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La estrategia de Fuerza Popular y sus aliados que insisten con negar resultados electorales

En un contexto de campañas de desinformación, acoso de autoridades electorales y con el apoyo de algunos líderes de la derecha en Perú que piden desconocer las elecciones, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ha planteado una ofensiva legal que busca dilatar la proclamación del presidente electo, negar los resultados del conteo de votos y, por otro lado, desconocer todo el proceso electoral de la segunda vuelta. ¿Qué es lo que está detrás de esta estrategia?

FASES. Keiko Fujimori inició una estrategia legal de tres fases, a la que hoy se suman voces que piden desconocer el orden constitucional.

FASES. Keiko Fujimori inició una estrategia legal de tres fases, a la que hoy se suman voces que piden desconocer el orden constitucional.

Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

Un número histórico de recursos de nulidad en elecciones; acoso a autoridades y activistas; acusaciones sin evidencia contra decenas de ciudadanos en regiones; pedidos de políticos por desconocer los resultados electorales; y comunicados solicitando la intervención de las Fuerzas Armadas, son algunas de las acciones que han acompañado la estrategia legal que inició Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, con el objetivo de cuestionar la diferencia de alrededor de 44 mil votos ─al 100% de las actas contabilizadas─ con Pedro Castillo Terrones, de Perú Libre.

A la estrategia legal de Fuerza Popular, durante las últimas semanas se han sumado marchas y plantones convocados por la propia Fujimori Higuchi, sus congresistas electos, y aliados del fujimorismo en redes sociales. Una de estas manifestaciones provocó, por ejemplo, la suspensión temporal del proceso de vacunación que se realiza en Campo de Marte, en Jesús María. Su rival electoral, Rafael López Aliaga Cazorla de Renovación Popular, también se ha sumado al impulso de estas convocatorias.

El Ministerio Público, por su parte, ha iniciado una investigación contra las campañas de hostigamiento y acoso en redes sociales como Twitter e Instagram, que incitaban a la violencia contra activistas, periodistas y autoridades consideradas como opositoras a Fuerza Popular. El caso está a cargo de la Fiscalía en Prevención del Delito, puesto que aquellos que crearon esta campaña pueden recibir hasta cuatro años de prisión por acoso.

 

Fotografía de Lourdes Flores
ALIADA. La excandidata Lourdes Flores Nano, investigada por recibir presunto dinero de Odebrecht, se ha sumado al equipo legal de Fuerza Popular.
Foto: Andina

 

En los últimos días, también se han realizado ofensivas hacia autoridades electorales y fiscales, a través de plantones en sus hogares familiares. Esto en el marco de una expansión de grupos extremistas que defienden la posición de Fujimori Higuchi en estas elecciones. Facciones radicales y de ultraderecha, como el autodenominado 'Los Combatientes', incitan a la violencia y utilizan iconografía fascitas, seǵun ha quedado registrado en fotografías. 

Líderes de derecha, como el excandidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, han solicitado sin argumentos legales ni pruebas de irregularidades que se repita la segunda vuelta. El congresista electo de Renovación Popular y exmilitar en retiro, Jorge Montoya, ha pedido que se anulen los comicios en su totalidad; mientras que el exlegislador Víctor Andrés García Belaunde ha dicho que el presidente del nuevo Congreso deberá asumir la Presidencia y convocar a elecciones, si es que no se ha proclamado a un ganador para el 28 de julio. 

Ante estas proclamas, la Asociación Civil Transparencia, una de las entidades más importantes para la observación electoral en Perú, condenó "cualquier intento de alejarse del cauce democrático", y rechazó el acoso de parte de manifestantes a autoridades electorales. También la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelete, manifestó su preocupación por la crisis en Perú, y dijo que las decisiones de las instituciones electorales "deben respetarse y asumirse".

Fuerza Popular ha presentado 945 recursos de nulidad, mientras que Perú Libre, un total de 141.

Los pedidos más peligrosos para romper con el orden constitucional han sido impulsados incluso en televisión de señal abierta. El comunicador Phillip Butters en Willax, canal de Erasmo Wong y sus hijos Wong Kongfook, incitó en su programa a los simpatizantes de Fuerza Popular a “tomar Palacio de Gobierno”. Por esas declaraciones, el conductor ha sido denunciado de manera penal por el presunto delito de conspiración para sedición. 

