Abogados especialistas consultados por OjoPúblico afirman que la decisión de la Junta Nacional de Justicia de disponer la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la nación vulnera la competencia del Ministerio Público de elegir, como ente autónomo, a su máxima autoridad. El artículo 158º de la Constitución establece que esta es potestad de la Junta de Fiscales Supremos.  

El viernes 13 junio, un día después de que la Fiscalía de la Nación presentara una denuncia constitucional contra Patricia Benavides por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad, la JNJ anuló la resolución que la destituyó como fiscal de la nación y fiscal suprema, en mayo de 2024.

La anterior JNJ había removido a Benavides por haber interferido en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas, removiendo de manera irregular a la exfiscal Bersabeth Revilla Corrales.

La resolución de la Junta Nacional de Justicia transgrede la Constitución”.

La resolución, que aún no ha sido publicada en la página oficial de la JNJ, resuelve retraer los hechos hasta antes de la emisión de la instrucción que generó la destitución y, en esa línea, reponer a Patricia Benavides al frente del Ministerio Público.

El fallo también ordena que se “cancelen y dejen sin efecto” las medidas disciplinarias de destitución contra Enma Benavides, y la fiscal suprema provisional, Azucena Solari. Esta última había sido sancionada por la anterior JNJ por haber validado informes que sirvieron de pretexto para remover a Bersabeth Revilla.

“Esa resolución no es un título válido para ejercer la Fiscalía de la Nación, porque está emitida por un órgano que no es competente para decidir tal designación. La resolución de la JNJ transgrede la Constitución”, indicó el abogado César Azabache. En la misma línea opina la abogada constitucionalista Ana Neyra. “Se están irrogando una competencia que no les corresponde”.

DESTITUCIÓN. Patricia Benavides fue destituida como fiscal de la nación y fiscal suprema en mayo de 2024.

Foto: Junta Nacional de Justicia

Otro cuestionamiento de fondo tiene que ver con la exigencia de unanimidad en casos de recursos de nulidad de oficio. Este tipo de solicitudes solo pueden ser declaradas procedentes, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, con el voto unánime de todos los miembros del colegiado.

En este caso, OjoPùblico confirmó que el magistrado Francisco Tavara no estuvo presente en la audiencia donde se votó la restitución de Benavides Vargas. La resolución, que solo lleva  la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, sostiene sobre la unanimidad que esta solo debe considerar a los miembros presentes en el informe oral, no a todos los que conforman el Pleno.

Francisco Távara tampoco estuvo en la audiencia de informe oral, realizada el pasado 6 de junio.

El acuerdo debe ser unánime, no sólo ser aprobado por los presentes en el informe oral”.

Para la abogada Ana Neyra, el artículo 213.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General indica que el acuerdo debe ser unánime, sin excepciones.

“Incluso se considera la posición del miembro instructor quien, con su investigación, ya ha tomado parte. El acuerdo debe ser unánime, no sólo ser aprobado por los presentes en el informe oral”, explicó.

Un tercer cuestionamiento tiene que ver con la revisión de un caso que ya se encontraba cerrado. La propia Patricia Benavides, en octubre del año pasado, presentó ante la JNJ, entonces conformada por otros miembros, un recurso de reconsideración que fue rechazado en todos sus extremos.

INCOMPLETO. El magistrado Francisco Távara no participó de la audiencia donde se votó la restitución de Patricia Benavides.

Foto: Junta Nacional de Justicia

“Si vamos a abrir todos los casos cerrados, entonces ya no habrá cosas decididas y juzgadas en todo el país. El último recurso es la reconsideración y Patricia Benavides ya lo había perdido. Si eso se valida, entonces se abre una puerta para que todos los que perdieron en diversas instancias puedan pedir nulidad de oficio”, indicó César Azabache

Sobre este punto, Ana Neyra precisó que la Ley de Procedimiento Administrativo General establece un plazo de dos años para que se pueda interponer la nulidad de oficio, solo cuando el caso no se encuentra judicializado.

“Este caso ha sido judicializado, incluso se han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y en otros espacios, como el Poder Judicial. No veo cómo [Patricia Benavides] ha podido alegar la nulidad de oficio cuando, al mismo tiempo, presenta recursos en otras instancias. Esto me parece discutible”, sentenció.

Presunta parcialidad

La resolución de la JNJ sostiene que en el informe que sirvió como insumo para la destitución a Patricia Benavides se vulneró el principio de imparcialidad. Dicha investigación estuvo a cargo de la exmagistrada, Inés Tello.

La JNJ sostiene que Inés Tello demostró una celeridad atípica en la elaboración de su informe de instrucción. Además, que realizó ajustes a este último cuando ya había sido inhabilitada por el Congreso. Y, finalmente, que analizó pruebas de manera parcializada, dándole cabida a declaraciones como las de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides.

 ¿Qué es lo que la señora [Benavides] no pudo hacer? Se le dio la oportunidad de defenderse de todo”.

Inés Tello rechazó su presunta parcialidad y aseguró que la investigación que generó la destitución de Patricia Benavides tuvo una etapa preliminar que duró más de un año. “¿Qué es lo que la señora no pudo hacer? Se le dio la oportunidad de defenderse de todo”, sostuvo.

La exmagistrada de la JNJ dijo que realizó un informe de más de 300 páginas, con pruebas y bien documentado. “No se hizo de la noche a la mañana”. Además, alegó que su destitución fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, instancia que concluyó que todos sus actos como integrante de la JNJ tenían validez.

Se solicitó una entrevista al presidente de la JNJ. Desde el área de prensa indicaron que se estaban realizando las coordinaciones. No hubo confirmación hasta el cierre de este informe. También quedaron en responder el motivo por el que la grabación de la audiencia en la que se votó la restitución de Patricia Benavides no era pública, como ha ocurrido en otras ocasiones.