Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que promueve fraude sin evidencia

Actualización: 4 de mayo de 2026 a las 17:11 p.m.

El 23 de abril, a las 9:08 a.m., la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, recibió en su despacho al coronel en retiro del Ejército y exintegrante del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Jaime Miguel Cabrera Buleje. El exmilitar impulsa las denuncias de fraude electoral –a pesar de que no hay evidencias– y ha participado en marchas contra los resultados electorales.

Consultado sobre esta visita, Cabrera Bujele le dijo a OjoPúblico que su visita estuvo relacionada con la aceptación, dos días antes, por parte de la JNJ, de la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, en medio de denuncias por demoras en la entrega de material electoral en las elecciones generales del 12 de abril. Su visita quedó registrada en el portal de esta institución.

“Me acerqué para hacerle conocer mi satisfacción como ciudadano [por esta decisión]. Y quise decirle [a María Teresa Cabrera] que la JNJ actuó de acuerdo a ley. Ella me agradeció y me dijo que la Junta cumplió con sus funciones”, explicó el coronel Cabrera Buleje a OjoPúblico. La reunión duró una hora, de acuerdo a lo consignado en el registro de visitas de la entidad. 

Una semana antes de este encuentro, el exintegrante del SIN también participó activamente, como otras veces, en la movilización que lideró el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el Campo de Marte, en Lima, para cuestionar la legitimidad de los resultados electorales. “Yo salí [a las calles], efectivamente, para querer sensibilizar a los ciudadanos”, comentó. 

ENCUENTRO. El coronel EP (r) Jaime Cabrera se reunió durante una hora con la magistrada María Teresa Cabrera Vega.

Foto: Facebook de Segismundo Suárez Bustamante

La reunión se realizó en un contexto en el que –desde el 13 de abril, un día después de las elecciones generales– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga Piero Corvetto por las denuncias de irregularidades y deficiencias logísticas en la instalación de mesas en Lima Metropolitana. 

Para el abogado constitucionalista y exdefensor del Pueblo, Walter Albán Peralta, el desempeño actual de este organismo está alineado con quienes insisten en denunciar que hubo fraude electoral en las elecciones generales. “Es una institución deslegitimada y abocada a abrirle procesos a quien el Congreso considere un enemigo”, dijo a este medio.

El análisis de las visitas realizadas por OjoPúblico identificó también que, en enero de este año, la presidenta de la Junta se reunió también con Edinson Hurtado Niño de Guzmán, subgerente de V13, empresa que brindó servicios de seguridad en la movilización que lideró López Aliaga Cazorla el 19 de abril.

Este medio se comunicó por teléfono con V13 para solicitar una entrevista con representantes de la compañía, pero respondieron que él no trabaja allí. Sin embargo, en la página de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) figura como subgerente.

El 29 de octubre de 2025, María Teresa Cabrera se reunió con el personero de Podemos Perú, Luis Navarrete".

En octubre del año pasado, la presidenta de la Junta también se reunión con el personero de Podemos Perú, Luis Alejandro Navarrete Santillán. María Teresa Cabrera fue congresista por esta partido entre 2020 y 2021, y militó entre el 23 de marzo de 2019 y el 20 de febrero de 2023.

La fiscalía investiga al líder de esta organización política, José Luna Gálvez, y a otras 18 personas, por presuntamente integrar una organización que intentó capturar la ONPE para facilitar el registro del partido.

Navarrete Santillán también fue investigado por su presunta participación en una operación que produjo más de un millón de firmas falsas para inscribir la organización política Perú 2000, que conformó la alianza electoral con la que Alberto Fujimori postuló a su segunda reelección hace 26 años. Este caso en su contra fue archivado en 2003. 

   Su pasado con Podemos Perú

Entre marzo y noviembre de 2020, Cabrera Vega fue la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, cuando el titular del Congreso fue Manuel Merino de Lama. Tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra Cornejo, Merino de Lama lo reemplazó en el cargo y, debido a esta asunción, se produjeron protestas en Lima y regiones. Cabrera Vega criticó con dureza estas movilizaciones, a pesar de la represión de la Policía. 

Al año siguiente, durante las elecciones generales, postuló a la primera vicepresidencia con Podemos Perú. En su fórmula, el candidato a la Presidencia era Daniel Urresti Elera, condenado por la muerte del periodista Hugo Bustíos y liberado después por el Tribunal Constitucional. 

TRAYECTORIA. María Teresa Cabrera integró la fórmula presidencial de Daniel Urresti Elera en las elecciones de 2021. 

Foto: Podemos Perú

En los dos primeros años del actual Parlamento, los congresistas de Podemos Perú, Enrique Wong Pujada —quien falleció en 2024— y Digna Calle Lobatón ocuparon la Segunda Vicepresidencia de la Mesa Directiva. Debido a sus cargos, ambos tuvieron competencias sobre la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso.

