Durante el primer año de pandemia hemos sido testigos de cómo la Covid-19 afectó la capacidad de atención de todos los sistemas y niveles de salud, debilitando el tratamiento de otras enfermedades, entre ellas, la tuberculosis (TB). Silenciosa, invisibilizada y muchas veces estigmatizada, esta infección bacteriana continúa causando muertes en el país, debido a que las acciones orientadas a su prevención y cura se vieron limitadas durante la emergencia sanitaria.

En Perú, donde se concentra el mayor número de casos de tuberculosis resistente a los medicamentos de América Latina, se redujo ampliamente el alcance de la detección de esta enfermedad. A partir de las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), se puede estimar que durante el último año más de 9 mil personas con tuberculosis no fueron identificadas de manera oportuna.

En 2019, según información de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Minsa, se realizaron 32.970 detecciones, una cifra cercana a la meta nacional de 33.300 casos anuales, planteada en 2016, para reducir la brecha de diagnósticos (diferencia entre el número estimado de casos totales de tuberculosis y el número de casos identificados). Sin embargo, en 2020 solo se reportaron 24.296 pacientes con algún tipo de TB.

Aunque se trata de un menor número de casos, estas cifras no representan una mejora en la situación de la enfermedad a nivel nacional, de acuerdo a Julia Ríos Vidal, directora del órgano técnico del Minsa.

“Muchas personas dicen que el uso de la mascarilla ha disminuido la transmisión de tuberculosis. Nosotros pensamos que se trata de un problema de detección, los pacientes no están acudiendo a los servicios o están llegando con cargas bacilares muy altas y con compromisos pulmonares importantes”, dijo Ríos Vidal durante un simposio realizado el último martes por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Carlos Rojas Eccoña, activista en Derechos Humanos y tuberculosis, también advierte sobre las consecuencias de las brechas de diagnóstico. “Hay personas con tuberculosis que no saben su diagnóstico. Estas personas van a ver deteriorado su estado de salud, porque tenían que haber iniciado un tratamiento. Sin él, la enfermedad avanza [en su organismo] y ponen en peligro la vida de las personas, al diseminar la enfermedad. En 2021 vamos a tener una cantidad enorme de contagios”, dijo a OjoPúblico.

La Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Minsa reconoce que el nuevo coronavirus debilitó los avances logrados en los últimos años y, además, prevé un incremento de la transmisión comunitaria, a causa del hacinamiento registrado en muchos hogares durante el aislamiento social obligatorio, y las condiciones de pobreza en que viven millones de peruanos.

Los pacientes están llegando [a los servicios de salud] con compromisos pulmonares importantes”, dijo la médica Julia Ríos.

Como se recuerda, durante el 2020, los principales establecimientos de salud estuvieron dedicados casi por completo a la atención de la Covid-19.  Recién a mediados de año se reinició la atención en centros de salud del primer nivel (responsables de la atención de tuberculosis) y se implementaron nuevas estrategias para la respuesta a otras enfermedades. 

Precisamente, entre abril y julio de 2020, se registraron los índices más bajos de detección de tuberculosis de los últimos años. En este periodo, de 2019, se registraron 2,6 mil casos mensuales en promedio, en cambio, el año pasado, 1,3 mil casos. Hacia diciembre, las cifras se recuperaron y alcanzaron niveles del año anterior. No obstante, en 2021, en medio de la segunda ola de la pandemia, los diagnósticos nuevamente han disminuido: 1.875 casos detectados en enero y 1.397 en febrero.

“La demora en diagnósticos es [por causa] del paciente, que tiene temor de acercarse a los establecimientos de salud [por posibles contagios del nuevo coronavirus], tanto como por la disponibilidad de las pruebas. En los momentos más críticos de la pandemia hubo problemas con el transporte de muestras [para su evaluación]”, sostiene Julia Ríos Vidal.

Desde noviembre de 2020, según la directiva sanitaria 920-2020-MINSA, toda persona con síntomas respiratorios, además de pasar por triaje de Covid-19, debe tener acceso a pruebas de descarte de tuberculosis si tiene, por lo menos, un factor de riesgo (VIH o diabetes) o si pertenece a un grupo vulnerable (niños, gestantes, adultos mayores, personas privadas de la libertad y personal de salud).

Debilidades en el rastreo de contactos

Una detección temprana, además de salvar la vida del paciente, es fundamental para detener la transmisión en su entorno cercano. Por eso, además de tamizar a los pacientes que acuden a los centros de salud, es necesario realizar búsquedas activas de personas sintomáticas y examinar a sus contactos. 

