A dos días de los comicios que definirán si Keiko Fujimori Higuchi es elegida como presidenta del Perú, el Poder Judicial ha dado luz verde, en primera instancia, al control de la acusación presentada por el Equipo Especial ‘Lava Jato’ contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 39 acusados. De acuerdo a los cargos del fiscal José Domingo Pérez Gómez, Fujimori Higuchi afronta un pedido de 30 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de dinero, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción de la justicia.

La resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, presidida por el juez Víctor Zuñiga Urday, declaró infundado el recurso de nulidad presentado por la defensa de Fujimori Higuchi, su esposo Mark Vito Villanella, el exministro Jaime Yoshiyama Tanaka, el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces. Esta decisión judicial fue emitida el jueves 3 de junio, mientras la candidata fujimorista realizaba el cierre de su campaña presidencial en segunda vuelta, con miras a las elecciones de este domingo.

Fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal y de lavado de dinero de Odebrecht".

De acuerdo a la resolución judicial, que fue revisada por OjoPúblico, la defensa de Fujimori Higuchi y los demás acusados solicitaban que el despacho del fiscal Pérez Gómez vuelva a la etapa de investigación preparatoria en este caso, pues estaban “pendientes de realizarse diligencias de investigación solicitadas por la defensa”. El juez Zuñiga Urday, sin embargo, concluyó que el término de las pesquisas no reduce ni impide "la garantía de los derechos de prueba, defensa, [y] presunción de inocencia" de los acusados.

El pasado 11 de marzo, la Fiscalía dio por culminada su investigación y presentó acusación contra Fujimori Higuchi, en el marco de las revelaciones de empresarios brasileños y peruanos sobre la entrega, en secreto, de aportes a la campaña de Fuerza 2011. Esta acusación debe pasar por un proceso de control ante el Poder Judicial, antes de que se inicie el juicio oral contra Fujimori. Por ejemplo, en el proceso contra el expresidente Ollanta Humala, también por presunto lavado de dinero de Odebrecht, el control de la acusación duró casi un año y medio. La decisión del juez Zuñiga Urday abre camino al inicio de esta etapa, aunque los acusados aún pueden apelar la decisión.

La resolución judicial ocurre, además, una semana después de que el Poder Judicial también rechazara el pedido de recusación contra el propio juez Zuñiga Urday. Dicha solicitud fue presentada por el abogado Juan Torres Alzamora, quien ejerce la defensa de Lorena Gamero Calero, acusada del presunto delito de obstrucción a la justicia. El oficio del letrado alegaba que “la imparcialidad del juez [Zuñiga Urday] está en duda” y, por ende, solicitaba que dicho magistrado sea apartado del caso.

INVESTIGADOR. El fiscal José Domingo Pérez ha liderado las pesquisas contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, como parte del Equipo Especial Lava Jato. 

Foto: Andina

La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, emitida el 26 de mayo, no solo declaró improcedente la recusación, sino que impuso una sanción administrativa contra el abogado Torres Alzamora. “La recusación interpuesta constituye una maniobra maliciosa y dilatoria del abogado Torres Alzamora, lo que constituye una transgresión al deber de patrocinar con sujeción a las leyes”, dice el escrito. Esta era la decimocuarta recusación presentada contra el juez Zuñiga Urday en este caso, según explicaron fuentes fiscales a OjoPúblico. 

A estos intentos de apartar al juez de la investigación preparatoria del proceso contra Fujimori Higuchi, se suman un total de 94 investigaciones contra el fiscal Pérez Gómez en la Fiscalía Suprema de Control Interno; de las cuales, más del 60% fueron iniciadas en el marco del caso Lava Jato, según informó IDL-Reporteros esta mañana. Dichos procesos han sido abiertos en base a acusaciones de los abogados de Keiko Fujimori Higuchi y Fuerza Popular, o por iniciativa propia de la fiscal Silvana Rejas Cevasco. 

La acusación del fiscal Pérez Gómez detalla que Fujimori Higuchi lideró una organización criminal “constituida en el interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”, con el objetivo de “obtener lucro para sus integrantes”. Asimismo agrega que dicho grupo delictivo “buscó alcanzar el poder político”, algo que luego “se manifestaría a través de las curules de congresistas [...] buscando impulsar la aprobación de leyes a favor de personas o empresas vinculadas a la misma, así también el blindaje de sus propios miembros”. 

INTERFERENCIA. Equipo Especial 'Lava Jato' acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que influyó en otros poderes del Estado.

Documento: Acusación fiscal

“La organización criminal se estructuraba bajo el liderazgo de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, contando con el asesoramiento [...] de Vicente Silva Checa, persona vinculada al exasesor presidencial Vladimir Montesinos Torres”, se lee en la acusación fiscal compuesta por más de 13 mil folios, a la que tuvo acceso OjoPúblico en su totalidad. Dicho documento agrega que Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias se encargaban de “asesorar, orientar y ejecutar las decisiones adoptadas por la lideresa”. Estos acusados eran la presunta cúpula de la organización criminal.

La organización liderada por Fujimori Higuchi, siempre según la acusación fiscal, además buscó “vínculos con otras organizaciones criminales, que tenían entre sus integrantes a altos funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura”. Esta acusación hace referencia al denominado caso Audios de la Corrupción, que reveló una red de favores irregulares entre magistrados. Dicha pesquisa evidenció lazos del exjuez supremo César Hinostroza y el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarry, con Fuerza Popular.

El fiscal Pérez Gomez asegura que la presunta organización criminal lavó dinero de origen ilícito, a través falsos aportes de campaña y actividades proselitistas, como cócteles y rifas, durante las campañas del 2011 y 2016. El dinero en cuestión provino, en primer lugar, de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht, que entregó US$1 millón a la candidatura de Keiko Fujimori con Fuerza 2011. Este pago fue recibido por los acusados Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere, según la Fiscalía. 

De ser elegida, Poder Judicial deberá dirimir si Keiko Fujimori puede ser acusada como presidenta".

El Equipo Especial ‘Lava Jato’ agrega que Fuerza 2011 también recibió US$3,6 millones de parte de Dionisio Romero Paoletti, en calidad de presidente del grupo Credicorp. Este dinero, indica la acusación, fue retirado de las arcas del Banco de Crédito del Perú, a través de varias transacciones pequeñas, y “utilizando como medio de transporte maletines”. En el marco de la campaña de Fuerza Popular en 2016, Romero Paoletti habría entregado una suma adicional de US$450 mil, que luego fue “blanqueada” a través de falsos aportantes.

El fiscal Pérez Gómez detectó, además, la entrega de US$3,5 millones del Grupo Rassmus, a través de la empresa Sudamericana de Fibras, que era dirigida por el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar. A esto se suman US$2 millones donados por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),  que fueron recolectados por su entonces presidente, el acusado Jose Briceño Villena; y otros US$52 mil de seis empresarios bajo sospecha en el caso Club de la Construcción, de acuerdo a la acusación.

Ante una eventual victoria de Fujimori Higuchi este domingo, el Poder Judicial tendrá que dirimir si ella estará protegida por el artículo 117 de la Constitución, en calidad de presidenta. Dicho apartado señala que el Jefe de Estado solo puede ser acusado, mientras ejerza su mandato, por traición a la patria, disolver el Congreso de manera irregular, e impedir las elecciones o el funcionamiento de las entidades electorales. La candidata, por su parte, ha asegurado que, de ser elegida, se pondrá a disposición de la justicia en 2026.