La excongresista Cabrera Vega fue jefa de esta oficina hasta febrero de 2023. Ese mes se desafilió de Podemos Perú. Mientras ocupó este cargo, postuló a ser magistrada del Tribunal Constitucional, pero no fue elegida. 

Tres años después postuló a la JNJ. En su entrevista personal dijo a la Comisión Especial a cargo de este concurso público que una de sus propuestas era iniciar un proceso de ratificación extraordinario de fiscales y jueces. Al final resultó elegida. 

Contrataciones en la Junta Nacional de Justicia

El 6 de enero de 2025 se instaló la nueva JNJ compuesta por los magistrados Cabrera Vega, Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo. 

Al día siguiente, el entonces presidente de la Junta, Gino Ríos Patio, se reunió con Jesús Jáuregui Silva, exjefe del Fondo Editorial del Congreso cuando Cabrera Vega era tercera vicepresidenta de esta institución. Ese mes, la Junta contrató a Jáuregui Silva como jefe de Comunicación e Imagen. Este medio le preguntó sobre su relación con Cabrera Vega, pero declinó de una respuesta.

OjoPúblico también identificó que la JNJ emitió tres órdenes de servicio por S/100.000 para que el abogado Jimmy Alexander Benites Tangoa, aportante de la campaña electoral de Cabrera Vega en 2020, la defienda en dos investigaciones fiscales. La primera, por la reposición de la fiscal Benavides Vargas y la segunda, por el presunto reglaje al magistrado Francisco Távara. Ambos casos fueron archivados.

El abogado Benites Tangoa aportó con S/660 en especies (200 polos) a la campaña de Cabrera Vega, cuando postuló al Congreso con Podemos Perú. “Debe ser [el aporte], no lo recuerdo (...). No hay inconveniente [con mi contratación]. Por ley, mi contrato es especial. El defendido [María Teresa Cabrera Vega] elige personalmente a su abogado”, explicó Benites Tangoa a OjoPúblico. 

REPORTE. El abogado de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, fue antes aportante de su campaña electoral en 2020.

Captura de la orden de servicio.

No es la primera vez que una institución a la que pertenece Cabrera Vega contrata a uno de sus financistas. Cuando fue tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, el Congreso contrató a Vanessa Liliana Herrera Velarde en la Oficina de Enlace con el Ciudadano. OjoPúblico identificó que Herrera Velarde aportó S/1.010 en especies a la campaña electoral en 2020 de Cabrera.

OjoPúblico envió un cuestionario detallado de preguntas a los magistrados de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega y Gino Ríos Patio, sobre estas visitas y contrataciones. Sin embargo, no respondieron hasta el cierre de este informe el sábado 2 de mayo.

Procesos disciplinarios en la JNJ

Para la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza Valenzuela, con la magistrada Cabrera Vega en la presidencia de la JNJ, el manejo de este organismo, encargado de sancionar a fiscales y jueces, está politizado. “No basta con que haya renunciado a militar a una agrupación política, eso no corta los vínculos o la aleja de los intereses [de esa organización]”, señaló a este medio.

El jueves 30 de abril, el pleno de la JNJ decidió no ratificar en el cargo al juez Oswaldo Ordoñez Alcántara por denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las denominadas leyes procrimen afectan la labor de fiscales y jueces peruanos. 

PROCESOS. La actual JNJ abrió investigaciones contra fiscales y jueces que cuestionaron las decisiones y leyes que aprobó el Congreso.

Foto: Junta Nacional de Justicia

Una semana antes, esta institución le abrió una investigación preliminar al juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar la Ley 32107 que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad. La JNJ tomó esta decisión tras una denuncia que presentó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), contra el magistrado el 26 de agosto del año pasado.

Otro juez en la mira por oponerse a esta ley es Jorge Luis Chávez Tamariz. El 30 de marzo, el congresista Jorge Montoya Manrique presentó una denuncia en su contra ante la JNJ. 

La decada del Colegio de Abogados de Lima lamentó que, en este contexto, el Poder Judicial no se haya pronunciado como institución para frenar los procesos contra los magistrados. “Los jueces están actuando conforme a la ley, la Constitución y los convenios internacionales”, dijo sostuvo. 

La actual Junta Nacional de Justicia destituyó a Espinoza Valenzuela del cargo de fiscal suprema y tampoco ratificó a su homólogo Pablo Sánchez Velarde. El año pasado, sin embargo, restituyó a los fiscales supremos Tomás Aladino Gálvez Villegas —ahora titular del Ministerio Público—, Patricia Benavides Vargas y Luis Arce Córdova, que antes habían sido investigados por presuntos actos de corrupción relacionados a Los Cuellos Blancos. También anuló la destitución de la jueza superior Emma Benavides y rechazó iniciar un proceso disciplinario al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí.