Solapas principales

La elección del Bicentenario se acerca a su fin: al JNE solo le queda resolver 250 nulidades de Fujimori

ACTUALIZACIÓN. Tres semanas después de los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se apresta a resolver las últimas nulidades interpuestas por Fuerza Popular. El pleno del JNE en mayoría ya sentó precedente en 20 de los 270 casos al ratificar el argumento de los fallos de primera instancia: no existe evidencia de fraude. OjoPúblico analizó los expedientes restantes al cierre de edición y estableció que, en el supuesto de que el ente electoral anulara todos los votos de estos casos, Keiko Fujimori igual perdería la elección por tercera vez consecutiva.

SUPLENTE. El fiscal Victor Rodríguez Monteza se incorporó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para la recta final de los comicios.

SUPLENTE. El fiscal Victor Rodríguez Monteza se incorporó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para la recta final de los comicios.

Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Actualización a las 23:00 horas del 28 de junio de 2021.

Han pasado tres semanas desde la segunda vuelta entre Keiko Fujimori Higuchi y Pedro Castillo Terrones. Si bien el candidato de Perú Libre quedó por encima de su rival de Fuerza Popular al 100% del conteo oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no logra proclamar al nuevo presidente del Perú por la avalancha de pedidos para anular los votos, presentados por Fuerza Popular bajo el argumento de supuesto “fraude electoral”, a pocos días de conocer que los resultados le serían contrarios.

A un mes del 28 de julio, fecha de asunción del nuevo jefe de Estado, el fin del proceso electoral es inminente. El JNE debe resolver en los próximos días los 270 casos de nulidades apelados por Fuerza Popular en primera instancia, en medio de un contexto de pedidos judiciales para anular la segunda vuelta; actos de intimidación contra los órganos electorales; proclamas de ruptura del orden constitucional de parte de exmiembros de las Fuerzas Armadas, y hasta la reaparición del recluido exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en un audio donde narra la estrategia a usar en el JNE para favorecer a Fujimori.

De las 270 apelaciones, en el 79% se alega que fueron falsificadas las firmas de los miembros de mesa.

Por lo pronto, el pleno del JNE ya sentó precedente esta semana al resolver 20 de las 270 nulidades de Fuerza Popular, bajo el argumento en mayoría de que no hay evidencia del supuesto “fraude” electoral y que, en caso se presumiera la comisión de este delito, aquel debería ser investigado a nivel judicial. En esta etapa final, OjoPúblico analizó los 270 expedientes y estableció que ─en el supuesto de que el pleno del JNE diera marcha en los fallos ya emitidos y anulara todos los votos de estos casos, como pide Fuerza Popular─ Fujimori Higuchi igual perdería la elección por tercera vez consecutiva.

Hoy, Castillo Terrones supera por 44.176 votos a Fujimori Higuchi, al 100% de la ONPE. De ocurrir aquel remoto escenario favorable a Fuerza Popular, igual el candidato de Perú Libre superaría a su rival por 16.436 votos, según el análisis de los votos en las actas de escrutinio contra las que se plantearon las 270 nulidades. Aquel escenario está alejado de la realidad debido a los fallos de primera instancia, ya emitidos por los Jurados Especiales Electorales sobre la ausencia de evidencia de “fraude”; y por la posición similar ya pronunciada por el pleno en mayoría del JNE esta semana.

Las apelaciones del equipo legal de Fujimori Higuchi pretenden que el JNE anule un total de 261 mesas de sufragio que se ubican, sobre todo, en las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca y Madre de Dios. En estas, Castillo obtuvo el primer lugar durante los comicios del 6 de junio. En dichas mesas, el candidato de Perú Libre obtuvo, en conjunto, 37.450 votos; mientras que el fujimorismo alcanzó los 9.710. Si se anulan todos estos votos, Castillo Terrones igual mantendría el primer lugar por más de 16 mil votos.

