAISAJE. La madera extraída de los territorios del pueblo wampis es transportada en botes que navegan por el río Santiago.
Foto: Gtanw

 

El Gtanw ha denunciado que empresarios madereros fomentan esta actividad ilícita en su territorio. Para ello, utilizan los permisos forestales otorgados por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas a comunidades que se oponen a la política forestal de la nación wampis.

Como sucede en otras regiones amazónicas, los madereros pagan a los apus de ciertas comunidades para que tramiten los permisos a su nombre, pero la extracción la realizan ellos. Talan árboles semilleros y otras especies no autorizadas. Luego, utilizan las guías de remisión a nombre de las comunidades para pasar los controles y transportar árboles que fueron sacados de forma ilegal.  

Los apus de ciertas comunidades tramitan permisos forestales a su nombre, pero los madereros realizan la extracción.

Este mecanismo empleado por los madereros ha ocasionado conflictos internos entre las comunidades que piden los permisos forestales y la nación wampis que se opone a esta forma de extracción. 

La ARA ha entregado desde el 2015 por lo menos 10 títulos habilitantes a comunidades asentadas en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, indica el Gtanw. En dicha zona se realiza la mayor tala ilegal dentro de su territorio, según el gobierno territorial de los wampis.

 

 

OjoPúblico identificó que en las supervisiones realizadas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) a los títulos habilitantes del territorio wampis se detectó que se extrajo madera de forma irregular en tres comunidades. En todas se utilizó el mecanismo descrito por el Gtanw.

Desde el 2015 Osinfor solo ha realizado tres inspecciones a los títulos habilitantes otorgados. Las siete zonas restantes donde se otorgaron permisos no han sido fiscalizadas, pese a que en los pocos controles realizados se detectó extracción ilegal de madera, según el Gtanw. Desde el inicio de la pandemia se dejó de realizar fiscalizaciones en la zona.

 

 

La última inspección de Osinfor se realizó en noviembre del 2019 en la comunidad de Fortaleza al título habilitante 01-AMA/PER-FMC-2016-003. Se halló que se taló un volumen de 201.733 metros cúbicos de tornillo más de lo que establecía su autorización y que se utilizó la documentación otorgada por la autoridad forestal para amparar su comercialización. Además se había cortado un semillero de esta especie y un árbol de la especie tinchi. 

Osinfor multó a la comunidad dirigida por el exapu Alfredo Tuchia, con 2,7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), correspondiente a S/11.242,35. Este precedente no impidió que la ARA de Amazonas entregase un nuevo título habilitante a la comunidad de Fortaleza para extraer las especies cumala, lupuna, moena, tornillo y catahua en su territorio hasta el 2023.

La Autoridad Regional Ambiental de Amazonas entregó un nuevo título habilitante a la comunidad de Fortaleza para extraer cumala, lupuna, moena, tornillo y catahua.

La comunidad nativa de San Juan fue multada con 2,2 UIT en mayo del 2019, luego de que Osinfor encontró que se talaron 171.299 m3 de madera no autorizada de las especies cumala, lupuna, tornillo y cachimbo. Además, se talaron dos árboles semilleros de tornillo, cuando el plan establecía que debían ser dejados en pie para permitir la reforestación de la zona.

El tercer caso ocurrió en la comunidad de Belén. Durante la inspección se halló que se talaron árboles de las especies tornillo, lupuna y capirona que no figuraban en su permiso. La sanción aún está en trámite administrativo.

En total, las tres intervenciones detectaron la extracción irregular de 569.932 m3 de madera. Pero el Gtanw estima que el volumen de madera talada de forma ilegal en su territorio sería mayor, ya que solo el último mes se habrían extraído un millón de pies tablares que pasaron por el control que la ARA tiene en Puerto Galilea. 

Galois Flores señaló que la autoridad forestal local ha perdido la confianza de parte del Gtanw. “En la primera intervención [de decomiso de maderas por parte de los wampis], la ARA devolvió lo incautado a los madereros, por eso se generó desconfianza”, sostuvo.

 

Amenazas a dirigentes 

La subprefecta provincial de Condorcanqui, Rosmery Pioc, también cuestionó el trabajo de la ARA. “Hay una deforestación total, las autoridades del sector no fiscalizan debidamente porque los botes pasan y nadie los verifica. Debido a eso las organizaciones se han levantado y piden que se evite todo tipo de tala, ya sea formal o informal”, dijo a OjoPúblico. Desde el 15 de junio, los wampis empezaron a detener las embarcaciones de madera que circulaban por el río Santiago a la altura de la comunidad de Huabal. 

