Un año después de que el coronavirus le arrebatara a su madre, Nathaly Chumbe, de 27 años, sigue sin saber exactamente dónde está el cuerpo de su progenitora. No es la única. Más de cien deudos de Loreto viven con la misma incertidumbre y 67 de ellos se han organizado en un colectivo. Solo saben que sus padres, madres, hermanos o hijos fueron enterrados en secreto y sin respetar los protocolos de identificación, en un improvisado cementerio de 2.500 metros cuadrados que el 22 de abril del 2020, el Gobierno Regional de Loreto y la municipalidad distrital de San Juan Bautista, implementaron como respuesta a la ausencia de crematorios y ante el desborde de fallecidos.

El terreno se encuentra en la parte posterior del cementerio municipal de San Juan Bautista, ubicado a 15 minutos de Iquitos. El año pasado un informe del diario “La Región”, publicado el primero de junio, reveló que en ese lugar se habían enterrado a muchos cuerpos en secreto. Recién en ese momento las familias de Loreto se enteraron de que sus familiares fallecidos, de los que no pudieron despedirse, y a quienes las autoridades les habían dicho que cremarían para luego entregarles sus cenizas, yacían en realidad en ese lugar. Ayer, un reportaje de la agencia AP publicó más testimonios de familias que claman para que las autoridades exhumen, identifiquen y entreguen los cuerpos de sus familiares.

¿Quiénes decidieron realizar los entierros sin la autorización de los familiares y sin siquiera comunicarles el traslado y la ubicación de los cuerpos? OjoPúblico solicitó con insistencia al Gobierno regional de Loreto esclarecer las responsabilidades, pero eligieron no responder. En base a varias entrevistas de funcionarios y testimonios de los deudos, se conoce que la Dirección de Salud Ambiental de Loreto fue quien autorizó el traslado y los entierros. Las familias señalan que Elvis Sandoval y Ricardo Shupingahua, director y funcionario de la Dirección de Salud Ambiental de Loreto, son los que estaban a cargo en ese momento.

IMPROVISADO. El terreno donde se enterró a más de 400 víctimas de la Covid-19 se ubica en el distrito de San Juan, a 15 minutos de la ciudad de Iquitos. 

Foto: Fiscalía Ambiental de Loreto

OjoPúblico pudo determinar que la municipalidad distrital de San Juan ofreció el terreno adicional para la ampliación del cementerio y autorizó a la región (la autoridad local no precisa a través de qué norma) que en ese lugar se entierren a los cuerpos. Jessica Nicollini, jefa de prensa del municipio aclaró que el regidor del distrito Ángel López fue quien acompañó la entrega del terreno al gobierno regional, y confirmó que no se cumplieron los protocolos, pues no hubo un registro ni identificación adecuada de los cuerpos. 

“Es cierto lo que dicen los familiares, que no hubo orden en los entierros, porque sabemos que el regidor no pidió las actas de defunción. Por eso no sabemos quién es quién. A mi despacho han venido muchas personas solicitando exhumar a sus familiares”, señaló. 

Los cuerpos, de acuerdo a la información recogida por OjoPúblico, fueron retirados del Hospital Regional de Loreto por trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, que depende del gobierno regional. Luego, en coordinación con el regidor Ángel López y custodiados por militares, estos eran trasladados hasta aquella nueva área del cementerio.

RECLAMOS. Los familiares de las víctimas enterradas aquí claman que sean exhumadas para darles una sepultura digna. 

Foto: Colectivo de familias por un entierro digno

En julio del año pasado, la Defensoría del Pueblo informó que en esta nueva zona de entierro se habían sepultado un total de 406 víctimas de Covid-19, pero que habían 148 solicitudes de exhumación por parte de los deudos. En ese momento la Defensoría denunció que hasta tres cuerpos habían sido enterrado en una sola fosa, ignorando que muchos de los fallecidos contaban incluso con servicios funerarios.

Desde julio del año pasado, luego de la publicación en el diario “La Región”, la Defensoría solicitó al gobierno regional informar sobre los gastos realizados en el acondicionamiento de dicho terreno, el expediente técnico de la obra y los protocolos adoptados para la inhumación de cadáveres. Sin embargo, tras varios pedidos de información, en octubre solo les respondieron que gastaron S/ 225.650 en alquiler de maquinaria, mejoramiento del terreno y contratación de personal para los entierros. 

