El actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, ha asegurado que, este año, el Perú crecerá, aproximadamente, un 3,2%, y que el déficit fiscal será de un poco más de 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Aunque esto fue anunciado como algo positivo por el Gobierno, de concretarse, implicaría un incumplimiento —por segundo año consecutivo— de las metas fiscales. El anuncio se dio apenas unos días después del foro económico Asia-Pacífico, y en medio de una crisis política y social. 

Luis Miguel Castilla Rubio, extitular de la cartera, considera que las cifras son insuficientes para resolver problemas de la ciudadanía, como el avance de la pobreza, y evidencian nuevos problemas. Para el economista, el lento crecimiento del país está vinculado a la crisis institucional causada, principalmente, por el Ejecutivo y el Legislativo. 

En diálogo con OjoPúblico, el director ejecutivo de la consultora Videnza Instituto también se refirió a la promulgación de leyes que afectan la recaudación y el impacto del avance del crimen organizado.“Los inversionistas preguntan si el Ejecutivo tiene contrapesos y cuán robusta es la democracia”, aseguró.

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El ministro José Arista señaló que, este año, el país crecerá 3,2%. Aunque economistas como Roxana Barrantes consideran que indicadores como estos son insuficientes para mejorar la vida de las personas, el Gobierno ha hecho del discurso del crecimiento económico un estandarte. ¿Qué opina sobre el anuncio del titular del Ministerio de Economía y Finanzas?

Efectivamente, corresponden a la realidad, a lo que el Banco Central ha estimado, [al de] la mayoría de analistas privados, y son cifras que vienen después de un año de recesión. Entonces, hay un factor importante de recuperación estadística. 

[Pero] coincido con lo que ha dicho Roxana Barrantes, en relación a que es insuficiente. Es insuficiente porque, todos los años, entran 500.000 jóvenes al mercado de trabajo y, para que se pueda absorber esta mano de obra, por lo menos, tendríamos que tener un crecimiento de 4 a 4,5%. Como no crecemos a esa tasa, los jóvenes se ven forzados a tomar empleos precarios, inadecuados o a un subempleo. 

Si no crecemos al 4,5% los jóvenes se ven forzados a tomar empleos precarios o al subempleo".

Es fundamental acelerar la tasa de crecimiento porque está probado que la forma más acelerada de reducir la pobreza es a través del crecimiento económico. Tenemos niveles de pobreza a nivel de pandemia, sin tener pandemia. Por tanto, urge que esta tasa se acelere y se mantenga. 

Este año es de recuperación, pero la pregunta es si esto se va a sostener, y si se puede acelerar, de cara a los desafíos que enfrenta el país.

Recientemente, ha mencionado que la inversión privada no creció en el país durante el primer semestre, y que se estima un ascenso pequeño para los próximos dos años. ¿Este freno tiene relación con la crisis política e institucional que vive el país? 

Sin duda. En gran parte, se refleja en una crisis de confianza. La confianza empresarial es un factor determinante de la inversión privada, y el Banco Central la mide todos los meses. 

Ha habido una recuperación en los últimos meses, pero pequeña. Los agentes económicos todavía no saben qué prever respecto al corto plazo, o en los siguientes 12 meses. 

A esto se suma el hecho de que, si bien ha habido un apoyo a ciertos sectores en la retórica oficial, por ejemplo, los anuncios de apoyo a ciertos proyectos mineros que habían estado paralizados, como Tía María y otros, aún existe una brecha entre la retórica, el anuncio oficial y lo que efectivamente ocurre. 

La previsibilidad y la certidumbre, factores claves para la inversión privada, se están deteriorando".

Por otro lado, están los casos de violación a la seguridad jurídica, como, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Lima, que desconoce arbitrajes internacionales que le son adversos, laudos que le son adversos. 

En general, hay un ambiente donde las reglas de juego no se respetan. Entonces, la previsibilidad y la certidumbre, que son factores claves para la inversión privada, se están deteriorando en el país, y eso hace que crezcamos a tasas exiguas. 

También tenemos cifras de extorsión y homicidios históricas. Usted ha señalado que el pago por extorsión se ha convertido, en la práctica, en un nuevo impuesto para la gente. ¿Qué tanto afecta esto a la economía?

Esto está afectando a todos los ciudadanos, pero hay diferencias. Los recursos que destinan las empresas relativamente grandes, formales, hoy en día, a la seguridad privada equivalen a lo que el Estado gasta en seguridad y orden interno. Esta cifra asciende, aproximadamente, a 15.000 millones de soles.

Luego, tenemos un segmento muy grande de pequeños emprendimientos, que están siendo sujetos a pagos, a extorsión, y se ven obligados a cerrar. Entonces, es como si, efectivamente, aparte del impuesto a la renta, el IGV que se paga, hubiera una tasa adicional que se ha impuesto, y que le está restando capital de trabajo y liquidez a estos pequeños emprendimientos. 

El Congreso parece ser cómplice de las economías ilegales en muchos casos".

Hay una afectación adicional, que tiene que ver con el Congreso de la República, que, lamentablemente, parece ser cómplice de las economías criminales en muchos casos. Esto crea un ambiente de país inseguro y la inversión se va a otros lados, donde haya mayores garantías de integridad física para las personas que vienen al país, para los ejecutivos que vienen de compañías extranjeras. 

