Covid-19: entre tratamientos sin evidencia y una reforma que priorice la atención primaria

En esta edición de OjoPúblico-Pregunta los invitados hablaron sobre la eficacia de los tratamientos para enfrentar la pandemia y los puntos urgentes para la reforma del sistema de salud pública en el país.

¿Por qué se compraron millonarios lotes de fármacos si no había evidencia sobre su eficacia? ¿Cómo incorporar la evidencia en las decisiones de políticas públicas? ¿Cuáles son los puntos urgentes de la reforma de la salud como un derecho para todos? Estas fueron algunos de los temas del último programa OjoPúblico-Pregunta donde analizamos la reciente medida del Ministerio de Salud de retirar tres fármacos de su protocolo de atención a pacientes Covid-19, así como los tratamientos para enfrentar la pandemia. 

Para ello tuvimos como invitados a Percy Mayta, médico investigador y editor científico; Susana Chávez, miembro de la Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos; y Juan Carlos Celis, médico infectólogo en Loreto, una de las regiones más golpeadas por la pandemia.


Tratamientos y evidencia


En la primera parte del programa, los invitados brindaron una lectura en el uso de fármacos para atender casos de Covid-19 a raíz de la reciente decisión del Ministerio de Salud de retirar de su protocolo a la azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina. Este último medicamento tuvo en el Perú a un laboratorio que concentró el 80% de ventas a instituciones públicas del sector salud, como reveló OjoPúblico en una reciente investigación.  

Para el doctor Juan Carlos Celis, quien ha atendido a pacientes desde el inicio de la pandemia en la región Loreto, los médicos en medio de la “desesperación” por el avance de los casos apostaron por recomendar hidroxicloroquina en base a estudios preliminares elaborados en el extranjero. Celis señaló que el error en el que cayeron fue luego en no retroceder y no retirar este tipo de medicinas para tratar a la enfermedad en los meses siguientes de la pandemia, cuando ya había evidencia de que no funcionaba.  

“[Los investigadores] se dieron cuenta que es un virus que no tiene tratamiento en esas fases [iniciales] y que esos medicamentos [como la hidroxicloroquina o ivermectina] que posiblemente iban a funcionar -porque es lo que decían los estudios- no daban esta evidencia”, señaló. 

Por su parte, Percy Mayta consideró que al inicio de la pandemia el gobierno se encontraba en un contexto en el que había que tomar decisiones. “La respuesta del Estado ha estado centrada en el tratamiento basado en medicamentos, no necesariamente en una detección precoz o en una dotación adecuada de oxígeno. Creo que esto ya se ha aprendido en todo el mundo. Por eso, las segundas olas tienen menor mortalidad que la primera ola”, explicó.

Asimismo, el investigador sostuvo que las dos instituciones peruanas dedicadas a generar evidencia para una mejor toma de decisiones -el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI)- habían realizado diferentes revisiones e informado sobre los avances en los tratamientos para Covid-19, pero no habían sido tomadas “mucho en cuenta porque a la hora que pasaban al comité de expertos [del Ministerio de Salud] se decidía por votación y no basado necesariamente en la evidencia. Allí hubo un problema en esta toma de decisiones”. 

Respecto a la situación que enfrentaba hoy Loreto, el doctor Juan Carlos Celis señaló que existía desde su mirada una división entre dos posturas para mitigar los efectos de la enfermedad. “Hay una especie de conflicto entre los que ya no queremos usar nada en base a la experiencia y a la evidencia, y los que insisten en usar todavía hidroxicloroquina e ivermectina. Pero en la población la división es todavía mayor porque hay un grupo de personas que piensa que hay una conspiración a favor de las vacunas”. 

A su turno, Susana Chávez comentó que no solo la pandemia debía apuntar a qué tipos de medicinas usar en el tratamiento, sino también al sistema sanitario en general y, además, donde se debería añadir el tema de muertes producidas por causas distintas a la Covid-19. 

Chávez contó, a modo de ejemplo, que el incremento de partos domiciliarios había aumentado a 70%, pese a que antes de la pandemia se registraban niveles de 10% a 15%.  “Ahora hemos retornado 25 años en lo que implica mortalidad materna y del recién nacido. Hay una complejidad que debe hacernos mirar y no tan solo decir se ha reducido las muertes [por Covid-19]. Tenemos las otras causas de muertes que se están disparando”, dijo. 

