Bonos pendientes para víctimas de esterilizaciones y del terrorismo

Para enfrentar la pandemia y el aislamiento domiciliario, el Estado implementó cuatro bonos económicos destinados a las familias más pobres y vulnerables del país. Sin embargo, los subsidios aún no logran alcanzar a todos. Algunos distritos de Puno y Arequipa tuvieron el menor acceso a estos estímulos económicos; mientras que sectores vulnerables como víctimas de la violencia interna, de esterilizaciones forzadas y comunidades indígenas tampoco recibieron la ayuda monetaria.

VULNERABLES. En Cusco, las víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori no accedieron a los bonos del gobierno.

VULNERABLES. En Cusco, las víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori no accedieron a los bonos del gobierno.

Foto: Adriana Peralta

 Actualizado: 28-07-2020

A casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, Pedro Mamani Cahuina, de 51 años, vive con su esposa en la comunidad campesina de Saytococha, distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, en Puno. Pese a que su comunidad es considerada pobre, ninguno de los dos resultó beneficiado con los bonos del Estado. Refugiados en su casa de adobe y techo de paja, Pedro y su esposa sobreviven como pueden al hambre y al implacable frío. Antes del Estado de Emergencia, vendían papa, quinua, cañihua y cebada, pero ahora ya no pueden hacerlo. “En invierno, aquí en Saytococha disminuye el agua de los pozos y ccochas, así que tenemos que ir a otros poblados en busca de agua para cocinar nuestros alimentos”, dijo a OjoPúblico.

El distrito de Santiago de Pupuja es uno de los menos favorecidos con la entrega de los bonos del gobierno, según información de las transferencias monetarias en el Portal Datos Abiertos. Pero no es el único en Puno. El distrito de Capaso es otro con menor acceso a los subsidios. Aquí viven 2 mil habitantes dedicados exclusivamente a la actividad alpaquera. Sin embargo, debido a la pandemia dejaron de comercializar la lana y la carne de alpaca. El alcalde del distrito, Juan Tuco Ordóñez, dijo a OjoPúblico que el precio de la lana de alpaca en esta cuarentena cayó a S/14 soles el kilo; antes lo vendían a S/ 24 ó S/ 26.

“En Capaso la población se dedica en su mayoría al sector alpaquero, no tienen chacras. Estamos fastidiados con el gobierno porque los bonos no llegaron a todos los habitantes. Somos de la zona rural y nos encontramos en extrema pobreza, estamos en la frontera con Bolivia y Chile, no hay servicio de Internet, los escolares están perjudicados con las clases virtuales”, sostuvo Tuco.

En la comunidad de Laconi, distrito de San José, provincia de Azángaro (Puno), José Luis Luque Quispe (43), una de las miles de víctimas de la violencia terrorista, tampoco ha recibido ningún bono. En 1993, unos militares lo confundieron con terrorista y le dispararon en su pierna izquierda. “Tenía 17 años, estaba con unos amigos y de pronto escuchamos las ráfagas de las metralletas, yo cargué la mayor parte. En el hospital los militares me dijeron que debía señalar como los autores del hecho a los terroristas, sino iría a la cárcel”, recuerda el hombre que ahora pide una ayuda económica del Estado.

En Capaso la población se dedica en su mayoría al sector alpaquero, no tienen chacras. Estamos fastidiados con el gobierno porque los bonos no llegaron a todos los habitantes".

No son los únicos lugares excluidos con la entrega de los bonos del gobierno. En Arequipa, uno de los distritos menos favorecidos es Huanuhuanu, provincia de Caravelí. El alcalde del distrito, Walter Huamaní, dijo a OjoPúblico que de las 5 mil personas que viven en la zona, solo 200 recibieron alguno de los bonos. El burgomaestre añadió que hasta ahora la población ha acatado estrictamente la cuarentena, sin embargo la necesidad de conseguir dinero para subsistir hará que a partir de este 15 de junio las personas vuelvan a la minería artesanal, que es su principal fuente de ingreso.

Según el INEI, el 45% de los pobres del Perú se encuentran en el área rural. Además, el 46,8% viven en la sierra, el 36,7% en la costa y el 16,5% en la selva. En cambio, los pobres extremos, se ubican en su mayoría en la zona rural del país, el 70% de en la sierra, el 21,% en la selva y el 8,5% en la costa. En zonas como Puno y Arequipa la pobreza alcanza el 77%. 

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ZONAS POBRES. En Puno, las poblaciones vulnerables de los distritos de Capaso y Santiago de Pupuja tuvieron poco acceso a los bonos del gobierno. 
Foto: Municipio de Capaso

OjoPúblico estableció que los bonos diseñados por el gobierno no llegaron a todos, y que los distritos más pobres de Puno y Arequipa figuran entre los menos favorecidos, tal como lo señala la economista Joan Martínez en este artículo. Además, grupos vulnerables como víctimas de la violencia interna, de esterilizaciones forzadas, en el sur; damnificados del Niño costero en el norte; y varias comunidades indígenas de la Amazonía denunciaron no haber recibido ningún subsidio del Estado para enfrentar la pandemia.  

 

Las víctimas de la violencia interna 

 

En Ayacucho, la sobreviviente de la matanza de Accomarca, Cirila Pulido Baldeón (47), es una de las víctimas de la violencia interna que tampoco recibió ningún subsidio estatal. “Si no hubieran pasado esas cosas me hubiera quedado en mi pueblo”, dice la mujer que hace 27 años migró a Lima, donde actualmente vive. Antes de la emergencia sanitaria trabajaba vendiendo verduras en un mercado de Ate Vitarte, en Lima. Pero ya no puede hacerlo, porque tiene asma y teme contagiarse con el nuevo coronavirus. 

Ninguno de los miembros de la familia de Cirila Pulido, quienes trabajaban de manera independiente, ha resultado beneficiado con algún bono. Ella figura en el Registro Único de Víctimas (RUV), un instrumento del Estado peruano que incluye a personas que sufrieron la vulneración de sus derechos durante el proceso de violencia entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. Como ella, son 54.911 personas inscritas en este registro (poco más del 30% del total) que no accedieron a ningún bono, según la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia, encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional. 

Este organismo envió a fines de abril un oficio al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde le solicitaba que el RUV sea considerado como un instrumento para determinar a los beneficiarios del Bono Universal Familiar, el último de los subsidios entregados por el gobierno. El documento precisaba que muchas víctimas se “encontrarían en situación de pobreza o pobreza extrema y no fueron incluídas en el Padrón de Hogares”. 

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PEDIDO URGENTE.Los familiares y sobrevivientes de la violencia interna en el Perú solicitan ser incluidos en los bonos que entrega el gobierno a las poblaciones más vulnerables. 
Foto: ANFADET

Katherine Valenzuela Jiménez, de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, dijo a OjoPúblico que el 19 de mayo recibieron la respuesta del Midis con la información de que 122.161 de las 177.072 personas vivas inscritas en el RUV sí recibieron algún tipo de bono. Es decir, el 69% del total de este grupo vulnerable ha accedido a los subsidios del gobierno.  

Consultada sobre el otro grupo de personas inscritas en el RUV que no recibió ningún subsidio económico, Valenzuela precisó que se debe a dos razones: por un lado, que las personas omitidas no están en el Padrón General de Hogares y se les pidió que se inscriban en el registro habilitado en la plataforma de RENIEC; y por otro lado, que la evaluación realizada por el Midis identificó que las personas inscritas en el RUV o alguno de sus familiares estaban en una planilla pública y/o privada.

Luyeva Yangali, de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET), dijo a OjoPúblico que no le consta que el 69% de las personas haya accedido a los bonos del gobierno. “Una cosa es decir “ya accedieron”,  es como decir “ya lo cobraron”, entonces pedimos que nos demuestren que ese 69% ya ha cobrado; “podrán acceder es otra cosa”, “están en proceso” también es diferente (...) esperamos que de verdad el 69% sí salga, pero a la fecha ahorita mismo no”, comentó.  