En agosto del 2020, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a Elma Vergara Cabrera, presidenta de la Junta de Fiscales de Loreto, solicitando la intervención del Ministerio Público, debido a “presuntas irregularidades en la construcción del cementerio Covid-19, gastos de mantenimiento y alquiler de maquinaria pesada”. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación.  

No se cumplieron los protocolos

Nathaly Chumbe Muñoz cuenta que en esos días de abril del 2020, mientras las imágenes de una morgue colapsada de cadáveres se transmitían en todos los canales de televisión, las autoridades del hospital le dijeron que su madre había sido enterrada en un cementerio, cuya ubicación le informarían después. “Nunca nos dijeron nada. Hasta que un día vi en las noticias del diario “La Región” sobre este cementerio o fosa común. Entonces muchas familias protestamos y pedimos explicaciones a las autoridades de salud”, cuenta. 

Un año después clama la exhumación del cuerpo de su madre y un entierro digno. 

La directiva sanitaria 087-2020-Digesa/Minsa, aprobada el 22 de marzo del año pasado, establecía que las víctimas de la Covid-19 debían ser cremadas, como primera opción; o enterradas, en caso no existieran crematorios. El entierro debía realizarse dentro de las 24 horas de certificada la muerte, sin velorio, y las personas autorizadas para dicho procedimiento debían contar con todos los equipos de protección personal (ropa quirúrgica, lentes, mandil, gorro, mascarilla, guantes y botas). 

La norma señalaba, además, que el cuerpo debía ser introducido primero en una bolsa, cerrada herméticamente, y luego desinfectada con hipoclorito de sodio (lejía), y solo después, colocado en un ataúd que, por ningún motivo, debía ser abierto. Durante la sepultura solo podían estar presentes hasta cinco familiares del fallecido, siempre y cuando usen los equipos de protección personal.  

DESORDEN. Los familiares de las víctimas enterradas aquí denunciaron que no les informaron del lugar donde fueron sepultados.

Foto: Colectivo de familias por un entierro digno

Loreto contaba solo con un crematorio, el Consorcio de Servicios Funerarios “Jardines del Edén”, ubicado en la ciudad de Iquitos. Sin embargo, colapsó debido al alto número de muertes diarias. A inicios de abril la entonces defensora del pueblo de Loreto, Lisbeth Castro, le dijo a OjoPúblico que contaban con pocas bolsas herméticas para los difuntos. 

Por eso Chumbe está convencida de que, en aquella época, no se cumplieron los protocolos sanitarios para los entierros. “No han usado bolsas herméticas ni ataúdes. Los han enterrado en bolsas plásticas”, dice la mujer que viene luchando para que las autoridades sanitarias le permitan exhumar el cuerpo de su madre y darle un entierro digno.   

“Yo veía cómo aumentaban los nombres en mi cuaderno. Las hojas de mi cuaderno se llenaban con alrededor de 20 y 30 personas fallecidas por día”, dice a OjoPúblico Enrique del Águila, médico del hospital regional de Loreto. “Cada vez que veían mi nombre en su celular sabían que su familiar no había resistido. No se sabía cuál era después su destino, porque la norma mandaba incinerar los cuerpos, pero en Iquitos solo había una máquina para cremar”, cuenta el doctor. 

Autoridades regionales no responden

Aunque las autoridades regionales han rechazado las entrevistas solicitadas por OjoPúblico, en imágenes del 5 de junio del 2020 se observa al gerente general del Gobierno Regional de Loreto, Manuel Noriega, recorriendo las tumbas donde fueron enterrados los cuerpos sin identificar en la ampliación del cementerio, en el distrito San Juan Bautista. Lo hizo acompañado de otras autoridades regionales y de los deudos. Todo quedó registrado en un video institucional que el gobierno regional publicó en su página de Facebook, pero que el jueves 8 de abril fue borrado.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos comprobó además que el terreno para la ampliación de este cementerio se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. El fiscal Alberto Caraza, de la Fiscalía Ambiental de Iquitos, confirmó a OjoPúblico que el caso sigue en investigación y que están a la espera de un informe del equipo forense en materia ambiental.

El año pasado el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, se comprometió con los deudos a exhumar, identificar y entregarles los restos de sus familiares. Sin embargo, todo quedó en un papel que Nathaly Chumbe guarda en casa.