Además, una carta suscrita por supuestos militares en retiro fue recibida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas esta semana. Dicha misiva, que incluía sobre todo nombres de oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, solicitaba que estas intervengan para evitar la proclamación de Castillo Terrones como Presidente. El presidente Francisco Sagasti ha rechazado dichas insinuaciones y ha remitido la información al Ministerio Público.

¿Qué implican y cuál es el alcance de estas acciones impulsadas por Fuerza Popular y sus aliados para negar los resultados electorales? En esta guía analizamos el tema para entender dicha estrategia.

 

¿El proceso de conteo de la ONPE está certificado? 

Sí, el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detalla que su proceso de conteo de votos cuenta con certificación internacional de calidad, bajo el nombre de ISO/TS 54001:2019, que es la referencia formal a un estándar para las organizaciones electorales. Esta herramienta garantiza “servicios electorales eficientes y eficaces dentro de los principios de transparencia, participación, igualdad y legalidad”, explica la autoridad.

Pese a esto, la personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, envió una serie de preguntas al jefe de la ONPE sobre los estándares de calidad de dicha entidad en cuanto a la digitalización de las actas electorales. El documento tuvo por asunto solicitar "la realización de una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales”, en base a “cuestionamientos” detectados a través de redes sociales. Precisamente, durante la última semana, la ONPE se ha dedicado a desmentir noticias falsas.

El 15 de junio la ONPE culminó el procesamiento y conteo de las actas de la segunda vuelta. Al 100% de actas contabilizadas, Castillo Terrones de Perú Libre se ubica en el primer puesto, con una distancia de 44.240 votos de la candidata presidencial de Fuerza Popular, un resultado similar al proyectado por Ipsos Opinión y Mercado en su conteo rápido.

 

¿Cuándo se proclamará a un Presidente?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama a la fórmula presidencial ganadora luego de que la ONPE contabiliza las actas, y el propio JNE se pronuncia sobre observaciones, como los recursos de nulidad presentados por ambos partidos. “Se tiene que esperar a que se resuelvan los recursos de nulidad porque estos señalan una objeción en relación a determinada mesa”, explicó Percy Medina de IDEA Internacional. 

Según la normativa, los personeros pueden presentar nulidades contra mesas de votación por indicios de “fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación". En un hecho extraordinario, Fuerza Popular presentó 945 recursos de nulidad, mientras que Perú Libre, 141. A la fecha, el 100% de las nulidades presentadas por el partido fujimorista fueron rechazadas por los diferentes Jurados Electorales Especiales (JEE).

Por cada recurso de nulidad, el partido debe pagar S/1.100. Precisamente, en algunos casos, los JEE desestimaron nulidades de Fuerza Popular por no haberse realizado dicho pago. El plazo máximo para la presentación de estas solicitudes, por otro lado, venció el miércoles 9 de junio a las 08:00 p.m. De los 945 recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, solo 135 fueron entregados dentro de los plazos legales. Bajo esta causal, algunos de estos recursos legales fueron declarados improcedentes.

 

Fotografía de Miguel Torres
VOCERO. El excongresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, se ha convertido en el principal vocero de Keiko Fujimori en su estrategia legal. 
Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

 

¿El JNE puede ampliar los plazos para presentar pedidos de nulidad?

No. Los plazos fueron definidos a través de la resolución 0086-2018-JNE, de fecha 7 de febrero del 2018. El viernes de la semana pasada, sin embargo, Fuerza Popular presentó una solicitud ante el pleno del JNE para que este amplíe los plazos legales para la recepción de recursos de nulidad, según reconoció dicha entidad ante un comunicado. 

Aunque hubo un primer acuerdo para aceptar dicha ampliación ─para que se "pudieran someter a revisión todas la nulidades planteadas", según el JNE─ el Pleno finalmente decidió rechazar esta demanda. El Tribunal Constitucional ha establecido, a través de su sentencia 5448-2011-PA/TC, que los comicios tienen etapas con efectos "perentorios y preclusivos". Esto quiere decir que no se puede regresar a fases previas del proceso electoral una vez culminadas.