Añadió que su organización ha realizado un muestreo de 300 personas y solo 40 de ellas han accedido a algún tipo de bono. También han identificado que hay muchas víctimas que sí figuran en la lista de la CMAN pero que no aparecen como beneficiarios en la plataforma virtual del Midis. A esto se suma el limitado acceso a Internet y que no todas las víctimas están en el RUV. En los siguientes días, la organización pedirá formalmente a la Defensoría del Pueblo que verifique la cantidad de bonos ya entregados por el gobierno a las víctimas del conflicto armado interno.

En Ayacucho, la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), Adelina García Mendoza, tampoco ha recibido ningún bono: “En algunos casos, nuestras hijas tienen su trabajito y nos ayudan, pero hay otras mamás que necesitan y eso nos preocupa a nosotras como junta directiva. Unas cuantas han recibido, pero la mayoría no recibe esos bonos”, dijo a Ojo Público. 

Ninguno de los miembros de la familia de Cirila Pulido, quienes trabajaban de manera independiente, ha resultado beneficiado con algún bono.

Por su parte, Raúl Enciso, de la organización Juventud ANFASEP, dijo que 109 de las 147 socias activas no han recibido ningún bono. “Son 109 mamás las que no han recibido bono alguno del Estado. De esa cifra, 60 mamás viven en extrema pobreza, según los datos que hemos recolectado en las visitas que hicimos para entregar canastas de alimentos”.

 

Víctimas de esterilizaciones forzadas en Cusco

 

En Cusco, no todas las víctimas de esterilizaciones forzadas han recibido bonos del gobierno, y así lo contaron a OjoPúblico. Claudia Condori Viera, quechuahablante de 50 años y con tres hijos, es una de las víctimas de este grupo que no accedió a los subsidios. Antes de la pandemia, ella se dedicaba a la agricultura y vivía en el distrito de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas. Ahora está en la ciudad de Cusco, en la casa de una sobrina, recuperándose de una operación a la que se sometió en diciembre del 2019, cuando le extirparon su útero. ‘’Sangre muerta estaba, casi me muero con eso. Apenas llegué al hospital’’, contó.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 006-2015-JUS, el Estado está obligado a priorizar la atención en salud y justicia de todas las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, en esta pandemia no todas ellas han sido consideradas como beneficiarias de alguno de los bonos.

El 30 de marzo, 15 días después de iniciado el estado de emergencia, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas envió una carta al Ministerio de Justicia y al de Desarrollo e Inclusión Social pidiendo que más de 7 mil mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas sean beneficiarias del primer bono ‘Yo me quedo en casa’. Pero no obtuvieron una respuesta. El último 28 de mayo reiteraron su pedido.

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RECLAMO JUSTO. Desde el 2015 el Estado peruano se comprometió a garantizar el acceso a la salud y justicia a las víctimas de las esterilizaciones, pero muchas de ellas no accedieron a los bonos.
Foto: Adriana Peralta

María Ysabel Cedano, integrante del grupo de trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que el Estado peruano está en deuda al no considerar a estas mujeres como población vulnerable, pese a que se trata de personas indígenas campesinas y pobres.

“Es el colmo que se desconozca la situación y que al momento de establecer los criterios para entregar bonos no se haya considerado a las más de 7 mil víctimas de esterilizaciones forzadas”, dijo. Mientras tanto, Raquel Reynoso Rosales, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF), dijo que al no haber recibido los bonos, estas víctimas del gobierno de Fujimori son vulneradas nuevamente. 

Añadió que solo 1 de cada 10 mujeres esterilizadas que viven en Lima y Callao han recibido algún bono. “Reúnen todos los requisitos y no les ha tocado (el bono). El Estado debería aprovechar el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, que cuenta con nombres, apellidos, todos los datos. Esa lista debería estar en bloque incluida en el bono  universal”,dijo.

