
ALERTA. Expertos advierten que se "viene incubando un riesgo" en el país, al mantener un déficit elevado mientras no se pone límite al gasto ni se plantean reformas.
En un hogar, los gastos deberían ser equivalentes a los ingresos que generan sus miembros. Cuando eso no ocurre y falta dinero para cubrir un pago, se suele recurrir a una deuda. Por ejemplo, si faltan S/10 para pagar la luz, uno se puede prestar de un familiar o un amigo.
La economía de un país funciona de un modo similar. Pero, al tratarse de montos mayores de crédito, se aplican tasas de interés, y estas pueden ir en aumento, si la nación no demuestra fortaleza fiscal. Es decir, si no evidencia que tiene la capacidad para cubrir esa deuda en el futuro.
En Perú, hasta 2020, la regla era que el déficit fiscal —la diferencia negativa entre los ingresos y gastos— no supere el 1% del producto bruto interno (PBI). Luego de la pandemia, esta ha sido modificada hasta en tres oportunidades y está previsto retornar a la meta original en 2028.
El problema surge cuando, a pesar de esos ajustes, se sigue incumpliendo el objetivo debido a proyecciones “mal calibradas” que se reflejan en expectativas de crecimiento “muy optimistas”, sostiene Carlos Oliva Neyra, expresidente del Consejo Fiscal.
Obtener una calificación soberana a la baja provocaría que sea más caro endeudarse para el Perú".
Mayor inflación, bajo crecimiento económico, pocos recursos para atender las necesidades de la población en salud y educación son algunas de las consecuencias a mediano y largo plazo, si no se retoman las buenas prácticas fiscales, explican expertos consultados por OjoPúblico. Esto también puede interferir en las acciones para reducir la pobreza.
“Es como una bola de nieve que, poco a poco, se va materializando en distintos aspectos, tanto en estructura del gasto público, como en las posibilidades de crecimiento del país”, advierte Oliva Neyra.
Juan Carlos Odar Zagaceta, economista y director de Phase Consultores, tiene una apreciación similar: si bien los efectos del déficit elevado no se reflejan de forma automática en un deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, “sí se viene incubando un riesgo”, explica. Por ejemplo, obtener una calificación soberana a la baja [en bonos que el país coloca en el mercado internacional] haría que, en adelante, sea más caro endeudarse para el Perú.
Por ello, el especialista considera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe explicar los motivos detrás del incumplimiento de 2024 con argumentos sólidos, “porque, si no, empieza a erosionar la credibilidad fiscal [en el mercado externo], y eso puede tener un costo más alto en adelante”.
¿Por qué incumplimos la regla dos años seguidos?
El 2024 cerró con un déficit fiscal de 3,6% —cuando la meta era de 2,8%—, de acuerdo a un cálculo del Banco Central de Reserva. Esto se explica, según el economista Juan Carlos Odar Zagaceta, por el incremento en el gasto público, que, aunque mostró un alza en su componente de inversiones, otra parte es gasto corriente. Por ejemplo, unos S/6.000 millones se dirigieron a capitalizar a la empresa estatal Petroperú.
Un segundo factor que influyó en el incumplimiento, señalan los especialistas, es una expectativa de recaudación muy optimista. En especial, por el lado de las importaciones. “Como la demanda interna estuvo floja y la inversión privada no se terminó de recuperar, las importaciones han sido menores a las que se esperaba. Y, por lo tanto, la recaudación vinculada a ellas por el tema de IGV y de aranceles ha sido menor”, detalló Odar Zagaceta.
Para Carlos Oliva, expresidente del Consejo Fiscal, un tercer factor es la debilidad institucional. “[Tenemos] un Congreso presupuestariamente voraz, que le carga muchísimos compromisos al gobierno. Y, por otro lado, un gobierno que no es capaz de frenar esa voracidad”.
“[Tenemos] un Congreso presupuestariamente voraz y un gobierno que no es capaz de frenar[lo]", señala Carlos Oliva.
Al cierre del año pasado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó un crecimiento de la recaudación tributaria en 3,3% respecto al año anterior. Si bien puede parecer alentador, la cifra fue menor a la meta planteada en el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028: los ingresos fueron de S/155.756 millones, cuando se esperaba llegar a S/159.695 millones.
La inferior recaudación también se explica por las exoneraciones tributarias aprobadas desde el Congreso: reducción de IGV para restaurantes y hoteles —cuyo costo, de setiembre de 2022 a diciembre de 2024, se calcula en S/1.400 millones—, así como la ley de amnistía tributaria a empresas deudoras —que implica un costo de S/3.600 millones al año—.
En 2023 el déficit fiscal fue de 2,8%, cuando el máximo previsto era de 2,4%. Para Odar Zagaceta, en esa oportunidad, el incumplimiento era justificado, pues hubo factores externos que influyeron de forma negativa, como el fenómeno de El Niño y el ciclón Yaku.