No es un factor único de Perú [la inseguridad y la criminalidad organizada], pues afecta a muchos países de la región. Pero aquí, lamentablemente, no vemos que haya ningún tipo de efectividad en las medidas adoptadas, y el poder político parece que está dando la espalda a una problemática que afecta a todos los ciudadanos.

¿Cuál es su opinión sobre los proyectos de ley que ha aprobado el Congreso vinculados al crimen organizado, economías ilegales y otras que generan un desequilibrio de poderes? 

Cuando uno conversa con las agencias calificadoras de riesgo, ellas indican que los inversionistas no preguntan sobre indicadores económicos del país, [sino], justamente, sobre esos aspectos: los contrapesos que tiene el Ejecutivo, cuán robusta es la democracia, si hay efectivamente una representatividad adecuada, y si se está legislando con una mínima calidad regulatoria. La respuesta es no a todos estos conceptos. 

Entonces, hay un deterioro muy grande [y también] una politización de la administración de la justicia. Ese es un factor muy complicado porque afecta la seguridad jurídica del país, que es clave, no solamente para la inversión, sino para tener un Estado de Derecho en una sociedad democrática y civilizada. 

Por otro lado, vemos que intereses subalternos tienen representación en el Congreso, desde los transportistas informales hasta los mineros ilegales. Hace unos días, estuve en el Centro de Lima y vi absolutamente tomada toda la avenida Abancay por mineros informales, que habían sido llevados ahí para presionar, justamente, para que haya una prórroga del Reinfo. 

Los inversionistas preguntan cuáles son los contrapesos que tiene el Ejecutivo y cuán robusta es la democracia".

[Es decir, una] cuestión que se está discutiendo en el Congreso y que es un tema muy delicado porque lo que tenemos, en el país, es que, a la par de la informalidad, están avanzando economías ilícitas, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de terrenos, el narcotráfico. Y esto es muy peligroso porque se está perdiendo el control de ciertas partes del territorio nacional. 

El caso más cercano es lo que se va a hacer respecto al Reinfo, que ya se ha prorrogado, y es un esquema que está dando impunidad para que sigan operando sin ningún tipo de fiscalización mineros ilegales que, hoy día, mueven más oro ilegal que el formal, y eso trae consecuencias adversas ambientales y sociales. Estamos dominados por estas mafias, que tienen representación política. 

Es muy preocupante este sentido de perder el control. Y un país a la deriva es lo que impide que se pueda dar un salto y que la inversión no se de ante la incertidumbre respecto a lo que va a pasar a futuro, siendo el Congreso un poder tan importante, y que hoy día gobierna al país.

En las últimas semanas, se ha profundizado una discusión alrededor del puerto de Chancay, que tiene que ver con la implementación de una eventual zona económica especial. Gremios, como la Sociedad Nacional de Industrias, señalan que la tasa debería ser de 0%, mientras otros especialistas recomiendan alrededor de 15%. ¿Cuál es su opinión?

Creo que la competitividad no se adquiere a través de incentivos tributarios. La competitividad se adquiere si uno tiene buena infraestructura, una maniobra calificada, Estado de Derecho y seguridad jurídica. Eso no se compra, necesariamente, o se sustituye con un incentivo tributario. 

Tenemos el puerto de Chancay, una magnífica noticia para el país, que es una aspiración [todavía] porque creo que el impacto se va a ver, recién, en el mediano plazo (...) Y, para que esto se realice, tiene que invertirse en infraestructura, en conectividad y evitar los problemas de congestión que vimos cuando se amplió el puerto del Callao (...).

[Sin embargo], no creo que sea apropiado darle un régimen de 0% de impuesto a la renta por cinco años, como el Congreso quisiera aprobar y algunos gremios se quieran aprovechar. Cuando yo era ministro de Economía, hace más de 10 años, un clamor constante de algunos gremios era que le bajemos el impuesto a la renta por un período de algunos años. Eso distorsiona la economía y tiene un costo fiscal muy alto.

La competitividad no se adquiere con incentivos tributarios, sino con buena infraestructura, Estado de Derecho y seguridad jurídica".

Además, mi colega Carlos Oliva ha sido muy claro en mencionar un acuerdo internacional que ha suscrito la mayoría de países del mundo, incluido el Perú, en el cual hay un impuesto corporativo mínimo de 15%. Entonces, si aquí no se paga impuesto y viene una inversión de cualquier otro país, vamos a estar exportando impuestos, lo cual obviamente es perjudicial para el Perú. 

Eso no va a hacernos más competitivos. Vamos a acabar deteriorando las cuentas públicas y vamos a estar cediendo, digamos, a las presiones de algunos grupos de interés, que están pensando más en sus propios márgenes que en el bienestar del país. No todo el sector empresarial está a favor de esa medida. 

Ojalá que el Congreso no se vea con el ímpetu de regalarle ese régimen a un sector que, yo creo, con el puerto y con las inversiones que tienen que hacerse, va a tener muchas oportunidades de crecimiento.