“Es el colmo que se desconozca la situación y que al momento de establecer los criterios para entregar bonos no se haya considerado a las más de 7 mil víctimas de esterilizaciones forzadas”, dijo María Ysabel Cedano

 

La brecha digital es otro problema para este grupo vulnerable, pues muchas de ellas viven en pueblos sin Internet o no cuentan con celulares inteligentes, y por lo tanto no pueden verificar si son beneficiarias o no de los bonos. “Algunas me han mandado su DNI y fecha de emisión y yo he revisado que no les han dado (el bono). Muchas de ellas están delicadas de salud por las esterilizaciones y no trabajan’’, dijo a OjoPúblico Inés Condori Anaya, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas, en Cusco.

 

Los indígenas, otro sector excluido

 

La Amazonía peruana alberga a 51 pueblos indígenas en 12 regiones del país, que desde el inicio de la cuarentena se aislaron para evitar que el Covid-19 ingrese a sus territorios. Sin embargo, en la actualidad este grupo vulnerable es uno de los más afectados. “Pedimos al gobierno un bono especial que incluya alimentos e implementos de bioseguridad para los territorios indígenas, porque en la mayoría de las comunidades no hay servicios de Internet ni telefonía”, dijo a OjoPúblico Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien se recupera del Covid-19 en Pucallpa. 

En Loreto, muchos indígenas no han recibido los bonos del gobierno, dijo Jorge Pérez Rubio, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).  “Así como ha pasado en la zona urbana, en la zona rural ha sido mucho más grande el margen de personas que no han recibido el bono; solo se ha beneficiado a quienes figuran en las estadísticas del Estado. Nosotros hemos pedido que nos entreguen alimentos antes que dinero”, explicó. 

Por su parte, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam) expresó su preocupación por la gran cantidad de familias que no han sido beneficiadas con los bonos del gobierno. La organización indígena envió al Ministerio de Cultura una lista de 4.237 familias de los pueblos Kichwa, Awajún y Shawi que no habían accedido a los bonos, para que fueran incluidas. 

 

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MENOS FAVORECIDOS. Los indígenas de la Amazonía son otro de los grupos con menor acceso a los subsidios del gobierno para enfrentar la pandemia.
Foto: Ginebra Peña/ OjoPúblico


En la Amazonía, el gran desafío para cobrar el bono rural o universal es la falta de acceso a Internet y a celulares en las comunidades originarias. En la comunidad Río Soritor, en el distrito de Awajún, región San Martín, solo la mitad de la población ha sido beneficiada con algún bono. “Las comuneras y comuneros acuden a una persona que tiene Internet y conoce las plataformas del gobierno, los asiste en la búsqueda, validación de datos, recepción de mensajes de textos y de ser necesario hasta en la cobranza. Es un proceso bastante engorroso en las comunidades rurales e indígenas”, contó a OjoPúblico el presidente de la comunidad Río Soritor, en San Martín, Walter Gómez.

Nelsith Sangama, de Codepisam, dijo que pese a que le enviaron la lista al Ministerio de Cultura solo 770 familias resultaron beneficiadas con el bono rural. Además, comunidades del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) como Pishuaya, Esperanza, San José de Obrero, Irapay Sacha y otras comunidades del Bajo Huallaga no fueron inscritas en el padrón y tampoco recibieron la ayuda económica del gobierno.

 

Damnificados de El Niño costero y otros sectores vulnerables 

 

El Niño costero del 2017 dejó 285 mil damnificados en todo el país, la mayoría de ellos ubicados en el norte del país. En esta zona, dirigentes y familias que viven en albergues denunciaron no haber recibido ayuda estatal. El alcalde del centro poblado de Narihualá, distrito de Catacaos (Piura), Ángel Chero, dijo a OjoPúblico que de las más de 1.200 familias golpeadas por el Niño costero, 281 familias de Narihualá, Pedregal Chico y La Campiña no recibieron ningún subsidio. “Nosotros se lo hicimos saber al municipio de Catacaos, pero no nos han dado ninguna solución”, dijo. 