 

La última pelea legal de Fujimori en el pleno del JNE

De las 270 apelaciones, además, en el 79% se alega que fueron falsificadas las firmas de los miembros de mesa. En la audiencia del miércoles, donde el Pleno del JNE revisó los primeros diez recursos legales, tres de los cuatro integrantes fueron contundentes sobre estos casos: los magistrados dijeron que deben priorizar la presunción de la validez del voto, y una acusación de falsificación solo puede ser verificada a través de un proceso penal en el Poder Judicial. Dichas diez apelaciones fueron declaradas infundadas por el Pleno del JNE.

La información analizada por nuestro medio fue descargada del portal web del JNE, que ha puesto a disposición del público una base de datos con los recursos legales de este proceso electoral, y los documentos relacionados a dichos expedientes. Luego, este conjunto de datos fue cruzado con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los votos para cada candidato, en cada mesa de sufragio durante la segunda vuelta, finalmente, fueron verificados manualmente por nuestro medio.

 

Foto de conferencia de prensa de Keiko Fujimori
ESTRATEGIA. Poco después de las elecciones, Keiko Fujimori y Fuerza Popular iniciaron su estrategia legal para revertir los resultados finales de los comicios.
Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

 

Las apelaciones del fujimorismo se han concentrado en las regiones donde Castillo obtuvo sus principales bolsones electorales durante la segunda vuelta. Fuerza Popular, por ejemplo, busca anular los votos de 8.249 ciudadanos en Huancavelica y de 7.885 en Ayacucho, jurisdicciones donde Perú Libre obtuvo entre el 82% y 84% de los votos. “Se está intentando torcer la voluntad popular”, llegó a decir el abogado Ronald Gamarra durante la reciente audiencia ante el pleno del JNE, quien ejerce la defensa legal de Perú Libre.

Los recursos legales de Fuerza Popular, además, se centran en distritos con altos niveles de pobreza. En Uchuraccay (Ayacucho) ─la jurisdicción con mayor pobreza monetaria según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)─ el equipo legal de Fujimori Higuchi busca anular 121 votos a favor de Perú Libre. En el distrito de Anguia (Cajamarca) que está ubicado en el tercer puesto del mismo ranking del INEI, el fujimorismo pide que se anulen los votos de 262 ciudadanos que votaron por Castillo.

Además de las 270 apelaciones que revisará esta semana el Pleno del JNE, hay otras 100 presentadas por la personera fujimorista Milagros Takayama, pero que no llegaron a ser concedidas por los Jurados Electorales Especiales. A través de estas se buscaba anular otras 85 mesas, donde Castillo obtuvo 13.447 votos y Fujimori, 2.531. Si dichos recursos se hubieran sumado a las 270 que sí llegaron a segunda instancia, y todas fueran declaradas fundadas, Perú Libre también mantendría el primer puesto con una diferencia de 5.520 votos.

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya resolvió 10 de las 270 apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

El presidente del JNE es el encargado de proclamar a la fórmula presidencial ganadora; sin embargo, primero el Pleno de dicha autoridad debe resolver las 270 apelaciones de Fuerza Popular. Hasta la fecha, el JNE solo ha revisado diez. Como se recuerda, para el jueves 24 estaba programado el análisis de otros cuatro recursos; aunque esta sesión tuvo que ser suspendida luego de que el magistrado Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público ante el JNE, enviara una carta con su “declinación irrevocable”.

La mañana del jueves, el Presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, suspendió a Arce Córdova de su puesto; ante la imposibilidad legal de aceptar su renuncia durante un proceso electoral. El sábado a primera hora, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza juró como suplente y nuevo integrante temporal del Pleno. Cabe indicar que Arce Córdova y Rodríguez Monteza son investigados en la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso de crimen organizado conocido como Cuellos Blancos del Puerto.