A pesar de esto, la excandidata presidencial, Lourdes Flores Nano, quien como Keiko Fujimori es investigada por el caso Lava Jato, alegó que la extensión del plazo estuvo vigente unos días, hasta su derogación. Dicha información ha sido desmentida por el JNE: el acuerdo no se publicó de manera oficial ni fue notificado a cada partidos. Flores Nano se ha sumado al equipo de defensa legal de Fuerza Popular, en el marco de la segunda vuelta.

 

¿Por qué las denuncias de Fuerza Popular
no tienen sustento?

Los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular denuncian tres presuntos tipos de irregularidades en el proceso electoral. El primero está relacionado a mesas de votación donde el partido fujimorista no recibió ni un solo voto a su favor. Esto a pesar de que una situación similar ocurrió con Perú Libre: en la mesa 081313 de Miami, en EE.UU., la candidata Keiko Fujimori obtuvo 95 votos, mientras que su contendor, ninguno.

El segundo grupo de presuntas irregularidades está relacionado a miembros de una misma mesa electoral que tienen un presunto vínculo de parentesco entre sí, una situación prohibida de acuerdo a la normativa electoral. Ante esto, tres ciudadanos que comparten el apellido Catacora, y fueron miembros de una misma mesa en Acora, Puno, rechazaron ser familiares y pidieron una rectificación de la candidata de Fuerza Popular.

Sobre el tercer grupo, finalmente, se acusa que hubo una presunta falsificación de firmas en las actas de diversas mesas de sufragio. Según Fuerza Popular, la firma del Documento de Identidad de diversos miembros de mesa no coincide con aquella que los miembros de mesa registraron el día de los comicios. Con certificado oficial en mano, un grupo de ciudadanos de seis regiones, que han sido incluidos en estas denuncias, han confirmado a OjoPúblico que estuvieron presentes en la mesa el día de votación, y que la firma escrita es legítima.

"No se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos", concluyó informe de Ipsos.

En cuanto a las presuntas firmas falsas, Percy Medina de IDEA Internacional explicó que los JEE ni el Pleno del JNE están obligados a realizar peritajes para verificar su autenticidad. Los personeros de cada partido, sin embargo, sí pueden incluir elementos probatorios hasta la etapa de apelación. Uno de los voceros de Fuerza Popular, el excongresista Miguel Torres, ha dicho que adjuntará pericias grafotécnicas ante el Pleno del JNE.

La dirigente del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, también ha difundido cinco pericias grafotécnicas relacionadas a las actas de la segunda vuelta, en un intento por sustentar los alegatos de "fraude en mesa" esgrimidos por Fujimori Higuchi. OjoPúblico conversó con Leodán Fernández Guevara, involucrado en las acusaciones de Flores Nano, quien exigió una rectificación a la lideresa "pues yo he firmado el acta y el día 6 de junio me desempeñé como miembro de mesa" en la provincia de Chota, en Cajamarca.

A todo esto se suma un informe publicado el día sábado por Ipsos Opinión y Mercado. A pedido de Instituto Pro Democracia, dicha encuestadora analizó el 100% de las actas de la segunda vuelta electoral para detectar posibles casos atípicos. La conclusión es contundente: "No se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos, ni en determinadas zonas geográficas, ni para un candidato en particular". Incluso si se descartan estos casos atípicos en el conteo, el resultado de la ONPE no se vera alterado, según el reporte.

 

Fotografía de Julio Castiglioni
BRAZO LEGAL. El abogado Julio Castiglioni ha asumido la vocería del equipo legal de Keiko Fujimori en la presentación de nulidades contra los comicios.
Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

 

¿Fuerza Popular apelará los recursos de nulidad que sean rechazados?

Sí, según lo declarado por el abogado Julio César Castiglioni, quien ha asumido la vocería del equipo legal de Fuerza Popular. De acuerdo a una entrevista suya dada al diario El Comercio, los recursos de nulidad que sean denegados por los diferentes JEE serán apelados ante el Pleno del JNE. Por cada apelación, según la normativa electoral, se debe realizar un pago individual de S/660. A la fecha, hay alrededor de 280 recursos de nulidad que han sido apelados por dicho partido.

La resolución 0086-2018-JNE señala que el partido político podrá apelar la decisión del JEE ante el Pleno del JNE, dentro del plazo de tres días hábiles que se cuentan "a partir del día siguiente de la publicación de la resolución que se cuestiona". Según determinó OjoPúblico, las apelaciones de Fuerza Popular han estado, por ahora, a cargo de su personera legal Milagros Takayama. 

