Durante un audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC) en el que se evaluaba la inconstitucionalidad de la Ley 31973, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse atacó a OjoPúblico sin ningún fundamento en respuesta a un reportaje. 

Minutos antes, Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), citó un reportaje de este medio como uno de los sustentos de la demanda que impulsan dos organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Regional de San Martín contra la ley que debilita la fiscalización forestal.

En ese contexto el magistrado dijo: “No le crean mucho, a veces, a OjoPúblico, porque, a veces, hace informes difamatorios” (sic). Estas declaraciones ocurren a dos semanas de la publicación de una investigación de este medio que reveló el incremento patrimonial de Gutiérrez Ticse y otros cuatro miembros del TC. El reportaje detalla que, durante dos años en el cargo, la fortuna de Gutiérrez Ticse creció en 636% (pasó de S/66.898 a S/492.386).

En sus descargos de hace dos semanas el magistrado señaló que el incremento correspondía a un crédito por la compra de un auto y a sus ahorros correspondientes a honorarios y CTS.

El reportaje al que hizo referencia el abogado Ruiz Molleda durante la audiencia identifica una serie de reuniones entre exautoridades y representantes del sector agroindustrial en las oficinas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura. 

Entre los visitantes a estos ministerios, que tienen injerencia en la gestión forestal, estaban trabajadores del Grupo Palmas y Ocho Sur. Esta última compañía declaró, en sus descargos para ese informe, que no participó en la propuesta de norma que cambió la Ley Forestal.

ATAQUE. Esto fue lo que dije Gutiérrez Ticse durante su intervención contra el trabajo periodístico de OjoPúblico. En un reportaje anterior este medio expuso que el magistrado aumentó su patrimonio en 636% en dos años.

La libertad de prensa en su peor momento

Ante este ataque a la labor periodística, Zuliana Lainez Otero, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó las declaraciones de Gutiérrez Ticse y señaló que lo manifestado por el magistrado no se trata de una opinión sino de una  “imputación”, pues está endosando el delito de difamación aunque no presentó ninguna evidencia al respecto.

La organización que representa y defiende los derechos de la prensa indicó que es cada vez más habitual que diversos actores políticos intenten rebatir informes periodísticos con acusaciones de desinformación sin mostrar un sustento.

Lainez recordó que será este TC el que evalúe futuras demandas que afectan la libertad de prensa en el Perú. Por ejemplo, desde el Congreso se está impulsando la colegiatura obligatoria para periodistas, a pesar de que este organismo, en un fallo previo, señaló que esto era inconstitucional. “No sería la primera vez que el TC falla en contra de sus propios fallos”, alertó.

En el mismo sentido el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann*, lamentó que un funcionario del nivel del magistrado Gutiérrez Ticse descalifique a la prensa. Sobre todo, remarcó, en un contexto de polarización y donde la libertad de expresión se encuentra en el peor momento de las últimas dos décadas. 

REPORTAJE. Hace dos semanas, un reportaje de OjoPúblico reveló que Gustavo Gutiérrez Ticse aumentó su patrimonio en 636% en solo dos años.

“Invocamos a que no se haga este tipo de críticas y hostigamientos personales a la prensa. La prensa, por supuesto, puede ser criticada en su trabajo, pero acá no hay ningún tipo de evidencia presentada por el señor Gutiérrez. Este tipo de declaraciones son lesivas a un derecho fundamental que es el de la expresión”, resaltó.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra calificó como “inaceptable” lo expresado por el magistrado. “Es un atentado a la libertad de expresión. No se puede aceptar que un magistrado del Tribunal Constitucional se dirija en esos términos”, enfatizó.

En un contexto donde diversos organismos internacionales alertan de que existe un deterioro democrático en el país, Gamarra afirmó que estas expresiones son parte de la “decadencia institucional” en la que estamos inmersos. 

Zuliana Lainez recordó una declaración conjunta de los relatores de libertad de expresión de América Latina, África, Europa. La misma, explicó, “señala que los funcionarios públicos, por la posición que ejercen, deberían abstenerse a dar declaraciones que promuevan la intolerancia, la discriminación y sobre todo la desinformación”. En los últimos tres años, el Perú ha registrado ataques contra el periodismo desde el poder Ejecutivo, el Congreso y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

*Nota de redacción: Rodrigo Salazar ha sido autor de reportajes publicados en OjoPúblico.