La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó hace unos días el Perú para analizar el estado de la libertad de prensa en Perú. La conclusión de su reporte advierte un serio deterioro de las libertades de prensa y de expresión en el país.

La delegación estuvo liderada por por el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica (El Salvador), junto con el expresidente de la SIP Roberto Rock, director de La Silla Rota (México); el vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director de La Voz del Interior (Argentina), y el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauría.

La misión constató la creciente hostilidad que existe desde diferentes entidades del poder público hacia los medios independientes, así como la instrumentalización del sistema de justicia hacia periodistas críticos. También alerta que el uso sistemático de la desinformación y los ataques en redes sociales están generando un clima adverso para el ejercicio de la profesión, afectando el derecho de la ciudadanía a ser informada.

Durante tres días de reuniones en Lima, la misión de la SIP sostuvo encuentros con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. La SIP intentó concertar una reunión con la presidenta Dina Boluarte, pero sus asesores de prensa no respondieron a las reiteradas solicitudes.

Principales preocupaciones 

La delegación de la SIP identificó que en el Perú se está criminalizando al periodismo a través de las demandas por difamación y cartas notariales, mecanismos habitualmente utilizados para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. "Las querellas de dirigentes políticos y otras figuras públicas contra periodistas por presuntos delitos contra el honor se siguen planteando en sede penal y no en el fuero civil, como lo requieren los estándares internacionales", mencionan en su informe. También han recogido denuncias sobre los múltiples intentos de vulnerar el secreto de las fuentes informativas.

En sus conclusiones también señalan la hostilidad y estigmatización desde el Ejecutivo. “La presidenta Dina Boluarte, ministros del Poder Ejecutivo, alcaldes y otras figuras políticas han adoptado un discurso confrontativo y beligerante contra medios y periodistas, con el cual intentan desacreditar su labor y lanzan acusaciones infundadas de intentos de desestabilización. Particularmente intensos, y en algunos casos coincidentes con campañas callejeras y en redes sociales, son las estigmatizaciones que lanza contra sus críticos el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga”, menciona la delegación.

La organización también ha reportado un incremento de amenazas desde sectores ligados al crimen organizado, en especial, en la Amazonía, donde se corre el riesgo de que desaparezcan fuentes periodísticas locales y se amplíen los desiertos informativos. 

Bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, la norma impone restricciones que podrían afectar a entidades independientes", alerta la SIP.

De otro lado, también expresaron su preocupación por el asesinato del periodista Gastón Medina, en la región de Ica, sin que se hayan producido hasta ahora avances significativos en la investigación. “En las reuniones mantenidas, se advirtió sobre la pasividad y hasta complicidad de fuerzas policiales y dirigentes regionales con quienes intentan silenciar las investigaciones periodísticas al respecto”, explicaron en su reporte. 

Otro de los hechos identificados tiene que ver con las restricciones al acceso a la información pública. Señalan que “la creciente opacidad del Estado obstaculiza el periodismo de investigación y limita el derecho ciudadano a conocer información de interés público. Son frecuentes las restricciones al trabajo periodístico en ceremonias oficiales y espacios públicos”.

En sus conclusiones también detallaron cómo se ha intensificado la proliferación de campañas de desprestigio en redes sociales, así como el uso de troles y ciberataques coordinados contra medios independientes y periodistas críticos, usando incluso información privada. “La pasividad policial y la inacción de ciertas fiscalías permite que desde hace años actúen grupos de choque financiados por sectores políticos, que realizan escraches, amenazas y ataques a periodistas y medios”, dice la delegación.

Otro hecho que la SIP alerta con preocupación son los proyectos legislativos que amenazan la libertad de prensa. Citan, como ejemplo, la ley aprobada esta semana, que limita las libertades de asociación, pensamiento y participación política de las organizaciones civiles. "Bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, la norma impone restricciones que podrían afectar a entidades independientes y medios que dependen de financiamiento externo para investigaciones periodísticas", señala la misión.

El Perú descendió del puesto 12 al 16 en el ranking de 22 países en el índice de retroceso en las libertades de expresión y de prensa.

Durante su visita, la SIP profundizó, además, sobre la situación de periodistas peruanos que enfrentan procesos judiciales y ataques sistemáticos debido a su labor investigativa. Entre ellos, Gustavo Gorriti, que ha sido objeto de hostigamiento por parte de un grupo extremista conocido como La Resistencia, además de acoso judicial y campañas de desprestigio debido a sus investigaciones sobre corrupción. 

También señalaron casos como el de Rosa María Palacios, columnista del diario La República, que enfrenta una constante campaña de acoso por parte de este mismo grupo y restricciones en el ejercicio de su labor informativa, y el dePola Ugaz, corresponsal del diario ABC de España que ha sido blanco de procesos judiciales, incluyendo acusaciones infundadas sobre lavado de activos.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, advirtió sobre el impacto de este deterioro en el futuro democrático del país: "La degradación política que estamos observando en Perú tiene un impacto directo en la libertad de prensa. Sin una prensa libre, es imposible garantizar una democracia plena. La comunidad internacional debe mantenerse atenta y exigir el respeto a las libertades fundamentales en el país", concluyó Dutriz.

Por su parte, Carlos Jornet dijo que “El gobierno de Perú tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio del periodismo sin presiones ni amenazas, porque los ojos del mundo comienzan a mirar al país con preocupación".

En un gesto valorado como trascendente en el momento que se vive, la presidenta del Poder Judicial suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II, de defensa de las libertades de expresión y de prensa en entornos tradicionales y digitales, respectivamente.

La última edición del Índice Chapultepec, elaborado por la SIP, confirmó un grave retroceso en las libertades de expresión y de prensa en el Perú. El país descendió del puesto 12 al 16 en el ranking de 22 países, ingresando en la categoría de "alta restricción" de las libertades de prensa y expresión.