Crisis energética: “En el Bajo Urubamba, donde se extrae el gas, se paga S/150 por balón”

La deflagración del ducto que transporta gas desde el yacimiento de Camisea ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema. En este streaming analizamos el impacto de la emergencia en comunidades indígenas de Cusco, la falta de candidatos al Congreso en varias regiones y las demandas de los mineros artesanales al gobierno del presidente interino José María Balcázar por el cuestionado Reinfo.

EMERGENCIA. La deflagración del ducto que transporta gas de Camisea desencadenó la mayor crisis energética que ha enfrentado el Perú.

En menos de dos semanas, la deflagración del ducto que transporta gas proveniente del yacimiento de Camisea desencadenó una de las mayores crisis energéticas que ha enfrentado el Perú. En esta edición de OjoPúblico en Vivo, Nelly Luna, directora periodística de este medio, conversó con Elvis Chorobeki Maine, jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), sobre la afectación a las comunidades indígenas cercanas al proyecto gasífero. 

Chorobeki Maine es parte de una delegación de representantes indígenas y autoridades del distrito de Megantoni (Cusco), donde se ubica el gasoducto de Camisea, que llegó a Lima para alertar sobre la situación de las comunidades indígenas de la zona tras la fuga y deflagración del ducto de gas ocurrida el pasado 1 de marzo.

El dirigente fue enfático al señalar la desigualdad en el acceso al gas. Indicó que en el Alto y Bajo Urubamba, donde se ubican los yacimientos, incluso antes de la crisis por la explosión en el ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), un balón de gas costaba cerca de S/ 150, más del doble del precio en la capital. “Es indignante que el Estado no nos tome en cuenta. Allá, donde está el gas, se sigue cocinando con leña”, afirmó.

El propio gobernador regional, en campaña, prometió gas para el Cusco”, recordó Wilson Chilo.

Desde Cusco, el periodista Wilson Chilo, integrante de la Red Investigativa Regional, informará sobre los avances en los trabajos de reparación del ducto y las pesquisas de la fiscalía respecto a las causas de la deflagración en el sistema operado por TGP.

Hasta la fecha, aún no existen reportes oficiales sobre el número de personas afectadas por la deflagración, indicó Chilo. El periodista señaló que, tras la notificación de Indeci sobre 60 familias afectadas —emitida a menos de cinco días del incidente—, no se ha realizado una evaluación más exhaustiva.

Además, Chilo criticó la pasividad del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, frente a las necesidades de acceso al gas. “La exigencia del Cusco y de las regiones del sur de beneficiarse del gas que sale de su territorio es una consigna histórica. El propio gobernador regional, en campaña, prometió gas para el Cusco”, recordó.

Pese a la importancia de la región Cusco como principal fuente de gas del país, en estas elecciones tres partidos políticos no presentaron listas para la elección de representantes locales al Congreso. A nivel nacional, quince partidos en competencia tampoco cuentan con listas parlamentarias en casi el 30% de las circunscripciones habilitadas para elegir diputados y senadores por distrito múltiple.

Aún no existen reportes oficiales sobre el número de personas afectadas por la deflagración.

Diego Quispe, periodista de OjoPúblico explicó que la falta de candidatos responde a una crisis de representatividad de los partidos y al cálculo político electoral, donde se priorizan regiones con mayor número de votantes.

Esta ausencia de candidatos ha dejado a regiones vulnerables —o afectadas por economías ilegales y el avance del crimen transfronterizo— con una oferta electoral reducida. Al respecto, Karin Chacón, de la Red Investigativa Regional, informó sobre el avance de la minería informal en Puno.

Recientemente, los representantes de los mineros artesanales se reunieron con el presidente interino José María Balcázar. Este gremio ha planteado diversas demandas relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo cuestionado por facilitar la operación de mineros ilegales y por sus reiteradas ampliaciones.

Puno concentra la mayor cantidad de mineros en proceso de informalización y zonas de explotación de oro fuera del control estatal, especialmente en La Rinconada, recordó Karin Chacón.

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