Juez prohíbe a Keiko Fujimori coordinar con testigos que lideran su estrategia de fraude sin pruebas

Juez Victor Zúñiga determinó que la candidata de Fuerza Popular sí conocía que excongresistas Miguel Torres y Lourdes Flores Nano son testigos en el proceso judicial en su contra por el Caso Lava Jato. Ambos, además, son los principales voceros de su campaña para desconocer el resultado electoral. El juzgado advierte que si Keiko Fujimori continúa coordinando con ellos, aceptará un eventual pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.

PROHIBICIÓN. Poder Judicial reitera a Keiko Fujimori que no puede coodinar con Miguel Torres, testigo en proceso judicial en su contra.

PROHIBICIÓN. Poder Judicial reitera a Keiko Fujimori que no puede coodinar con Miguel Torres, testigo en proceso judicial en su contra.

Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario.

El Poder Judicial advirtió a Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, que ordenará prisión preventiva en su contra si continúa coordinando con Miguel Torres Morales y Lourdes Flores Nano, quienes han sido incluidos como testigos en la acusación judicial contra la excandidata fujimorista. En las últimas semanas, Torres Morales y Flores Nano han sido los principales voceros de la estrategia legal de Fujimori Higuchi para revertir la virtual victoria de Pedro Castillo Terrones de Perú Libre, según el conteo oficial de la ONPE.

El juez Víctor Zúñiga ordenó el “cumplimiento estricto” de las restricciones que se impusieron en contra de Fujimori Higuchi; pues, “de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento de la Fiscalía”. El magistrado determinó que Fujimori Higuchi conocía que Torres Morales y Flores Nano eran testigos en el proceso judicial en contra suyo, por ello “no deberían haberse comunicado”. En abril del 2020, el Poder Judicial impuso esta restricción contra la candidata de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori es acusada de liderar una organización criminal y lavar más de US$15 millones ilícitos.

Fujimori Higuchi está prohibida de “comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros, o a través de cualquier forma o medio tecnológico”, ordenó la Sala Penal de Apelaciones Nacional al variar, el año pasado, una orden de prisión preventiva por comparecencia con restricciones. En dos ocasiones previas, sin embargo, Fujimori Higuchi ya ha incumplido esta regla de conducta, al comunicarse con la congresista Martha Chavez y la exlegisladora Úrsula Letona.

Desde hace dos semanas, el excongresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, ha aparecido en conferencias de prensa junto con Fujimori Higuchi, donde anunciaron una estrategia legal para revertir los resultados electorales. La semana pasada, la excandidata presidencial del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, se sumó al equipo legal del fujimorismo, e incluso ha acompañado a Fujimori Higuchi en un mitin del último sábado, donde llamó “ladrón” al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Debido a esas reuniones, el fiscal José Pérez Gómez del Equipo Especial Lava Jato solicitó, el pasado 10 de junio, que se revoque la comparecencia con restricciones y se ordene prisión preventiva contra Fujimori Higuchi. De acuerdo a la solicitud, a la que accedió OjoPúblico, la candidata fujimorista “incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos”. En audiencia, la abogada Giulliana Loza Avalos confirmó que su defendida conocía que Torres Morales y Flores Nano son testigos en dicho proceso judicial.

 

Fotografía de Lourdes Flores
ABOGADA. Lourdes Flores Nano se ha sumado al equipo legal de Fuerza Popular, en el marco de su estrategia por negar los resultados electorales.
Foto: Andina

 

La audiencia fue llevada a cabo en la Sala Penal Nacional de manera presencial, a pedido de la defensa legal de Fujimori Higuchi. Durante la sesión de esta tarde, los alegatos de ambas partes y la lectura de la decisión del juez fueron acompañados por los gritos de simpatizantes de Fuerza Popular, quienes convocaron a un plantón en las afueras del inmueble ubicado en la Prolongación de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima. Pocos minutos después, a estos se sumaron protestas de manifestantes antifujimoristas en el mismo recinto.

Esta es la tercera vez que Fujimori Higuchi afrontaba un pedido de prisión preventiva en su contra. La primera se dictó en octubre de 2018 por el juez Richard Concepción Carhuancho, aunque fue liberada en noviembre del 2019. La segunda orden de internamiento en un penal ocurrió en enero de 2020; luego esta medida fue modificada en segunda instancia, en abril del mismo año, por comparecencia con restricciones, que le impedía comunicarse con testigos y coacusados en su proceso judicial.

Fujimori Higuchi es acusada por la Fiscalía de lavar más de US$15 millones, entregados en secreto durante sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016 por Dionisio Romero de Credicorp, la constructora brasileña Odebrecht e investigados en el marco del caso Club de la Construcción, entre otros. Por dichos hechos, la Fiscalía pide 30 años de prisión por crimen organizado, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. A la fecha, el proceso se encuentra en etapa de control de acusación, una etapa previa al juicio oral.

Keiko Fujimori no debió coordinar con Miguel Torres y Lourdes Flores, según determinó el Poder Judicial.

Al 100% de las actas contabilizadas, la ONPE ha determinado que la candidata de Fuerza Popular se encuentra 44.420 votos por debajo de su rival Castillo Terrones. El equipo legal de Fujimori Higuchi, sin embargo, ha presentado un total de 945 recursos de nulidad contra las mesas de sufragio donde ganó el candidato de Perú Libre, con el objetivo de que no sean contabilizadas. De este total, solo 135 fueron presentados dentro del plazo legal determinado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A pesar de que la totalidad de los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular han sido rechazados en primera instancia, Fujimori Higuchi y su partido han apelado dichas decisiones ante el Pleno del JNE; mientras que continúan con la difusión de una narrativa de fraude en las elecciones, sin evidencia. A esto se han sumado voces de excongresistas, líderes de partidos políticos y comunicadores en televisión de señal abierta que piden desconocer los resultados electorales, en contra del orden constitucional.

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