El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) especificó en el Reglamento de Reactiva Perú que las personas jurídicas, naturales o sus representantes, procesados o investigados por delitos de corrupción y conexos como el lavado de dinero, no podrán recibir créditos del sistema financiero. El Ejecutivo enfatizó esta prohibición en la norma clave de dicho plan, luego que OjoPúblico revelara que algunos beneficiarios tenían alto perfil de riesgo por haber estado bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiero, la Fiscalía o el Poder Judicial.

“No pueden otorgarse préstamos a… persona o ente jurídico sometida a procesos por corrupción y conexos o cuyos representantes, debidamente acreditados ante [el sistema financiero], estén siendo investigados por dichos delitos”, dice una de las modificaciones realizadas al reglamento de Reactiva Perú, a través de la Resolución Ministerial 181-2020, que ya excluía a condenados por corrupción y personas que se acogieron a la colaboración eficaz.

Esta restricción ya estaba plasmada en el Decreto Legislativo Nº 1508 de mayo pasado, que creó el programa de garantía del gobierno a la cartera crediticia del sistema financiero, pero ha sido incluida de manera expresa en el Reglamento Operativo de Reactiva Perú.

Ahora las personas jurídicas y naturales que deseen acceder a dicho plan deberán llenar una declaración jurada señalando que no están comprendidos en los delitos mencionados. Este documento será incluido por las entidades financieras en los contratos que sustenten los desembolsos. Los expedientes serán revisados por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) antes de otorgar la garantía estatal.

Los cambios en el Reactiva Perú también establecen que no accederán al préstamo las personas naturales o jurídicas inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado ni las compañías que forman parte del Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC), el cual permite reestructurar deudas por encima de los plazos de pago establecidos en el programa estatal. Ni después de recibido el crédito podrán sumarse a dicho procedimiento, en caso contrario el Estado retirará la garantía. 

Ambas restricciones también serán anotadas en la mencionada declaración jurada y, en caso de brindar información falsa, se levantarán los plazos del crédito para exigir su pago inmediato y el inicio de procedimientos de sanción. De igual forma, si la entidad financiera no cumple con establecer estos requisitos previos, la garantía estatal se extingue automáticamente y el caso se reporta al Banco Central de Reserva (BCR).

El impedimento a las empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado fue una de las recomendaciones hechas por la Contraloría en el Informe Previo 0005-2020-CG enviado al MEF la semana pasada. El órgano de control también había sugerido que se coordine con el Ministerio de Trabajo para que las empresas beneficiadas con el crédito no se acojan posteriormente a la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, el MEF no acogió esta última sugerencia.

Para agilizar la labor de Cofide, la modificatoria indica que la Procuraduría del Ministerio de Justicia le brindará la lista de personas o empresas incluidas en los hechos delictivos por corrupción, lavado o delitos conexos. En entrevista con OjoPúblico la semana pasada, el gerente general de Cofide había señalado que no tenían herramientas para hacer cumplir todos los filtros del programa.

Además se autoriza a Cofide a crear el Sistema de Atención de Denuncias a fin de revisar los cuestionamientos que surjan respecto de cualquier incumplimiento a las normas de Reactiva Perú. Además, se indica que dicha entidad puede implementar mecanismos de colaboración con el Poder Judicial, la Fiscalía, Procuraduría Pública u otra institución, a fin de acceder a sus bases de datos e identificar a las personas o empresas que deben ser excluidas.

Segunda fase en marcha: S/30 mil millones

El pasado 11 de junio el BCR terminó de entregar los S/30 mil millones de la primera fase de Reactiva Perú a las entidades financieras. El crédito al que se podía acceder era equivalente a un mes de ventas promedio, por ello las empresas de alta facturación registran los montos más altos en la lista de beneficiados. Sin embargo, aunque el presidente Martín Vizcarra destaca que el 90% de los 71 mil beneficiados por el programa son Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), su proporción respecto a la cantidad de compañías existentes muestra que la distribución de los fondos fue inequitativa. 

Según el Ministerio de Producción, hasta el 2017 había 1.8 millones de Mypes formales y 9.245 compañías grandes en todo el país, una clasificación que se establece por ley en base a las ventas anuales. Si seguimos el mismo rango, vemos que Reactiva Perú otorgó préstamos al 3,9% de las micro y pequeñas empresas registradas a esa fecha y atendió al 63% de las grandes empresas.

La segunda fase de Reactiva Perú se inició hoy 30 de junio. Para ello el Gobierno dispuso ampliar el monto del préstamo al que se podrá acceder: ya no el equivalente a un mes de ventas, sino a tres. En conferencia de prensa la ministra de Economía, María Antonieta Alva, dijo que este cambio permitirá entregar mayor liquidez a las Mypes, y cualquier empresa que participó en la primera etapa tendrá la opción de volver a solicitar el crédito.