Por su parte, Cristóbal Timaná, de la junta directiva del albergue de damnificados de San Pablo, contó que de las 280 familias que viven en esta zona, 47 no accedieron a los bonos, pese a que son de extrema pobreza. “Nosotros vivimos hace tres años acá, en casas de carrizo y techos de calamina. La gente ha regresado a trabajar en las empresas (agroexportadoras) de uva porque no tienen para vivir, y no todos han recibido el bono”, dijo. 

Otro sector con trabajadores que tampoco accedieron a los bonos es construcción civil. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú informó que del millón de afiliados que tienen, 450 mil de ellos se encontraban laborando en obras de infraestructura del Estado antes del 15 de marzo, inicio de la cuarentena nacional. “No nos dieron bonos porque estuvimos en planilla antes de la crisis”, dijo Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación.

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GOLPEADOS. Más de 300 familias damnificadas por El Niño costero del 2017 en Piura tampoco recibieron ninguno de los bonos del gobierno para enfrentar el coronavirus. 
Foto: Cristóbal Timaná

Muchas personas con habilidades diferentes tampoco fueron sido consideradas en la entrega de subsidios económicos. El presidente de la Federación Regional de Personas con Discapacidad de Áncash, Pedro Bernabé Domínguez, comentó a OjoPúblico que de las 500 personas que tienen en su organización solo unas 5 han resultado beneficiadas directamente con algún tipo de bono. Lo más preocupante –añadió– es que es esta región no cuenta con una data real de las personas con discapacidad, aunque se estima que son más de 12 mil.

En Lambayeque, el presidente del Comité Zonal de Rondas Campesinas del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, Luis Pedro Huamán Barrios, nos dijo que entre 500 y 700 familias no han recibido ningún bono del gobierno. Mientras que en Arequipa, integrantes de la comunidad LGTBI tampoco fueron incluidos como beneficiarios de los bonos. 

Muchas personas con habilidades diferentes tampoco fueron sido consideradas en la entrega de subsidios económicos.

Ana Flavia Chávez, representante del Movimiento Peruano de Mujeres Trans en Arequipa, dijo que en esta región son más de 120 mujeres trans en situación de vulnerabilidad que no accedieron a los bonos. “Compañeras que son estilistas y que tienen su salón de belleza, cumplen con los requisitos para acceder y ninguna ha recibido el bono”, dijo. 

 

Los criterios de selección del Midis

 

El Estado peruano ha entregado cuatro tipos de subsidios económicos para que las familias puedan afrontar la falta de ingresos económicos durante la cuarentena por el Covid-19: el bono ‘Yo me quedo en casa’, el bono independiente, el bono rural y el bono familiar universal. Este último beneficiará, según el Midis, a las personas que no accedieron a los otros subsidios económicos.   

El Midis dijo a OjoPúblico que para elaborar lo más rápido posible el padrón de hogares beneficiarios del bono urbano ‘Yo me quedo en casa’ usaron como fuente primaria el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), “una base de datos que no estaba hecha ni estuvo diseñada para una operación de este tipo, sino para atender población a demanda a través de los programas sociales”. 

En ese sentido precisaron que los criterios de selección para ese bono fueron la clasificación de hogar pobre o pobre extremo en el ámbito urbano. En el caso del bono independiente, además de los criterios antes señalados, los beneficiarios debían vivir en hogares con ingresos menores a S/ 1.200, ningún miembro de la familia debía estar en planilla del sector público o privado, tampoco recibir ningún programa social o el bono ‘Yo me quedo en casa’. 

Los criterios de selección para ese bono fueron la clasificación de hogar pobre o pobre extremo en el ámbito urbano.

Para acceder al bono rural, debían cumplir todos los requisitos mencionados anteriormente y vivir en una zona rural; y en el caso del bono familiar universal, el Midis dijo que se usaron tres padrones de hogares beneficiarios que se agrupan en casi 1.6 millones de hogares para el primer tramo de pago: un padrón de hogares del ámbito urbano, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), conformado por 594 mil hogares; un padrón de hogares del ámbito rural, a cargo del Midis, integrado por 258 mil hogares; y otro padrón de hogares de los Programas Sociales del Midis, que agrupa a 743 mil hogares.