En esa línea, el doctor Celis recordó que la región Loreto se encontraba en un momento donde se habla de que la pandemia “ha pasado” pero se tiene olvidado otros males de la región como la desnutrición infantil y otras enfermedades. “Ayer he tenido dos o tres fallecidos por coronavirus, pero siete fallecidos por tuberculosis y VIH, que son personas de extrema pobreza que han abandonado el tratamiento, no han tenido para comer, inclusive por temor no han salido de sus casas. Y han venido bastante complicado”, sostuvo.  

Los participantes de la charla también analizaron cómo la población podía entender las consecuencias de la evidencia en los cambios de posturas científicas y las decisiones de políticas públicas del sector salud. Percy Mayta indicó que debido al poco tiempo de la pandemia habían resultados que todavía no eran contundentes, pero igual se debían tomar decisiones en base a ellos.

El experto también explicó que la evidencia al ser transformada en una política pública implicaba destinar recursos y si se maneja un presupuesto limitado significaba una inversión en un rubro para dejar de invertir en otro. “Este es el tema en cuestión, porque se ha invertido recursos en tratamientos con poca evidencia comprobada y se ha dejado de invertir en otras cosas que desde el comienzo sospechábamos, y ahora tenemos mayor claridad que funcionan como tener una mejor estación de oxígeno, hacer una detección precoz con pruebas que detectan antígenos o pruebas moleculares”, señaló.


Reforma y atención primaria


En la charla también se conversó sobre las urgencias en la postergada reforma del sistema de salud peruano. Para Percy Mayta quedaba claro que el país no contaba con un sistema unificado sino con “islas completamente desabastecidas y con poca capacidad de respuesta”. Pero, pese a este panorama, el investigador consideraba que la situación era a la vez “una oportunidad muy importante para que parte de la agenda pública se ponga a pensar justamente en cuál es el sistema de salud que queremos en el país”. 

Mayta también indicó que la mayor debilidad del sector se encontraba en la atención primaria  y si se piensa en un nuevo sistema de salud, este nivel debería ser prioritario y con una capacidad de interconectividad o subsistemas. Como parte de este proceso, mencionó el investigador, era necesario tener en cuenta a la telesalud, cuyo uso ya había podido implementarse con el aislamiento por la pandemia. 

Asimismo, Mayta sostuvo que era necesario potenciar el trabajo de Susalud y planteó que pueda tener competencias para cumplir un rol que garantice estándares mínimos de calidad en el servicio de salud como lo realiza en el sector educativo la Superintendencia Nacional de Universidades.  

Susana Chávez coincidió con Percy Mayta en que existía una fragmentación en el sistema de salud y en la necesidad de priorizar al primer nivel de atención al que consideró con mayor atraso en el tiempo. “¿Qué cosa es lo que hacía nuestro primer nivel de atención? Había una idea de centros materno infantiles, como si se tratara de una población de los años 70, sin darse cuenta de que la población ha cambiado mucho. Necesitamos un nuevo primer nivel de atención, no el que teníamos antes. Hay que ponerle mucha más cabeza”. 

Para Juan Carlos Celis, se debía aprovechar el contexto electoral para que la ciudadanía pueda exigir cambios ambiciosos en busca de tener instituciones más fuertes y donde también se garantice para el sector salud un presupuesto de 5 al 8% del Producto Bruto Interno (PBI), porcentaje mayor al 3% en promedio del PBI que suele ser destinado a esta cartera.
 

Academia e investigación


Al ser consultado sobre cómo se podía incorporar a los institutos de investigación para generar evidencia local, Percy Mayta dijo que parte de los problemas en la respuesta para la pandemia fue que la cantidad de investigadores y centros era muy pequeño sumado al bajo financiamiento que existía para este sector. 


“No podemos cambiar si no tenemos a investigadores pensando en los problemas del país y aportando potenciales soluciones para que justamente los políticos tomen decisiones con base en la evidencia. No podemos depender de la investigación que viene de afuera porque tiene que ser contextualizada a nuestro país. Si no entendemos eso y pensamos que recién cuando seamos un país desarrollado vamos a invertir en investigación, estamos en problemas”, señaló. 

El doctor Celis mencionó las dificultades que han tenido para investigar a la par de la atención hospitalaria que realizan a diario. “Durante la pandemia queríamos juntar nuestros pocos datos de los pacientes. Esa información hoy serviría de mucho. Llevamos tres meses con alumnos que nos están ayudando y hemos recibido 300 historias, luego de haber atendido más de 8.000 pacientes hospitalizados. Si hubiéramos tenido algo de tiempo para dedicar la investigación como debe de ser, tendríamos más datos, números que mostrar y más que aportar”, finalizó. 

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