De acuerdo a estadísticas del Minsa, estas acciones también sufrieron un impacto negativo durante la emergencia sanitaria. Por ejemplo, la capacidad de diagnóstico y atención a niños menores de cinco años (uno de los grupos más vulnerables) expuestos a contagios, se redujo en más de 50%. En 2019 fueron censados 6.706 niños y, de estos, 3.703 tuvieron acceso a una terapia preventiva con isoniazida (TPI). Al año siguiente, en medio de la pandemia, solo fueron censados 3.361, y 1.687 se beneficiaron con la profilaxis.

De manera similar, durante el 2019, más de 73 mil contactos de pacientes con tuberculosis fueron censados (registrados) y más de 65 mil fueron examinados (es decir, pasaron por algún procedimiento para descartar tuberculosis, como exámenes clínicos, prueba de tuberculina o baciloscopia y cultivo de esputo). Mientras que, en 2020, estas cifras disminuyeron a casi la mitad: 42,1 mil y 35,9 mil, respectivamente.

En setiembre pasado, se retomaron las actividades de detección en poblaciones vulnerables, a través de brigadas móviles en Lima y otras tres regiones con mayor incidencia durante 2020 (Lambayeque, La Libertad e Ica). Desde entonces, el Minsa informó que se han realizado 97 intervenciones, en las que se identificó, entre 9.597 personas atendidas, 64 casos de tuberculosis. Estas actividades están programadas hasta julio de este año, como una alternativa para cerrar las brechas de detección de contactos.

“Se están citando a las familias y contactos [de personas diagnosticadas] por horarios. Pasan por consejería, charlas, se les toma placas y pasan por consultas médicas, para evaluar si son un probable casos de tuberculosis”, indicó la directora de Prevención y Control de Tuberculosis, durante el simposio del INS.

Falta de tratamientos oportunos

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una cuarta parte de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis). Sin embargo, no todas las personas enferman, ni transmiten la enfermedad. Quienes tienen un sistema inmunitario debilitado, padecen desnutrición o diabetes, en cambio, corren un alto riesgo de desarrollar complicaciones y morir, si no logran acceder a una atención oportuna. 

Durante la pandemia, así como disminuyeron los diagnósticos, también se redujo el número de personas que iniciaron una tratamiento: de 32.583, en 2019, se pasó a 23.767, en 2020. Esta última cifra representa alrededor del 97,8% del total de casos diagnosticados en el último año. De igual manera, el alcance del tratamiento de casos de tuberculosis multidrogo resistente pasó de 1.767, en 2019, a 1.434, en 2020. Esto representa una cobertura del 40,9%, teniendo en cuenta que, en nuestro país, se estima que 3.500 personas no responden a la medicación tradicional para la tuberculosis, cada año.

Sin un tratamiento, la enfermedad avanza y ponen en peligro la vida de las demás personas", advierte el activista Carlos Rojas.

La poca disponibilidad de medicamentos a nivel internacional también fue un reto para los servicios de salud. En 2020, el cierre temporal de fábricas productoras en la India y de fronteras, ocasionó un retraso en la compra de fármacos, tanto a proveedores nacionales como internacionales. El Minsa tuvo que redistribuir las dosis disponibles entre los diferentes establecimientos y realizar cambios temporales de esquemas, a fin de cubrir la demanda, especialmente, de pacientes con TB resistente.

Asimismo, cambiaron las dinámicas de suministro: en condiciones normales, los pacientes de tuberculosis deben acudir de manera diaria a su centro de salud para ser supervisados en la toma de medicamentos, durante seis meses, un año o más; dependiendo del tipo de tuberculosis y lo que dure su tratamiento. 

Ante las restricciones de la pandemia, el Minsa recurrió al uso de medios virtuales, como videollamadas, para asegurar la toma de medicamentos. No obstante, los tratamientos directamente observados (o DOT, por sus siglas en inglés) a través de estas nuevas modalidades solo alcanzaron a 20.861 pacientes.

Para el activista Carlos Rojas Eccoña, los pacientes se han visto afectados al no poder acceder a una atención integral, como servicios de psicología o psiquiatría, que les permiten llevar adelante el tratamiento. “Es difícil que una persona tome hasta 11 pastillas diarias. Si no se asegura el consumo [de las medicinas], se generan más problemas”, indicó.

Las complicaciones a las que hace referencia, son el incremento de las tasas de tuberculosis resistente y multirresistente. Hace unos meses, la médica e investigadora principal del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Theresa Ochoa Woodell, explicó a OjoPúblico que la falta de atención oportuna puede derivar en resistencia antibiótica. 

“Hay mucha literatura al respecto, que manifiesta que podría venirse un problema muy grande y no solo en Perú, sino a nivel mundial, en el tema de tuberculosis. Como se ha dejado de lado el programa de TB, es muy probable que, con muchos pacientes que han dejado de tomar su medicación, empiecen a emerger cepas resistentes. Entonces, el manejo va a ser más difícil y también más costoso”, advirtió.