 

Si Pleno del JNE falla en su contra, ¿Fuerza Popular recurrirá al Poder Judicial?

El abogado Julio César Castiglioni ha asegurado en la misma entrevista que recomendará a Keiko Fujimori que acepte los resultados si el Pleno del JNE falla en su contra, y la diferencia con Pedro Castillo no ha sido revertida para ese momento. El artículo 36 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que contra las resoluciones del JNE, en materia electoral, “no procede recurso alguno ni acción de garantía, ni acción ante el Tribunal Constitucional”. Sobre esto, Castiglioni también ha coincidido: “Los fallos del JNE son irrevisables”.

A la fecha, sin embargo, ya se han presentado por lo menos dos recursos legales ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los abogados penalistas Mario Amorretti y Luis Lamas Puccio alegan falsificación de documentos y falsedad ideológica durante la segunda vuelta, en base a presuntas irregularidades durante los comicios, en un escrito enviado a la Fiscalía. Diversas denuncias contra el proceso electoral ya han sido desmentidos por medios como OjoPúblico, La República y Latina.

"No te portes como un ladrón y entrega el padrón", dijo Lourdes Flores al jefe de la ONPE.

El viernes, por su parte, el exjuez y expresidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, presentó una acción de amparo para "que se declare nula la cuestionada elección del 6 de junio". El recurso legal alega los mismos argumentos esgrimidos por Fuerza Popular; es decir, que hubo "diversos actos que menoscaban la voluntad popular". Entre estos, el exmagistrado señala actas electorales con firmas falsas, "anomalías estadísticas" y la presunta vigencia de la ampliación del plazo por el JNE. Dichas acusaciones también han sido desmentidas por investigaciones periodísticas, y las autoridades electorales.

A esto se suma un recurso de hábeas data elaborado por el constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien también se ha sumado al equipo legal de Fuerza Popular. A través de dicho recurso ante el Poder Judicial, el fujimorismo busca que la ONPE entregue la lista de electores de cada mesa de sufragio. La entidad electoral ya ha denegado una solicitud de esta información por la personera Takayama; pues, a diferencia del padrón electoral que es público, la lista de electores contiene datos personales que están protegidos por ley.

 

Un recurso ante el Poder Judicial, ¿puede demorar la proclama de un ganador de los comicios?

Según explicó Percy Medina, de IDEA Internacional, los recursos ante el Poder Judicial son un “canal diferente” al proceso establecido en la normativa electoral y que está a cargo del JNE. Una vez terminen de ser resueltos los recursos de nulidad, tanto en primera como en segunda instancia, la autoridad electoral podrá proclamar a un ganador o ganadora de las elecciones, explicó Medina. El propio vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, ha dicho que el único ente habilitado para proclamar al próximo Presidente es el JNE, y que serán respetuosos de la decisión de esta institución.

 

Eventualmente, ¿el caso podría llegar al Tribunal Constitucional?

A la fecha, Villa Stein es el único ciudadano que ha presentado una acción de amparo ─recurso que busca que el Poder Judicial reponga el estado anterior a una violación de un derecho fundamental─ para que se declare nula la segunda vuelta. Dicho recurso fue entregado ante la Corte Superior de Justicia de Lima y, de ser rechazado, se podría recurrir al Tribunal Constitucional; como ya ocurrió en 2005, cuando un alcalde distrital pedía que se anule la resolución del JNE que ordenaba su vacancia, aunque su pedido fue declarado infundado.

La Constitución establece que las resoluciones del JNE en materia electoral no son revisables en sede judicial, mientras que la ley electoral precisa que "no procede recurso alguno ni acción de garantía, ni acción ante el Tribunal Constitucional". Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005 interpretó que un recurso de amparo sí es viable, en ningún caso "se suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable". Dicha sentencia agrega que si el proceso electoral ya ha culminado, el amparo se limita a determinar responsabilidades. 

En este contexto, bancadas como la de Acción Popular ya han solicitado que el Congreso elija a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional durante la segunda semana de julio. De hecho, desde este lunes, la Comisión Especial Parlamentaria comenzará a entrevistar a los aspirantes al Tribunal Constitucional, y enviará su propuesta final al Pleno el 30 de junio. Todo esto en el marco de un pedido de censura contra la Mesa Directiva, fomentado por congresistas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, entre otros.

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