 

Fracaso en los Jurados Especiales Electorales: 945 nulidades rechazadas

La estrategia legal de Fujimori inició el 9 de junio, cuando Fuerza Popular comenzó la presentación de hasta 945 recursos de nulidad. De estas, solo 135 fueron remitidas dentro del plazo legal, y para el 18 de junio la totalidad de estos recursos ya habían sido rechazados en los JEE por falta de pruebas. Ahora, Fuerza Popular insiste en que el JNE revise por lo menos 270 apelaciones, a pesar de que esto no cambiaría el conteo final. Según Gamarra, esto tiene como objetivo final solo dilatar la proclamación de los resultados.

En primera instancia, la mayoría de los recursos de nulidad fueron presentados por la personera fujimorista Milagros Takayama, quien también fue congresista de Fuerza Popular. En la elaboración de estos recursos legales también participaron algunos integrantes de diferentes estudios de abogados de Lima, como Rodrigo, Elías & Medrano, y la firma legal Miranda & Amado, según determinó OjoPúblico. Dicho apoyo legal ─aunque hubiera sido voluntario─ deberá ser reportado como aporte de campaña, según la normativa electoral.

 

Pedro Castillo en un mitin en el Centro de Lima
CONTEO. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, lidera el recuento oficial, al 100% de actas contabilizadas, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

 

Ante la inminente denegación de la totalidad de estos recursos de nulidad, al equipo legal de Fuerza Popular se sumó la excandidata Lourdes Flores Nano, quien es investigada por recibir presunto dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña presidencial, al igual que Fujimori. En la audiencia de apelación ante el JNE, se sumaron el exmiembro del Tribunal Constitucional (TC), Oscar Urviola Hani, y los abogados Virgilio Hurtado Cruz y Gino Romero Curioso al equipo de Fuerza Popular.

Este grupo de trabajo no solo insistió en las apelaciones, sino en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue la lista de electores de cada mesa de sufragio bajo observación. Estos documentos, sin embargo, contienen datos personales que son protegidos por ley, como las huellas digitales y firmas. Esto fue advertido por la propia ONPE al denegar un pedido inicial de esta información por Fuerza Popular, e incluso por el Presidente del JNE, Salas Arenas, durante la audiencia de apelación del miércoles.

 

Intentos en el Poder Judicial: Hábeas Data y Acción de Amparo

Para insistir en el acceso a la lista de electores, la personera legal de Fuerza Popular presentó un recurso de habeas data ante el Poder Judicial, que fue elaborado por el constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien también se ha sumado al equipo jurídico del fujimorismo. La tarde del viernes, la Corte Superior de Lima declaró inadmisible el recurso pues Takayama no acreditó ser representante del partido político. Dicho juzgado le otorgó tres días para que formalice su firma y, así, proceda la revisión del habeas data.

Como parte de la estrategia de dilatación de la proclama de resultados, el abogado y expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, presentó un recurso de amparo para que la segunda vuelta electoral sea declarada nula. La mañana del sábado, sin embargo, la Corte Superior de Lima declaró improcedente dicho pedido. Entre los motivos de su decisión, el juzgado explicó que Villa Stein no presentó “elementos materiales necesarios” que evidencien que la presunta falsificación de firmas vició el proceso electoral.

Si el ente electoral aceptara todas las apelaciones, Keiko Fujimori igual perdería la elección.

Sobre esto, la jueza Elizabeth Salas Fuentes agregó que “la sola presentación de la pericia de parte [de Fuerza Popular] no podrá determinar en este estado administrativo la nulidad de la presente elección nacional”. Villa Stein también había acusado como irregularidades que el Pleno del JNE solo tenga cuatro integrantes ─el Colegio de Abogados de Lima no llegó a designar a su representante─ y que en algunas mesas Castillo Terrones obtuvo la totalidad de los votos. Ambos alegatos, sin embargo, fueron desestimados.

El sábado, finalmente, Fujimori Higuchi anunció en un mitin que enviará una carta al actual Presidente de la República, Francisco Sagasti, para que este solicite una auditoría a entidades internacionales. Este requerimiento, sin embargo, desestima que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha calificado a los comicios como justos, libres y transparentes. A esta posición se han sumado el Gobierno de Canadá, la Unión Europea y el Departamento de Estado de los EE.UU.

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