BENEFICIOS. El pago asumido por el Congreso es hasta que culmine la etapa de investigación preparatoria de sus procesos.
Cuatro legisladores de bancadas aliadas del gobierno e investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción y organización criminal han pedido que los gastos de su defensa legal sean asumidos por el Estado. Se trata de Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), Luis Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso), Óscar Zea Choquechambi (Bloque Magisterial) y César Revilla Villanueva (Fuerza Popular). El dinero destinado a estos servicios es de S/189.710, de acuerdo al Departamento de Abastecimiento del Congreso.
BENEFICIOS. El pago asumido por el Congreso es hasta que culmine la etapa de investigación preparatoria de sus procesos.