Los resultados del año pasado, en cambio, no se justifican, señala Odar Zagaceta. Entre otras cosas, mejoró la actividad económica y la inflación alcanzó su rango meta (indicador de entre 1% y 3% que permite al país tener estabilidad monetaria).
Las consecuencias
El principal riesgo de incumplir la regla del déficit fiscal es que el país erosione su credibilidad y, en el futuro, deba endeudarse a tasas más elevadas. Esto ocurre cuando la calificación crediticia de una nación —un tipo de nota que colocan las agencias internacionales, como Moody's y Fitch Ratings, a los países— se ajusta a la baja.
Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, explica que Perú ha recurrido a sus propios ahorros y la emisión de bonos soberanos para cubrir su déficit. Solo en los dos últimos años ha usado casi S/30.000 millones de ahorros. Por eso, ahora debe apelar más a los bonos, un mecanismo con el que los países adquieren créditos en el mercado externo.
El problema, según Arias Minaya, surge cuando la deuda empieza a crecer “más de lo previsto”. Si el inversionista observa que la deuda es muy grande, empezará a exigir una tasa de interés mayor para comprar ese bono. En consecuencia, el país deberá pagar más intereses, por lo que “va a tener que dejar de pagar gastos de salud, educación, y eso va a empezar a perjudicar a toda la población”, agregó.

En rojo. El resultado del déficit de 2024 es el más alto de los últimos 32 años, sin contar con la pandemia.
Captura: BCRP
¿Por cuánto tiempo es sostenible emitir bonos soberanos? De acuerdo al exjefe de la Sunat, se puede mantener por mucho tiempo, siempre que no se supere la regla del déficit fiscal: 1% del PBI. Sin embargo, cuando la deuda empieza a crecer más rápido que la producción del país, se ingresa a un terreno “peligroso”. “Nosotros estamos cerca de esa situación, lamentablemente”, dijo.
Arias Minaya y Odar Zagaceta coinciden en que este 2025 habrá una mejora del déficit, aunque transitoria. Esto se debe, en parte, a que el Estado tendrá ingresos extraordinarios de empresas que regularizarán el pago del impuesto a la renta en febrero, de acuerdo al Decreto Legislativo 1634 de fraccionamiento especial de las deudas tributarias.
También gracias a los impuestos recaudados a las mineras, teniendo en cuenta el alza en los precios de los minerales durante 2024, entre otros factores. Sin embargo, eso no se va a repetir en los años posteriores. Por eso, los especialistas recomiendan que se tomen acciones más eficaces: controlar el gasto público y generar más ingresos a través de una reforma tributaria.
El sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima puede acarrear, asimismo, impactos en el déficit. A la comuna, como detalló OjoPúblico en informes previos, se lo otorgó carta libre para adquirir deudas por el triple de sus ingresos. En caso de incumplimiento, el país deberá responder por esa deuda.
Iniciativas legislativas bajo la lupa
En la última semana del 2024, el Consejo Fiscal advirtió que 14 iniciativas legislativas con impacto en las cuentas fiscales estaban avanzando en el Congreso, y recomendó al Ejecutivo que las observe. En el caso de que sean aprobadas por insistencia, aconsejó que se presenten demandas de inconstitucionalidad, de corresponder.
De este grupo, cinco ya fueron aprobadas y publicadas en El Peruano y solo dos fueron observadas por el Ejecutivo. Entre las medidas que entraron en vigencia sin cuestionamientos está la reducción del IGV para restaurantes y hoteles hasta 2027 —que le costó al país S/743 millones solo en 2023, según el MEF—, y la exoneración de IGV a los servicios de los seguros de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
A ellas se suman la aprobación de cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera para el personal de salud del Ministerio de Defensa, que implican más gastos en pagos de remuneraciones.
Las seis restantes también fueron enviadas al Ejecutivo, aunque hasta el pasado 18 de enero este no se había pronunciado. En dichos casos, los plazos para observarlas vencen entre el 20 y el 22 de enero.
Entre estas normas se encuentra la inclusión de una bonificación extraordinaria para profesores por concepto de transporte e instalación para plazas de difícil cobertura, la actualización de la escala remunerativa para trabajadores del Ministerio Público bajo el régimen laboral 728, y una más para que el pago de los regidores sea equivalente al 30% del sueldo del alcalde.
OjoPúblico consultó al MEF si tiene planificado observar estas propuestas, como recomienda el Consejo Fiscal. Al cierre de este informe, no hubo respuesta.
Otras medidas que, de acuerdo al grupo técnico, puede erosionar la capacidad de generar ingresos para el Estado es la reducción del pago del impuesto a la renta para el sector agrario.
La iniciativa se encuentra en la agenda del Pleno y los gremios de este sector insisten en que se apruebe, pese a que el MEF señaló que es “injustificada” e implica costos anuales al fisco por más de S/1.888 millones en beneficio de un reducido grupo de empresas.