Edición Regional29 Mayo 2019

Fiscalía pide cárcel y pago de S/ 2,9 mlls. por extracción ilegal de especies

El Ministerio Público solicita tres años de prisión para representante legal de la compañía pesquera Sustainable Fishing Resources SAC, anterior propietaria del buque factoría más grande del mundo, el Damanzaihao.
ÁNCASH. El Damanzaihao permaneció más de tres años en la bahía de Chimbote por una orden de incautación.
Foto: Marine Traffic

La fiscalía ambiental del Santa en Áncash solicitó tres años y ocho meses de prisión para Marco Antonio Jamanca Vega, representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources S.A.C, anterior propietaria del buque factoría más grande del mundo, el Damanzaihao, e implicada en el delito de extracción ilegal de especies.

El requerimiento, que deberá ser ratificado por la Corte Superior del Santa, también incluye el pago de una reparación civil de S/2,9 millones y el archivamiento de otra imputación por tráfico de especies que pesaba contra Jamanca, pero que no pudo ser comprobada.

El proceso penal se inició con una denuncia enviada por el procurador del Ministerio del Ambiente a la Fiscalía. El Ministerio de la Producción (Produce) investigó administrativamente el caso y aplicó las sanciones respectivas, pero no remitió sus hallazgos a la Fiscalía, entre ellos, el informe emitido por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización que confirma la pesca ilegal de pota (calamar gigante) que se hizo desde esta embarcación.

Produce comprobó que la empresa extrajo el recurso fuera de las 200 millas marinas, frente a las costas de Chimbote, entre junio y julio del 2014, pero no lo comunicó al Ministerio Público.

INSPECCIÓN. Cuando se encontraba en la bahía de Chimbote, el buque Damanzaihao fue inspeccionado por la fiscalía. 
Foto: Ministerio Público del Santa

La fiscal a cargo del caso, Evelyn Lamadrid Vences, indicó que los funcionarios que no remitieron la información a tiempo son investigados penalmente. “El Ministerio Público no puede trabajar solo. Debemos estar de la mano con las entidades administrativas competentes porque sus informes técnicos nos dan luces de los delitos”, añadió.

El expediente fiscal también cuenta con un informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el cual confirma que las embarcaciones de Sustainable Fishing Resources S.A.C pescaron pota cuando solo tenían autorización para extraer jurel y caballa. “Estamos convencidos de que aquí hay un delito de extracción ilegal de especies acuáticas. Tenemos todos los elementos para probarlo”, aseguró la fiscal a Ojo-Publico.com.

Según la magistrada, solo se acusó a Jamanca Vega porque la empresa lo acreditó como el representante legal y, de acuerdo a las normas vigentes, la responsabilidad de los delitos ambientales cometidos por las personas jurídicas recae sobre ellos. De acuerdo a la información de Sunat y Registros Públicos, Francisco Javier Paniagua Jara figura también como representante, fundador y gerente general de la compañía pesquera.

El buque Damanzaihao, que figura en la lista negra de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), fue construido en 1980, tiene 228 metros de largo y 32 de alto. Con los años pasó a ser propiedad de la empresa Sustainable Fishing Resources SAC, constituida en Perú en mayo del 2009 por Paniagua Jara.

PRECEDENTE. Este es el primer proceso penal por pesca fuera de las 200 millas marinas que se realiza en el Perú.
Foto: Ministerio Público del Santa.

El Damanzaihao permaneció más de tres años en la bahía de Chimbote (Áncash), por una orden fiscal de incautación que fue anulada el 2018. Ahora la embarcación tiene bandera belice, es de propiedad de la empresa Naviera Tunamar SAC y su última ubicación fue registrada en el mar de Bohai, en China.

Precedente judicial

El 2016 esta empresa fue multada en nuestro país con S/23 millones por pescar sin autorización y extraer recursos marinos no autorizados, sin embargo, la sanción fue declarada nula en parte por el Consejo de Apelación de Sanciones de Produce y la multa se redujo a S/5 millones. El caso está a la espera de confirmación en la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de la Corte de Lima.

Se trata de la primera denuncia penal por pesca fuera de las 200 millas marinas que se realiza en Perú, por lo que la fiscal sostiene que se creará una importante jurisprudencia en la lucha contra la pesca ilegal. “Este caso va a definir ciertos principios o teorías que tenemos dentro del Código Penal. Va a delimitar la actuación de la fiscalía en materia ambiental con relación a la pesca ilegal, y vamos a poder actuar bajo esa jurisprudencia”, consideró la magistrada.

Ojo-Publico.com preguntó a la fiscal si ha recibido presiones por esta investigación, pero se limitó a indicar que hoy miércoles su despacho emitirá un pronunciamiento oficial.

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