El 19 de junio, a pedido de los wampis, la policía, la fiscalía mixta distrital de Río Santiago, la subprefectura de Condorcanqui y la ARA participaron de estos operativos de control. El acta fiscal detalla la incautación de un tablar (media de la madera aserrada cuyo espesor varía entre 7 y 12 cm y una longitud es de 2 a 3 m) de caoba, 19 de cedro y 320 de tornillo. 

Los wampis piden que se evite todo tipo de tala", indicó la subprefecta provincial de Condorcanqui, Rosmery Pioc. 

El Gtanw detuvo este cargamento al considerar que su origen era ilegal. Si bien las maderas eran transportadas con los permisos emitidos a las comunidades de Candungos y Papayacu, los títulos habilitantes no dan autorización para extraer caoba y cedro, sino tornillo y lupuna. 

Rosmery Pioc indicó que, a pesar de que estas comunidades tienen permiso para talar tornillo, no se puede asegurar que los 320 tablares incautados son de origen legal, ya que la ARA no ha fiscalizado la zona de extracción. 

Tras dicha incautación, se acordó esperar que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Bagua llegue a la zona para iniciar una investigación y determinar la procedencia de la madera. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ello no ocurría, solo se apersonó la fiscalía provincial. 

Galois Flores dijo que la población tiene miedo de que los madereros intenten recuperar el cargamento por la fuerza ya que aún permanece incautado en la comunidad de Huabal. Incluso él y Teófilo Kukush, presidente del Gtanw, habrían recibido amenazas durante las intervenciones que realizaron a los botes. Han denunciado este hecho ante la fiscalía de prevención del delito, señalaron.

 

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TEMOR. La madera incautada por el pueblo wampis permanece en la comunidad de Huabal hasta que la fiscalía se haga presente.
Foto: Gtanw

El vicepresidente del Gtanw indicó que los madereros han contratado a la ronda de la comunidad campesina de Onanga para que brinde seguridad al transporte de la madera. “Están formando un grupo para ir a buscar la madera, y la policía ya se retiró de Huabal. Los ronderos que deberían protegernos ahora están tratando de recuperar la madera”, afirmó. 

 

ARA señala que no tiene recursos

Las denuncias del pueblo wampis cuestionan directamente la labor de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas. Boris Reátegui Pereyra, gerente de la ARA, manifestó a OjoPúblico que la norma establece que la autoridad forestal emita los permisos a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos. Los apus son los que sacan los permisos, y eso es manejo de cada comunidad”, refirió. 

Además, indicó que la ARA no cuenta con los recursos necesarios para fiscalizar todos los permisos forestales emitidos. “No tengo presupuesto para personal, necesitamos medio millón de soles y no tenemos ni 20 mil soles'', dijo Reátegui Pereyra. En su oficina trabajan seis personas y el puesto de control de Puerto Galilea solo es atendido por una persona, dijo el funcionario. 

OjoPúblico le consultó al gerente de la ARA sobre la madera incautada el 19 de junio, quien no pudo asegurar que sea de origen legal. Sobre la caoba señaló que tenía información extraoficial de que uno de estos árboles se cayó en el río y una persona que pasaba por el lugar lo encontró y aserró la madera. 

La ARA de Amazonas no tiene recursos para fiscalizar todos los permisos, indicó Boris Reátegui Pereyra, gerente de esta instancia. 

Sin embargo, Santiago Cortez Neyra, responsable de la ARA de Condorcanqui, indicó que no tenía conocimiento de las circunstancias en las que se cortó el árbol de caoba. Sobre el cedro, señaló que la comunidad de Papayacu tiene un permiso de plantación y que la madera podría ser del lugar, pero en el registro forestal de la ARA no aparece esta información.  

La PCM declaró en estado de emergencia la provincia de Condorcanqui desde el pasado 23 de junio a través del Decreto Supremo 072-2022-PCM. La medida rige por 60 días y permite la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el territorio ante el incremento de la tala y minería ilegal en el territorio. Esta última actividad también afecta a los awajún, que han denunciado la presencia de más de 40 dragas en la cuenca de El Cenepa. 

El Gtanw, mediante un comunicado, ha señalado que les preocupa que la medida no precise las zonas críticas donde intervenir con suma prioridad y que no se destinen recursos necesarios para la movilización de las fuerzas del orden. “Además, la experiencia demuestra que ante los estados de emergencia, los grupos ilegales se repliegan y esconden hasta que se levante la medida y luego regresan a operar con mayor fuerza”, advierte la comunicación del pueblo wampis. 

 

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