Los criterios usados para seleccionar a los beneficiarios incluyen a hogares de zonas urbanas y rurales, de condiciones socioeconómicas pobre, pobre extremo que no hayan sido beneficiarios de los otros bonos, sin integrantes en planilla (a excepción de pensionistas y modalidades formativas) y sin ingresos sobre S/ 3.000. 

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MENOS ACCESO. Especialistas consultados por OjoPúblico dijeron que uno de los problemas en la entrega de los bonos fue que se usaron padrones desactualizados que no beneficiaron a los sectores más vulnerables.
Foto: Diario Los Andes

El Midis aceptó que el padrón general de hogares tuvo muchas limitaciones, y por eso “se planteó la estrategia del Bono Familiar Universal que use criterios de flujo de ingresos que pueden actualizarse mucho más rápido que las variables estructurales, así como la creación del Registro Nacional de Hogares administrado por el RENIEC, que permite ampliar la cobertura de la información a los hogares que no hayan estado registrados en el PGH”, dijo. 

Añadió que hasta fines de mayo se había pagado al 90% de los 2.7 millones de beneficiarios del bono ‘Yo me quedo en casa’; al 40% de los 980 mil hogares del bono rural; y al 85% de los 780 mil hogares beneficiarios del bono independiente. En el caso del bono familiar universal el avance era el siguiente: el 69% de los 594 mil hogares a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); el 46% del padrón rural de 258 mil hogares a cargo del Midis; y que el 1 de junio comenzó a pagarse a los 743 mil hogares del padrón de los programas sociales.  

En total el gobierno pretende beneficiar a 6.8 millones de personas en todo el país. Sin embargo, los padrones solo suman alrededor de 6 millones. “La diferencia de más de 700 mil hogares se obtendrá luego de que se verifique la información de los hogares que vienen validando y actualizando sus datos en el Registro Nacional de Hogares (que se cerró el 3 de junio), previo cumplimiento de los criterios antes señalados: que no hayan recibido los bonos anteriores y que no figuren en ninguna planilla, sea pública o privada”, dijo el Midis. 

El Midis aceptó que el padrón general de hogares tuvo muchas limitaciones, y por eso “se planteó la estrategia del Bono Familiar Universal que use criterios de flujo de ingresos que pueden actualizarse mucho más rápido

Consultados sobre los grupos vulnerables que no accedieron a los bonos del gobierno, el Midis dijo que “el planteamiento de la estrategia del Bono Familiar Universal aplica para la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los criterios. Como tal, los padrones de los hogares beneficiarios de los subsidios monetarios detallados ya incluyen a toda persona, bajo cualquier condición, en la que su hogar cumpla con los criterios señalados”.

Respecto a estos cuatro subsidios económicos entregados por el Estado a los hogares más pobres del país, el decano del Colegio de Economistas de Áncash, Jorge Alva Fructuoso, dijo a OjoPúblico que el problema radica en que para seleccionar a los beneficiarios se usó padrones no actualizados. “A mucha gente que no lo necesita les ha llegado (el bono) y a quienes realmente los necesitan no les ha llegado”, dijo. 

Para Marcel Ramírez, economista y profesor de Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, una de las razones por la que los diferentes bonos no llegaron a todos los sectores vulnerables fue la falta de instrumentos para saber quiénes son y dónde están. “Han tenido que usar el registro del Sisfoh, que está diseñado para que las personas accedan a determinados programas sociales, pero no para una situación de emergencia como la que se vive, en la que personas que eran consideradas como no pobres se han quedado sin ingresos. Hicieron el bono universal para subsanar ese error, pero no ha tenido toda la cobertura que se esperaba”, dijo a OjoPúblico

El 28 de julio, durante su mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de un segundo bono de S/ 760 para 8 millones de hogares peruanos afectados por la pandemia. Este subsidio se pagará entre agosto y octubre de este año, según dijo el mandatario. 

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