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¿Cuáles son las propuestas de los principales candidatos presidenciales para la Amazonía peruana? En esta nueva edición de OjoPúblico en Vivo analizamos los planes de gobierno de los siete candidatos con mayor intención de voto en relación con el desarrollo de los pueblos indígenas y la lucha contra las actividades ilícitas que se expanden en este territorio.
Según un informe de MapBiomas Perú, la minería aurífera controla una superficie 157 veces mayor en la Amazonía que hace cuatro décadas. Frente a este escenario, los periodistas Diego Quispe y Xilena Pinedo, de OjoPúblico, conversaron con Nicolás Zevallos, criminólogo y exviceministro del Interior, sobre los aspectos que los candidatos deberían considerar al formular políticas contra la deforestación, la minería ilegal y la atención a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci).
“Hemos encontrado que existe un abordaje parcial del problema de la deforestación, que tiene entre sus múltiples causas a la minería, la tala ilegal y diversas economías ilícitas”, explicó Xilena Pinedo tras la revisión de los planes de gobierno. Detalló que el tratamiento de esta problemática suele limitarse al aspecto criminal de cada actividad, dejando de lado que también funcionan como economías instaladas en el territorio.
Según la estimación de Nicolás Zevallos, basada en una investigación del Instituto de Criminología, cerca de 14 millones de personas —aproximadamente el 5% del padrón electoral— forman parte de la cadena de producción de economías ilegales, ya sea por su participación directa o como proveedores indirectos. “¿Por qué se ha llegado a esa cantidad de peruanos que dependen de estas actividades? Mucho tiene que ver con que, en muchas localidades, el principal motor económico son estas actividades”, señaló.
"En muchas localidades, el principal motor económico son estas actividades”
Respecto a las propuestas de los candidatos, el exviceministro del Interior indicó que quienes aseguran erradicar estas actividades por completo no presentan un enfoque viable. “Es imposible; lo que se puede hacer es controlar sus daños y su extensión”, afirmó. Añadió que es necesario asumir compromisos para eliminar el Reinfo y avanzar hacia un proceso de formalización más estructurado y sostenible, además de diseñar políticas que comprendan la cadena completa del negocio.
Además, Wilson Chilo, periodista de la Red Investigativa Regional de OjoPúblico en Cusco, informó sobre la emergencia por la distribución de gas natural que enfrenta el país tras la fuga y deflagración registrada en un ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto de Camisea, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención.
“Alrededor de esta deflagración hay diferentes asentamientos rurales; uno de ellos, el asentamiento de Quitaparay, advierte que 60 familias han estado expuestas a la emanación de gas, entre ellas niños y adultos mayores”, explicó Wilson Chilo. Añadió que, hasta el momento, no se ha recibido atención por parte de la concesionaria TGP.
Este escenario abre la discusión sobre las propuestas políticas de los candidatos relacionadas con el gas de Camisea, un recurso estratégico para el desarrollo energético del país.
Las periodistas Yoselin Alfaro (Junín) y Karin Chacón (Puno) examinaron los impactos que las actividades extractivas han causado en diversos puntos de la Amazonía.
En la cuenca del río Autiki, ubicada en el distrito de Pichanaqui, la actividad minera se ha introducido en los últimos años, afectando territorio indígena asháninka. “Hay población [asháninka] que sí está de acuerdo con la minería ilegal por cuestiones relacionadas con las brechas de acceso al trabajo, y hay otro grupo que no desea que se inicie actividad minera ilegal”, indicó Yoselin Alfaro, al describir la división interna que esta actividad está generando y que termina debilitando la unidad indígena.
En Puno, la expansión de la minería ilegal en las provincias de Carabaya, Sandia y en el Parque Nacional Bahuaja Sonene viene contaminando las cuencas principales de los ríos Coata, Suches y Ramis con metales pesados, lo que afecta el consumo de agua de la población y la actividad agrícola, contó Karin Chacón.
